JALISCO
Iniciativa de reforma: “Reclutamiento forzado”, nuevo tipo de delito penal, inspirado por caso Rancho Izaguirre
-Por Mario Ávila
El diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un proyecto de decreto para incorporar el delito de “reclutamiento forzado” al Código Penal Federal y a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
Este delito se define como la acción de reclutar, inducir, obligar o coaccionar a personas, mediante intimidación, publicidad engañosa, engaño, extorsión, amenaza o violencia, para que se unan o colaboren con organizaciones delictivas o grupos de la delincuencia organizada.
La iniciativa busca sancionar prácticas que incluyen explotación sexual, trabajo forzado, sicariato, trata de personas y actividades como “halcones” al servicio de estos grupos, las cuales han proliferado debido a la sofisticación de las redes criminales.
Contexto y motivación de la iniciativa
La propuesta legislativa surge como respuesta a la creciente problemática del reclutamiento forzado, una práctica sistemática empleada por el crimen organizado para captar a personas vulnerables, particularmente jóvenes, mujeres, adolescentes, migrantes y comunidades indígenas.
Durante la exposición de motivos en la máxima tribuna parlamentaria, Mejía Berdeja destacó que estas organizaciones utilizan métodos como el engaño a través de redes sociales, donde citan a las víctimas bajo pretextos falsos para luego secuestrarlas y obligarlas a participar en actividades ilícitas.
Este fenómeno no solo desafía al Estado, sino que vulnera el tejido social y afecta a los sectores más desprotegidos de la población.
El caso que inspiró esta iniciativa ocurrió en marzo de 2025 en el Rancho Izaguirre, ubicado en el predio La Estanzuela, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. Este lugar fue identificado como un centro de reclutamiento forzado y adiestramiento operado por el crimen organizado.
Según el legislador, en este rancho se llevaban a cabo prácticas brutales: los reclutados que mostraban resistencia o no cumplían con las expectativas de los criminales eran asesinados, a veces como parte de “juegos macabros” de competencia entre las víctimas.
Este caso emblemático evidenció la necesidad de crear un tipo penal específico para abordar estas conductas, que no encajan completamente en el delito de trata de personas debido a su orientación distinta.
Detalles de la propuesta legislativa
La iniciativa propone adicionar el artículo 299, inciso sexto, al Código Penal Federal para definir claramente el delito de reclutamiento forzado. Además, en el inciso séptimo, se establecen agravantes para casos en los que las víctimas sean menores de 18 años, mujeres embarazadas, migrantes, afrodescendientes o miembros de pueblos originarios.
También se contemplan agravantes cuando los responsables sean exintegrantes de instituciones de seguridad pública o profesionales coaccionados para realizar actividades ilícitas, como químicos obligados a trabajar en laboratorios de fentanilo.
La propuesta busca incorporar este delito al catálogo de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, permitiendo una persecución más efectiva de los responsables.
Mejía Berdeja enfatizó que esta iniciativa se presenta en un contexto de reformas recientes, como la Ley General Contra la Extorsión, modificaciones a la Ley Contra el Lavado de Dinero y nuevas facultades para la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Estas reformas reflejan un esfuerzo más amplio por fortalecer el marco legal contra el crimen organizado, pero el legislador subrayó la urgencia de abordar específicamente el reclutamiento forzado, que se ha convertido en un “cáncer” utilizado por los grupos delictivos para involucrar a personas contra su voluntad en actividades criminales.
El caso del Rancho Izaguirre: un punto de inflexión
El Rancho Izaguirre se convirtió en un caso de alto perfil en septiembre de 2024, durante el gobierno de Enrique Alfaro en Jalisco, cuando un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Guardia Nacional resultó en la detención de 10 personas, la liberación de dos secuestrados y el hallazgo de un cadáver emplayado.
Sin embargo, tras este operativo, las autoridades locales no dieron seguimiento adecuado al caso, lo que generó sospechas de encubrimiento y una posible intención de sepultar el incidente en el olvido, perpetuando la impunidad.
La situación cambió en marzo de 2025, cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresó al rancho en busca de evidencias sobre personas desaparecidas. Lo que encontraron fue impactante: más de 400 pares de calzado, ropa, mochilas, bolsas, carteras, fotografías, listados y, en tres sitios del predio, posibles restos humanos calcinados.
Estos hallazgos reactivaron las investigaciones, que pasaron a manos de la Fiscalía General de la República (FGR) debido a la magnitud del caso. Con nuevas autoridades en la Fiscalía de Jalisco y el Gobierno del Estado, se actuó con celeridad, logrando una condena de 141 años de prisión para los 10 detenidos por los delitos de desaparición cometida por particulares en su modalidad agravada y homicidio calificado.
