Por Mario Ávila //

Miembros del Colectivo Pro Defensa del Patrimonio del Ipejal, acompañados por representantes de una decena de organizaciones sindicales y asociaciones de jubilados, urgen a los diputados de la LXIV Legislatura local a que reformen la Ley del Instituto de Pensiones del Estado, para maniatar al Consejo Directivo, ya que desde la reforma del 2009 la corrupción campea en el propio instituto y es lo que ha provocado la grave crisis económica que lo ha puesto al borde de la quiebra para el 2034.

En opinión de Alfonso Gamiño Ruvalcaba, uno de los líderes del colectivo, sería importante que se les concediera a los jubilados, un asiento en el consejo directivo, luego de que según las actas de las reuniones mensuales las decisiones siempre son por unanimidad, es decir las dos representaciones de los trabajadores, siempre se han adherido a la voluntad patronal, con una sola excepción en el 2021 cuando el líder de la FESIJAL, Juan José Hernández votó en contra de la construcción de la Ciudad Laboral del Gobierno del Estado, con dinero de los trabajadores.

Por ello el representante de los trabajadores pensionados y jubilados, advierte que una posición de poco serviría, ya que con la representación del Gobierno del Estado, que es de dos consejeros más el director general y a la vez presidente del consejo, la representación del Ayuntamiento de Guadalajara y los dos asientos de los representantes de los trabajadores, uno de la sección 47 del SNTE y uno de la burocracia estatal y municipal, siempre harían mayoría y las votaciones regularmente serían 6-1.

Explicó Gamiño Ruvalcaba que hoy hay condiciones de equilibrio en las fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado y se puede aspirar a una reforma a la ley del Ipejal, para garantizar por un lado que el propio Poder Legislativo asuma la vigilancia y el control del consejo directivo del Ipejal y por otro lado, para reducir los riesgos de que las reformas que se hagan dañen directamente a los trabajadores como fue la intención de las mesas de trabajo, en donde se pretendía hacer vales las sugerencias del Estudio Actuarial, que planteaba aumentar las aportaciones del trabajador y crecer la edad de jubilación hasta 65 años, incluso para los trabajadores registrados antes de la reforma del 2009.

Reveló que han estado en contacto con algunos de los legisladores, como Miguel de la Rosa y Candelaria Ochoa (Morena), Tonantzin Elusay Cárdenas Méndez (Futuro) y Leonardo Almaguer Castañeda (PT), entre algunos otros, con quienes han platicado y a quienes les han expresado su preocupación, y justamente son ellos quienes se han comprometido a estudiar revisar las propuestas de modificaciones a la Ley del Ipejal, sin causar daño a la economía de los trabajadores.

De ahí que, en su opinión, la reforma más importante que se le deba hacer a la Ley de Pensiones, es vigilar y sanear el actuar del consejo directivo, pero en el entendido de que los jubilados no confían en que esta vigilancia recaiga en órganos e instituciones del propio Poder Ejecutivo, ni en el caso de la Fiscalía Anticorrupción, por lo que se pide que sea el Poder Legislativo el que asuma esta función “para maniatar al consejo directivo”.

A Pensiones del Estado -denunció-, siempre le han metido mano desde el Gobierno del Estado, pero a partir de la reforma del 2009 esto empeoró, porque se le dio todo el poder al consejo directivo y es ahí donde surge y donde se ha desarrollado el problema de corrupción, en el seno del consejo y mientras siga en estas mismas condiciones, sin que nadie absolutamente lo vea, sin que nadie sepa lo que hace, el problema se va a mantener, no hay otra solución, por más dinero que le metan, mientras sigue existiendo ese poder del consejo directivo que permite la corrupción, no se va a lograr nada, así participe la Auditoría Superior del Estado, la Contraloría o la propia Fiscalía Anticorrupción, nada nos ganaremos.

Lo que se necesita -abundó-, es una auditoría de verdad, a cargo de una institución independiente, de algún organismo totalmente ajeno, una empresa que goce de gran prestigio y que pueda hacer una auditoría integral; pero mientras se siga negando y no se acepte que la corrupción es la principal causa del deterioro de las finanzas de Pensiones del Estado, no vamos a llegar a ningún lado; mientras sigan diciendo que son problemas estructurales, no habrá una respuesta positiva y no llegaremos a ningún lado.

