JALISCO
Los neoconservadores
Opinión, por Iván Arrazola //
Es difícil creer que un movimiento que surgió en las plazas públicas, donde las manifestaciones y las marchas en favor de diversas causas se convirtieron en su carta de presentación, hoy se ha transformado. Ahora, instalado en la cúspide del poder, el movimiento confía en tener el control total de las instituciones. No solo critica a quienes se manifiestan en defensa de sus derechos, sino que incluso los tacha de ser manipulados cuando protestan.
Al recordar un movimiento que bloqueó una de las avenidas más emblemáticas del país con la frase “disculpe las molestias, democracia en construcción”, sorprende que la llamada Cuarta Transformación se haya convertido en lo que tanto criticaba: un movimiento neoconservador.
La mal llamada reforma judicial, que en realidad es un intento del obradorismo por concentrar el poder, se ha convertido en la manzana de la discordia. Los supuestos beneficios de la elección popular de jueces, magistrados y ministros quedan opacados por numerosas voces que denuncian que se trata de una reforma regresiva, incapaz de solucionar los problemas de un sistema judicial lento, burocrático y con altos niveles de impunidad. Lo afirman los trabajadores que defienden sus derechos, los socios comerciales de México y los estudiantes que salen a protestar.
Ante este escenario, resultan sorprendentes las reacciones del poder, que antes celebraba las protestas y se presentaba como heredero del movimiento del 68, defensor de la democracia. Aquellos que promovían las manifestaciones de maestros y campesinos ahora se indignan porque los trabajadores del Poder Judicial salen a defender sus derechos.
López Obrador sostiene que los trabajadores del Poder Judicial tienen derecho a manifestarse, pero asegura que detrás del paro hay intereses que buscan proteger la corrupción y los privilegios, principalmente de organismos empresariales. En este contexto, las protestas y los paros ya no se consideran legítimos, y son incluso calificados de ilegales. Quienes antes proclamaban la defensa de los derechos de los trabajadores adoptan hoy una postura conservadora, exigiendo apego a la legalidad. De lo contrario, viene el linchamiento en las conferencias mañaneras, no puede haber protestas espontaneas, esas solo las organiza el gobierno, en el resto siempre hay intereses detrás.
Los estudiantes universitarios, tanto de instituciones públicas como privadas, se han movilizado en contra de la reforma judicial, denunciando sus inconsistencias. Sin embargo, los autodenominados herederos del movimiento del 68 han descalificado estas protestas estudiantiles, argumentando que carecen de fundamentos. Para el presidente López Obrador, los estudiantes están siendo manipulados por sus profesores.
La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, sostiene que los alumnos no comprenden la situación porque «no han leído bien la reforma». Por su parte, el «combativo» senador Gerardo Fernández Noroña ha descartado cualquier posibilidad de diálogo, afirmando: «Ya los escuchamos, sabemos lo que van a plantear. Los está recibiendo la oposición, pues son sus voceros. Ya sabemos lo que van a decir, camarada; están defendiendo al Poder Judicial corrompido».
La compra de voluntades se ha convertido en la norma. Lo que el oficialismo tanto criticó de la oposición ahora lo practica sin ningún tipo de pudor. López Obrador, quien en su momento denunció que el Pacto por México se concretó por la compra de voluntades, hoy no critica que dos senadores del PRD se hayan unido a Morena. La presidenta electa lo anunciaba con una sonrisa en conferencia de prensa, orgullosa de la nueva «adquisición», sin mostrar el menor remordimiento por integrar a legisladores que, hasta hace poco, criticaban los excesos de Morena en el poder.
En medio de la euforia, el senador Manuel Velasco, del Partido Verde, declaraba con orgullo que ya contaban con los votos necesarios en el Senado para aprobar la reforma. Mientras tanto, Alito Moreno denunciaba que su bancada ha sido presionada: «El oficialismo ha ofrecido decenas de millones de pesos para que algunos de nuestros legisladores migren a Morena o se ausenten de la votación», aseguró. Aunque insistió en que no se doblegarán, en México el cambio de partido entre políticos es la norma, no la excepción.
