JALISCO
Iniciativa de reforma: “Reclutamiento forzado”, nuevo tipo de delito penal, inspirado por caso Rancho Izaguirre
-Por Mario Ávila
El diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un proyecto de decreto para incorporar el delito de “reclutamiento forzado” al Código Penal Federal y a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
Este delito se define como la acción de reclutar, inducir, obligar o coaccionar a personas, mediante intimidación, publicidad engañosa, engaño, extorsión, amenaza o violencia, para que se unan o colaboren con organizaciones delictivas o grupos de la delincuencia organizada.
La iniciativa busca sancionar prácticas que incluyen explotación sexual, trabajo forzado, sicariato, trata de personas y actividades como “halcones” al servicio de estos grupos, las cuales han proliferado debido a la sofisticación de las redes criminales.
Contexto y motivación de la iniciativa
La propuesta legislativa surge como respuesta a la creciente problemática del reclutamiento forzado, una práctica sistemática empleada por el crimen organizado para captar a personas vulnerables, particularmente jóvenes, mujeres, adolescentes, migrantes y comunidades indígenas.
Durante la exposición de motivos en la máxima tribuna parlamentaria, Mejía Berdeja destacó que estas organizaciones utilizan métodos como el engaño a través de redes sociales, donde citan a las víctimas bajo pretextos falsos para luego secuestrarlas y obligarlas a participar en actividades ilícitas.
Este fenómeno no solo desafía al Estado, sino que vulnera el tejido social y afecta a los sectores más desprotegidos de la población.
El caso que inspiró esta iniciativa ocurrió en marzo de 2025 en el Rancho Izaguirre, ubicado en el predio La Estanzuela, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. Este lugar fue identificado como un centro de reclutamiento forzado y adiestramiento operado por el crimen organizado.
Según el legislador, en este rancho se llevaban a cabo prácticas brutales: los reclutados que mostraban resistencia o no cumplían con las expectativas de los criminales eran asesinados, a veces como parte de “juegos macabros” de competencia entre las víctimas.
Este caso emblemático evidenció la necesidad de crear un tipo penal específico para abordar estas conductas, que no encajan completamente en el delito de trata de personas debido a su orientación distinta.
Detalles de la propuesta legislativa
La iniciativa propone adicionar el artículo 299, inciso sexto, al Código Penal Federal para definir claramente el delito de reclutamiento forzado. Además, en el inciso séptimo, se establecen agravantes para casos en los que las víctimas sean menores de 18 años, mujeres embarazadas, migrantes, afrodescendientes o miembros de pueblos originarios.
También se contemplan agravantes cuando los responsables sean exintegrantes de instituciones de seguridad pública o profesionales coaccionados para realizar actividades ilícitas, como químicos obligados a trabajar en laboratorios de fentanilo.
La propuesta busca incorporar este delito al catálogo de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, permitiendo una persecución más efectiva de los responsables.
Mejía Berdeja enfatizó que esta iniciativa se presenta en un contexto de reformas recientes, como la Ley General Contra la Extorsión, modificaciones a la Ley Contra el Lavado de Dinero y nuevas facultades para la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Estas reformas reflejan un esfuerzo más amplio por fortalecer el marco legal contra el crimen organizado, pero el legislador subrayó la urgencia de abordar específicamente el reclutamiento forzado, que se ha convertido en un “cáncer” utilizado por los grupos delictivos para involucrar a personas contra su voluntad en actividades criminales.
El caso del Rancho Izaguirre: un punto de inflexión
El Rancho Izaguirre se convirtió en un caso de alto perfil en septiembre de 2024, durante el gobierno de Enrique Alfaro en Jalisco, cuando un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Guardia Nacional resultó en la detención de 10 personas, la liberación de dos secuestrados y el hallazgo de un cadáver emplayado.
Sin embargo, tras este operativo, las autoridades locales no dieron seguimiento adecuado al caso, lo que generó sospechas de encubrimiento y una posible intención de sepultar el incidente en el olvido, perpetuando la impunidad.
La situación cambió en marzo de 2025, cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresó al rancho en busca de evidencias sobre personas desaparecidas. Lo que encontraron fue impactante: más de 400 pares de calzado, ropa, mochilas, bolsas, carteras, fotografías, listados y, en tres sitios del predio, posibles restos humanos calcinados.
Estos hallazgos reactivaron las investigaciones, que pasaron a manos de la Fiscalía General de la República (FGR) debido a la magnitud del caso. Con nuevas autoridades en la Fiscalía de Jalisco y el Gobierno del Estado, se actuó con celeridad, logrando una condena de 141 años de prisión para los 10 detenidos por los delitos de desaparición cometida por particulares en su modalidad agravada y homicidio calificado.
Además, se ordenó el pago de 1.3 millones de pesos como reparación del daño a las víctimas.
