REPORTAJE
Temor fundado de que Jalisco oculte a desaparecidos por el Mundial 2026: Víctor Manuel González Romero
-Por Mario Ávila
Con un promedio de tres mil desaparecidos por año, Jalisco mantiene el denigrante liderazgo nacional en casos de desaparecidos, con 16 mil 255 al cierre del mes de mayo del 2025, con una gran ventaja de 4 mil desaparecidos sobre el segundo lugar que es Tamaulipas y con más de 6 mil casos sobre el tercer lugar que ocupa el Estado de México.
Pero eso no es lo peor, en opinión del investigador, académico y ex rector de la Universidad de Guadalajara, Víctor Manuel González Romero, lo más alarmante es la impunidad que este delito registra y que en su consideración es del 100 por ciento.
Si las autoridades en Jalisco -dijo-, quisieran encontrar realmente a sus desaparecidos, harían muchas cosas que tienen a la mano, como contratar espacios en los medios de comunicación impresos para divulgar las cédulas de búsqueda, utilizar las unidades del transporte público para exhibir las cédulas, colocarlas a la vista de todos en las oficinas públicas y utilizar los medios electrónicos somo los tiempos en radio y televisión; pero desgraciadamente hacen todo lo contrario, ordenan quitar las cédulas que los familiares ponen sobre sus desaparecidos en los espacios públicos.
“Yo creo -abundó-, que la clase gobernante se ha enfocado en aquello que es mediático, aquello que de alguna manera pueda influir en la percepción ciudadana, en eso están enfocados, pero no en el fondo del asunto, el fondo es la impunidad, porque yo no he visto que estén haciendo algo para que haya menos impunidad; Jalisco es líder en impunidad a nivel nacional, de cada 100 casos de desaparecidos Jalisco prácticamente no hace nada.
Lamentó que las fichas de búsqueda solo se publiquen en la página de facebook de la Comisión, “ni siquiera se utilizan los recursos que tiene el gobierno estatal de comunicación, deberían de pagar inserciones en los medios impresos, inserciones en televisión, en los camiones, deberían de poner espacios públicos donde se puedan publicar las cédulas… o hay muchas opciones, ya no digamos en las oficinas públicas, ni siquiera eso están haciendo, ni siquiera lo están publicando; al contrario cuando las familias pegan su cédula van las autoridades las eliminan y luego dicen que no saben quién fue, es decir desaparecen a los desaparecidos, según ellos para mejorar la imagen de la ciudad.
Y ahora, la mayor preocupación del ex rector de la UdeG, González Romero, es que con la cercanía de la Copa del Mundo 2026, en la que Jalisco será anfitrión, “van a desaparecer más aún a los desaparecidos, me preocupa que con este evento internacional las autoridades consideran que la cédula se ven feas y cuando peguen los colectivos cédulas las van a desaparecer cuando lo que deberían hacer es otra cosa”.
A través de su portal sobre desaparecidos en Jalisco, datos estadísticos, https://sites.google.com/view/desaparecidos-en-jalisco el doctor Víctor González revela que al mes de junio Jalisco se mantiene en el escenario nacional como líder en desaparecidos, con 16 mil 255 personas no localizadas, seguido de Tamaulipas con 12 mil 229 y el Estado de México con 10 mil 149 casos.
Esto, según los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPDNO), aunque se sabe que Jalisco dejó de reportar sus desaparecidos a esta institución, entre el mes de marzo del 2022 a marzo del 2025.
EL ÍNDICE DE DESAPARICIONES NO CEDE
Al analizar el comportamiento de los índices de desapariciones en lo que va del año, en relación con el año anterior, el académico Víctor Manuel González Romero planteó: “Mira, es difícil dar una respuesta contundente de cómo vamos en el presente año, porque la mayoría de las personas que desaparecen este año, tal vez lo vamos a saber hasta los próximos años; en promedio de acuerdo al Registro Estatal de Personas Desaparecidas, se están tardando siete meses en promedio, entre que una persona desaparece y está el reporte, lo que quiere decir que los que están desapareciendo ahorita, la mayoría lo vamos a saber hasta a finales del año o el próximo año.