Lo que en un principio fue un movimiento que abanderaba la lucha por la democracia y los derechos sociales, hoy ha dejado atrás esas banderas. La Cuarta Transformación, que surgió de las plazas y las protestas, se enfrenta ahora a un creciente descontento por su manejo de las instituciones y su respuesta a las movilizaciones. Las críticas a quienes se manifiestan, sumadas a la controversia sobre la reforma judicial, revelan un giro hacia una postura más conservadora y autoritaria.
Las voces que antes defendían la justicia social y el derecho a la protesta ahora descalifican a los trabajadores y estudiantes que exigen el respeto a sus derechos. Este cambio de actitud no solo es contradictorio con los orígenes del movimiento, sino que también pone en duda su compromiso con los principios democráticos y la pluralidad de opiniones en el país.
– Por Francisco Junco
Con el mar de fondo y el bullicio de turistas y comerciantes, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, inauguró este viernes el renovado muelle de Las Ánimas, en Cabo Corrientes.
La obra, que tuvo una inversión de 49.5 millones de pesos, promete dar un respiro a quienes dependen del turismo y mejorar la experiencia de quienes llegan a disfrutar de la costa.
El muelle luce distinto, losas nuevas, escaleras cómodas, barandales seguros y hasta un andador que conecta directo con los restaurantes y comercios de la playa.
“Es un muelle para que puedan desembarcar pangas, lanchas, yates de pequeño calado, con escaleras muy cómodas, para que, después, entren caminando directamente y puedan ir a los restaurantes (…) Vean qué chulada la playa de Las Ánimas”, dijo Lemus, sonriente, ante los presentes.
Para los locales, la obra significa más que concreto y acero inoxidable, es la oportunidad de atraer más visitantes, vender más pescado, más comida, más artesanías.
Joaquín Romero Bravo, alcalde de Cabo Corrientes, agradeció el apoyo al señalar que este muelle traerá beneficios directos a las familias que viven del mar y del turismo.
La gira del gobernador no se quedó ahí. En Puerto Vallarta, Pablo Lemus supervisó los avances del Nodo Vial Las Juntas, un proyecto clave que forma parte del plan de conexión con Bahía de Banderas y que busca aliviar el tráfico que a diario atormenta a quienes entran y salen del puerto.
Según el propio mandatario, por esa ruta circulan más de 35 mil autos cada día, de ahí la importancia de agilizar la movilidad.
El recorrido también incluyó una parada en el Estero El Salado, un área natural protegida que es orgullo de Puerto Vallarta.
Lemus invitó a la ciudadanía a visitar el lugar y valorar el manglar urbano más importante de América Latina, un espacio donde conviven cocodrilos, aves acuáticas y una diversidad de especies que mantienen vivo el equilibrio ambiental de la región.
La jornada dejó claro que el Gobierno del Estado apuesta por dos frentes, primero fortalecer la infraestructura turística y al mismo tiempo cuidar el patrimonio natural.
Entre obras de concreto y recorridos entre manglares, el mandatario reiteró que su administración seguirá apostando por proyectos que impulsen la economía sin descuidar la riqueza natural que hace de la costa jalisciense un destino único.
– Por Mario Ávila
Para el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, el revés jurídico sufrido por la propiedad de 5.7 hectáreas de Colomos III, fue a causa de que algunos jueces «aprovechando sus últimos días en funciones, tratan de acabar su período corruptamente».
Lamentó que lo hagan afectando los espacios verdes, aunque sentenció tajante: «por ningún motivo permitiré que cercenen el predio de Colomos, es una batalla de colectivos a la que me uní hace muchos años».
En el tema legal, Lemus Navarro afirmó que la lucha no está perdida. «Quedan muchas instancias legales por dirimir, pero les doy mi palabra y mi compromiso, que nuestro bosque urbano se mantendrá intacto».
Días atrás, el gobernador Pablo Lemus, habló del proyecto urbano de 140 departamentos, que se pretenden construir en el polígono cercano a Patria y Acueducto, sobre lo que aseguró: «No se van a hacer, no lo voy a permitir, lo voy a impedir completamente porque eso está en una zona de protección hidrológica y tenemos que proteger a Colomos».
– Por Redacción Conciencia Pública
Todos los 30 de agosto de cada año, el mundo conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha que adquiere un significado especialmente doloroso y urgente en México. Lo que a nivel global es un recordatorio, en nuestro país es una herida abierta que se agrava día a día.