Además, se ordenó el pago de 1.3 millones de pesos como reparación del daño a las víctimas.
Por separado, en el ámbito federal, se vinculó a proceso al presidente municipal de Teuchitlán, José N., por presuntos nexos con el CJNG, junto con algunos de sus familiares. También se investiga a tres policías del municipio de Tala, un presunto reclutador y dos integrantes de un grupo delictivo detenidos en el Estado de México.
Además, 12 funcionarios, incluyendo personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ministerios públicos y elementos de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, están bajo escrutinio por posibles omisiones graves en el manejo del caso.
Un cadáver sin identidad
A 10 meses del hallazgo del cadáver emplayado en el Rancho Izaguirre, la víctima permanece sin identificar ni reclamar en el Servicio Médico Forense. A pesar de contar con muestras de ADN, estas no han coincidido con ninguna base de datos, lo que refleja deficiencias en la investigación.
Este hecho subraya los desafíos para esclarecer casos relacionados con el crimen organizado, donde las víctimas a menudo quedan en el anonimato.
EL ACADÉMICO PARTIDA CABALLERO CRÍTICA INVESTIGACIÓN Y CONDENA
El doctor Alfonso Partida Caballero, académico de la Universidad de Guadalajara y miembro del cuerpo “Paradigmas de la Justicia en México”, cuestionó la condena de 141 años impuesta a los 10 detenidos.
Calificó la sentencia como “draconiana” y motivada por la presión pública y mediática, más que por pruebas contundentes. Según Partida, los cargos imputados —homicidio calificado, desaparición forzada y desaparición agravada de particulares— no están respaldados por una individualización adecuada de las responsabilidades, lo que facilita recursos de apelación y amparo por parte de la defensa.
Alfonso Partida señaló que la falta de transparencia en el expediente y la ausencia de máxima publicidad en el proceso violan principios fundamentales de justicia. Además, criticó la falta de claridad sobre el cadáver hallado, cuya muerte no se ha determinado si ocurrió en el rancho o en otro lugar.
Esto plantea dudas sobre la culpabilidad de los detenidos, quienes podrían haber sido señalados simplemente por estar presentes durante el operativo de la Guardia Nacional. El académico también destacó la necesidad de identificar al autor intelectual de los crímenes, ya que culpar genéricamente al “crimen organizado” no permite una justicia precisa.
Asimismo, Partida Caballero cuestionó la efectividad de sentencias tan severas en un contexto donde la impunidad en Jalisco alcanza el 99.12% en este tipo de delitos. Argumentó que penas “para la tribuna” no combaten la impunidad y sugirió que sería más útil imponer sanciones razonables respaldadas por investigaciones rigurosas.
También propuso que se investigue a exfuncionarios, como el exgobernador Enrique Alfaro y los fiscales de su administración, por posibles omisiones en el manejo inicial del caso.
Conclusión
La iniciativa para tipificar el reclutamiento forzado representa un esfuerzo por fortalecer el marco legal contra las prácticas del crimen organizado, inspirada en el caso del Rancho Izaguirre, que expuso la brutalidad de estas actividades.
Sin embargo, las críticas al proceso judicial y la falta de identificación de víctimas y autores intelectuales destacan los retos pendientes en la lucha contra la impunidad.
Este caso subraya la necesidad de investigaciones transparentes, procesos judiciales sólidos y un enfoque integral que no solo sancione a los ejecutores, sino que también aborde las redes de complicidad que permiten la operación de centros como el Rancho Izaguirre.
– Por Francisco Junco
Entre flores de cempasúchil, altares coloridos y el eco de la música, Zapopan se prepara para celebrar una de sus tradiciones más queridas, la velada Calaveritas Zapopan 2025, que este año llenará de vida el Parque de las Niñas y los Niños los días 31 de octubre y 1 de noviembre.
El encuentro no sólo es una fiesta visual, sino un homenaje a la memoria. Desde hace nueve años, este evento reúne a familias enteras, artistas y servidores públicos que, más que organizar, comparten un mismo propósito, que es mantener viva la raíz mexicana que celebra la vida en medio de la muerte.
Alejandro Vázquez Ortiz, coordinador general de Servicios Municipales, expresó que esta velada “busca preservar y fortalecer las tradiciones mexicanas mediante expresiones culturales, artísticas y comunitarias”. Y lo hace con un espíritu que trasciende los protocolos.
“Cada edición crece gracias al entusiasmo de las y los trabajadores del Ayuntamiento y, sobre todo, a la participación de la ciudadanía que se suma para mantener vivas nuestras costumbres”, señaló.
El parque se llenará de altares de muertos, elaborados tanto por dependencias municipales como por familias y colectivos ciudadanos. Todos serán evaluados por su creatividad, narrativa y apego a la tradición.
