Por Francisco Junco //

Una tributación más justa no solo sería benéfico para Jalisco, sino para todas las entidades del país, ya que la que está en la actual legislación deja en desventaja a los estados, por ello, urge una reforma fiscal y es un tema que ya tienen la mayoría de las bancadas como un tema urgente, así lo indicó la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Claudia Salas.

“Lo trae el PRI, lo trae el PAN, lo traemos MC como un tema urgente. La reforma fiscal. Seguiremos insistiendo en ésta. Será uno de los temas que vengan en el siguiente periodo, que es parte también de nuestra agenda y la seguiremos poniendo sobre la mesa. Necesitamos una convención nacional hacendaria, así que claro que necesitamos convocar a una convención nacional que ponga sobre la mesa las nuevas condiciones del país. Hay un convenio de coordinación que se firmó hace 40 años y que definitivamente las cosas han cambiado bastante, nosotros estaremos con esa apuesta”.

En el mismo orden de ideas, la legisladora emecista agregó que la última convención hacendaria se realizó en 2005 y el contexto económico ha cambiado drásticamente a la fecha, por ello la necesidad de considerar las condiciones actuales de los estados y sus contribuciones.

“De cada ocho pesos que Jalisco manda al gobierno federal, sólo regresan dos en aportaciones y participaciones, que además estas aportaciones van dirigidas a tres rubros, que son de salud, seguridad y educación. Que son los rubros que más la gente necesita. Claro que necesitamos que esos rubros se fortalezcan en Jalisco”.

De igual manera, detalló que los indicadores actuales del convenio de coordinación fiscal que son marginación y pobreza son estos los que determinan mayor contribución a una entidad, pero a juicio de la diputada federal esto no refleja las necesidades reales de una entidad próspera y demandante como Jalisco.

“No queremos que los estados más pobres dejen de recibir recursos, como Chiapas, Oaxaca, Guerrero. No es que queramos que esos estados ya no reciban recursos, de ninguna manera, lo que queremos es ampliar justamente el fondo de participación, el Fondo de Recaudación Participable”.

La propuesta, ahondó, es que se aumente el Fondo de Recaudación Participable del 20 por ciento, como esta en la actualidad, al 30 por ciento, tomando en cuenta nuevos indicadores como, por ejemplo, generación de empleo y salud financiera. “Es necesario reconocer el esfuerzo fiscal de los estados y recompensarlo adecuadamente”.

Aseguró que este esquema no solamente beneficiaría a Jalisco, es decir, sería una ganancia para todos los estados, y reflexionó que si Morena gobierna 24 estados, “también le conviene mucho”, porque hay entidades, que tienen gobiernos guindas, que son prósperos en sus indicadores, por lo que recibirían más recursos.

“Ese 10 por ciento entraría de una manera, bajo principios del federalismo fiscal y de justicia redistributiva, entraría a concursar todos los estados por ese 10 por ciento y se lo llevarían conforme a los indicadores que la propia Secretaría de Hacienda ponga y disponga. Entonces, no es una cuestión solamente unilateral de Jalisco”, subrayó lo que sería la propuesta de su bancada.

Además, propuso que los recursos adicionales derivados de un reajuste fiscal se destinen a fortalecer áreas críticas como salud, educación y seguridad. “Estos son los rubros que más necesitan atención inmediata, y que al mismo tiempo generan desarrollo a largo plazo”.

JALISCO EN EL PRESUPUESTO FEDERAL

“Jalisco no fue abandonado en el presupuesto federal”, es la precisión que hizo la diputada Claudia Salas, presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas en la Cámara de Diputados federal, quien explicó que la distribución presupuestal aprobada Jalisco no recibe el trato que debe recibir al ser uno de los estados que más contribuye a la economía nacional.

Entre los logros presupuestales, la legisladora Claudia Salas destacó la asignación de recursos para el saneamiento del Río Santiago, un proyecto que implica una inversión total de 46 mil millones de pesos, de los cuales 5 mil 600 millones ya están etiquetados para su primera etapa. Este proyecto es considerado clave para mejorar las condiciones ambientales y de salud de las comunidades cercanas al río.

Otro avance importante es el proyecto de vivienda social liderado por la Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano), con prácticamente 38 mil millones de pesos, “que es mucho recurso”, se contempla para la construcción y mejoramiento de 150 mil viviendas a nivel nacional, de las cuales Jalisco busca asegurar una parte significativa.