“En ese sentido, no es fácil decir que estamos aumentando, pero se pueden hacer unas inferencias estadísticas, se puede ver cómo ha sido el comportamiento en los primeros seis meses y como ha sido ahora, etcétera y en ese sentido yo diría que prácticamente estamos igual en el tema de desaparecidos, están desapareciendo más o menos las mismas personas que estaban desapareciendo hace un año, no se nota ninguna mejora, lo cual es muy grave porque estamos en niveles muy altos de desapariciones”, planteó.
González Romero indicó que, de acuerdo a los datos del Registro Estatal de Personas Desaparecidas, tenemos al día aproximadamente 12 desaparecidos cada 24 horas, de los cuales siete siguen sin localizar y cinco son localizados. Es decir, en el caso concreto de Jalisco, menos de la mitad de las personas que desaparecen, son localizadas.
DESAPARECEN EN SU MAYORÍA ENTRE LOS 15 Y 19 AÑOS Y 1 DE CADA 4 SON MUJERES
El doctor, Víctor Manuel González Romero, quien ha hecho de su página alimentada con información actualizada todos los días, uno de los mejores referentes estadísticos, tratándose de las personas desaparecidas en Jalisco y refiere que en particular, están desapareciendo más los jóvenes.
El dato de incidencia -dijo-, de cuántos desaparecen por cada 100 mil habitantes son más altos en cuanto a rango de edades de 15 a 19 años; me explico, en este año la incidencia, es decir cuántos desaparecen en Jalisco, desaparecen 34 personas por cada 100 mil habitantes en un año; son los últimos datos que tenemos y para ponerlo en comparación, en cuanto a homicidios ahorita tenemos 16 homicidios por cada 100 mil habitantes en Jalisco, es decir están desapareciendo el doble de los homicidios.
En el caso de jóvenes, la desaparición es todavía más concentrado en el caso de mujeres, desaparecen una por cada cuatro casos, sin embargo, la mayoría están desapareciendo también entre los 15 y 19 años. En el caso de mujeres, a estas se le suman los delitos asociados al género, como la trata, “por ejemplo vemos que en el caso de mujeres es todavía más grave la situación después de los 19 años, eso además de que en esta edad es cuando hay más rebeldía y también hay casos en donde se van por su cuenta como decía el exgobernador, pero son los menos”.
TLAJOMULCO Y ZAPOPAN DONDE MÁS DESAPARECEN
Al detallar sobre la referencia entre los desaparecidos y los asesinados en Jalisco, el doctor, Víctor Manuel González Romero, ex Rector de la UdeG, hizo saber que en las cifras estadísticas de los desaparecidos no se nota ningún cambio, “aunque en homicidio sí, se han notado cambios al menos en los datos oficiales, en donde sí ha habido una reducción de homicidios, en el caso de Jalisco del 30% del 2024 al 2025, mientras a nivel nacional la baja es del 17%”.
No así en desaparecidos y explicó. “En desaparecidos no se nota, no se percibe que haya una disminución, el dato real lo vamos a saber hasta años después por el tiempo que se tarda esto, pero al menos estadísticamente no vemos ninguna tendencia a que estén disminuyendo las desapariciones, más bien lo que percibimos es que se están manteniendo igual que en los últimos años”.
Esto significa que, sin la cifra negra, en lo que va del año, los casos que han reportado son 1 mil 684 hasta el mes de junio, “pero de esos solo 1 mil 394 son de este año, los demás son de años previos, entonces en el número de desaparecidos el año pasado hasta ahora tuvimos 3 mil 518 de los cuales 2 mil 113 se localizaron y 1 mil 405 siguen a la fecha sin ser localizados desde el año pasado”.
Y remató: “Más o menos las cifras anuales andan en el rango de 3 mil desaparecidos por año en Jalisco, unos se localizan otros no, pero andan en ese rango y es terrible”.
