Por Francisco Junco //

El diputado local Leonardo Almaguer Castañeda, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso de Jalisco, presentó una iniciativa para crear una Fiscalía Especializada en materia de personas desaparecidas, independiente de la Fiscalía General del Estado. La propuesta, dijo, surge directamente de las exigencias y preocupaciones de los colectivos de familiares de víctimas, no de una ocurrencia de escritorio.

“Hoy el pueblo de Jalisco está en terapia intensiva. Y si el médico sale y dice que se necesita un cateterismo, no te pones a discutir, corres a traer lo necesario. Lo demás no importa. Así deberíamos reaccionar ante esta crisis”, señaló en entrevista con Conciencia Pública.

Almaguer Castañeda criticó duramente la inacción del actual fiscal general del Estado, quien, según denunció, no ha acudido a comparecer al Congreso para rendir cuentas sobre la crisis de desapariciones. La designación del fiscal fue una propuesta del gobernador, y se lo aprobamos en el Congreso, pero, ironizó el petista, que el primero que hay que buscar y hay que poner una ficha de búsqueda, es al fiscal general del Estado, “porque no da la cara”.

“No ha venido a comparecer al Congreso del Estado, para informar sobre la problemática que tenemos hoy en día en materia de desaparecidos, que además es el problema de violencia que más aqueja a los jaliscienses, a nuestro pueblo”, lamentó.

De acuerdo con en el documento, presentado desde el pasado 31 de octubre de 2024, Jalisco ocupa el primer lugar nacional en desapariciones, con 15,348 personas no localizadas según el registro estatal, y 14,978 de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.

Actualmente, la dependencia opera como una vicefiscalía, lo que, representa un retroceso y “no sólo estamos ante un retroceso en materia de desaparecidos, sino que está contraviniendo lo que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas manda”, se lee en la exposición de motivos de la iniciativa presentada.

La iniciativa busca armonizar la legislación local con el artículo 68 de la ley general federal, que exige que las fiscalías cuenten con “recursos humanos, financieros, materiales y técnicos especializados y multidisciplinarios” para una operación efectiva, además de un fiscal que sea electo desde el Congreso del Estado por medio de una convocatoria abierta y pública, “lo que queremos es eficacia y rapidez”, explicó Almaguer Castañeda.

El documento destaca que, al cierre de octubre de 2024, había 12,996 carpetas de investigación abiertas, lo que implica un promedio de más de 350 carpetas por agencia del ministerio público, reflejando la saturación y limitada capacidad de respuesta institucional.

Entre los cambios constitucionales propuestos, se incluye adicionar un nuevo párrafo al artículo 35, otorgando al Congreso la facultad de elegir al Fiscal Especializado en Personas Desaparecidas, y reformar el artículo 53 para reconocer formalmente a esta nueva figura junto a las fiscalías electorales y anticorrupción. El cargo tendría una duración de cuatro años, con posibilidad de reelección una sola vez.

La iniciativa también prevé ajustes presupuestales, donde el Gobernador del Estado, deberá a través de las Secretarías competentes otorgar el recurso que le permita no sólo llevar a cabo sus funciones propias, sino también contar con un presupuesto propio para su labor.

El legislador confirmó que no existe ningún antecedente de una fiscalía especializada, como la que propone. en otro estado del país. Sin embargo, aseguró que Jalisco requiere una estructura única por la gravedad del problema.

Recordó también que en el Congreso local ya existe una Comisión Especial en Materia de Personas Desaparecidas, coordinada por la diputada Tonantzin Cárdenas, del partido Futuro, que no tiene equivalente en ningún otro parlamento del país ni del mundo, “ni siquiera en países en guerra”.

Almaguer Castañeda insistió en que la iniciativa no surgió del escritorio de su fracción parlamentaria, sino del acompañamiento y la escucha de los colectivos que diariamente luchan por encontrar a sus familiares.

“Esta iniciativa es producto de la escucha de los colectivos y de que entonces aquí se canalice la necesidad de hacer. Hay un equipo de compañeros dirigentes, pero que, por medio de ellos, porque hay que darle norma jurídica y todo lo que eso conlleva, pero es producto de eso.

Entre los colectivos que han trabajado en esta iniciativa están Luz de Esperanza, encabezado por Héctor Flores y Lili Meza; Madres Buscadoras y Guerreros Buscadores, entre otros. Con ellos se han realizado mesas de trabajo, diagnósticos y propuestas legislativas.

“Los colectivos son los verdaderos expertos en desapariciones. Son ellos quienes pegan fichas, quienes salen a buscar. Nosotros sólo somos una herramienta para canalizar esas exigencias”, agregó.

Además de la creación de la fiscalía, el PT impulsa otra iniciativa para declarar personas prioritarias y vulnerables a los familiares de personas desaparecidas, a fin de garantizarles apoyos y derechos mínimos.

