JALISCO
Iniciativa de reforma: “Reclutamiento forzado”, nuevo tipo de delito penal, inspirado por caso Rancho Izaguirre
-Por Mario Ávila
El diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un proyecto de decreto para incorporar el delito de “reclutamiento forzado” al Código Penal Federal y a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
Este delito se define como la acción de reclutar, inducir, obligar o coaccionar a personas, mediante intimidación, publicidad engañosa, engaño, extorsión, amenaza o violencia, para que se unan o colaboren con organizaciones delictivas o grupos de la delincuencia organizada.
La iniciativa busca sancionar prácticas que incluyen explotación sexual, trabajo forzado, sicariato, trata de personas y actividades como “halcones” al servicio de estos grupos, las cuales han proliferado debido a la sofisticación de las redes criminales.
Contexto y motivación de la iniciativa
La propuesta legislativa surge como respuesta a la creciente problemática del reclutamiento forzado, una práctica sistemática empleada por el crimen organizado para captar a personas vulnerables, particularmente jóvenes, mujeres, adolescentes, migrantes y comunidades indígenas.
Durante la exposición de motivos en la máxima tribuna parlamentaria, Mejía Berdeja destacó que estas organizaciones utilizan métodos como el engaño a través de redes sociales, donde citan a las víctimas bajo pretextos falsos para luego secuestrarlas y obligarlas a participar en actividades ilícitas.
Este fenómeno no solo desafía al Estado, sino que vulnera el tejido social y afecta a los sectores más desprotegidos de la población.
El caso que inspiró esta iniciativa ocurrió en marzo de 2025 en el Rancho Izaguirre, ubicado en el predio La Estanzuela, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. Este lugar fue identificado como un centro de reclutamiento forzado y adiestramiento operado por el crimen organizado.
Según el legislador, en este rancho se llevaban a cabo prácticas brutales: los reclutados que mostraban resistencia o no cumplían con las expectativas de los criminales eran asesinados, a veces como parte de “juegos macabros” de competencia entre las víctimas.
Este caso emblemático evidenció la necesidad de crear un tipo penal específico para abordar estas conductas, que no encajan completamente en el delito de trata de personas debido a su orientación distinta.
Detalles de la propuesta legislativa
La iniciativa propone adicionar el artículo 299, inciso sexto, al Código Penal Federal para definir claramente el delito de reclutamiento forzado. Además, en el inciso séptimo, se establecen agravantes para casos en los que las víctimas sean menores de 18 años, mujeres embarazadas, migrantes, afrodescendientes o miembros de pueblos originarios.
También se contemplan agravantes cuando los responsables sean exintegrantes de instituciones de seguridad pública o profesionales coaccionados para realizar actividades ilícitas, como químicos obligados a trabajar en laboratorios de fentanilo.
La propuesta busca incorporar este delito al catálogo de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, permitiendo una persecución más efectiva de los responsables.
Mejía Berdeja enfatizó que esta iniciativa se presenta en un contexto de reformas recientes, como la Ley General Contra la Extorsión, modificaciones a la Ley Contra el Lavado de Dinero y nuevas facultades para la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Estas reformas reflejan un esfuerzo más amplio por fortalecer el marco legal contra el crimen organizado, pero el legislador subrayó la urgencia de abordar específicamente el reclutamiento forzado, que se ha convertido en un “cáncer” utilizado por los grupos delictivos para involucrar a personas contra su voluntad en actividades criminales.
El caso del Rancho Izaguirre: un punto de inflexión
El Rancho Izaguirre se convirtió en un caso de alto perfil en septiembre de 2024, durante el gobierno de Enrique Alfaro en Jalisco, cuando un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Guardia Nacional resultó en la detención de 10 personas, la liberación de dos secuestrados y el hallazgo de un cadáver emplayado.
Sin embargo, tras este operativo, las autoridades locales no dieron seguimiento adecuado al caso, lo que generó sospechas de encubrimiento y una posible intención de sepultar el incidente en el olvido, perpetuando la impunidad.
La situación cambió en marzo de 2025, cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresó al rancho en busca de evidencias sobre personas desaparecidas. Lo que encontraron fue impactante: más de 400 pares de calzado, ropa, mochilas, bolsas, carteras, fotografías, listados y, en tres sitios del predio, posibles restos humanos calcinados.