EXIGEN AUMENTO DE 2 MIL PESOS A PENSIONADOS

Una de las principales demandas del Colectivo Pro Defensa del Patrimonio del Ipejal, es en el tema del incremento salarial anual, toda vez que cada año se viola el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Ipejal, ya que los incrementos han sido menores al Índice Nacional de Precios al Consumidor, lo que ha generado una pérdida del poder adquisitivo de los jubilados y pensionados, según lo planteó el propio Alfonso Gamiño Ruvalcaba.

Explicó que la pérdida que se ha venido acumulando de manera sostenida, ya que, en el año 2024 con el afán de resarcir aparentemente este perjuicio, se autorizó un incremento del 5% de manera generalizada las pensiones menores a 80 mil pesos, “sin embargo, este incremento no trajo consigo el beneficio esperado, pues el 35% de los jubilados recibió un incremento inferior al del año 2023 que fue de 600 pesos”.

Es decir, con el aumento del 5% en el 2024, significó un monto menor a los 575 pesos para quienes ganaban un monto igual o menor a los 11 mil 500 pesos, situación que va en contra del principio de progresividad salarial estipulado en la ley; mientras que para el 76% de los jubilados restantes, se les otorgó un incremento de mil pesos.

Ante ello, el Colectivo sostiene que la naturaleza de los incrementos debe obedecer al principio de progresividad y atender a resarcir el deterioro del poder adquisitivo, “por lo que creemos y de manera formal solicitamos, que en vez de autorizar un incremento porcentual, se contemple para este 2025, sin comprometer la estabilidad financiera, un incremento general por la cantidad de 2 mil pesos, ya que con ello sí impactaría significativamente en las pensiones de un universo mayor de jubilados”, expuso Gamiño Ruvalcaba.

Con ello, el 94% de los casi 51,000 jubilados recibirían en términos porcentuales un incremento del 5% o más, reflejándose un mayor índice porcentual en quienes perciben una pensión menor a los 40 mil pesos mensuales, lo que constituye un paso importante en una política de recuperación y justicia social en materia de pago de pensiones y se atendería a la naturaleza solidaria del instituto.

ACUERDOS PARA ATENDER TEMAS URGENTES DE SALUD

En la movilización convocada por el Colectivo Pro Defensa del Patrimonio del Ipejal, a las puertas de la propia institución, tomaron parte cientos de integrantes de agrupaciones sindicales, asociaciones civiles y representaciones de policías en activo y jubilados, quienes lograron ser recibidos por el propio director general, Juan Partida.

Y aunque el tema principal de la movilización ya estaba resuelto toda vez que el gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro anunció previamente que se daría marcha atrás a la intentona de un escandaloso incrementos salarial para Juan Partida y funcionarios de primer nivel, así como a la creación de algunas nuevas plazas de nivel de dirección, los pensionados y jubilados tenían temas pendientes por tratar como el incremento del 2025 y el deteriorado sistema de atención a la salud, que se brinda a través de cuatro clínicas de primer nivel, un grupo de médicos especialistas y una serie de hospitales privados.

La minuta de la reunión del 6 de febrero, participaron por el Colectivo Pro Defensa de Patrimonio del Ipeal: Ernesto Michel, Juan Flores Vázquez, Francisco Javier Reyes, Abel Figueroa González, Alfonso Gamiño Rubalcaba y Juan Manuel Mercado; en tanto que por parte del Ipejal los atendieron: Juan Partida Morales, Ángel Nuño, Luis Alberto Güemes e Isaac Flores.

Dentro de los acuerdos destaca resolver servicios médicos urgentes de enero y febrero, el abasto de medicamentos en las clínicas; mejorar la logística para que gradualmente se vayan eliminando los reembolsos; nuevo contrato de servicios de imagenología; dar prioridad a las cirugías urgentes rezagadas; certeza laboral para todos los trabajadores del Ipejal, revisar los porcentajes de los préstamos a los que se les cobran intereses por adelantado y analizar la propuesta de incremento de 2 mil pesos al mes, para los pensionados en el 2025.