Decenas de miles de personas han desaparecido, dejando un vacío inmenso y una búsqueda incansable que, en muchos casos, recae en las manos de sus propias familias.
Esta crisis humanitaria es un reflejo de la compleja y violenta realidad que vive la nación, donde la impunidad y la inacción de las autoridades han permitido que este delito persista y se expanda. En un día como este, es crucial recordar que cada cifra representa una vida, un sueño y una familia destrozada.
Jalisco, en particular, se ha convertido en el epicentro de esta crisis. El estado encabeza las listas nacionales de personas desaparecidas, una estadística alarmante que ha puesto a la región en el centro de la atención nacional e internacional. Las cifras oficiales, que superan las 15,000 personas desaparecidas, no logran capturar la magnitud del sufrimiento de quienes buscan sin descanso.
En los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) la problemática se vive con particular intensidad, con miles de casos que claman por justicia y verdad. Este panorama ha llevado a que los colectivos de búsqueda en Jalisco sean de los más activos y organizados del país, asumiendo una labor que corresponde al Estado.
Glorieta de las y los desaparecidos en Guadalajara |
La desaparición forzada no es un fenómeno reciente. Si bien fue utilizada por muchos gobiernos de Latinoamérica como táctica contrainsurgente en los años 70 y 80, en el presente se ha recrudecido y se asocia principalmente con la violencia del crimen organizado, aunque también se han documentado casos con la participación de agentes del Estado como policías o soldados.
Las víctimas son, en su mayoría, hombres jóvenes, pero la problemática no discrimina y afecta a personas de todas las edades y géneros. En este contexto, las familias se enfrentan a una «doble desaparición»: la de su ser querido y la de la verdad, ya que el acceso a la justicia y a la información se ve obstaculizado por la burocracia, la corrupción y, en muchos casos, la revictimización por parte de las propias autoridades.
El desafío para las familias de los desaparecidos es monumental. Se han convertido en investigadoras, peritos, forenses y activistas, explorando terrenos peligrosos en busca de fosas clandestinas.
La lucha de los colectivos de madres buscadoras y familiares de desaparecidos no solo es por encontrar a sus seres queridos, sino también por preservar su memoria y exigir rendición de cuentas. Varios de ellos organizan marchas, misas y eventos conmemorativos para mantener viva la visibilidad del problema y presionar a las autoridades.
Estos colectivos de búsqueda, formados por madres, padres, hermanas e hijos, han demostrado una resiliencia inquebrantable ante la indiferencia y los riesgos que corren.
La crisis forense es otro de los grandes obstáculos en el camino hacia la verdad. Los institutos de ciencias forenses de todos los estados se encuentran rebasados, con miles de cuerpos sin identificar que se acumulan en sus instalaciones. Esta situación prolonga la agonía de las familias, que se aferran a la esperanza de encontrar a sus seres queridos, aunque sea para poder darles un entierro digno.
El dolor de no saber el paradero, de vivir en una incertidumbre perpetua, es una de las torturas más crueles que enfrentan. La falta de identificación y la demora en los procesos representan una forma de revictimización institucional.
Este día nota no es solo un recordatorio de una fecha, sino un llamado a la acción y a la empatía. Es una invitación a la sociedad mexicana a solidarizarse con las familias que buscan a sus desaparecidos, a exigir a las autoridades un compromiso real con la justicia y a no permitir que el silencio o el olvido se impongan.
Esta fecha nos recuerda que la lucha de los colectivos de búsqueda es, en esencia, la lucha de toda la nación por recuperar su humanidad.
ORIGEN DE LA CONMEMORACIÓN
El 30 de agosto fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010 para visibilizar este grave crimen, honrar a las víctimas y promover la búsqueda de verdad, justicia y reparación para ellas y sus familias.
La desaparición forzada es una violación de los derechos humanos que genera inseguridad y desamparo, y se utiliza para atemorizar a la población, siendo un crimen de lesa humanidad cuando es sistemática o generalizada.
Fue propuesto originalmente por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) en 1981 y posteriormente adoptado por la ONU en 2010.
La Asamblea General de la ONU ha expresado en varias ocasiones su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas en diversas regiones del mundo y el hostigamiento a testigos y familiares de las víctimas, lo que llevó a la creación de esta jornada.
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