JALISCO
Crisis en el Ipejal: Juan Partida reconoce a fondo el problema; jubilados piden auditoría
Por Mario Ávila
Para los trabajadores en activo y jubilados del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), la corrupción es la única explicación lógica de que, entre el último año del gobierno de Enrique Alfaro y el primero de Pablo Lemus, el Ipejal haya perdido seis años de expectativa de vida, por lo que hoy está condenado a fenecer en 2030.
De ahí que de poco servirán las reformas que se hagan a la Ley del Instituto de Pensiones del Estado en el Poder Legislativo, si sigue faltando voluntad política para combatir la corrupción y la impunidad que priva en el organismo encargado de las prestaciones laborales y la jubilación de 130 mil trabajadores en activo y más de 50 mil jubilados en Jalisco.
Hoy, los dueños del Instituto —que son los trabajadores— no tienen ninguna certeza de qué pasó para que, en un par de años, el Ipejal perdiera seis años de expectativa de vida. No tienen información clara. Sus representantes en el Consejo Directivo, José Miguel Leonardo Cisneros, por parte de los burócratas, e Ilich González, representante del magisterio, solo se limitaron a recibir la información en la asamblea del mes de agosto y a callar.
Fue hasta que el propio gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, entregó el lunes 10 de noviembre al Poder Legislativo el paquete económico 2026, al que anexó el resultado de un estudio actuarial en el que advierte que el fondo de Ipejal solo alcanza para cumplir con sus obligaciones con recursos propios hasta el 2030.
Incluso el gobernador jalisciense hizo suyas un par de conclusiones que, en calidad de recomendaciones, realizaron los profesionales de la empresa que elaboró el estudio actuarial:
- Aumentar sustancialmente las aportaciones de los trabajadores, o
- Mudar al sistema de cuentas individuales, para que cada trabajador se haga cargo de su cuenta de ahorro para el retiro o la jubilación.
Lo extraño es que la misma empresa, Valuaciones Actuariales del Norte, contratada por el Gobierno del Estado desde 2009, cuando se modificó drásticamente la Ley de Ipejal, había garantizado que con las medidas de incrementar las aportaciones, aumentar la edad para acceder a la pensión y tabularla con el promedio de los ingresos del trabajador de los últimos cinco años, había garantía de “vida perenne” para el organismo.
Posteriormente, en 2021, por instrucciones del entonces gobernador Enrique Alfaro, se llevó a cabo otro estudio actuarial que marcaba la vida útil de Ipejal hasta el año 2033. Y en 2022, con un nuevo estudio de la misma empresa, el entonces director, Héctor Pizano, aseguró que gracias al buen manejo del patrimonio, las inversiones y el incremento de trabajadores afiliados de los municipios, la esperanza de vida había aumentado hasta 2036.
ÁNGEL RODRÍGUEZ LE EXIGE RENDIR CUENTAS A LEONARDO CISNEROS
José Ángel Rodríguez Valdez, secretario general de FESIJAL, exige mediante comunicación oficial a José Miguel Leonardo Cisneros —representante de más de 100 mil trabajadores activos y 24 mil pensionados en el Consejo Directivo de Ipejal— rendir cuentas detalladas.
Como líder de SAFE, debe informar criterios, políticas y lineamientos en inversiones, reservas patrimoniales y manejo de recursos del Instituto.
Exige reportar acciones para vigilar el equilibrio financiero; propuestas para incorporar trabajadores de los 125 municipios; medidas contra pensiones “doradas”; ordenamiento de estudios actuariales; defensa contra el incremento en aportaciones obligatorias y rechazo a las cuentas individuales.
Cita el artículo 153 de la Ley de Ipejal y la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas: Cisneros responde por actos u omisiones que perjudiquen a sus representados. El otro representante es Ilich González (SNTE sección 47), por 40 mil maestros activos y 30 mil jubilados.
José Ángel Rodríguez aclara: “Solo pedimos rendición de cuentas; no planeamos procedimientos jurídicos. Es compañero, pero debe explicar sus votos en la Mesa de Inversiones y si defiende a los trabajadores con decisiones motivadas”.
El líder de FESIJAL indica que, en primera instancia, gestionarán en el Congreso para obligar al Consejo de Ipejal a rendir informes vía glosa del I Informe de Gobierno de Pablo Lemus. “Que expliquen en el Legislativo qué pasa con el Instituto; por qué los estudios actuariales recomiendan solo aumentar aportaciones de trabajadores o migrar a cuentas individuales”.