“No sólo desaparece una persona. Desaparece un hijo, una madre, un padre, muchas veces el proveedor. Estas familias no duermen, viven un pesar de 24 horas al día. Ya después se arreglarán cuentas. Pero hoy lo urgente es salvar con vida al pueblo de Jalisco de esta terapia intensiva. Y eso sólo se logra escuchando a los colectivos y actuando con justicia. Porque sin justicia no hay paz”, puntualizó.

EXIGEN COLECTIVOS DICTAMINACIÓN URGENTE

Por más de cuatro años, Héctor Rodolfo Flores González, ha buscado a su hijo Héctor Daniel, desaparecido desde mayo de 2021. Hoy, desde su trinchera como cofundador del colectivo Luz de Esperanza y asesor legislativo, exige junto a otros colectivos que el Congreso de Jalisco apruebe de manera urgente la iniciativa para crear una Fiscalía Especializada en Desapariciones. Una propuesta que, dice, “es una exigencia histórica” de las familias.

“La iniciativa ya está lista para su dictaminación, pero no vemos avances. Ha sido una lucha desde la legislatura pasada”, afirmó, quien ha trabajado este proyecto de la mano del diputado del PT, Leonardo Almaguer. La propuesta fue presentada en conjunto con colectivos y ha recibido observaciones tanto del gobierno del estado como del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD). Y aunque se acordó trabajar sobre esta base, “el acuerdo era avanzar, pero seguimos esperando”.

Añadió: “Cuando la autoridad encargada de investigar participó en los hechos, o tiene vínculos con el poder político, no hay garantía de justicia. Por eso pedimos autonomía real”, sostuvo Flores González, al señalar que tanto la ley general como el espíritu del legislador prevén que estas fiscalías deben ser independientes del poder Ejecutivo.

El caso de su hijo cuenta con medidas de acción urgente emitidas por el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, recomendaciones de derechos humanos y una carpeta federal. “Y nada. Como en muchos otros casos. En la mayoría de los colectivos, hay una constante: el Estado participó, directa o indirectamente”.

Uno de los puntos más delicados, que señaló Flores González, es la omisión oficial, ante los llamados de alerta sobre lugares donde se recluta, asesina y desaparece a personas. “Antes del hallazgo en el rancho Izaguirre, nosotros ya habíamos denunciado campamentos activos del crimen organizado. Nadie nos hizo caso. Cuando se descubre, solo nos dan la razón, esos lugares existen y se siguen utilizando”.

A cuatro años del secuestro de su hijo, Flores González, reconoce que el dolor se transforma en lucha y aunque “vivimos en un sistema de terror, de control, de narcoterrorismo. El gobierno, en lugar de reconocer la magnitud, busca desaparecer hasta a los desaparecidos para maquillar cifras. Y del lado del crimen organizado, se trata de generar miedo, de controlar territorios, población y gobierno. El mayor daño posible es la desaparición. Es un delito atroz, de lesa humanidad. Y nuestra lucha, la de las familias, es contra eso”.

Por Francisco Junco //

Gregorio Alejandro Orozco Hernández, conocido como Gregos, anunció la creación de una obra artística colectiva que busca visibilizar la crisis de desapariciones en Jalisco y su vínculo con el narcotráfico, el tráfico de armas y el consumo de drogas como el fentanilo.

Tras integrarse con el Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, Gregos decidió documentar y transformar en arte el dolor, la lucha y la realidad que viven los que buscan a sus desaparecidos, mediante un documental y una exposición pictórica y escultórica en colaboración con artistas del tamaño de Fernando Arredondo

“Estoy en un concepto en donde estos grandes artistas me trazan las ideas en carboncillo, las termino poniéndole mi estilo. Las esculturas también las estamos trabajando entre varios” y es que el objetivo está claro, y es algo que “no lo puede comunicar un solo artista. Quisiera que se contagiara la sociedad, que no lo vieran como un problema nada más de narcos. El problema es mucho más complejo”, reiteró.

«Esto se tiene que documentar, se tiene que pintar, se tiene que comunicar a la sociedad, no solamente de Jalisco, a nivel mundial, para que sepan el problema tan grave que tenemos en nuestra identidad, pero el problema tan grave en donde estamos envueltos en un círculo de perder-perder”, señaló el artista en entrevista con Conciencia Pública.

Y es que Gregos, está convencido de que el arte puede despertar la conciencia que la sociedad ha perdido frente a esta tragedia. La exposición busca narrar, con trazos y emociones, la historia detrás de lugares como el Cerro del Cuatro, donde se han encontrado cientos de cuerpos en fosas clandestinas, y mostrar cómo la violencia en México también está ligada a la crisis del fentanilo en Estados Unidos.