Estos hallazgos reactivaron las investigaciones, que pasaron a manos de la Fiscalía General de la República (FGR) debido a la magnitud del caso. Con nuevas autoridades en la Fiscalía de Jalisco y el Gobierno del Estado, se actuó con celeridad, logrando una condena de 141 años de prisión para los 10 detenidos por los delitos de desaparición cometida por particulares en su modalidad agravada y homicidio calificado.
Además, se ordenó el pago de 1.3 millones de pesos como reparación del daño a las víctimas.
Por separado, en el ámbito federal, se vinculó a proceso al presidente municipal de Teuchitlán, José N., por presuntos nexos con el CJNG, junto con algunos de sus familiares. También se investiga a tres policías del municipio de Tala, un presunto reclutador y dos integrantes de un grupo delictivo detenidos en el Estado de México.
Además, 12 funcionarios, incluyendo personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ministerios públicos y elementos de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, están bajo escrutinio por posibles omisiones graves en el manejo del caso.
Un cadáver sin identidad
A 10 meses del hallazgo del cadáver emplayado en el Rancho Izaguirre, la víctima permanece sin identificar ni reclamar en el Servicio Médico Forense. A pesar de contar con muestras de ADN, estas no han coincidido con ninguna base de datos, lo que refleja deficiencias en la investigación.
Este hecho subraya los desafíos para esclarecer casos relacionados con el crimen organizado, donde las víctimas a menudo quedan en el anonimato.
EL ACADÉMICO PARTIDA CABALLERO CRÍTICA INVESTIGACIÓN Y CONDENA
El doctor Alfonso Partida Caballero, académico de la Universidad de Guadalajara y miembro del cuerpo “Paradigmas de la Justicia en México”, cuestionó la condena de 141 años impuesta a los 10 detenidos.
Calificó la sentencia como “draconiana” y motivada por la presión pública y mediática, más que por pruebas contundentes. Según Partida, los cargos imputados —homicidio calificado, desaparición forzada y desaparición agravada de particulares— no están respaldados por una individualización adecuada de las responsabilidades, lo que facilita recursos de apelación y amparo por parte de la defensa.
Alfonso Partida señaló que la falta de transparencia en el expediente y la ausencia de máxima publicidad en el proceso violan principios fundamentales de justicia. Además, criticó la falta de claridad sobre el cadáver hallado, cuya muerte no se ha determinado si ocurrió en el rancho o en otro lugar.
Esto plantea dudas sobre la culpabilidad de los detenidos, quienes podrían haber sido señalados simplemente por estar presentes durante el operativo de la Guardia Nacional. El académico también destacó la necesidad de identificar al autor intelectual de los crímenes, ya que culpar genéricamente al “crimen organizado” no permite una justicia precisa.
Asimismo, Partida Caballero cuestionó la efectividad de sentencias tan severas en un contexto donde la impunidad en Jalisco alcanza el 99.12% en este tipo de delitos. Argumentó que penas “para la tribuna” no combaten la impunidad y sugirió que sería más útil imponer sanciones razonables respaldadas por investigaciones rigurosas.
También propuso que se investigue a exfuncionarios, como el exgobernador Enrique Alfaro y los fiscales de su administración, por posibles omisiones en el manejo inicial del caso.
Conclusión
La iniciativa para tipificar el reclutamiento forzado representa un esfuerzo por fortalecer el marco legal contra las prácticas del crimen organizado, inspirada en el caso del Rancho Izaguirre, que expuso la brutalidad de estas actividades.
Sin embargo, las críticas al proceso judicial y la falta de identificación de víctimas y autores intelectuales destacan los retos pendientes en la lucha contra la impunidad.
Este caso subraya la necesidad de investigaciones transparentes, procesos judiciales sólidos y un enfoque integral que no solo sancione a los ejecutores, sino que también aborde las redes de complicidad que permiten la operación de centros como el Rancho Izaguirre.
–Por Francisco Junco
Miguel de la Rosa, coordinador de la bancada de Morena en el Congreso de Jalisco, calificó como un “abuso desproporcionado” el aumento a las tarifas del agua propuesto para 2026, el cual supera el 48%.
Aseguró que el aumento se pretende justificar con una supuesta evaluación técnica, cuando en realidad responde a intereses políticos del Gobierno estatal.
Y es que en la mañana, el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, se desmarcó del incremento a través de sus redes sociales y aseguró que no va “a permitir esos abusos” y posteó que “mi equipo está revisando la vía legal para que esa determinación quede sin efectos. He ordenado además una propuesta integral de reingeniería en el SIAPA”.