“La Sedatu lo que tiene prácticamente para este 2025 es construir 150 mil viviendas, de las cuales 50 mil son viviendas nuevas, y 100 mil son para el mejoramiento y ampliación también de la vivienda. Esto es un aumento muy considerable, prácticamente el 84 por ciento del presupuesto se aumentó en este rubro de viviendas”.

Claudia Salas subrayó que estas viviendas deben construirse en zonas metropolitanas con acceso a servicios públicos, evitando repetir errores del pasado donde las viviendas quedaban lejos de todo y eran eventualmente abandonadas, por lo que dijo, “tenemos que garantizar que las viviendas estén conectadas a la movilidad y a los servicios esenciales”.

Aunque aclaró que la propuesta de reforma al Infonavit empaña este el tema de vivienda, y acotó, el gobierno está manejando la cifra de dos millones de viviendas y cuestionó de dónde, si hay un presupuesto de 38 mil millones de pesos que te da para 150 mil viviendas y dijo que la respuesta se encuentra en los dos billones de pesos que quiere controlar del Infonavit, del dinero de los trabajadores, “sin consensuar, cancelando toda la posibilidad de que las fuerzas políticas puedan estar presentes en esta en esa discusión”.

En el tema carretero, explicó que presentó un estudio perfectamente fundamentado de cuánto se requiere en Jalisco, que son cerca de 12 mil millones de pesos, sin embargo y a pesar de algunos diálogos con otras fracciones, incluso la visita del gobernador Pablo Lemus a la Cámara de Diputados, apenas se logró un presupuesto de cerca de 600 millones de pesos en una parte de carretera.

Por otro lado, señaló, Jalisco deberá competir por fondos adicionales para proyectos clave como la Línea 5 del Tren Ligero, donde se concursan proyectos de inversión público-privada, como ocurrió, a nivel local, con la Línea 4, y “estamos certeros de que la línea 5 estará concursándose en ese fondo con una suerte de inversión público-privada para que pueda ser tripartita, que haya capital privado, que haya capital del estado y capital también del gobierno federal”, dijo.

La diputada manifestó su preocupación por los recortes en el sector salud, que impactarán en programas como el destinado a cubrir honorarios médicos en hospitales civiles. “Jalisco recibirá 280 millones de pesos menos en este rubro, lo que compromete la operación del Nuevo Hospital Civil de Oriente,” explicó.

Añadió: “Hay una gran preocupación, porque seguramente se cubrirá ese recurso con fondos estatales, pero no deja de ser una obligación del gobierno federal, porque así están los convenios, así están los ramos. Viene en el ramo de gasto federalizado”.

PREOCUPA REFORMA AL INFONAVIT

Respecto a la propuesta de reforma al Infonavit, la legisladora emecista la calificó como grave, por permitir que el gobierno federal tenga mayor control sobre los recursos de los derechohabientes. “Es inaceptable que se manipulen los ahorros de los trabajadores, sin transparencia ni rendición de cuentas”, acotó.

Además, denunció que esta reforma eliminará la obligación de rendir informes trimestrales a la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y advirtió que con la reforma se pretende que estos controles desaparezcan, dejando un vacío peligroso en la supervisión de los recursos.

“Esta reforma al Infonavit nos deja todavía ahorita un mal sabor de boca. Esa reforma, que, si bien acompañamos la reforma constitucional para conseguir vivienda social asequible, habitable, y la votamos por unanimidad en la Cámara de Diputados, esta reforma se viene a empañar ahora de manera muy drástica, justamente con esta reforma secundaria que se pretende poner sobre la mesa”.

Subrayó: “El gobierno federal entra totalmente a manipular el recurso de los derechos habientes. Y eso es muy grave porque los recursos que maneja el Infonavit no son recursos gubernamentales, no es presupuesto público, es dinero de los derechos habientes”.

Y advirtió que esto anula la democracia interna del organismo y pone en riesgo los ahorros de los trabajadores, también cuestionó la designación directa del director del Infonavit por parte de la presidencia, una práctica que consideró contraria a los principios de equidad y balance tripartito respaldados por la Organización Internacional del Trabajo.

“Es como dejar al lobo con Caperucita,” afirmó, alertando sobre los riesgos de corrupción y falta de rendición de cuentas. De acuerdo con la legisladora, esta reforma también amenaza con desviar recursos destinados originalmente a los derechohabientes hacia proyectos que no han sido consensuados con ellos, y es que “el gobierno no puede decidir unilateralmente sobre el dinero que no le pertenece”.