Explicó que decidió emprender este proyecto después de escuchar los testimonios de madres buscadoras y activistas en Jalisco, el estado con el mayor número de desaparecidos en el país, donde la crisis de desapariciones continúa agravándose. De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), hasta el 21 de marzo de 2025, se reportaron 125 mil 287 personas desaparecidas en México. En los primeros cuatro meses de 2025, se reportaron 5 mil 147 desapariciones, lo que equivale a un promedio de 42 casos diarios y representa un incremento del 26 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024.

Jalisco, no está aislado de esta situación, de hecho, en esta entidad, la situación es especialmente preocupante, convirtiéndose en el epicentro de esta crisis. De acuerdo con el Registro Estatal de Personas Desaparecidas, hasta el 30 de abril de 2025, se contabilizan 18 mil 620 personas desaparecidas, de estos 5 mil 923 son mujeres y 12 mil 697 hombres. Tan solo entre enero y abril de 2025, se registraron mil 123 desapariciones en Jalisco.

Guadalajara y Zapopan lideran los casos, con 2 mil 750 y 2 mil 660 respectivamente. El hallazgo de un crematorio clandestino en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, ha evidenciado la magnitud del problema, revelando prácticas atroces utilizadas por el crimen organizado para desaparecer a sus víctimas. La región ha sido un centro clave para el narcotráfico desde los años ochenta, con múltiples incidentes de desapariciones masivas y hallazgos macabros.

Esta tragedia, alimentada por la violencia del crimen organizado y la impunidad institucional, ha dejado a miles de familias sumidas en la incertidumbre y el dolor. La situación ha llevado a que las propias familias, especialmente las madres, se conviertan en buscadoras, recorriendo desiertos, basureros y fosas clandestinas en busca de sus seres queridos.

“Visualizar claramente este proceso de las desapariciones y su relación con todo el tráfico de armas, con todo el tráfico de drogas, y todo el mal que está causando tanto Estados Unidos como a México… nosotros como artistas queremos comunicarlo, dejándolo bien claro, pero luego, se hiciera conciencia en la sociedad tapatía y que no lo vieran como que es un problema nada más de narcos, o sea, es que se matan entre ellos, no señores, el problema es mucho más complejo, y la juventud tanto de Estados Unidos como la de México se está matando por cuestiones que podemos prevenir”.

“Dándoles oportunidades, o sea, no es solamente combatir el narco con violencia. Los chavos que se meten al reclutamiento, no todos son forzados, van voluntarios, son chavos que ganan tres mil, cuatro mil pesos al mes, y al meterse a esas actividades les ofrecen ganar veinte, veinticinco mil pesos, entonces ellos voluntariamente se meten a esto, ¿qué podemos hacer para que esto no suceda?”, cuestionó.

Es por eso que, con esta obra, busca generar conciencia y empatía en la población, así como presionar a las autoridades para que no abandonen la búsqueda de miles de personas que aún no regresan a casa.

Orozco Hernández comenzó su camino en el mundo de la mercadotecnia, pero hace años dio un giro hacia el activismo social. Desde la protección del Bosque de la Primavera hasta la defensa de playas en Nayarit y del Cerro Viejo, hoy su lucha ha dado un giro inesperado, ahora acompaña y visibiliza la causa de las madres buscadoras de personas desaparecidas.

El vínculo de Gregos con el tema de desapariciones surgió gracias a su amigo Juan Manuel Estrada Juárez, responsable de capacitación nacional en derechos humanos. Fue él quien lo invitó a impartir un curso a un grupo muy especial, las madres buscadoras.

“Cuando me dijo a quién se les iba a dar, me quedé helado”, recuerda Gregos. “Dije: ¿las qué? Yo la verdad ni tenía idea, como la mayor parte de la sociedad tapatía, que no se sabe, no se involucra”, subrayó.

Días antes del taller, confesó, no pudo dormir. Aunque cuenta con más de treinta años como formador en programación neurolingüística, esta vez el reto era distinto. “Mi curso es motivacional, irreverente, bromista. ¿Cómo iba a hacer eso con estas personas?”, se preguntaba, enfrentando uno de los desafíos más complejos de su carrera.

Al llegar, se encontró, desde su visión, con el grupo más activo en la búsqueda de desaparecidos en la entidad, Guerreros Buscadores de Jalisco, el colectivo de madres buscadoras encabezado por Indira Navarro, quienes fueron los responsables del hallazgo del rancho Izaguirre. “Les dije, ‘lo que a ustedes les pasa no tiene nombre’. Cuando se te muere un padre eres huérfano, pero cuando se te muere un hijo… no hay nombre. Y, además, que esté ausente, que no sepan dónde está, es algo indescriptible”.

