NACIONALES
La Constitución inconstitucional
Opinión, por Salvador Romero Espinosa //
En estricto sentido, todas las normas constitucionales deberían de tener la misma valía, pues dentro de la Constitución no existe un valor asignado a cada norma o artículo, ni tampoco un parámetro pre-establecido que sirva para determinar cuál norma constitucional es más importante y cuál menos importante.
Lo anterior es así porque -teóricamente- a una Constitución únicamente se deben incorporar las normas que se consideran indispensables para blindar el pacto social que un pueblo decide fijarse a sí mismo y que, por regla general, son normas que se consideran inmutables, al menos en cuanto a su fondo.
Sin embargo, si llegare a existir un conflicto entre normas constitucionales, debe de ser el Poder Judicial de la Federación, a través de ejercicios de ponderación e interpretación jurídica (muy complejos de realizar, por cierto) quien determine cuál norma constitucional tiene mayor peso o preponderancia en cada caso concreto, tomando como parámetro los derechos humanos, los tratados internacionales y la congruencia e importancia de la norma que debe de prevalecer.
En ese contexto, cabe señalar que existen constituciones como la de los Estados Unidos de Norteamérica que, en sus casi 240 años de existencia, apenas ha tenido 27 enmiendas o reformas (en promedio una reforma casi cada 9 años) y, en otro extremo, existen constituciones como la mexicana, que ha sufrido alrededor de 600 reformas en poco más de 100 años (en promedio casi 6 reformas por año).
Así las cosas, es evidente que nuestra Carta Magna ha sido profundamente «manoseada» cada sexenio y cada vez es más difícil identificar cuáles de sus normas son realmente necesarias e inmutables, y cuáles obedecen a caprichos del momento o a cuestiones adjetivas cuya modificación o derogación sería irrelevante para nuestro pacto social.
En consecuencia, al menos en teoría, no nos debería de espantar tanto que se pretenda reformar nuevamente la Constitución por una coalición de partidos que parece haber logrado una artificial e ilegítima (pero «constitucional») mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión.
Sin embargo, lo preocupante de estas reformas que se pretenden aprobar por la nueva Legislatura -todavía dentro del sexenio del presidente López Obrador-, es que están tocando fibras muy sensibles de nuestra Constitución que podrían modificar sustancialmente el principio de división de poderes, de contrapesos institucionales y de tutela de derechos fundamentales, que constituyen premisas vitales para que nuestra democracia pueda seguir siendo considerada como tal, de acuerdo a los parámetros internacionales a los cuales nos encontramos comprometidos como Nación, concretamente por los artículos 8 y 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Para entender mejor la gravedad de estas reformas propuestas vale la pena señalar que en la doctrina jurídica y constitucionalista existe la teoría de las «cláusulas pétreas», que han sido definidas como las normas constitucionales que no deberían ser modificadas tan fácilmente como otras, pues se consideran las piedras angulares de una Nación, fundamentales y difíciles de mover.
Así las cosas, el objetivo de dichas «cláusulas pétreas» es proteger los derechos fundamentales, la forma de gobierno y otros principios básicos de un país, sin embargo, dado que dichas cláusulas no se encuentran identificadas expresamente o con claridad dentro de nuestra Constitución, actualmente es igual de «fácil» borrar una coma que desaparecer por completo al Poder Judicial, que es más o menos el riesgo que estamos enfrentando actualmente.
En otras palabras, de acuerdo a nuestra Constitución, las mayorías calificadas del Congreso pueden, si así lo desean, establecer que la persona que ocupe la presidencia de la República pueda reelegirse todas las veces que pueda; que el mandato presidencial pasara de durar 6 años a 50 años; que desapareciera la Federación y convertir las 32 entidades federativas en simples cantones; o, incluso, reestablecer la pena de muerte a todas las personas que critiquen al gobierno en turno, por poner algunos ejemplos.
Esa es la gravedad de la situación actual, donde al parecer la coalición que tiene las mayorías calificadas no pretende reconocer cláusulas pétreas dentro de nuestra Constitución y pretende, tan solo en su primer mes, acabar con el Poder Judicial independiente y destruir a los organismos constitucionales autónomos -como los institutos de transparencia-, a pesar de lo grave que ello sería para nuestro Estado de Derecho, nuestros derechos fundamentales, nuestras libertades individuales y nuestra democracia, lo cual, por supuesto, iría en contra de los tratados internacionales y de la esencia misma de la propia Constitución.
– Por Mario Ávila
En el marco de la LI reunión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad, el gobernador, Pablo Lemus Navarro, sostuvo un encuentro privado con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y el secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, para seguir dando resultados.
En la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, efectuada en presencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y de los 32 gobernadores del país, se aprobaron acuerdos y se revisaron los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
También se acordó mantener y profundizar la reducción de los delitos de alto impacto mediante el uso de tecnología de punta, equipamiento de primer nivel, capacitación de cuerpos policiacos y un canal de comunicación permanente entre las instituciones.
Lemus presentó a los secretarios el nuevo esquema y modernización del sistema de videovigilancia avanzada denominado Escudo Jalisco C5, con el cual se busca optimizar la prevención del delito, agilizar las respuestas a emergencias y mejorar la interoperabilidad entre los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal).