La diputada también expresó su preocupación por los efectos que esta reforma podría tener en la confianza de los trabajadores hacia el sistema de ahorro para la vivienda. “Estamos hablando de recursos que son el fruto del esfuerzo de millones de mexicanos, y cualquier manejo indebido compromete la credibilidad del sistema completo,” explicó.

La diputada agregó que el derecho de veto que se pretende otorgar al director del Infonavit no sólo centraliza el poder, sino que también elimina la posibilidad de decisiones colegiadas. “Este modelo autoritario va en contra de los principios básicos de transparencia y democracia participativa,” señaló, enfatizando la importancia de mantener una estructura tripartita equilibrada.

Además, criticó la intención de utilizar los recursos de los derechohabientes para proyectos que no necesariamente benefician a quienes aportaron. “No podemos permitir que el ahorro destinado a garantizar una vivienda digna se use para otros fines. Esto sería un golpe directo a los trabajadores y sus familias”.

Finalmente, hizo un llamado a los sindicatos y representantes de los trabajadores para que se unan en la defensa de los derechos de los derechohabientes, aunque la fracción parlamentaria tenga la mayoría en el Congreso de la Unión, debe haber una manifestación importante de desacuerdo con lo que pretende hacer el oficialismo con la reforma del Infonavit.

“Necesitamos una movilización colectiva que envíe un mensaje claro: estos recursos son intocables y deben manejarse con total transparencia y responsabilidad. debe de haber una condena social muy grande, yo estoy segura de que los sindicatos no lo van a permitir. Aquí tenemos sindicatos muy fuertes”.

COMPROMETIDA CON JALISCO

Claudia Salas reiteró su compromiso de gestionar recursos que beneficien directamente a los jaliscienses. “Soy la única diputada federal de mi partido por Jalisco, y eso me obliga a prepararme, a estar en el debate nacional y a alzar la voz por mi estado,” declaró. También destacó su colaboración con el gobernador Pablo Lemus para impulsar proyectos prioritarios.

La diputada hizo énfasis en la importancia de mantener un diálogo fluido con el gobierno federal para garantizar que los recursos lleguen a Jalisco de manera justa. “Seguiremos gestionando, proponiendo y luchando para que Jalisco reciba lo que merece. Este es un esfuerzo conjunto que requiere voluntad política y visión a largo plazo”.

La diputada también enfatizó la importancia de fortalecer la recaudación estatal a través de mecanismos locales innovadores y destacó que “Jalisco ha sido un ejemplo al implementar un incremento al impuesto sobre nómina que permitió recaudar 13 mil millones de pesos adicionales, destinados a renovar más de mil escuelas”. Este modelo, demuestra la capacidad del estado para autogestionar recursos en beneficio de sus ciudadanos.

Además, resaltó la necesidad de hacer que los domicilios fiscales de grandes empresas jaliscienses que actualmente tributan en la Ciudad de México regresen al estado, y acotó que “es inaceptable que empresas con operaciones aquí tributen en otro estado, privando a Jalisco de recursos que legítimamente le corresponden,” afirmó, señalando que ya se han identificado más de 150 empresas en esta situación.

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

Vamos a ver en qué termina la intentona del gobierno federal que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum por controlar el Infonavit, que tiene un fondo de ahorro de 2.2 billones de pesos, que representa más del 20% del presupuesto de este año de 9.3 billones del gobierno federal.

Tengamos presente que estos recursos son única y exclusivamente de los trabajadores. Y no pueden por ley destinarse a otros campos, ni el gobierno puede disponer de estos recursos. Si el gobierno se empecina en hacerlo van a presentarse problemas. Los sindicatos no van a entregar al gobierno el manejo de los mismos.

El pasado viernes la Cámara de Senadores en la madrugada, sin consensos, ni sociabilización reformó la ley, haciendo cambios, pero la reacción fue muy fuerte de los sindicatos y empresarios, de allí que se frenó la discusión y aprobación de la misma Ley en la Cámara de Diputados, se dijo que podría haber un periodo extraordinario para su aprobación, pero finalmente se determinó extenderlo hasta marzo.

La doctora Sheinbaum salió en la semana a defender la reforma a la Ley del Infonavit para precisar que “el ahorro de los trabajadores en el Infonavit está completamente seguro y protegido. No hay riesgo alguno”, aseguró.

Al mismo tiempo los estrategas del gobierno de la 4T despliegan una campaña mediática para tratar de justificar la reforma al afirmar que por muchos años se taparon grandes actos de corrupción en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Para la presidenta Sheinbaum las reformas pretenden proteger el ahorro de los trabajadores, construir vivienda -en particular social- y transparentar su labor. Eso es lo que dice. Y si es así, nadie se lo puede rebatir.

