A título personal, por Armando Morquecho Camacho //

En febrero de 1936, el presidente Lázaro Cárdenas anunció la creación de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), como parte de una estrategia política que buscaba consolidar la alianza entre el Estado y las clases populares, ofreciendo organización, representación y beneficios sociales a sectores históricamente marginados.

Ese momento marcó un hito: la política social, hasta entonces entendida como una herramienta caritativa o asistencial, comenzó a perfilarse como un componente central del pacto nacional. Desde entonces, la relación entre el Estado y sus ciudadanos ha estado mediada por una promesa de justicia social, siempre en construcción, siempre sujeta a tensiones.

Hoy, casi noventa años después, México se encuentra en un nuevo momento de redefinición de su política social. El debate ya no gira solamente en torno a la cobertura o al diseño de los programas, sino a la naturaleza misma del bienestar que se quiere construir. El modelo actual, centrado en transferencias económicas directas, pretende articular una nueva visión: más incluyente, más directa, menos burocrática. Sin embargo, al mismo tiempo, surgen cuestionamientos legítimos sobre su efectividad estructural, su sostenibilidad a largo plazo y su capacidad para trascender la contención inmediata de la pobreza.

Desde el año 2018, el gobierno federal ha impulsado una política social basada en el principio de universalización progresiva del bienestar, colocando en el centro a las personas históricamente excluidas: adultos mayores, jóvenes sin empleo, personas con discapacidad y comunidades rurales e indígenas.

Esta visión ha dado lugar a una serie de programas prioritarios que, en términos de cobertura, representan uno de los despliegues sociales más amplios en la historia reciente del país. Más de doce millones de adultos mayores reciben hoy una pensión no contributiva; millones de estudiantes de educación básica y media superior acceden a becas mensuales; y cientos de miles de jóvenes participan en programas de formación o capacitación laboral.

La lógica detrás de estas políticas es clara: garantizar un piso mínimo de bienestar sin condiciones, sin intermediarios y sin exclusiones. En el plano discursivo, esto implica un reconocimiento explícito de que la pobreza no es una culpa individual, sino una responsabilidad colectiva. En términos políticos, se busca reconstruir el vínculo entre el Estado y las mayorías sociales, apelando a una idea de justicia social que tiene raíces profundas en la historia del país.

No obstante, esta expansión cuantitativa no ha ido acompañada —al menos no aún— de transformaciones estructurales que modifiquen los factores que generan y perpetúan la desigualdad. El sistema fiscal mexicano sigue siendo poco progresivo; la informalidad laboral permanece por encima del 55% y la movilidad social real continúa siendo una promesa lejana para millones de personas. A pesar de los esfuerzos redistributivos, la mayoría de los beneficiarios de los programas sociales siguen atrapados en contextos de marginación estructural que limitan sus posibilidades de desarrollo pleno.

En este contexto, conviene preguntarse: ¿se está construyendo una política social con enfoque de derechos o simplemente se están perfeccionando mecanismos de contención social? ¿Hasta qué punto las transferencias monetarias están generando autonomía y capacidad de agencia en los beneficiarios? ¿Se están fortaleciendo las capacidades productivas, educativas y comunitarias que permitirían superar la pobreza de manera sostenible, o estamos ante un modelo que mitiga los síntomas sin intervenir en las causas?

Otro elemento que merece atención es el institucional. La centralización operativa de la política social en una sola secretaría ha simplificado ciertos procesos, pero también ha concentrado atribuciones que, en ausencia de mecanismos robustos de evaluación y transparencia, pueden derivar en opacidad o discrecionalidad.

La desaparición de órganos técnicos como el Coneval, que contaban con autonomía para medir los impactos reales de las políticas sociales, ha debilitado la capacidad del Estado para conocer con precisión los efectos de su intervención. Sin información confiable y sin evaluación externa, se corre el riesgo de diseñar políticas desde la intuición y no desde la evidencia.

A esto se suma el debate sobre la sostenibilidad financiera de los programas. Si bien han sido financiados hasta ahora sin recurrir a una reestructuración fiscal, su permanencia está sujeta a variables inciertas. Sin una reforma estructural que fortalezca los ingresos públicos, será difícil sostener a largo plazo una política social que crece en cobertura y monto, sobre todo si se plantea como un derecho permanente. Además, el reto de su continuidad política no puede subestimarse: ¿qué sucederá con estos programas en un contexto de alternancia? ¿Están suficientemente institucionalizados como para resistir los vaivenes del ciclo político?

Pese a estos desafíos, no se puede negar que la política social en México ha dado pasos importantes. Ha ampliado el reconocimiento de derechos sociales, ha visibilizado a poblaciones históricamente excluidas y ha generado nuevas formas de legitimidad democrática.

Hoy más que nunca, la ciudadanía percibe al Estado como un actor presente en su vida cotidiana, capaz de ofrecer certidumbre frente a la precariedad. Este capital político y simbólico no debe desaprovecharse. Pero tampoco debe idealizarse.

El reto hacia adelante es claro: pasar de una política social basada en la transferencia al ingreso, a una política de bienestar integral, que combine el apoyo económico con el acceso efectivo a servicios públicos de calidad, la formalización del empleo, la educación como palanca de movilidad y un entorno de participación ciudadana que garantice la corresponsabilidad entre Estado y sociedad.

La justicia social, como enseñó Cárdenas en su tiempo, no se impone desde arriba ni se resuelve con soluciones únicas. Se construye todos los días, con instituciones sólidas, con participación activa y con la convicción de que los derechos sociales no pueden depender del ciclo electoral. La historia demuestra que cada generación tiene la oportunidad —y la obligación— de redefinir su pacto social.

Hoy, México tiene una base sobre la cual avanzar. Pero para que ese avance sea duradero, debe combinarse con visión estructural, con innovación institucional y, sobre todo, con un compromiso ético profundo con la equidad.