“Cada altar es una muestra del talento y del cariño con el que las y los zapopanos recuerdan a sus seres queridos. Nos llena de orgullo ver cómo año con año más personas se suman a esta iniciativa, haciendo suyo este espacio de expresión y memoria”, dijo Vázquez Ortiz.
La velada incluirá también un concurso de disfraces que promete ser una de las escenas más entrañables de la noche. Niñas y niños desfilarán con sus catrinas, calaveritas y personajes tradicionales, en una pasarela de alegría y color.
Este concurso se celebrará el 1 de noviembre, con el propósito de promover la participación familiar en un entorno seguro y festivo.
Como cada año, habrá un altar comunitario y el Muro de los Recuerdos, donde las familias podrán colocar fotografías y mensajes para sus seres queridos.
“Queremos que todas y todos se sientan parte de esta velada. El altar comunitario es un símbolo de unión y de identidad, una manera de compartir la memoria de nuestros seres queridos y de mantener vivas nuestras raíces”, subrayó el coordinador.
El programa artístico combinará tradición y modernidad, donde la Orquesta Sinfónica de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana ofrecerá un concierto especial, acompañado de ballet folklórico, espectáculos de luz en la fuente danzarina, música Candlelight, pintacaritas y pan de muerto para compartir.
“Zapopan es un municipio que honra sus tradiciones, pero también promueve la convivencia y la cultura. Con eventos como este reafirmamos que nuestras tradiciones pueden convivir con la innovación y seguir reuniendo a las familias en torno a la memoria y la celebración de la vida”, concluyó Vázquez Ortiz.
– Por Francisco Junco
En una sesión cargada de contrastes, el Cabildo de Guadalajara aprobó una ampliación al Presupuesto de Egresos 2025 por 51.5 millones de pesos, provenientes de convenios con el Gobierno del Estado y de participaciones federales.
Aunque el dictamen fue aprobado por 14 regidores, 3 en contra y una abstención, el debate se extendió con fuertes acusaciones de desvíos, reclamos por prioridades de gasto y defensas encendidas sobre la gestión financiera del municipio.
El regidor de Morena, José María Martínez, fue uno de los más críticos al señalar que las reasignaciones del presupuesto municipal “parten, en principio, de una ilegalidad”.
Con voz firme, acusó a la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, de “haber desviado más de 320 millones de pesos para comprarle carros a sus cuates de la burocracia dorada y naranja” y otros 318 millones “para los carísimos camiones de basura”.
Según dijo, “hoy vamos a comprar, por 22 millones de pesos, plantitas, para que el acento mundialista se vea bien bonito”, mientras que colonias como Lomas del Paraíso o San José “siguen olvidadas”.
Desde el PRI, el regidor Julio Covarrubias adoptó una postura más mesurada, pero también con reservas. Afirmó que votaría a favor del dictamen “con la condición clara de que el ayuntamiento debe ejercer estos recursos con absoluta responsabilidad, transparencia y eficiencia”.
Subrayó que su voto, a favor, no es un “cheque en blanco”, sino un compromiso vigilante. “No se trata sólo de cifras”, dijo, “sino de servicios, programas y obras que la ciudadanía está esperando”.
Por parte de Morena, Juan Alberto Salinas reforzó las críticas. Aseguró que el gobierno tapatío “le quita recursos a lo prioritario, como el mantenimiento de inmuebles, alimentos para policías y bomberos, e instrumental médico, mientras aumenta los gastos en vehículos, publicidad y congresos”.
Añadió que “a lo que le apuestan es a la frivolidad y a la imagen; lo que pierde es la sensibilidad y la empatía con esa Guadalajara que se encuentra profundamente olvidada”.
El oficialismo defendió con firmeza las modificaciones. Salvador Alcázar Mendívil, regidor de Movimiento Ciudadano, afirmó que la ampliación presupuestal “responde a necesidades operativas, laborales e infraestructurales” y que busca fortalecer políticas públicas de inclusión social, seguridad y servicios.
“Esta no es una simple modificación contable”, sostuvo, “es una decisión política que responde a las exigencias de las tapatías y los tapatíos” y detalló que los nuevos recursos permitirán adquirir chalecos balísticos, equipo médico, software, plantas para espacios verdes y avanzar en siete obras prioritarias, como la intervención del mercado San Juan de Dios y la rehabilitación del Paseo Fray Antonio Alcalde.
Desde la oposición, la regidora Teresa Naranjo, también de Morena, fue contundente al describir “una ciudad visiblemente fracturada por la falta de atención en los servicios públicos”. Criticó que se privilegie “el confort burocrático sobre la funcionalidad urbana” y cuestionó las compras de vehículos de lujo.