Sobre Juan Partida, director de Ipejal, a propósito del anuncio del gobernador Pablo Lemus de realizar cambios en su gabinete, el líder sindical precisa: “No convendría removerlo; sería deslindarlo de responsabilidad. Es director actual de Ipejal, exsecretario de Finanzas, presidente del Consejo en el sexenio de Alfaro y representante cuando estuvo en Finanzas de Guadalajara. Lleva más de 10 años en las grandes decisiones del Instituto. Primero debe rendir cuentas de sus actuaciones; después, que venga la decisión gubernamental, no de los trabajadores”.
Para cerrar la entrevista, José Ángel Rodríguez expresa: “Son 180 mil familias afectadas por la corrupción en Ipejal desde 2009. Lamentablemente, hay mucha división entre trabajadores y no estamos preparados para la lucha política. Pero ahora unificamos fuerzas: yo me reúno con líderes sindicales y grupos de pensionados para razonamiento político, ganar poder y mínimo pelear por lo que nos corresponde”.
UNA AUDITORÍA, NO UN ESTUDIO ACTUARIAL
Alfonso Gamiño Ruvalcaba, integrante de Jubilados y Pensionados Unidos por la Vida de Ipejal, sostiene que las reformas a la Ley del Instituto de Pensiones del Estado serán inútiles si no se ataca la raíz: corrupción e impunidad.
En la actual administración de Juan Partida (gobierno de Pablo Lemus), persisten actos corruptos, asegura.
Las finanzas de Ipejal están siempre en riesgo por intereses personales, no patrimoniales. Como ejemplo contradictorio, recuerda que el exgobernador Enrique Alfaro proponía vender propiedades ociosas, pero ahora se compra el edificio del periódico El Informador, sin valor ni utilidad para el Instituto.
De la misma forma, enfatiza que Ipejal funge como “caja chica” del Gobierno estatal. Recursos privados de los trabajadores se arriesgan en obras públicas, como el financiamiento de Ciudad Laboral y el reciente fideicomiso para un edificio de oficinas en el estacionamiento de los departamentos de Ipejal en la colonia Alcalde.
Ante la pregunta sobre qué instancias existen para defender el patrimonio —en riesgo de perderse en cuatro años—, Gamiño reflexiona con tristeza: la Auditoría Superior del Estado, la Contraloría y el “florero” del fiscal anticorrupción no actúan. Su función debería ser vigilar, impedir y sancionar la corrupción; pero, acusa, protegen a los políticos.
Los defraudadores de Ipejal denunciados quedaron impunes. “La única salida es hacer manifestaciones y denunciar ante los medios de comunicación para visibilizar la problemática y el maltrato de gobernantes y autoridades ante la opinión pública”, sostiene Alfonso Gamiño Ruvalcaba.
En los foros de 2022 en el Congreso estatal, exigieron auditoría independiente a las finanzas de Ipejal, no otro estudio actuarial “a modo”, que usa información selectiva de la institución y predetermina resultados.
Sobre las soluciones que se ofrecen, por un lado, la realización de reformas a la Ley de Ipejal, recordó que en la organización de pensionados y jubilados siempre han dicho que “el costo de una reforma no tiene que ser a costa de los trabajadores ni de los jubilados”, porque en los estudios actuariales se sugería y se recomendaba como única salida aumentar la cuota a los trabajadores, incrementar los años de servicio y/o mudarse a las cuentas individuales.
ITZUL BARRERA Y CANDELARIA OCHOA: VAN POR LA RECUPERACIÓN DE 4 MIL MILLONES DE PESOS
Por Mario Ávila
Dos de las legisladoras de la fracción parlamentaria de Morena en la LXIV Legislatura local, Itzul Barrera y Candelaria Ochoa, se han echado a cuestas, entre muchos otros compromisos propios de su representación, velar por la defensa del patrimonio de los trabajadores afiliados a Ipejal.
Se trata de un problema que afecta de manera directa a las familias de 132 mil trabajadores en activo y 52 mil jubilados, que viven con angustia después de que el pasado lunes 10 de noviembre, envuelto entre los documentos del paquete económico 2026, el gobernador Pablo Lemus envió el resultado de un estudio actuarial en el que se advierte que los recursos financieros de Ipejal solo alcanzan para los siguientes cuatro años; es decir, si no se actúa de inmediato, en 2030 vendría la quiebra.
Y junto con esa noticia, el mismo estudio realizado por la empresa de Torreón, Coahuila —que ha trabajado para el Gobierno del Estado desde 2009, cuando aquella polémica decisión en el gobierno de Emilio González de aumentar las aportaciones y la edad de jubilación— hoy recomienda de nuevo la misma receta: volver a incrementar las aportaciones o bien mudarse al sistema de cuentas individuales.