FOSA CON 249 BOLSAS DE RESTOS HUMANOS, A 2 K/MS. DEL CUCBA
–Por Mario Ávila
El período de vacaciones escolares, no fue de asueto para los estudiantes, ni para las autoridades de la Universidad de Guadalajara, que en el mes de julio mostraron su preocupación por el hallazgo de la fosa clandestina más grande encontrada en Jalisco en el 2025, con más de 249 bolsas de restos humanos encontradas en el predio Las Agujas, en el municipio de Zapopan, a solo dos mil metros de distancia del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA).
Particularmente el pasado 8 de julio, medio centenar de alumnos del CUCBA, realizaron una manifestación frente a Palacio de Gobierno para exigir la implementación eficiente del programa “Sendero Seguro” en las inmediaciones de las instalaciones de su Centro Universitario.
En solidaridad con sus alumnos y ante el inicio del calendario escolar 2025/B que arranca el próximo 11 de agosto, la UdeG mostró su preocupación ante los recientes hallazgos de restos humanos en el predio en Las Agujas, vecino del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA).
Y al tiempo que mediante un comunicado la UdeG expresó “su más profunda solidaridad con las familias de las víctimas” a la vez exigió a las autoridades municipales y estatales, condiciones seguras para que la comunidad universitaria acceda a su campus.
Explicaron que, a unos metros del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, un terreno de 220 hectáreas donde se construía un fraccionamiento, se convirtió en escenario de una de las excavaciones forenses más extensas del año: hasta ahora, han sido extraídas 249 bolsas con restos humanos de una fosa clandestina en el predio de la Colonia Las Agujas.
Desde hace tiempo -dice el comunicado-, esta Casa de Estudios ha reconocido los riesgos que implica el entorno inmediato de varios de nuestros planteles, particularmente aquellos ubicados en zonas de transición urbano-rural, como es el caso del CUCBA. Por ello, queremos dejar claro que la Universidad ha sido proactiva en la atención de esta problemática, impulsando gestiones constantes, colaboraciones interinstitucionales y múltiples acciones en campo para mejorar la seguridad de nuestra comunidad.
Recordaron que entre las diversas acciones que han impulsado, destaca la inversión de 220 millones de pesos en este 2025, para temas de seguridad en los planteles que conforman la Red Universitaria, con presencia en 109 de los 125 municipios de Jalisco.
De igual forma, la implementación del programa Senderos Seguros, “que hemos trabajado en coordinación con distintos municipios. Este esfuerzo ya ha dado frutos concretos: los ayuntamientos de Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga y Tonalá han creado sus respectivos Consejos Municipales de Senderos Seguros, con el compromiso de garantizar servicios públicos adecuados, mejorar la iluminación, fortalecer patrullajes y asegurar que los trayectos hacia los centros universitarios sean más seguros.
“En el caso del municipio de Zapopan, hemos sostenido conversaciones de trabajo con el gobierno municipal y hemos avanzado de manera significativa en la propuesta para instalar su propio Consejo Municipal de Senderos Seguros, lo cual se aprobará en la próxima sesión de cabildo”, se explica en el comunicado público.
Sin embargo, el reproche que sí emitió la Universidad de Guadalajara, fue por el incumplimiento del convenio vigente con la Secretaría de Transporte del Gobierno del Estado, firmado con el objetivo de asegurar que las rutas de transporte público lleguen hasta los accesos del CUCBA.
Hemos detectado -denuncian-, que este compromiso no siempre se cumple a cabalidad. Por ello, hacemos de nueva cuenta un atento y respetuoso llamado a dicha Secretaría para que exija a los concesionarios de transporte público que cumplan con esta obligación, y con ello se garantice que las y los estudiantes puedan trasladarse con seguridad desde y hacia su centro universitario.
-Por Redacción Conciencia Pública
El nuevo Plan Nacional Hídrico 2024‑2030 de Claudia Sheinbaum trae una bomba para Jalisco: la construcción de un acueducto que llevará agua de la Presa Solís, en Guanajuato, hacia León y el corredor industrial. La obra, con capacidad para desviar hasta 3,800 litros por segundo, amenaza con reducir los aportes al Lago de Chapala, del que depende buena parte del abasto de agua para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).