El curso fue un momento de encuentro inesperado. “Fue una cosa mágica”, aseguró, “les estuve platicando de todas las técnicas de PNL, manejo algo de hipnosis, manejo varias técnicas y salió muy bonito el curso, las señoras hasta al final se integraron mucho conmigo, lloramos, híjole, fue muy especial, era un sube y baja todo el curso. Y al final ellas me adoptaron y me invitaron a caminar con ellas”.

Aquella experiencia cambió a Gregos. Las madres lo invitaron a acompañarlas en una jornada de búsqueda, en esa ocasión fue al Cerro del Cuatro. Lo que vio allí no se puede ignorar. “Fue tremendo. En una antena han sacado más de cien cadáveres. Hay una anécdota que me contaron, que abajo de una de las antenas, donde el suelo es muy duro, cuando sacan ahí a los muertos, dejan los agujeros abiertos y cuando regresan después de algún tiempo, vuelven a meter cadáveres a los mismos agujeros. Es indescriptible”, apuntó

Impactado por lo que presenció, decidió actuar desde su trinchera artística. Así nació su nueva iniciativa para crear un documental y una serie de obras plásticas que reflejen la tragedia de las desapariciones forzadas en Jalisco, vinculadas al narcotráfico, al tráfico de armas y a la crisis del fentanilo que afecta tanto a México como a Estados Unidos.

Paralelamente, Gregos desarrolla un canal digital en el que pretende entrevistar a empresarios, artistas, deportistas y arquitectos, “para que los jóvenes de ahora se identifiquen con ellos, con sus historias de vida, sus retos y logros, y vean que hay otras opciones además del crimen organizado o el narco”.

La primera entrevista de este nuevo proyecto fue, naturalmente, a Indira Navarro. Y de ahí surgió también el documental que ya está en producción. “Mi intención es que esto sirva de ejemplo y de algo sirva en la sociedad”, insiste. “Quiero que los chavos entiendan que ser gatillero no es la única salida, que hay opciones, que hay futuro, que hay vida”.

Por Francisco Junco //

La historia de Pedro García, un niño de sexto grado en una escuela de Jalisco, es un reflejo crudo de los nuevos desafíos que enfrentan las aulas en la era digital. Durante una exposición sobre el sistema solar, Pedro pensó que las risas de sus compañeros eran por su chiste sobre Urano.

No fue hasta el recreo que descubrió la verdad: uno de ellos lo grabó en secreto, editó su voz y publicó el video en redes sociales, burlándose de su forma de hablar. Lo que parecía una broma inocente se convirtió en un caso de ciberacoso que marcó a Pedro.

De ser un niño sonriente, pasó a inventar excusas para no asistir a clases, evitar el contacto visual y encerrarse en sí mismo. Este no es un caso aislado, sino parte de una creciente ola de violencia digital que afecta a miles de estudiantes en Jalisco y México.

El acoso escolar ya no se limita al patio o los pasillos; ahora se propaga a través de redes sociales, chats y grupos cerrados donde los agresores se esconden tras perfiles anónimos. Esta forma de violencia, silenciosa pero devastadora, tiene un impacto profundo en la salud mental y emocional de los niños, dejando secuelas que van desde ansiedad hasta depresión.

Padres, maestros y autoridades enfrentan el reto de dimensionar y combatir un problema que evoluciona más rápido que las medidas para controlarlo.

En respuesta a esta crisis, la diputada de Morena, Brenda Carrera, presentó el 20 de mayo de 2025 una iniciativa para reformar el Artículo 61 de la Ley de Educación Pública de Jalisco, proponiendo prohibir el uso de celulares en escuelas de kínder, primaria y secundaria.

La medida busca frenar el ciberacoso, reducir distracciones y mejorar la convivencia escolar, atacando de raíz un problema que, según estudios citados por la legisladora, puede disminuir hasta un 60% con la eliminación de celulares en las aulas.

“Los maestros nos han pedido una ley que los respalde. No es lo mismo negociar con un padre consciente del daño que con uno que ignora las consecuencias irreversibles de los celulares en sus hijos”, explicó Carrera en entrevista con Conciencia Pública.

La iniciativa nace de la experiencia directa de docentes y padres que reportan casos alarmantes: niños adictos a sus dispositivos, adolescentes que reaccionan con violencia cuando se les retira el celular e incluso casos de agresiones físicas a sus propios padres. “Hemos visto situaciones donde los niños llegan a terapia por su dependencia al celular. Esto no es un juego; es una crisis que debemos atender”, afirmó la morenista.

Jalisco, un estado que lamentablemente lidera estadísticas nacionales en violencia, desapariciones y reclutamiento de jóvenes por el crimen organizado, enfrenta un riesgo adicional: los niños acceden a contenidos que normalizan la criminalidad. “Es alarmante que los menores vean videos que hacen apología del delito. Esto no solo afecta su formación, sino que los expone a manipulaciones y engaños”, señaló Carrera.