Por separado, en el ámbito federal, se vinculó a proceso al presidente municipal de Teuchitlán, José N., por presuntos nexos con el CJNG, junto con algunos de sus familiares. También se investiga a tres policías del municipio de Tala, un presunto reclutador y dos integrantes de un grupo delictivo detenidos en el Estado de México.
Además, 12 funcionarios, incluyendo personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ministerios públicos y elementos de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, están bajo escrutinio por posibles omisiones graves en el manejo del caso.
Un cadáver sin identidad
A 10 meses del hallazgo del cadáver emplayado en el Rancho Izaguirre, la víctima permanece sin identificar ni reclamar en el Servicio Médico Forense. A pesar de contar con muestras de ADN, estas no han coincidido con ninguna base de datos, lo que refleja deficiencias en la investigación.
Este hecho subraya los desafíos para esclarecer casos relacionados con el crimen organizado, donde las víctimas a menudo quedan en el anonimato.
EL ACADÉMICO PARTIDA CABALLERO CRÍTICA INVESTIGACIÓN Y CONDENA
El doctor Alfonso Partida Caballero, académico de la Universidad de Guadalajara y miembro del cuerpo “Paradigmas de la Justicia en México”, cuestionó la condena de 141 años impuesta a los 10 detenidos.
Calificó la sentencia como “draconiana” y motivada por la presión pública y mediática, más que por pruebas contundentes. Según Partida, los cargos imputados —homicidio calificado, desaparición forzada y desaparición agravada de particulares— no están respaldados por una individualización adecuada de las responsabilidades, lo que facilita recursos de apelación y amparo por parte de la defensa.
Alfonso Partida señaló que la falta de transparencia en el expediente y la ausencia de máxima publicidad en el proceso violan principios fundamentales de justicia. Además, criticó la falta de claridad sobre el cadáver hallado, cuya muerte no se ha determinado si ocurrió en el rancho o en otro lugar.
Esto plantea dudas sobre la culpabilidad de los detenidos, quienes podrían haber sido señalados simplemente por estar presentes durante el operativo de la Guardia Nacional. El académico también destacó la necesidad de identificar al autor intelectual de los crímenes, ya que culpar genéricamente al “crimen organizado” no permite una justicia precisa.
Asimismo, Partida Caballero cuestionó la efectividad de sentencias tan severas en un contexto donde la impunidad en Jalisco alcanza el 99.12% en este tipo de delitos. Argumentó que penas “para la tribuna” no combaten la impunidad y sugirió que sería más útil imponer sanciones razonables respaldadas por investigaciones rigurosas.
También propuso que se investigue a exfuncionarios, como el exgobernador Enrique Alfaro y los fiscales de su administración, por posibles omisiones en el manejo inicial del caso.
Conclusión
La iniciativa para tipificar el reclutamiento forzado representa un esfuerzo por fortalecer el marco legal contra las prácticas del crimen organizado, inspirada en el caso del Rancho Izaguirre, que expuso la brutalidad de estas actividades.
Sin embargo, las críticas al proceso judicial y la falta de identificación de víctimas y autores intelectuales destacan los retos pendientes en la lucha contra la impunidad.
Este caso subraya la necesidad de investigaciones transparentes, procesos judiciales sólidos y un enfoque integral que no solo sancione a los ejecutores, sino que también aborde las redes de complicidad que permiten la operación de centros como el Rancho Izaguirre.
– Por Francisco Junco
Mirza Flores fue elegida por unanimidad como coordinadora estatal operativa de Movimiento Ciudadano en Jalisco, cargo que ocupará hasta 2028.
La decisión se tomó durante la V Convención Estatal del partido, en la que estuvieron presentes el gobernador Pablo Lemus y el dirigente nacional, Jorge Álvarez Máynez, entre otros liderazgos, como la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie y el alcalde de Tlajomulco, Quirino Vázquez.
Con este nombramiento, Mirza Flores pasa de su carácter interino al liderazgo formal de la organización emecista en Jalisco. En su mensaje, la exdiputada federal aseguró que el movimiento regresará a su origen, que es la cercanía con la ciudadanía.
“Manteniendo la cercanía con la gente, escuchando, trabajando en la calle y teniendo presencia en las comunidades. Mi responsabilidad es y será estar recordándonos el origen de nuestras causas y salir con ustedes a visitar a todas las familias de Jalisco”, señaló.
Flores delineó los principales objetivos rumbo a la elección intermedia de 2027. Entre ellos, destacó aumentar la votación de Movimiento Ciudadano, conquistar de nuevo la mayoría en el Congreso del Estado y ganar las alcaldías de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y de las ciudades medias del estado.
“En las elecciones de 2027 vamos a consolidar nuestro liderazgo político y nuestros objetivos están muy claros”, afirmó.
La coordinadora naranja subrayó que Jalisco ha dado ejemplo con gobiernos que han apostado por la salud, la educación y la infraestructura, y recordó programas como la entrega gratuita de medicamentos oncológicos para niñas y niños con cáncer, útiles y calzado para estudiantes, además de la inversión en obra pública.