Sobre los actos de corrupción habrá que establecer que éstos de corroborarse, se deben sancionar, pero ello no justifica que el gobierno federal decida cómo debe manejarse y conducirse esta institución que es de los trabajadores y que ha operado durante más de 50 años con un modelo de gobierno tripartita, donde son las tres partes, representadas en esa proporción, sin que uno esté arriba de otro.

La jefa del gobierno federal insistió que se propone cambiar la ley para que el director general del instituto pueda tener la rectoría del mismo, además para eliminar dos direcciones sectoriales que no tienen sentido y son la de la representación de los trabajadores y empresarios. Cabe aclarar que el gobierno ya tiene la suya que es el director general.

Otro argumento de la presidenta es que los que en su momento hicieron negocio con los recursos de los trabajadores fueron los que obstaculizaron las auditorías y la fiscalización con el argumento de que, como se trata de fondo de los trabajadores, éstos son privados. “Esta investigación y alguna que ya venía de la administración anterior, y ahora la que está haciendo Octavio Romero -actual director general- va a derivar en seguir informando lo que se está encontrando y las demandas penales que tengamos que presentar”.

Bien que se investigue y se sancione la corrupción en el Infonavit , que no haya impunidad, pero eso no justifica que el gobierno decida el manejo del instituto, desde la imposición de su director, ya que buscan que éste por seis años presida el Consejo de Administración, toda vez que actualmente el cargo es rotativo.

La reforma establece que den más espacios al gobierno federal en el Comité de Vigilancia, en el que tendría cinco plazas, mientras el de los trabajadores y el empresarial se quedarían con dos cada uno, o sea, 5 del gobierno y 4 de trabajadores y empresarios. ¿Por qué la supremacía? Aquí se pierde el carácter tripartita.

Otro punto que se cuestiona de esta reforma es que el Comité de Auditoría y el de Transparencia, la reforma aprobada por el Senado establece que el gobierno federal tenga asignados tres lugares y uno al obrero y uno al empresarial, respectivamente. Aquí también se pierde el carácter tripartita.

EL PRESPUESTO APRETADO

Hemos publicado que el presupuesto de egresos del gobierno federal para el 2025, es menor en términos reales al del 2024, además de que está comprometido a concluir los compromisos de las grandes obras del gobierno del presidente López Obrador.

Los programas sociales, el pago del servicio de la deuda, absorben la mayor parte del presupuesto y deja muy poco margen para desplegar el programa de infraestructura que pretende realizar el gobierno de la doctora Sheinbaum, así como sus compromisos en campaña como pensiones mujeres bienestar, la beca “Rita Macedo” y salud casa por casa.

A diferencia del gobierno de AMLO, la presidenta Claudia Sheinbaum no tiene guardaditos que permitan solventar sus compromisos, por lo que genera ya un estrés en torno al manejo del gasto público de este gobierno, cómo salir adelante con menos recursos, es el gran desafío.

Y viendo este panorama, hay preocupación que recursos del Infonavit se pudieran canalizar al gasto del gobierno federal, cuando el mismo gobierno tiene mayoría en dos áreas que son muy importantes: primero, el nombramiento del director general quitándole el carácter rotativo y que puede ser por seis años, de acuerdo a la reforma aprobada por la Cámara de Senadores.

La Ley no permite que estos recursos se inviertan fuera de lo que es el Infonavit, pero es válida la preocupación de los representantes de los trabajadores y de los empresarios de que el carácter tripartita de este organismo no se pierda.

En este juego de vencidas vamos a ver cómo termina, si al final el gobierno entra en razón y continúa el carácter tripartita que debe existir en todos los comités o éste impone los cambios que le den una supremacía en las decisiones fundamentales del instituto.

Esto lo sabremos hasta el mes de marzo cuando se discuta la ley aprobada por la Cámara Alta en la Cámara de Diputados.

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

El viernes pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum oficializó un decreto que marcará un antes y un después en la historia política y administrativa de México. Publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el documento consuma la extinción de siete órganos autónomos de ámbito federal y 32 estatales dedicados a la transparencia.

Bajo el amparo de una reforma constitucional de «simplificación orgánica», las funciones de estas entidades pasarán a depender de dependencias del Ejecutivo, mientras sus recursos se dirigirán al Fondo de Pensiones del Bienestar.