Según datos que citó, solo el 21% de los padres supervisa lo que sus hijos consumen en sus celulares, dejando a los menores vulnerables a riesgos como el acoso, el bullying cibernético y hasta el contacto con desconocidos en plataformas digitales.

La iniciativa de Carrera tiene como objetivo principal garantizar un entorno escolar seguro y propicio para el aprendizaje. “Los horarios de clase son cortos, y una notificación puede hacer que un niño tarde hasta 20 minutos en recuperar la concentración”, explicó.

En escuelas donde ya se prohíben los celulares, como el Instituto de Ciencias en Jalisco, los resultados son evidentes: los recreos se han transformado en espacios de socialización, con niños jugando fútbol, básquetbol o conversando, en lugar de estar absortos en sus pantallas. “Queremos que los alumnos se conecten con sus compañeros y el aprendizaje, no con sus celulares”, subrayó la legisladora.

Sin embargo, la propuesta no está exenta de críticas. Algunos padres argumentan que los celulares son esenciales para comunicarse en emergencias, mientras que otros consideran que prohibirlos limita el avance tecnológico y educativo.

Carrera responde que la seguridad de los niños es la prioridad: “Solo el 21% de los padres revisa las redes de sus hijos, y muchos son víctimas de engaños o acoso. Los niños no saben manejar la responsabilidad de un celular; comparten su ubicación sin saber quién está al otro lado”.

Sobre el uso educativo, aclaró que la Secretaría de Educación de Jalisco ya impulsa el uso de tablets y computadoras en las escuelas, pero los celulares, en niveles básicos, se usan más para distracciones que para aprendizaje.

El secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, expresó reservas sobre la iniciativa. Aunque reconoce la necesidad de debatir el tema, considera que una prohibición sin medidas educativas es insuficiente. “Regular es mejor, pero lo ideal es formar a las familias, alumnos y escuelas para un uso responsable de la tecnología”, afirmó a Conciencia Pública.

Juan Carlos Flores destacó que los padres son el primer filtro, ya que son quienes compran los celulares a sus hijos, y abogó por herramientas como controles parentales de Google, que permiten limitar el acceso a contenidos inapropiados. “Educar es un acto de libertad y responsabilidad. Los padres deben dosificar los controles para que los jóvenes desarrollen autocontrol”, añadió.

El titular de la Secretaría de Educación de Jalisco, también comparó la propuesta de Carrera con otra iniciativa presentada el mismo 20 de mayo por la diputada de Movimiento Ciudadano, Adriana Medina, que apuesta por regular el uso de dispositivos en lugar de prohibirlos.

La reforma de Medina propone una nueva ley estatal con siete capítulos, abordando derechos digitales de los menores, formación en competencias digitales y acceso equitativo a internet. “La propuesta de regulación ofrece una visión más amplia”, subrayó el secretario, quien insistió en que la formación integral es clave para abordar los desafíos de la era digital.

Pese a las diferencias, Carrera busca construir consensos. La iniciativa, turnada a la Comisión de Educación, ha recibido apoyo de bancadas como el PAN, PT, Verde y algunos legisladores de Morena, aunque enfrenta resistencias dentro de su propio partido y de la Secretaría de Educación.

“El secretario parece desconocer la gravedad del ciberacoso en las aulas. Lo invitaremos al foro del 9 de junio para que se sume”, dijo Carrera, descartando motivaciones partidistas: “La campaña terminó. Ahora se trata de proteger a nuestros niños”.

El foro del 9 de junio, el primero de varios planeados, reunirá a padres, maestros, directivos y sociedad civil para concientizar sobre los riesgos del uso indiscriminado de celulares en las escuelas. “No es solo prohibir; es garantizar un entorno seguro para el aprendizaje”, enfatizó Carrera. En Querétaro y algunas escuelas de Jalisco, medidas similares han reducido el bullying y mejorado la convivencia, con niños más sociables y menos dependientes de las pantallas.

El caso de Pedro García es un recordatorio de las cicatrices que deja el ciberacoso. La iniciativa de Carrera, aunque polémica, pone el dedo en la llaga de un problema que trasciende las aulas y afecta la salud mental de una generación.

Mientras el debate avanza, la pregunta sigue en el aire: ¿cómo equilibrar la tecnología con la seguridad y el bienestar de los estudiantes? La respuesta requiere la colaboración de padres, maestros y autoridades, y el foro del 9 de junio será un paso crucial para construir ese consenso.

En Jalisco, la lucha contra el ciberacoso apenas comienza, pero la iniciativa de Carrera marca un precedente en la búsqueda de entornos escolares más seguros y humanos.