Con una inversión de 15 mil millones de pesos, los trabajos iniciaron en julio de este año con los primeros 10 kilómetros de tubería. El proyecto total contempla entre 140 y 200 kilómetros de extensión, además de estaciones de bombeo y plantas potabilizadoras. Aunque el gobierno federal lo presenta como solución para atender la crisis hídrica en Guanajuato, en Jalisco preocupa la ausencia de consulta y estudios públicos de impacto.
La alarma radica en que la Presa Solís forma parte de la cuenca Lerma‑Chapala, y sus excedentes alimentan históricamente al lago. Desviar volúmenes significativos a León podría romper el delicado equilibrio hídrico y comprometer el suministro para millones de jaliscienses, especialmente en épocas de sequía.
Académicos y especialistas en agua han pedido reinstalar el Consejo de Cuenca Lerma‑Chapala para evaluar los impactos del acueducto. La Asociación Mexicana de Hidráulica advierte que, sin acuerdos claros, el ingreso de León al reparto generará un conflicto hídrico de gran escala en la región.
El Gobierno de Jalisco enfrenta ahora el reto de exigir transparencia y participación en las decisiones federales. El acueducto Solís–León podría convertirse en la obra que defina el futuro del agua en la entidad: un desafío que no admite pasividad ni silencio.
LO QUE DICEN LAS AUTORIDADES DE GUANAJUATO
Las autoridades de Guanajuato anunciaron que la obra contará con estaciones de rebombeo, especialmente entre León y Silao, y planes para que cada tramo funcione de forma independiente; esperan iniciar el suministro este año conforme se concluyan fases progresivas de construcción.
La gobernadora Libia Dennise García ha señalado que aproximadamente la mitad de la inversión (7 mil 500 millones de pesos de los 15 mil millones totales) provendrá de la federación, mientras que el resto correspondería a créditos estatales y aportaciones municipales.
El déficit hídrico en la cuenca Lerma‑Chapala es preocupante: se estima un desbalance anual cercano a 700 millones de metros cúbicos, cantidad equivalente a cinco veces lo que León pretende extraer vía el acueducto, lo cual intensifica el riesgo para los aportes hacia el Lago de Chapala, actualmente en un 44 por ciento de su capacidad. Este desequilibrio se agrava ante proyecciones que prevén que Jalisco, Guanajuato y otros siete estados enfrentarán agotamiento hídrico entre el 40% y el 80% para 2030.
Cabe destacar que el Lago de Chapala, con una capacidad cercana a 8,000 millones de metros cúbicos aporta aproximadamente el 60% del agua potable de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), y ha sido reconocido internacionalmente como sitio Ramsar por su importancia ecológica.
Al tratarse de la principal fuente de abastecimiento regional, cualquier reducción significativa de los excedentes que recibe de la Presa Solís afectaría directamente al abastecimiento de millones de personas en Jalisco durante temporadas críticas.
📌 Datos clave del Acueducto Solís–León:
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Ubicación: De la Presa Solís (Acámbaro, Guanajuato) a León y municipios del corredor industrial.
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Extensión: Entre 140 y 200 kilómetros.
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Caudal estimado: 3,800 litros por segundo (≈120 millones m³/año).
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Municipios beneficiados: León, Celaya, Irapuato, Salamanca, Silao y Acámbaro.
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Inversión total: 15 mil millones de pesos (financiamiento federal y estatal).
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Preocupación en Jalisco: Posible reducción de aportes al Lago de Chapala, afectando el suministro de agua al Área Metropolitana de Guadalajara.
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Petición de expertos: Reinstalar el Consejo de Cuenca Lerma‑Chapala para garantizar reparto equitativo y sustentable.
-Por Gabriel Ibarra Bourjac
La Comunidad Indígena de Mezquitán, desde Zapopan, alzó la voz este domingo en asamblea para denunciar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) por obstrucción de justicia y desacato a una sentencia judicial.