La reforma elimina organismos emblemáticos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. En el caso de Coneval, por ejemplo, sus funciones pasarán al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La justificación del Poder Ejecutivo Federal se centra en la optimización de recursos y en la promesa de un modelo más eficiente. Los fondos ahorrados por la extinción de los órganos autónomos se destinarán al fortalecimiento del sistema de pensiones, una de las banderas de la administración actual. Sin embargo, detrás de esta narrativa de ahorro y bienestar social se esconde un mensaje que apunta hacia una preocupante centralización del poder.

La desaparición de estos organismos genera diversas preguntas sobre el futuro de la transparencia, la regulación económica y la garantía de derechos fundamentales. Estos entes fueron creados como contrapesos al poder presidencial, asegurando que decisiones claves se tomaran con independencia y especialización. Con su eliminación, se corre el riesgo de que estas funciones sean absorbidas por instancias que carecen de la autonomía necesaria para actuar sin presiones políticas.

El caso del INAI es particularmente ilustrativo. Durante más de dos décadas, este instituto permitió a los ciudadanos acceder a información clave sobre corrupción, derechos humanos y gestión pública. Expedientes como los relacionados con Ayotzinapa, Odebrecht y La Estafa Maestra fueron revelados gracias a su labor. Ahora, aunque los derechos de acceso a la información y protección de datos personales permanecen reconocidos en la Constitución, su ejercicio pleno parece cada vez más incierto.

Desde una perspectiva política, la medida de Sheinbaum no puede desvincularse del contexto más amplio de su administración. Este decreto es parte de una estrategia que busca concentrar el poder en el Ejecutivo, desarticulando los contrapesos institucionales que han sido fundamentales para la consolidación democrática del país.

La extinción de organismos como el INAI o la Cofece también envía un mensaje claro a los sectores privado y social: las decisiones en materia de regulación y transparencia ahora estarán bajo el control directo del gobierno. Esto podría desalentar la inversión, debilitar la competencia económica y abrir la puerta a decisiones opacas que beneficien a ciertos intereses políticos.

Otro impacto preocupante es la pérdida del conocimiento técnico y la experiencia acumulada en estos organismos. Miles de trabajadores especializados enfrentan la incertidumbre de despidos o reubicaciones en un aparato gubernamental que no necesariamente está preparado para absorber sus funciones. Este vacío de conocimiento podría tener consecuencias graves en sectores estratégicos como energía, telecomunicaciones y educación.

En su comunicado respecto al tema de su desaparición, el INAI reafirmó su compromiso de trabajar hasta el último día para garantizar los derechos que dieron origen a su creación. Además, hizo un llamado a la sociedad para que continúe exigiendo transparencia y protección de datos personales como herramientas fundamentales para una democracia de calidad.

La sociedad civil también tiene un papel crucial en este escenario. La demanda ciudadana será clave para que los derechos a la información y a la privacidad no se conviertan en letra muerta. El reto es inmenso: sin instituciones especializadas que sirvan como mediadoras entre el gobierno y los ciudadanos, la lucha por la transparencia y la rendición de cuentas dependerá en gran medida de la organización y movilización ciudadana.

La desaparición de los órganos autónomos representa un cambio profundo en el diseño institucional de México. Si bien la promesa de simplificación y ahorro puede resultar atractiva en el corto plazo, las implicaciones de largo plazo podrían socavar los avances democráticos logrados en las últimas décadas.

El gobierno señala que los derechos de acceso a la información y protección de datos personales seguirán vigentes y serán tutelados por un nuevo modelo institucional. Sin embargo, hasta ahora no hay claridad sobre las leyes secundarias necesarias para asegurar estos derechos, ni sobre el diseño que adoptará la futura estructura de garantía.

El reto para la administración de Sheinbaum será demostrar que esta centralización del poder no está destinada a consolidar un control absoluto, sino a fortalecer un gobierno más eficiente y transparente. Sin embargo, la ausencia de mecanismos claros que garanticen la independencia de las nuevas instancias genera dudas fundadas sobre la verdadera naturaleza de esta reforma.

Desde una perspectiva política, este movimiento revela una tensión entre la austeridad republicana y la necesidad de mantener instituciones robustas e independientes. Si bien los recursos obtenidos podrían ser destinados a programas sociales, la desaparición de estos órganos podría costar caro a la credibilidad democrática de México.

La crónica de esta decisión no termina con la publicación en el DOF. La historia se escribirá en los días, meses y años por venir, en cómo la sociedad y el gobierno aborden este cambio sin precedentes. Porque en política, como en la vida, las decisiones que centralizan el poder siempre tienen consecuencias; y en el caso de México, estas aún están por revelarse.

En X @DEPACHECOS