Héctor Pizano expone avances y retos de la Procuraduría Social ante el Congreso

Por Diego Morales Heredia

En el marco de la glosa del primer informe de gobierno, Héctor Pizano Ramos, titular de la Procuraduría Social de Jalisco, compareció ante el Congreso local, donde expuso los avances, la expansión territorial y los desafíos que enfrenta la institución encargada de garantizar el acceso a la justicia para la población con menores recursos.

Pizano subrayó que la Procuraduría Social cumple una función esencial en un estado donde 18% de la población vive en pobreza y 54% presenta alguna carencia social, lo que vuelve inaccesible para muchas familias contratar un abogado particular.

“Nuestro mandato constitucional nos obliga a defender a quien no tiene quién los defienda”, afirmó.

“Tenemos una institución tan noble como urgente, garantizar que el acceso a la justicia sea un derecho efectivo para todas las personas. Este espacio nos permite entregar resultados, que sean analizados, se reflexione y construya juntos una visión de futuro para una institución que toca directamente la vida de las personas en los momentos más difíciles, cuando requieren certeza y del apoyo jurídico legal”, añadió.

El procurador informó que la dependencia duplicará su presencia territorial, al pasar de 42 a 84 oficinas antes de que concluya el año, y solicitó el respaldo de los legisladores para alcanzar una cobertura total en todo el estado.

Detalló la implementación de un módulo itinerante y brigadas jurídicas, “Yo Jalisco”, un modelo al que llamó “justicia en movimiento”. Tan solo el módulo móvil otorgó 49 mil servicios gratuitos en 75 días hábiles, mientras que las brigadas han recorrido 49 municipios, acercando atención legal a colonias y comunidades, siguiendo las indicaciones del gobernador Pablo Lemus.

La Procuraduría Social brindó más de 51 mil asesorías jurídicas, además de intervenir en juicios que involucran derechos de menores, adultos mayores o personas incapaces.

Su defensoría penal participa en procesos en fiscalías, juzgados orales y tradicionales, así como en los Centros de Justicia para las Mujeres.
Pizano también destacó la presencia institucional en Ciudad Judicial, los diferentes partidos judiciales, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, además de un nuevo proyecto de preliberación con perspectiva de género.
El titular de la dependencia adelantó que para 2026 se requerirá un incremento sustancial del presupuesto, debido al crecimiento de la demanda ciudadana y la operación de los módulos de atención.
Señaló como pendiente urgente la homologación salarial de los defensores públicos, quienes constitucionalmente deberían percibir ingresos equivalentes a los ministerios públicos, situación que aún está lejos de cumplirse.
A pesar de ello, dijo, la entrega del personal se mantiene firme.
“Agenda pendiente de la Procuraduría, la homologación del salario de los defensores, constitucionalmente un defensor público debería ganar lo mismo que un ministerio público, pero no estamos ni cerca, en detrimento del trabajo profesional, no obstante, la entrega de nuestra gente está ahí, es algo pendiente. Son temas complejos, los dejamos a consideración”.

Pizano cerró su presentación enfatizando la importancia del papel social de la institución: “Más allá de cifras, cada servicio es una persona que recupera su identidad, una familia que accede a la justicia, una comunidad que se fortalece”.

Aseguró que, aunque la procuraduría es una institución pequeña, su responsabilidad es enorme: equilibrar el sistema de justicia y acompañar a quienes no tienen a nadie más que al Estado para ayudarles.

“Requerimos una justicia con rostro humano, más allá de cifras, cada servicio es una persona que recupera su identidad, una familia que accede a la justicia, una comunidad que se fortalece”, puntualizó.