-Opinión, por Gerardo Rico

Hasta el momento siguen sin respuesta las demandas de hace unos días, solo se incrementó en 4% su salario, cuando la petición fue del 20%; siguen sin entregar uniformes; persisten las excesivas jornadas de trabajo -hasta 18 horas al día- en la mayoría de las rutas asignadas no existe un tiempo definido -como lo contempla la ley- y en muchas ocasiones los conductores se quedan sin comer y no pueden ni acudir al baño por los tiempos tan cortos de recorrido de las rutas.

¿Le suena familiar? Se trata de los operadores afiliados al Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Industria de la Construcción y Transporte en General de la República Mexicana (Setict), quienes ratificaron su derecho a huelga y la vigencia de ésta ante la falta de respuesta de las autoridades estatales y empresarios a sus demandas para mejorar el servicio a usuarios, luego del paro de labores que realizaron el pasado 15 de julio en Mi Macro Periférico.

Los inconformes señalan que en la actualidad el sistema de transporte urbano en la zona metropolitana de Guadalajara enfrenta un alarmante déficit de más de 1,800 operadores. Aquellos que sí laboran lo hacen en condiciones que vulneran sus derechos laborales, sin prestaciones como el Seguro Social, Afore, aguinaldo, vacaciones, Infonavit ni reparto de utilidades. Además, muchos trabajan sin días de descanso. Aunque hay algunas empresas que cumplen cuando menos al 80% de las prestaciones.

Cuando se creó el modelo de ruta-empresa -mayo del 2017- en el transporte urbano, se prometió un cambio positivo: conductores mejor remunerados, jornadas laborales más cortas, y más tiempo libre para dedicar a la familia, al estudio o al aprendizaje de nuevos oficios. Se pintó un futuro en el que el trabajo sería digno y compatible con una vida personal plena.

Se afirmó en su momento que esta reestructuración implicaba una transformación a fondo del sistema de transporte público, con la creación de empresas operadoras que asumen la responsabilidad del servicio en rutas específicas. Se enfatizó que el modelo ruta-empresa contribuiría a mejorar la seguridad vial, ya que se esperaba que las empresas operadoras asumieran mayor responsabilidad en la capacitación de conductores y en el mantenimiento de las unidades.

UN DOLOR DE CABEZA

En marzo del 2018 se creó un fideicomiso, con el objetivo de administrar los recursos provenientes de multas por infracciones de tránsito, particularmente las relacionadas con exceso de velocidad y semáforos, detectadas por dispositivos electrónicos. Posteriormente, se modificó para incluir otros fines, como el apoyo a proyectos de movilidad urbana sustentable y subsidios para concesionarios de transporte público que se integren al sistema de ruta-empresa.

Lo cierto es que con el mecanismo de pre pago con tarjeta los recursos van al fideicomiso, lo que para muchos auto transportistas signfica un auténtico monopolio, pues no disponen de dinero en efectivo para las reparaciones de las unidades del transporte urbano, como lo hacían antes. Acusan que la administración del ex gobernador Enrique Alfaro los dejó quebrados ya que es el gobierno el encargado de administrar estos recursos y en muchas ocasiones retrasan el pago correspondiente hasta por cuatro meses o más.

Incluso hay quienes en años no han recibido sus pagos correspondientes al servicio que prestan sus unidades. Las pocas rutas que sobreviven laboran al 50 o en ocasiones hasta al 25% de su capacidad con una gran cantidad de unidades paradas que se resienten en los tiempos de espera de miles de personas que a diario requieren del transporte público en el área conurbada de nuestra ciudad.

Se calcula que antes de la pandemia del Covid 19 circulaban seis mil 300 unidades del transporte urbano, luego de esta emergencia sanitaria lo hacían apenas el 50%, aunque en la actualidad se estima que apenas circula el 65% del total de la flotilla , para poder subsistir. El 35% restante de las rutas, sus dueños determinaron guardarlas y de este modo se ahorran desde el pago de combustible, mantenimiento y sueldo a operadores por el simple hecho de que sus rutas no son rentables o determinaron suprimirlas.

Esto originó que la anterior administración estatal metiera diferentes rutas sin estudios previos y otorgó permisos a empleados del gobierno del Estado, según comentan los transportistas Con el paso de los meses varias rutas desaparecieron, situación que repercute en los usuarios.

Esta deficiente planeación originó otro problema: las autoridades del transporte se cansan de presumir que cuando menos en los últimos siete años no se ha incrementado el costo del pasaje y permanece en 9.50. Sin embargo, dejaron de operar rutas que llevaban de un extremo a otro en la ciudad y actualmente el pasajero de a píe debe pagar dos o tres camiones por persona para llegar a su destino.