EJEMPLOS DEL CIBERACOSO ESCOLAR

Mientras Pedro García, realizaba una exposición sobre el sistema solar, frente a su grupo de sexto año, creyó que todos estaban atentos a sus palabras. No fue hasta que sonó el timbre del recreo que se enteró de que uno de sus compañeros lo había grabado en secreto, editado su voz y publicado el video en una red social con burlas sobre su forma de hablar. Las risas que pensó que eran por su chiste del planeta Urano no tenían nada de inocentes.

A partir de ese día, Pedrito dejó de participar en clase. Comenzó a inventar dolores de estómago, para no ir a la escuela y pasó de ser un niño sonriente a uno que evitaba todo contacto visual. Lo que empezó como un “juego” viral entre compañeros, se convirtió en un caso claro de ciberacoso, una forma de violencia escolar que cada vez se vuelve más frecuente y más silenciosa.

El acoso escolar ha dejado de limitarse al patio o al salón. Ahora viaja por redes sociales, chats y grupos cerrados donde los agresores pueden esconderse detrás de un perfil. Padres, maestros y autoridades no alcanzan a dimensionar el daño que estas nuevas formas de violencia digital provocan en la salud mental y emocional de los niños.

Es ante esta situación, no solamente de Pedrito, sino de miles de niños en la entidad y el país, que la diputada Brenda Carrera presentó una iniciativa para reformar el Artículo 61 de la Ley de Educación Pública, para prohibir el uso de celulares en escuelas de Jalisco, para frenar daños psicológicos, violencia y mejorar el ambiente escolar.

“Los maestros, que se han acercado con nosotros, nos piden que sí necesitan que sea una ley, porque no es lo mismo quitarle el celular a un padre de familia consciente, a uno que no está consciente del daño, de los daños irreversibles que le están haciendo a su hijo. Y yo creo que desde ahí nace esta iniciativa. Vamos a tener foros, comenzamos el 9 de junio, nuestro primer foro para concientizar a estos padres de familia, que de pronto están renuentes, y creo que están renuentes porque ignoran, ignoran completamente el daño psicológico, de ansiedad, de dependencia”, señaló la diputada de Morena a Conciencia Pública.

La legisladora, presentó, el pasado 20 de mayo, en el Pleno del Congreso de Jalisco, la iniciativa de reforma, que propone prohibir el uso de teléfonos celulares en las escuelas desde nivel kínder, primaria y secundaria. La medida busca proteger a los niños y adolescentes de los efectos negativos de la tecnología mal utilizada dentro del entorno escolar, así como contribuir a su seguridad y bienestar integral.

Brenda Carrera explicó que esta iniciativa nace de la experiencia directa de docentes y padres de familia, quienes han manifestado la urgencia de que exista una norma que respalde la prohibición del uso de celulares en las aulas.

La diputada hizo un recuento de las preocupaciones que motivan esta reforma y aseguró que han visto que los niños tienen adicción al celular, incluso hay casos donde adolescentes están en terapia porque, si el papá les quita el celular, reaccionan con violencia; hasta llegan a golpear a sus propios padres.

Pero Brenda Carrera comentó que esta situación no es un fenómeno lejano o ajeno, sino una realidad que se ha viralizado en redes sociales y que ocurre en el propio estado de Jalisco, un territorio que lamentablemente ocupa los primeros lugares en violencia, desapariciones y reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado.

“Los niños ven contenidos, que hacen apología del delito y normalizan la criminalidad. Es alarmante que la normalización de la violencia llegue incluso a la formación de nuestras niñas y niños”, expresó con preocupación.

De acuerdo con cifras que citó la morenista, sólo el 21 por ciento de los padres revisa lo que sus hijos ven o hacen en el celular, una responsabilidad que está fuera de control en muchos hogares. Esta desconexión entre padres e hijos facilita que los niños sean vulnerables a riesgos como el acoso, la manipulación y el bullying, especialmente el cibernético.

La prohibición del uso del celular en las escuelas tiene como objetivo principal que los alumnos puedan concentrarse plenamente en sus actividades educativas. Brenda Carrera enfatizó que “los horarios de clase, son muy cortos y con el celular cerca, el niño tarda hasta 20 minutos en volver a concentrarse, después de distraerse con una notificación o un mensaje”.

“Lo que vemos es que no usan el celular para cosas académicas, sino que es más una fuente de distracciones y problemas. Son más las cosas negativas, que las cosas positivas que pueden encontrar en el celular.”, añadió y explicó, que estudios indican, que retirar el celular, reduce hasta un 60 por ciento los casos de bullying en las aulas, un dato relevante, cuando se considera que el acoso escolar ha costado vidas de jóvenes en todo el país.

La legisladora señaló que esta propuesta ya se aplica en Querétaro, y en algunas escuelas públicas y privadas en Jalisco, donde se han implementado medidas similares. Sin embargo, aseguró que es necesario legislar al respecto para establecer una norma clara que evite que la regulación dependa de la voluntad de cada plantel.

