Opinión, por Iván Arrazola //

Con esa frase, James Madison explica por qué es necesaria la existencia de un gobierno, pero también resalta la importancia de que el gobierno sea capaz de controlarse a sí mismo. Sin embargo, reconoce que en muchas ocasiones es imprescindible la intervención de un agente externo que le recuerde al gobierno la necesidad de respetar los límites de sus facultades y no excederse en su poder.

En el contexto actual, frente a la inminente desaparición de los órganos autónomos, surge una interrogante crucial: ¿cómo se garantizará el control del gobierno en ausencia de límites externos? Pensar que un gobierno que se autodenomina «bueno y honesto» será, por esa simple razón, inmune a los abusos de poder resulta, como mínimo, ingenuo y peligroso. La historia demuestra que la ausencia de contrapesos puede dar lugar a arbitrariedades y vulnerar los principios democráticos fundamentales.

En una exposición magistral, James Madison explica con claridad y profundidad las razones que hacen indispensable la existencia del gobierno. Al mismo tiempo, reflexiona sobre los desafíos inherentes a su diseño y funcionamiento. Madison señala que “la gran dificultad para diseñar un gobierno de hombres sobre hombres estriba en que primero debe otorgarse a los dirigentes un poder sobre los ciudadanos y, en segundo lugar, obligar a este poder a controlarse a sí mismo.”

Este planteamiento pone en evidencia la complejidad de equilibrar dos principios fundamentales: por un lado, dotar al gobierno de la autoridad necesaria para garantizar el orden, la seguridad y el bienestar de la sociedad, y, por otro, establecer límites efectivos para evitar que ese poder se convierta en una herramienta de opresión o abuso. Madison subraya que el verdadero reto no radica únicamente en construir instituciones fuertes, sino en diseñar mecanismos que aseguren su capacidad de autocontrol y su rendición de cuentas.

A lo largo de la historia, existen numerosos ejemplos que demuestran cómo la información pública ha sido una herramienta clave para hacer efectiva la rendición de cuentas. Uno de los casos más emblemáticos es el de Watergate, que involucró nada menos que al presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, el hombre más poderoso del mundo en ese momento. Este escándalo político culminó con la renuncia de Nixon que prefirió dejar el poder antes de que el Congreso votara para destituirlo.

El caso Watergate evidenció cómo el acceso a información clave, como grabaciones de llamadas y documentos oficiales, sacaron a la luz abusos de poder e irregularidades en el ejercicio del gobierno. Aunque Nixon no enfrentó una persecución judicial tras su renuncia, la información desclasificada y difundida durante la investigación dejó al descubierto la magnitud de las acciones ilícitas que marcaron su administración.

Este caso no solo subraya la importancia de la transparencia y el acceso a la información pública como pilares para la rendición de cuentas, sino también el papel esencial de los medios de comunicación y de las instituciones en garantizar que quienes ostentan el poder respondan por sus actos ante la ciudadanía

Resulta paradójico constatar cómo la información pública, que en su momento sirvió al actual gobierno de México para denunciar los excesos del poder, se ha convertido en un enemigo que debe de eliminar a cualquier costo. Casos emblemáticos como el “toallagate”, o los conflictos de interés relacionados con la Casa Blanca de Peña Nieto, fueron claves para exponer los excesos de administraciones anteriores. Estos ejemplos no solo evidenciaron un uso indebido de los recursos públicos, sino que también jugaron un papel crucial en pavimentar el camino para la llegada de Morena al poder en 2018, bajo la bandera de la lucha contra la corrupción y la transparencia.

Sin embargo, hoy se observa una contradicción: los mismos mecanismos e instituciones que en su momento permitieron exponer las irregularidades del pasado, y que contribuyeron al ascenso político de la autodenominada «Cuarta Transformación», están siendo desmantelados o debilitados deliberadamente. Estas acciones parecen orientadas a eliminar cualquier posible incomodidad para quienes ahora ostentan el poder, evitando que temas escabrosos sean objeto de escrutinio público. En lugar de fortalecer los contrapesos que garantizarían un gobierno transparente y responsable, se busca desarticularlos para limitar su capacidad de cuestionar y evidenciar posibles abusos.

La gran lección que dejará este gobierno es: para evitar ser deslegitimado, lo mejor es eliminar aquello que podría representar una amenaza. Bajo esta premisa, quienes hoy ostentan el poder en México intentan convencernos de que son incorruptibles, casi angelicales. Frases como “no somos iguales” o “tenemos autoridad moral” no hacen más que evidenciar la intención de construir una narrativa basada en su supuesta superioridad ética.

Sin embargo, lejos de generar confianza, estas afirmaciones subrayan la necesidad de no depender únicamente de las buenas intenciones de quienes gobiernan, el poder debe ser limitado y supervisado mediante mecanismos claros que no dependan de la voluntad del gobernante.