“El verdadero lujo de Guadalajara no debe ser la oficina del funcionario, sino una ciudad limpia, segura y funcional para sus habitantes”, afirmó.
A nombre del bloque oficialista, la regidora Ana Isabel Robles Jiménez defendió la legalidad de las reasignaciones y felicitó a la presidenta Delgadillo por su “visión de gobierno”.
Recordó que los cambios presupuestales están sustentados en los artículos que facultan a la Tesorería para realizar transferencias durante el ejercicio fiscal.
“Hoy nos encontramos ante la transparencia y la rendición de cuentas de todo lo que ha sucedido”, dijo, ”Celebro la compra de camiones de limpieza y la inversión en ambulancias y equipo médico para las Cruces Verdes”.
Entre aplausos y rostros tensos, la presidenta municipal, Verónica Delgadillo García, cerró la discusión sometiendo a votación el dictamen que finalmente fue aprobado por mayoría.
La sesión concluyó con el eco de un debate que, más allá de los números, reflejó dos visiones de ciudad: una que defiende la inversión social y otra que denuncia opacidad y lujo innecesario en la administración tapatía.
– Por Mario Ávila
La presidenta del PRI Jalisco, Laura Haro Ramírez, advirtió que el Presupuesto 2026 y la miscelánea fiscal presentados por la fracción parlamentaria de Morena, representan un golpe directo a las familias mexicanas y un castigo para Jalisco, uno de los estados que más aporta al país.
Planteó que, disfrazados de temas de salud y desarrollo, «aumentan los impuestos cuando habían prometido no hacerlo. Morena miente porque ya no tiene dinero: la deuda pública se ha disparado y no se refleja en seguridad, infraestructura ni bienestar”.
Destacó que Jalisco aporta ocho de cada cien pesos a la economía nacional, pero recibe apenas una fracción. «No pedimos privilegios, exigimos equidad. Jalisco merece respeto y justicia presupuestal”, afirmó.
Por su parte, el presidente municipal de Autlán, Gustavo Martínez, respaldó la exigencia de la dirigencia estatal. “Somos el primer contacto con la ciudadanía y los recursos no llegan. Los municipios necesitan apoyo federal para atender las necesidades reales de la gente”.
En su oportunidad, la diputada Cuquis Camarena, coordinadora del grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, denunció que la propuesta federal incluye 72 nuevos incrementos de impuestos, entre ellos aumentos al ISR, a las entradas de museos y al consumo de productos básicos. “Desde el PRI vigilaremos que en Jalisco no se repliquen esos abusos y que se proteja la economía familiar”.
Durante el encuentro estuvieron presentes las y los presidentes municipales del PRI en Jalisco, así como diputadas y diputados locales del grupo parlamentario priista, quienes respaldaron el llamado a un trato justo y equitativo para el estado.
Laura Haro concluyó diciendo que el PRI Jalisco seguirá defendiendo a las y los jaliscienses y exigiendo un trato justo. “Ya basta de gobiernos que castigan a quienes más aportan. Morena desprecia a Jalisco y nosotros no lo vamos a permitir”.
– Por Mario Ávila
El resultado de un año de trabajo en el Senado de la República representando a Jalisco, será dado a conocer el próximo sábado 25 de octubre en los salones de Expo Guadalajara, por parte del senador Carlos Lomelí Bolaños.
En un ejercicio de rendición de cuentas a los jaliscienses tendrá su Primer Informe Legislativo de “un año de trabajo firme, de territorio y de resultados que aportan al segundo piso de la Cuarta Transformación que encabeza nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: más justicia, más bienestar y más esperanza para todas y todos”, según planteó el senador.
En los últimos días, la actividad en el Senado ha sido intensa y determinante, ya que le ha correspondido a la Cámara Alta, aprobar reformas importantes como la Ley de Amparo, “una medida que moderniza la justicia y la acerca al pueblo; con esta reforma fortalecemos los derechos humanos, reducimos la burocracia y promovemos procesos más ágiles y digitales”, afirmó Lomelí.
En días recientes también se votaron los nombramientos de magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, reafirmando el compromiso de Morena con instituciones más eficientes, paritarias y al servicio de la ciudadanía.
Además, desde el Senado de la República, se aprobó la nueva Ley Aduanera, impulsada desde la Presidencia, «para fortalecer la recaudación y garantizar un mejor control en las operaciones del comercio exterior. Con esta reforma, cuidamos que el dinero del pueblo se quede con el pueblo, combatiendo la corrupción y asegurando que cada recurso se use en beneficio de México», abundó el legislador.
Apenas hace menos de un mes al senador Lomelí Bolaños la tarea de presidir la Comisión de Marina, que durante más de medio año había estado inactiva bajo la presidencia del líder priísta Alejandro Moreno Cárdenas.
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