A pesar de una orden del Tribunal Agrario emitida hace 60 días, que requería la elaboración de un avalúo para indemnizar a la comunidad por la ocupación de 26.93 hectáreas de sus tierras desde 2004, ambas instituciones han incumplido, prolongando una deuda histórica de 21 años que afecta a más de 300 familias, muchas lideradas por mujeres y adultos mayores.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Mezquitán, expresó su indignación: “Eso es obstrucción de la justicia y desacato a cumplir la sentencia de los tribunales dentro de los términos que se les ordenó. Es desesperante. Llevamos más de dos décadas luchando por nuestros derechos. Los tribunales nos han dado la razón una y otra vez, pero la SICT se ha negado a cumplir, y ahora INDAABIN nos pone otro obstáculo con su lentitud. Exigimos que cumplan con su deber para que se nos haga justicia”.
El conflicto se remonta a 2004, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ocupó 269 mil metros cuadrados de tierras comunales para la ampliación de la carretera federal Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo, prometiendo una indemnización de aproximadamente 40 millones de pesos. Solo se pagaron 6 millones como anticipo, dejando un adeudo de 35 millones que, según la sentencia del Tribunal Superior Agrario del 22 de noviembre de 2023, debe actualizarse a valor comercial.
Rodríguez Barajas detalló que la SICT ha tenido al menos seis oportunidades para cumplir con el avalúo y el pago, pero ha optado por tácticas dilatorias:
- En marzo de 2004, al firmar los convenios, debió realizarse el avalúo.
- En 2017, tras la demanda de la comunidad, la SICT debió reconocer el adeudo.
- En agosto de 2021, el Tribunal Agrario 16 falló a favor de Mezquitán.
- El 22 de noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario ratificó la sentencia.
- El 26 de diciembre de 2024, un amparo de la SICT fue desechado, confirmando la sentencia.
- El 27 de mayo de 2025, el Tribunal Agrario ordenó a la SICT tramitar el avalúo en 10 días, pero solo se envió una solicitud en línea a INDAABIN, sin avances concretos.
El retraso de INDAABIN, que no ha cumplido con el mandato judicial de actualizar el avalúo a pesar de un apercibimiento de multa el 18 de junio de 2025, ha sido calificado por la comunidad como “tortuguismo” deliberado. Este incumplimiento perpetúa una injusticia que afecta a 333 familias, quienes han recurrido a manifestaciones, como el cierre de la avenida Lázaro Cárdenas en abril de 2025, para exigir sus derechos.
La comunidad, respaldada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y organizaciones civiles, ha solicitado la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para agilizar el proceso, especialmente en el contexto del “Año de la Mujer Indígena” declarado en 2025. “No es solo una deuda, es una cuestión de respeto a nuestros derechos. Queremos justicia pronta y expedita”, afirmó Rodríguez Barajas. La comunidad no descarta solicitar sanciones contra funcionarios por desacato o dar vista al Ministerio Público si persiste la obstrucción.
Este caso refleja una marginación sistemática hacia los pueblos indígenas, donde la burocracia se convierte en un obstáculo para la justicia. La sentencia del Tribunal Superior Agrario establece un precedente: los convenios con comunidades indígenas son vinculantes, y el pago debe realizarse sin dilaciones.
Mezquitán, con un título virreinal de 1690, simboliza la resistencia frente al racismo institucional, y su lucha podría inspirar a otras comunidades a exigir justicia.
NACIONALES
Javier Corral, el conciliador: Rescató la Ley de Telecomunicaciones del abismo de la censura
-Por Gabriel Ibarra Bourjac
En el México de 2025, donde las tensiones políticas y las demandas por justicia y libertad se entrelazan en un escenario complejo, el senador Javier Corral Jurado, de Morena, ha emergido como una figura pivotal en el Senado de la República.
Su actuación en el debate y aprobación de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión marcó un hito en su carrera, consolidándolo como un político moderado y conciliador capaz de navegar las aguas turbulentas de una iniciativa que, en su forma inicial, amenazaba con convertirse en una “ley mordaza”.
Con su experiencia como defensor de la libertad de expresión y su habilidad para tender puentes entre la sociedad civil, la oposición y la bancada morenista, Corral logró transformar un proyecto polémico en una norma más sólida, justa e incluyente, demostrando que la política puede ser un ejercicio de diálogo en lugar de imposición.