PERSONAS DESAPARECIDAS
Y en una muestra de que Jalisco trabaja de manera coordinada los tres niveles de gobierno para fortalecer la seguridad en todo el país, se determinó incrementar la transversalización armónica de las legislaciones con leyes que ayuden a la búsqueda de personas y mejorar el protocolo contra el reclutamiento forzado.
El gobernador les hizo saber a los funcionarios federales que con el programa “Legado: Programa de Apoyo a Policías del Estado y su Familia” se busca que Jalisco tenga la policía mejor pagada y con las mejores prestaciones del país. Además, las hijas e hijos de las y los elementos de seguridad tendrán la oportunidad de estudiar en universidades privadas y contar con apoyos económicos.
MUNDIAL 2026
Dado que Guadalajara será sede de tres partidos del Mundial 2026, el encuentro también incluyó la planeación de estrategias específicas en seguridad, como:
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Dispositivos especiales de vigilancia.
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Mecanismos de intercambio de información.
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Operaciones de inteligencia.
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Protocolos de reacción inmediata.
– Por Mario Ávila
Con 435 votos a favor, 4 en contra y sin abstenciones, la diputada del PAN, Kenia López Rabadán, se convirtió en la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en el segundo año de la LXVI Legislatura federal.
El acuerdo de logró toda vez que la fracción parlamentaria de Morena y partidos aliados, retiraron el veto que le habían impuesto a su candidatura, presentada como primera opción por Acción Nacional y una vez que el propio PAN anunció que sus siguientes opciones eran los diputados Margarita Zavala, Germán Martinez y Federico Döring.
Esta misma tarde la nueva diputada presidenta asumió sus funciones tras rendir la protesta de ley, ante los legisladores integrantes de la LXVI Legislatura.
Kenia López Rabadán, que se desempeñó como coordinadora de campaña presidencial de Xóchitl Gálvez, estará acompañada en la Mesa Directiva por los vicepresidentes: Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Paulina Rubio Fernández y Raúl Bolaños Cacho Cué; secretarias: Julieta Villalpando Riquelme, Alan Said Márquez Becerra, Nayeli Arlette Jiménez Cruz, Magdalena del socorro Núñez Monreal, Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel y Laura Ballesteros Mancilla.
– Por Francisco Junco
Con un llamado a reconocer la sabiduría y la fuerza de quienes han dado su vida a la familia y a la sociedad, se inauguró en Jalisco el Primer Congreso Nacional de Personas Mayores, bajo el lema “Sabiduría y derechos: Reconociendo el valor de las personas mayores”.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), junto con la Fundación Jaime Enrique Michel Velasco y diversas universidades, abrió un espacio que busca visibilizar a un sector que enfrenta discriminación, exclusión y abandono, pero que también representa un pilar invaluable de nuestra cultura.
La presidenta de la CEDHJ, Luz del Carmen Godínez González, habló con claridad de los retos que viven día a día las personas mayores: “discriminación por edad, violencia y abuso, pobreza, exclusión digital, dificultades de movilidad y acceso limitado a servicios de salud, justicia y seguridad social”.
Frente a ese panorama, dijo, es momento de pasar del discurso a la acción y subrayó que “reafirmo mi compromiso y el de esta institución con la defensa y promoción de sus derechos. Trabajaremos incansablemente para erradicar la discriminación, garantizar el acceso a la justicia y promover políticas públicas que respondan a sus necesidades y aspiraciones”.
Enrique Michel Velasco, presidente de la fundación que lleva su nombre, lamentó que “nuestras ciudades, las instituciones públicas, las empresas y casi todo lugar público se manifiestan poco amigables con este sector”.
Para él este congreso debe ser un parteaguas que siembre una nueva cultura de respeto, ya que “no hemos sido capaces de crear un aparato de salud pública que otorgue mejores condiciones para alcanzar eso que llamamos calidad de vida. Veamos en este congreso el mundo de oportunidades para contribuir a formar una verdadera conciencia y una nueva cultura con las personas mayores”.
El rector de la UNIVA, Francisco Ramírez Yáñez, también elevó la voz para visibilizar la soledad y la desigualdad que padecen millones de adultos mayores.
“Hoy alzamos la voz por millones de personas mayores que enfrentan desigualdades, que enfrentan la soledad, el abandono, la discriminación por edad y la falta de acceso a servicios básicos y de calidad”.
A su vez, Eduardo Solorio Alcalá, en representación del gobernador Pablo Lemus Navarro, subrayó que “el envejecimiento no es un problema por resolver, sino una oportunidad a valorar, de repensar las instituciones y las políticas públicas”, y aseguró que Jalisco trabaja para generar espacios y servicios incluyentes.
El congreso incluyó conferencias, paneles y una feria de la salud con servicios médicos y orientación, además de la participación de organizaciones civiles que recordaron que la dignidad no termina con la edad.
Entre reflexiones, denuncias y compromisos, el encuentro dejó en claro que el envejecimiento no es sinónimo de carga social, sino de riqueza humana que exige respeto, políticas públicas y un cambio cultural profundo.
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JOSE LUIS MAGDALENO
8 de septiembre de 2024 at 20:49
CARAY, NO COMPRENDO QUE ES LO QUE ESTE PONENTE ENIENDE POR DEMOCRACIA, EL PUEBLO VOTO Y YA.