Lo que obliga a erogar un promedio de 10 a 15 pasajes a la semana, por persona, con el concebido daño a la economía familiar. Más cuando son tres o más miembros de la familia los que tienen que salir a diario para realizar diferentes actividades.

¿Estamos ante el agotamiento del modelo ruta-empresa?

-De Frente al Poder, por Óscar Ábrego

Fuentes en extremo confiables me compartieron una versión sobre los motivos que hay detrás de los ilegales lineamientos aprobados el pasado 30 de junio por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) y que buscan, entre otros absurdos, impedir la participación de los hombres en municipios como Zapopan, Chapala o Tonalá.

La tenebra que -me aseguran- fue diseñada por un par de “expertos” y algunos operarios del partido Movimiento Ciudadano, tuvo su origen en lo siguiente:

• Todo comienza con varias encuestas, dos de ellas que fueron públicas porque circularon en decenas de chats, y otras en manos de gurús emecistas, en las que detectaron situaciones que vaciaron en un FODA.

• Vieron que en Zapopan no existen –por el momento- cuadros femeninos competitivos por parte de los partidos que pudieran enfrentar con éxito las propuestas de emecé, que son Isaura Amador, Mónica Magaña y Gabriela Cárdenas, por lo que se obligaba a cerrar el paso a aspirantes del género masculino (en específico a un servidor) porque –de acuerdo a las mediciones que tienen a la vista- se pone en riesgo la continuidad del proyecto que inició en 2015 con Pablo Lemus.

• Y es que la consigna es clara: Zapopan no puede perderse.

• Bajo esta lógica, calcularon que impidiendo la participación de varones en dicho municipio, se daría la posibilidad para que Movimiento Ciudadano, en aras del acomodo paritario, abra las compuertas para que un hombre –Juan José Frangie, por ejemplo- sea su abanderado y así detener la eventual reelección de Verónica Delgadillo, quien no goza de las confianzas del gobernador.

• “¿Por qué no consideraron a Tlajomulco en los lineamientos, si ahí tampoco nunca ha gobernado una mujer?”, le pregunté a mis interlocutores.

“Ah, por lo que simboliza para MC –me respondió uno de ellos-, acuérdate que es la cuna del movimiento y por lo que se ve no hay forma de ganarle a Quirino si decide reelegirse; claro que ahí no se iban a meter porque sería darse un balazo en el pie”.

La charla duró casi tres horas.

Debo apuntar que se trata de personas que aún son bastante cercanas al poder, pero que no les cumplieron promesas que les hicieron en campaña.

Antes de levantarme de la mesa, les aventé esta duda:

-¿Por qué me están contando esto?

-Porque queremos que se sepa la neta, y como vimos que tuviste los güevos para impugnar, nos pareció bien buscarte para platicarte.

Al respecto, no estoy en condiciones para demostrar que es verdad lo que comentaron, sin embargo me hace mucho sentido, de no ser así, ni siquiera les habría dado tiempo escuchando la historia.

Además, sé de voz de personajes del primerísimo nivel naranja, que un acuerdo de esta naturaleza no es imposible, menos a la luz de las evidencias sobre el comportamiento de las cabezas de lo que deberíamos llamar el Instituto Electoral de Movimiento Ciudadano.

Ya he sostenido en este espacio, que derivado del proceso anterior, el IEPC perdió su solvencia profesional, sobre todo al analizar lo ocurrido en los casos de Guadalajara y el Estado.

Pero a partir de que este órgano electoral impulsó y validó una barbaridad inconstitucional como la de aplastar el consagrado derecho “de votar y ser votado” en varios ayuntamientos por el solo hecho de ser hombre, su continuidad se volvió insostenible.

Es decir, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco está condenado a desaparecer de la escena política y social, y con éste, mandar al basurero de la historia a las funcionarias y directivos que se prestaron a una chapuza tan burda.

Es pertinente tomar en cuenta que este instituto enfrenta más de una veintena de impugnaciones, incluidas la de Morena y la mía.

Los autores intelectuales jamás imaginaron que iba a darse una reacción de esta magnitud, puesto que supusieron que nadie iba a tener el valor de dar la cara en un contexto en el que se pretende imponer el término “políticamente incorrecto”.

Por eso quienes operaron esa burrada, de seguro pagarán con el ridículo público cuando sean desechados sus criterios excluyentes.