La aportación que hoy hacen los trabajadores para darle vida a Ipejal es de 11.5% de su salario, mientras que el ente patronal inyecta 21%, de modo que al Instituto de Pensiones del Estado llega un gran total del 32.5% de la nómina de los trabajadores al servicio del Estado, los municipios, los organismos públicos descentralizados y los maestros adheridos a la sección 47 del SNTE.
Seguras de que los legisladores de su fracción y de los partidos aliados reforzarán la causa, una de las tareas que se han echado a cuestas las legisladoras de la Cuarta Transformación es tratar de hacer todo lo que la ley les permita para recuperar más de 4 mil millones de pesos que en los últimos 15 años se han invertido de mala manera y han generado pérdidas en el patrimonio de Ipejal.
La diputada Itzul Barrera, desde el momento en que recibió la información en la Cámara de Diputados, hizo público un mensaje en el que informó en sus redes sociales:
“Hace unos días el gobernador, Pablo Lemus, envió al Congreso el paquete económico 2026 acompañado de un estudio actuarial, que reconoce lo que ya sabíamos: el fondo de Pensiones del Estado solo tiene suficiencia para cuatro años más”.
Pablo Lemus —abunda— dice estar muy preocupado por el fondo de pensiones, pero esa preocupación llegó tarde y después de que su bancada votara en contra de saber la verdad.
El 29 de mayo de 2025, Morena respaldó el exhorto de la diputada Candelaria Ochoa para auditar Ipejal: inversiones arriesgaron fondos de trabajadores; 4 mil millones de pesos se perdieron en Chalacatepec, Villas Panamericanas, Abengoa, Transportes Marítimos. Los responsables siguen impunes.
Y sentenció: “Pero Movimiento Ciudadano votó en contra y hoy, cuando el propio estudio actuarial advierte que el fondo solo alcanza para cuatro años más, ahora sí están muy preocupados.
Desde Morena lo hemos dicho con claridad: las pensiones no se tocan, se defienden. La clase trabajadora debe ser siempre nuestra prioridad, porque el dinero del pueblo no es para negocios ni para favores; es el fruto del esfuerzo de quienes han dedicado su vida al servicio público y debe garantizarles una vejez digna y segura”.
PIDEN AUDITAR LAS ADMINISTRACIONES DE EMILIO, ARISTÓTELES Y ALFARO
Por su parte, la diputada Candelaria Ochoa dijo estar en contra de las expresiones del gobernador Pablo Lemus y planteó:
“Lo primero es que, por supuesto, estoy en desacuerdo con esa opinión del gobernador, porque siempre quieren asustar con el ‘petate del muerto’ y, segundo, me parece que no solo es inadecuado decir eso cuando nunca me hicieron caso, cuando yo pedí una auditoría de las últimas tres administraciones estatales”.
Sentenció la legisladora que, de haberse hecho las auditorías a las tres últimas administraciones, “nos daríamos cuenta de cómo han malgastado el dinero de los trabajadores de Ipejal y sabríamos dónde están las fallas del sistema”.
Hizo saber que los diputados de su fracción han propuesto hacer un parlamento abierto, en donde habrán de presentarse alternativas para, en primera instancia, lograr la recuperación de ese dinero de los trabajadores.
Sobre las alternativas que ofrece como solución el estudio actuarial —y que hace suyas el gobernador Pablo Lemus—, en el sentido de aumentar las aportaciones porcentuales de los trabajadores o mudarse al modelo de cuentas individuales tipo Afore, la diputada morenista explicó: “Mira, siempre quieren cargarle la mano a los trabajadores”.
La diputada Candelaria Ochoa propone que el gobierno estatal asuma la nómina de Ipejal y se enmiende la ley para equilibrar el Consejo Directivo. Señala que los trabajadores no cuentan con representación igualitaria, lo que permite el uso discrecional de los recursos por parte del Ejecutivo.
También lamentó que no solo se esté buscando la manera de recuperar algo de las inversiones fallidas 15 años después —como el caso de las Villas Panamericanas—, sino que se siga con el mismo criterio al invertir “en lo que les viene en gana”, y puso como ejemplo la compra del edificio del periódico El Informador.
“Imagínese —apuntó— y calcule usted de qué le va a servir a los trabajadores comprar un edificio de El Informador, en el que se tendrá que invertir un montón de dinero para poderlo adecuar para oficinas, y esa inversión adicional también se pagará con dinero de los trabajadores”.