UN DEFENSOR DE LA LIBERTAD CON UN PASADO DE LUCHA
Javier Corral no es un novato en la defensa de las libertades comunicativas. En 2006, como senador por el PAN, fue una voz clave en la oposición a la “Ley Televisa”, una reforma que favorecía a los grandes consorcios mediáticos en detrimento de la pluralidad y los derechos de las audiencias.
Su postura entonces lo posicionó como un paladín de la libertad de expresión, un título que, en 2025, algunos cuestionaron cuando se le vio defendiendo una iniciativa de Morena que inicialmente generó temores de censura.
Sin embargo, Corral, con su trayectoria como periodista, exgobernador de Chihuahua (2016-2021) y ahora senador, demostró que su compromiso con las libertades no ha menguado, sino que se ha adaptado a un contexto político y tecnológico distinto.
La Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, buscaba reestructurar el marco regulatorio del sector, trasladando funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y creando una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones como órgano desconcentrado.
Sin embargo, el artículo 109, junto con los artículos 184, 185, 201, 202, 205-207 y 223-227, encendió alarmas al otorgar a la ATDT facultades para bloquear plataformas digitales sin orden judicial, en casos vagamente definidos de “incumplimiento normativo”.
Organizaciones como R3D y Article 19, junto con la oposición (PAN, PRI, MC), denunciaron que esto abría la puerta a la censura en redes sociales, violando la Constitución y tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
EL ROL DE MODERADOR: CONSTRUYENDO DIÁLOGO
El senador Corral, como secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía y moderador de los cinco conversatorios organizados entre abril y mayo de 2025, asumió el desafío de transformar la narrativa de la ley. Estos foros, que contaron con 89 ponentes —académicos, especialistas, organizaciones sociales, medios indígenas y concesionarios— durante 19 horas y 57 minutos, fueron un ejercicio de democracia participativa que Corral defendió con vehemencia. “No se trata de imponer una visión única, sino de contrastar ideas y anclar la norma en la realidad”, afirmó en una entrevista tras el tercer conversatorio, subrayando la voluntad de Sheinbaum de recoger las preocupaciones sobre la libertad de expresión.
En estos conversatorios, Corral se destacó por su capacidad para escuchar y canalizar críticas. Respondió a propuestas como la de Adelfo Regino, quien pidió incluir a los pueblos indígenas como sujetos de derecho en la regulación, asegurando que la ATDT coordinaría con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.
También abordó inquietudes sobre la regulación de plataformas digitales, proponiendo que estas se trataran en una ley específica, separada de la regulación de telecomunicaciones y radiodifusión, para evitar ambigüedades que pudieran derivar en censura. Esta postura reflejó su comprensión de que las plataformas digitales, a diferencia de la radiodifusión, no operan bienes del dominio público y requieren un marco normativo distinto.
RECONFIGURANDO LA LEY: UN DICTAMEN MÁS JUSTO
El punto de inflexión llegó cuando el Senado, tras las críticas y la presión social, pausó el debate en el Pleno el 28 de abril de 2025, a petición de la Presidenta Claudia Sheinbaum, para permitir un análisis más profundo. Corral lideró la reconfiguración del dictamen, asegurando que se eliminaran o reformularan los artículos polémicos.
El artículo 109, que permitía bloqueos de plataformas sin control judicial, fue suprimido, y los artículos 201 y 202, relacionados con la propaganda extranjera, se ajustaron para limitar la prohibición a publicidad ideológica o política patrocinada por gobiernos extranjeros, con excepciones para actividades deportivas, culturales y turísticas.
En su intervención en el Pleno el 29 de junio de 2025, Corral presentó el dictamen a nombre de las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, Comunicaciones y Transportes, y Estudios Legislativos.