Así pues, al margen de la reforma electoral federal que se avecina, que contempla el desmantelamiento de los consejos locales, ya podemos comenzar a despedirnos de quienes traicionaron los principios democráticos más elementales.

Digamos adiós al IEMC.

En X: @DeFrentealPoder

*Óscar Ábrego es empresario, consultor en los sectores público y privado, activista, escritor y analista político.

-Luchas Sociales, por Mónica Ortiz

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) está otra vez en la mira, en boca de medios y sociedad. No obstante haber sido duramente señalado por el caso de Elizabeth Castro, un caso que hoy en día sigue en la «enfriadora» política y sin resolución del bochornoso incidente de evidente corrupción por la contratación de una conductora de TV en un puesto directivo de especialización como «comisionada», las respuestas deben llegar.

Quienes decidieron esta falta de probidad y ética en el servicio público deben asumir su responsabilidad. Sin embargo, sin un poco de pena, el SIAPA busca nuevamente un aumento excesivo en las tarifas.

En este sentido, los medios de comunicación han revelado que el SIAPA aprobó, hace un mes y medio, un «mega tarifazo» para 2026. Este aumento no sería del 10 al 50 por ciento de lo que actualmente pagamos por el servicio de agua potable, sino de hasta el 200 por ciento. Es increíblemente absurdo y descarado que un servicio tan deplorable —con agua turbia, infraestructura en condiciones insufribles, fugas, socavones y daños estructurales en toda la Zona Metropolitana— pretenda semejante incremento. ¿Qué les pasa a nuestras autoridades y gobernantes? ¿Dónde tienen puesta la atención?

El SIAPA debe ser intervenido. Hay situaciones de opacidad y corrupción que no pueden pasar desapercibidas ni por la sociedad ni por las autoridades. Se debe rendir cuentas de lo que sucede dentro de un sistema que ya rayó en la corrupción. Es responsabilidad de todos evitar que este asunto termine en la «congeladora».

Es crucial que las responsabilidades de los servidores públicos se hagan evidentes. No basta solo con que el gobernador Pablo Lemus Navarro y los alcaldes de la zona metropolitana emitan declaraciones de desacuerdo.

El SIAPA tiene una gran capacidad para sorprender a la sociedad jalisciense con absurdos, abusos y claras situaciones de corrupción. Estos actuales gobiernos «naranjas» apenas están llegando a la administración pública, ¡que no nos acostumbren a que no pasa nada!

En Jalisco, los gobiernos y autoridades deben encaminarse a procurar la claridad y el bienestar de sus gobernados, ejerciendo el poder político bajo estrictos principios de transparencia, ética, eficiencia y responsabilidad. El objetivo primordial debe ser mejorar la calidad de vida de la población.

Para lograrlo, son claves elementos como el acceso a la información pública: los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo se toman las decisiones, cómo se gastan los recursos, qué programas se implementan y cuáles son sus resultados.

Asimismo, la rendición de cuentas es fundamental: las autoridades y los servidores públicos son responsables de sus acciones y decisiones. Esto significa que deben justificar su desempeño, explicar sus errores y, si es necesario, enfrentar las consecuencias de sus actos ante los ciudadanos y los órganos de control. Todo esto, en un mundo ideal.

Por desgracia, el caso del SIAPA ya es una molestia social y una piedra en el zapato. Sin claridad, la confianza entre el gobierno y la sociedad está minada; no se ve por ningún lado un combate real a la corrupción. El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la zona metropolitana y conturbada es deficiente y deplorable. Llega agua sucia, la ciudad está llena de socavones y fugas, y las lluvias evidencian las deficiencias tanto de su infraestructura como de su propia administración.

Se necesita más respeto hacia la sociedad y un compromiso ético por parte de quienes pertenecen a este organismo. Su propósito y misión deben ser el servicio público, no lo que actualmente conocemos del SIAPA.

Es fundamental que las autoridades respectivas entiendan que su responsabilidad y compromiso son con la ciudadanía, no con líneas o grupos políticos. Al final, situaciones como esta solo evidencian la fragilidad de la política y el servicio público ante el reto de ser un buen gobierno.

Jalisco y su Zona Metropolitana merecen servicios de calidad y servidores públicos competentes, con capacidad de liderazgo y gobiernos claramente responsables. Es precisamente aquí donde los discursos vacíos de las campañas empiezan a revelarse como falsos y meras percepciones. Debemos exigir cuentas claras sobre todas las situaciones del SIAPA y de cualquier asunto que parezca turbio en Jalisco. ¡Basta ya!