“Vamos a seguir dándole muchos votos a Movimiento Ciudadano nacional, es un proyecto en el que creemos y amamos”, expresó.
Por su parte, el líder nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez recalcó que el “Movimiento Naranja” está llamado a ser una alternativa para el futuro de este país, por lo que tendrá que ganar la presidencia de la República en 2030, además de darle a Pablo Lemus una mayoría legislativa en el Congreso de Jalisco.
En la misma línea, el gobernador, Pablo Lemus, pidió a los militantes naranjas mantener abierto el partido a la participación ciudadana, convencido de que esa es la fortaleza del movimiento naranja en Jalisco.
Y a los funcionarios públicos emanados de las filas de Movimiento Naranja a tener claro que el servicio público es el hacer las cosas bien y con rostro humano a la ciudadanía, “hacer las cosas como se deben, hacer las cosas bien”.
– Por Mario Ávila
Los trabajadores académicos y administrativos de la Universidad de Guadalajara (UdeG) eligieron a sus nuevos comités directivos de los sindicatos de trabajadores académicos y administrativos de la UdeG, en donde Natalia Juárez Miranda es la nueva líder sindical de los profesores y, entre los administrativos, se reelige a José de Jesús Becerra Santiago.
El nuevo comité ejecutivo del SUTUdeG para el periodo 2025-2028 rendirá protesta el próximo lunes a las 12 horas en la Sala 2 del Conjunto de Artes Escénicas y quedó integrado por: José de Jesús Becerra Santiago, secretario general; Alberto Salazar Valenzuela, secretario de Organización; Fernando Campos Ubiarco, secretario de Actas y Acuerdos; Edgar Rodríguez Suárez, secretario de Trabajo y Conflictos; Ausencia Hernández Ponce, secretaria de Finanzas y Fabiana Azucena Ortiz Lara, secretaria de Relaciones.
En la otra arena, el STAUdeG, en una decisión abrumadora y con el 85% de los votos, la planilla Amarilla, encabezada por Natalia Juárez Miranda, resultó ganadora en la elección del nuevo comité directivo del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
Luego de una jornada electoral al interior de los planteles escolares de la UdeG, con 7 mil 524 votos, resultó ganadora la Planilla Amarilla, por los 1 mil 332 que obtuvo la Planilla Roja, según los resultados dados a conocer por la comisión electoral del Consejo General Universitario, responsables del proceso.
La integración del nuevo comité directivo del STAUdeG quedó de la siguiente manera: Natalia Juárez Miranda, secretaria General; Víctor Artemio Valle Sánchez, secretario de Organización; María del Rocío Maciel Arellano, secretaria de Actas y Acuerdos; Livier Padilla Barbosa, secretaria de Finanzas; Doris Leticia del Refugio Flores Gutiérrez, secretaria de Trabajo y Conflictos y Celia Fausto Lizaola, como titular de la Secretaría de Asuntos Académicos y Culturales.
– Por Mario Ávila
Graves fallas estructurales en el transporte público, entre ellas la corrupción, la falta de mantenimiento, la escasez de unidades y la inseguridad para las mujeres, quedaron exhibidas en el foro “El transporte que nosotras queremos: más íntegro, incluyente y seguro”.
Durante el foro se hizo público el resultado de un estudio en el que 65% de las mujeres que usan el transporte público en Jalisco lo consideran inseguro, mientras que solo el 35% de las mujeres se sienten seguras.
De ello dio cuenta la diputada Yussara Canales, quien alzó la voz por un transporte público más seguro, íntegro e incluyente para Jalisco y en especial para las mujeres, las personas mayores y los estudiantes, que diariamente enfrentan deficiencias, riesgos y omisiones en el sistema de transporte público en Jalisco.
Refiriéndose al servicio público en su distrito, Puerto Vallarta, Canales expuso la precariedad del servicio: largas esperas de hasta dos horas, pocas unidades funcionando y ausencia de condiciones adecuadas para personas con discapacidad o movilidad limitada.
«En Vallarta -dijo-, solo hay 260 unidades operando, cuando se requieren muchas más. Hay mujeres embarazadas, personas mayores, estudiantes, que simplemente no pueden llegar a sus destinos sin gastar en plataformas privadas».
El foro fue organizado por la diputada Tonantzin Cárdenas, sirvió como espacio de diagnóstico colectivo, intercambio de experiencias y generación de propuestas desde distintas regiones del estado, con un enfoque en justicia de género, movilidad digna y combate a la impunidad.
Mirza Flores, nueva coordinadora de Movimiento Ciudadano en Jalisco
Eligen a Natalia Juárez y a Jesús Becerra, líderes sindicales en la UdeG
“Manchas”: el perro que encuentra fugas de agua en México
Detienen a vicealmirante por red de huachicol fiscal en Tampico