Destacó que la ley marcaba un cambio de visión, alejándose del modelo que favorecía a grandes consorcios y promoviendo un enfoque social que beneficiaba a medios comunitarios, indígenas y afromexicanos. “Hicimos un gran esfuerzo por recuperar la mayor cantidad de propuestas y anhelos de larga data. Esta es una ley más sólida, clara, justa e incluyente”, afirmó desde la tribuna. Además, presentó una reserva que reguló las suspensiones precautorias de transmisiones, asegurando que solo se aplicaran bajo condiciones estrictas previstas por la ley, un paso crucial para evitar decisiones arbitrarias.
El dictamen final, aprobado con 77 votos a favor y 30 en contra en lo general, y 71 a favor y 29 en contra en lo particular, fortaleció los derechos de las audiencias, promovió descuentos fiscales para pequeños operadores y garantizó incentivos para la cobertura en zonas marginadas. También estableció que el Estado podría brindar servicios de telecomunicaciones a través de una empresa pública, un esfuerzo que Corral calificó como “sin precedente” para garantizar el acceso universal a internet.
CRÍTICAS Y RESPUESTA: UN EQUILIBRIO DELICADO
A pesar de sus esfuerzos, Corral no estuvo exento de críticas. En X, usuarios como @LuisCardenasMx señalaron que minimizó los riesgos iniciales de la ley, mientras @Arouet_V lo acusó de contradecir su legado al apoyar una iniciativa vista como una “Ley Censura”.
Algunos medios, como El Universal, ironizaron sobre un supuesto “pequeño censor” en Corral, recordando su oposición a la “Ley Televisa”. Sin embargo, Corral respondió con contundencia, asegurando que la ley no buscaba censurar ni controlar contenidos, sino modernizar el sector con un enfoque social. “Prácticamente todos los ponentes reconocieron los avances. Estamos separando la cizaña del trigo para hablar de lo realmente importante”, dijo tras el tercer conversatorio.
La oposición, liderada por figuras como la senadora Carolina Viggiano (PRI) y Clemente Castañeda (MC), cuestionó la dependencia de la ATDT del Ejecutivo y la falta de autonomía del nuevo órgano regulador. Aunque Corral reconoció estas preocupaciones, defendió que la reconfiguración de la ATDT, con un diseño más equilibrado y un órgano colegiado de cinco comisionados nombrados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado, mitigaba los riesgos de concentración de poder.
UN LEGADO DE CONCILIACIÓN
La actuación de Javier Corral en el debate de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión 2025 demostró su capacidad para ser un político moderado en una bancada morenista a menudo vista como monolítica. Su liderazgo en los conversatorios, su defensa de los derechos de las audiencias y su insistencia en eliminar cualquier sombra de censura reflejaron un compromiso con la pluralidad y la justicia.
Al lograr que el dictamen final incorporara incentivos para pequeños operadores, medios indígenas y conectividad en zonas marginadas, Corral no solo evitó que la ley se convirtiera en una herramienta de control, sino que la transformó en un paso hacia un México más conectado e inclusivo.
En un contexto donde la polarización amenaza con fracturar el diálogo, Corral mostró que es posible tender puentes sin sacrificar principios. Su papel en este proceso no solo reivindica su trayectoria como defensor de las libertades, sino que lo posiciona como un actor clave en la construcción de un marco regulatorio que, en sus palabras, “no solo conecta redes, sino también voluntades”.
Finalmente el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó a su vez la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobó el decretó con 369 votos a favor y 104 en contra con 3 abstenciones, abroga la legislación que estaba vigente desde julio de 2014 y crea la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
La nueva ley busca garantizar el acceso universal a internet, fortalecer los derechos de las audiencias y reorganizar la regulación del espectro radioeléctrico, además establece que las líneas de telefonía móvil deben estar asociadas a un usuario final y que los servicios de telecomunicaciones móviles solo pueden ser otorgadas a personas con CURP.
Sobre el papel de Javier Corral en este episodio es un recordatorio de que la política, cuando se ejerce con apertura y compromiso, puede ser un motor de cambio para un México que aún busca su rumbo.