“Los maestros nos han dicho que sí necesitan que sea una ley, porque no es lo mismo quitarle el celular a un padre de familia consciente, que a uno que no está consciente del daño, de los daños irreversibles que le están haciendo a su hijo”, explicó Carrera.

La diputada indicó que además de lo académico, la medida busca mejorar la convivencia social entre los niños, pues actualmente los espacios como los recreos se han convertido en momentos donde cada alumno está solo, sumergido en su celular.

“En escuelas donde ya se prohibió el uso de celulares, para mencionar un ejemplo, el Instituto de Ciencias, ellos ya tienen mucho tiempo implementando el no celulares en la escuela y tienen niños más sociables, niños donde en el recreo, efectivamente, ellos sí están jugando, ellos sí están socializando, fútbol, básquetbol, haciendo deporte, platicando con sus amigos, socializando”.

“Y algo que en otras escuelas, donde sí está permitido el celular, están en su celular chateando y jugando, platicando supuestamente entre ellos y jugando de gamers en esas páginas, también súper peligrosas, que no sabes quién está platicando con tus hijos, quién está jugando con tus hijos. Entonces, esto va más allá de prohibir el celular. Yo creo que impacta a nivel social, familiar y escolar”, justificó.

La iniciativa ha recibido críticas, principalmente en dos puntos, la necesidad del celular como medio de comunicación para emergencias y el argumento de que limitar su uso va en contra del avance tecnológico y educativo.

Brenda Carrera respondió que “la seguridad de los niños es precisamente lo que queremos proteger con esta reforma, porque éstos no están seguros. Sólo el 21 porciento de los padres supervisa las redes de sus hijos, y muchos niños son víctimas de engaños, acosos y desapariciones”, además aseguró que “no saben manejar la responsabilidad que implica tener un celular, mandan su ubicación, pero no se puede garantizar que quien está al otro lado sea quien dice ser”.

Sobre el argumento del avance tecnológico, la diputada aclaró que no están en contra de la tecnología ni de las redes sociales, y recordó que la Secretaría de Educación ha impulsado el uso de tablets y computadoras en las escuelas. Sin embargo, enfatizó que “en niveles básicos, el celular no se utiliza para fines educativos. Lo que buscamos es enseñar a los niños a desconectarse para poder conectarse al verdadero aprendizaje”.

La diputada informó que la iniciativa ya fue turnada a la Comisión de Educación, donde recibió apoyo de varias bancadas, incluyendo al PAN, PT, Verde y algunos diputados de Morena. “Sabemos que hay algunos compañeros dentro de Morena que están renuentes, pero estamos trabajando para fortalecer el proyecto”, mencionó.

Reconoció que hay resistencias, incluso desde la Secretaría de Educación del Estado, cuyo titular, Juan Carlos Flores Miramontes, ha manifestado desacuerdos. Sin embargo, la legisladora considera que el funcionario desconoce el contexto real.

“Me doy cuenta de que ignora totalmente lo que está pasando en las aulas. Él debería estar con nosotros haciendo esta propuesta. Pero lo vamos a invitar al foro, a que tome cartas en el asunto. Parece que desconoce la problemática y las estadísticas de acoso escolar y bullying cibernético que tenemos en Jalisco”, afirmó.

La legisladora descartó que la iniciativa sea un tema político partidista y llamó a dejar atrás los colores para enfocarse en dar resultados concretos en beneficio de la niñez. “La campaña ya terminó. Nosotros tenemos la responsabilidad de legislar para garantizar la seguridad de las niñas y niños de Jalisco, y no vamos a quitar el dedo del renglón.”

Para fortalecer la iniciativa, se realizarán algunos foros, para comenzar ya está programado uno, el 9 de junio, abiertos a padres de familia, maestros, directivos y sociedad civil organizada. Estos encuentros buscan concientizar a la comunidad sobre los riesgos del uso indiscriminado de celulares en las escuelas y construir un consenso amplio para la reforma.

“Invitamos a todos a participar, a escuchar a los padres y maestros que están convencidos de la necesidad de esta ley. Esto no debería ser motivo de debate, sino un llamado urgente a la acción”, concluyó la diputada.

Prohibir por prohibir no tiene sentido

El secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, se pronunció sobre las recientes iniciativas legislativas en el Congreso del Estado para regular el uso de celulares en las escuelas. Aunque reconoce que el debate es necesario, advirtió que imponer prohibiciones sin medidas educativas y formativas resulta insuficiente.

“La que contiene prohibición a mí me parece que se queda corta. La que regula es mejor, pero la ideal, para mi punto de vista, sería la que forma, es decir, la que hace compartir a la familia, al alumno, por supuesto, y a la escuela”, explicó el funcionario a Conciencia Pública.

