Opinión, por Iván Arrazola //

Con la votación en la Suprema Corte de Justicia en la que se desechó el proyecto que proponía declarar inconstitucional una parte de la reforma judicial, se cierra uno de los periodos más críticos en la historia reciente del país. A partir de ahora, para el oficialismo será mucho más sencillo aprobar legislación sin los obstáculos que podría representar una declaración de inconstitucionalidad por parte de la corte.

La percepción general tras los diversos episodios ocurridos desde la victoria de Morena el 2 de junio, es que todos los actores involucrados han sucumbido a las presiones: algunos se alinearon al servicio del régimen, mientras que aquellos que se opusieron vieron como sus esfuerzos resultaron infructuosos.

Primero fue el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral quienes, a pesar de las ambigüedades en la ley que podrían haber permitido una revisión a fondo, declararon válido el reparto de legisladores. La magistrada Janine Otalora fue la única que votó en contra de la asignación alegando que con ese reparto se distorsionaba la votación real. De hecho, desde hace tiempo, tres magistrados habían buscado destituir a Reyes Rodríguez de la presidencia del Tribunal Electoral, apoyándose en el frágil argumento de una supuesta «pérdida de confianza». En última instancia, estos magistrados parecieron actuar en favor de decisiones alineadas con intereses del régimen.

Por su parte, la mayoría de los consejeros del INE defendieron su posición basándose en el débil argumento de que el reparto de escaños había seguido el mismo esquema en elecciones anteriores, intentando con ello justificar la legalidad de su decisión. Esta postura, sin embargo, generó controversia, pues aparentó ser un esfuerzo por legitimar su decisión sin abordar las posibles inconsistencias legales de fondo.

Luego llegó el turno de las cámaras legislativas. En la Cámara de Diputados era evidente que no habría obstáculos para aprobar la reforma judicial, ya que contaban con la mayoría necesaria. Sin embargo, lo más lamentable ocurrió en el Senado, donde algunos senadores de oposición protagonizaron actuaciones poco creíbles. El senador Yunes Linares, del PAN, inicialmente alegó problemas de salud como excusa para ausentarse, pero luego se unió al bloque oficialista para votar a favor de la reforma judicial, justificando su cambio de postura con el argumento de que, en ejercicio de su libertad, había decidido alinearse al oficialismo, otorgando así el voto 86 que necesitaban para aprobar la reforma.

A este esfuerzo se sumó el senador Daniel Barreda de Movimiento Ciudadano (MC) por Campeche, quien también se ausentó de la sesión argumentando que acompañó a su padre a rendir una declaración. En última instancia, independientemente de las razones alegadas, estos legisladores decidieron apoyar al oficialismo, dejando de lado los principios y la responsabilidad que asumieron con el electorado que votó por ellos rechazando las propuestas de Morena.

Finalmente, en la Suprema Corte, el ministro Alberto Pérez Dayán decidió votar en contra del proyecto de Juan Luis González Alcántara, argumentando: “Resolver en el sentido que propone la propuesta sería… responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez equivalente al forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad”.

Sin embargo, la perspectiva reduccionista y centrada exclusivamente en el aspecto legal de Pérez Dayán le impidió reconocer que lo que estaba en juego iba más allá de las atribuciones específicas de un ministro de la corte; se trataba de proteger la división de poderes y los derechos de la ciudadanía. Con su voto en contra, Pérez Dayán cerró la última oportunidad de llevar a cabo una revisión más profunda de la reforma judicial, eliminando la posibilidad de un debate exhaustivo que abordara sus implicaciones constitucionales y su impacto en el sistema de contrapesos democrático del país.

Después de la votación en la corte, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró: “Triunfan el pueblo de México, la Constitución y el estado de derecho, pero también imperan la razón frente a la sinrazón, la cordura frente a la locura”. Estas palabras quedarán marcadas en la historia del país, no por el triunfo de la justicia, sino como un reflejo del deterioro de los principios democráticos y la imparcialidad en el ejercicio del poder.

Este momento será recordado como uno en el que el desprecio por el estado de derecho y la obstinación por concentrar el poder llevaron a México a una situación preocupante, en la que el equilibrio y la justicia quedan en riesgo.

La falta de imparcialidad y la politización de las instituciones crean un panorama en el que las decisiones legales y de justicia estarán más sujetas a los intereses del régimen que a los principios constitucionales, lo cual aumenta la posibilidad de injusticias y abusos de poder. Este será el ominoso legado de Claudia Sheinbaum a la endeble justicia en México.