LA CREACIÓN DE LA AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LA COMISIÓN REGULADORA DE TELECOMUNICACIONES
La reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en 2025 en México estableció a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) como una entidad clave en la regulación y promoción del sector, asumiendo funciones que anteriormente desempeñaba el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Funciones y atribuciones de la ATDT
Regulación y supervisión del sector:
Tiene la responsabilidad de elaborar y conducir las políticas públicas en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y digitalización, incluyendo la planificación de programas para la cobertura universal y el acceso a internet de banda ancha.
Promoción de la inclusión digital:
Uno de los objetivos principales de la ATDT es conectar a 15 millones de mexicanos que actualmente no tienen acceso a internet, promoviendo la cobertura social y el acceso equitativo a las tecnologías de la información y comunicación (TIC).
La Agencia coordina esfuerzos con los tres niveles de gobierno para homologar trámites y facilitar el despliegue de infraestructura, reduciendo barreras regulatorias para nuevos operadores.
Control de contenidos y plataformas digitales:
La ATDT tiene la facultad de supervisar la publicidad y los contenidos transmitidos en radio, televisión y plataformas digitales, incluyendo la prohibición de propaganda política o ideológica extranjera, salvo en casos de promoción turística o cultural.
El artículo 109 de la ley generó controversia por permitir a la ATDT, a solicitud de autoridades competentes, el bloqueo temporal de plataformas digitales en casos de incumplimiento normativo. Sin embargo, tras críticas, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó ajustes para evitar interpretaciones de censura, aunque no se especifican los cambios finales en el texto aprobado.
Gestión de datos y privacidad:
La ATDT puede emitir lineamientos para el registro de usuarios de servicios móviles, obligando a los concesionarios a crear un padrón de usuarios y ponerlo a disposición de autoridades bajo ciertos criterios. Esto levantó preocupaciones sobre posibles violaciones a la privacidad, ya que la ley no especifica claramente la necesidad de una orden judicial para acceder a estos datos.
Transferencia de recursos y procedimientos:
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- Los recursos financieros, materiales e informáticos del IFT fueron transferidos a la ATDT, y los procedimientos en trámite del IFT continuaron bajo su gestión. Además, se suspendieron los trámites del sector por 60 días hábiles tras la entrada en vigor de la ley para facilitar la transición.
- Otras responsabilidades:
La ATDT debe elaborar un plan de licitación de bandas de frecuencia para servicios móviles, como 5G, antes del 31 de diciembre de 2025, priorizando la cobertura social y precios accesibles.
Garantiza los derechos de las audiencias, restableciendo medidas de la ley de 2014, como códigos de ética y defensorías de audiencias.
Faculta al Ejecutivo Federal, a través de la ATDT, para proveer servicios de internet en zonas sin cobertura, permitiendo a la CFE operar en igualdad de condiciones con privados.
CONTEXTO DE LA APROBACIÓN
La ley fue aprobada por el Senado el 28 de junio de 2025 (77 votos a favor, 30 en contra) y por la Cámara de Diputados el 30 de junio de 2025 (369 votos a favor, 104 en contra, 3 abstenciones).
La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, formó parte de la reforma constitucional de simplificación administrativa de noviembre de 2024, que eliminó al IFT y otros órganos autónomos como la Cofece y el INAI.
A pesar de las críticas, la ATDT y el gobierno aseguraron que la ley no busca censurar, sino garantizar el acceso a internet como un derecho fundamental y fortalecer la soberanía tecnológica.
CREACIÓN DE LA COMISIÓN REGULADORA DE TELECOMUNICACIONES
Se estableció la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones como un órgano administrativo desconcentrado de la ATDT, con independencia técnica, operativa y de gestión. Este organismo está encargado de emitir resoluciones regulatorias con imparcialidad para garantizar el desarrollo eficiente del sector.
La Comisión está conformada por cinco comisionados nombrados por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado.
Jalisco en riesgo: el acueducto Solís–León podría arrebatar agua al Lago de Chapala
Edición 800: Temor fundado de que Jalisco oculte a desaparecidos por el Mundial 2026, Víctor Manuel González Romero
Temor fundado de que Jalisco oculte a desaparecidos por el Mundial 2026: Víctor Manuel González Romero
Lemus ante el desafío histórico del SIAPA