De la Rosa recordó que Morena votó en contra del aumento aprobado para 2025, que fue de 9.65%, y advirtió que el alza planteada para 2026 no tiene sustento técnico ni inflacionario.
“Es un incremento completamente desproporcionado, abusivo, que impactará negativamente a miles de familias jaliscienses”, sostuvo.
El legislador también cuestionó la postura del gobernador Pablo Lemus, quien ha dicho estar en contra de aumentos “abusivos”, pero cuyo representante en la Comisión Tarifaria votó a favor. “Hay una falta de coherencia entre el discurso y las acciones de su propio equipo”, reclamó.
Acusó que la Comisión Tarifaria no actúa de manera autónoma, sino bajo consigna política y reiteró que “lo que está haciendo la Comisión es atender una instrucción política. Y mediáticamente aparentar que no son los responsables de esa propuesta”.
«Respecto de lo que dijo el Gobernador, pues yo encuentro una incongruencia entre lo que él dice y lo que dice el representante del secretario General de Gobierno en la Comisión Tarifaria. Porque su representante manifestó en esa votación su voto a favor de que sí hubiese el incremento y reitero que rebasa el 48% de incremento del costo del agua para el siguiente año”, subrayó el legislador morenista.
Además, señaló que el gobernador Pablo Lemus se anticipó con su pronunciamiento para controlar la narrativa, justo cuando la bancada de Morena ya tenía lista su postura. También lamentó que representantes de municipios clave ya hayan votado a favor del aumento, como son Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco, lo que evidencia, dijo, una preocupante sumisión al Ejecutivo estatal.
Finalmente, propuso una reforma a la Ley de Aguas para conformar una nueva Comisión Tarifaria con verdadera representación ciudadana.
«Esta Comisión Tarifaria se tendría que reconstruir con una modificación a la ley de Aguas, para efecto de que sí tenga representación ciudadana real y no simulada, y que sí tenga integrantes con conocimiento técnico económico de la estimación y proyección del costo del agua”, puntualizó.
-Por Mario Ávila
Tras el aumento del 9.65 por ciento conseguido para este año a las tarifas del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) de la Zona Metropolitana de Guadalajara, el organismo plantea para 2026 aumentos que van del 44 al 200 por ciento.
En reunión de la Comisión de Tarifas, se aprobó también que la cuota de administración por usuario aumente en un 44.3 por ciento, mientras que se fija un precio por metro cúbico de agua en 28.74 pesos.
Vale la pena recordar que estos aumentos aprobados por la Comisión de Tarifas del SIAPA, pasarán luego a los cabildos municipales y posteriormente al Congreso del Estado, para su aprobación definitiva.
Por cierto, el incremento se aprobó sin el voto en contra de un solo integrante del Comité; pero al menos cuatro representantes (uno de la UdeG, dos de Tlaquepaque y uno de Tonalá) se abstuvieron en la votación, mientras que 12 integrantes del Comité de Tarifas del SIAPA, votaron a favor del que se ha dado en llamar un nuevo “megatarifazo del SIAPA”.
-Por Mario Ávila
Autoridades ministeriales apoyados por elementos de la polía estatal y la polía municipal de Tlajomulco de Zúñiga, contando además con el respaldo de un helicóptero para vigilar la zona, desalojaron un predio en la comunidad de San Sebastián el Grande.
El suceso inició alrededor de las dos de la tarde ayer martes, en donde algunos miembros de la comunidad que ya habitaban en la zona opusieron cierta resistencia, pero finalmente fueron controlados por los uniformados.
A través de la cuenta de Facebook: Carmen Vázquez ZM, realizó una transmisión en vivo que duró poco más de una hora y denunció los hechos.
De acuerdo con la publicación, los hechos ocurrieron en un predio localizado en el cruce de las calles San Serafín y Silvano Rico, en el poblado de San Sebastián El Grande, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.
Entre algunos incendios provocados en las casas de madera y de cartón que se habían levantado en el predio recuperado, los desalojados clamaban por los derechos constitucionales a la vivienda y pedían la presencia y el apoyo del alcalde de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez.
El aumento al agua es un abuso orquestado desde el Gobierno del Estado: Morena
Viene nuevo megatarifazo; SIAPA aumenta del 44 al 200% para el 2026
Desalojan predio en San Sebastián el Grande
Exhiben al ‘Chicharito’ en la mañanera por sus opiniones «machistas»