Señaló que en la agenda legislativa, hay dos propuestas, respecto al tema del uso de celulares, de la propuesta de la diputada de Morena, Brenda Carrera, que busca prohibir el uso de dispositivos móviles en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. En tanto, otra propuesta, impulsada por la legisladora de Movimiento Ciudadano, Adriana Medina Ortiz, apuesta por una regulación. Para el secretario, esta última iniciativa ofrece una visión más amplia.

La diputada Adriana Medina, el pasado 20 de mayo, informó, en rueda de prensa, que estas reformas darán paso a una nueva ley estatal conformada por siete capítulos, los cuales abordarán derechos de menores, responsabilidades parentales, atribuciones de las autoridades, sanciones, mecanismos de protección, entre otros aspectos.

Explicó que, dentro de las principales propuestas de la iniciativa, se contempla el reconocimiento del derecho de niños y adolescentes a la seguridad en entornos digitales; formación de competencias digitales desde las instituciones educativas; garantía de acceso gratuito y equitativo a internet en todo el territorio estatal; entre otras cosas.

“Es una discusión importantísima. Es un diálogo que se tiene que dar. De manera reciente hemos percibido dos tendencias. La de la diputada de Morena, inclinada más a la prohibición del uso de estos equipos. La de la diputada Adriana, de MC, encaminada a la regulación. Ahí ya hay una diferencia importante”, subrayó Flores Miramontes.

El secretario de educación destacó que el primer filtro para el uso responsable de dispositivos móviles son los padres de familia y señaló que “¿Quién les compra el celular? El celular se los compra el padre de familia, si son pequeñitos. Tal vez un adolescente, que ya trabaja, se lo compra él mismo. Pero cuando estamos hablando de los menores, estamos asumiendo que el padre de familia es el que se los compra”.

Recordó una reflexión de la psiquiatra Marian Rojas: “Hay que darle el celular cuando queramos que nuestros hijos vean páginas inconvenientes. Y eso nos debe de asustar. Y es cierto”. Flores Miramontes insistió en que existen herramientas tecnológicas para limitar el acceso a contenido inapropiado y que los proveedores de internet también deben asumir su parte. Y expuso que “hoy tú puedes entrar a una página para adultos y basta con dar un clic, que lo mismo lo puede dar un niño de 13 años que un señor de 50”.

La Secretaría de Educación ha establecido convenios para facilitar el control parental, como el que mantiene con Google para proporcionar cuentas institucionales a los estudiantes y es “una buena idea para los papás, que cuando les instalen una cuenta, un correo electrónico, para hacer uso de ese dispositivo, lo hagan el papá al dispositivo de su hijo para que tenga el control del papá de qué aplicaciones va, de qué contactos agrega, etc.”, detalló.

Además, el funcionario enfatizó que el enfoque de la Secretaría de Educación no se limita a regular, sino que apuesta por la formación integral del carácter y el desarrollo de habilidades digitales desde temprana edad. “Educar es un acto de libertad, es un acto de responsabilidad, y cada padre de manera gradual irá dosificando esos controles, al punto de que el joven, que después se convertirá en adulto, pues tenga el autocontrol de tener un buen uso de estos dispositivos”.

Respecto al foro que organiza la diputada Brenda Carrera el próximo 9 de junio, el secretario confirmó que la dependencia está dispuesta a participar si es invitada. “Si somos invitados ahí estaremos. Por lo general aceptamos las invitaciones de todas las fracciones parlamentarias, cuando están discutiendo un tema de impacto en la educación”, aseguró, aunque hasta el momento, no confirmó si la invitación ya llegó formalmente, pero aclaró que, de ser así, él o un representante de la Secretaría acudirán al encuentro.

Flores Miramontes hizo un llamado a los tres pilares del sistema educativo —padres, docentes y alumnos— a crear entornos digitales seguros y responsables. “Invitaría a los tres grandes grupos que conforman un sistema educativo a tomar acciones para tener entornos digitales seguros”, expresó.

Dirigiéndose a los padres, sugirió acercarse a plataformas formativas como Crea Familia o cursos sobre ciberseguridad y ciberbullying. A los maestros, los exhortó a continuar capacitándose en cultura y transformación digital. Y a los estudiantes, les recomendó mantenerse cerca de adultos que los acompañen en su uso de la tecnología.

“Hay estadísticas que dicen que desde que apareció Instagram, el nivel de agobio y de cuestiones tan graves como el suicidio, se incrementó drásticamente, en el caso de las mujeres más que de los hombres. Pero después le pasa también factura a los varones”, alertó.

El secretario concluyó que no existe un conflicto con las fracciones parlamentarias, sino una colaboración en curso. “Esas controversias que se hacen, no son tales. Me parece que sí, diálogo, que sí debe de discutirse, que podemos no estar de acuerdo, pero creo que tenemos que reconocer que de fondo todos queremos lo mismo: niños y niñas seguras, niños y niñas bien formados”, dijo.