Tarifazo y tarjetazo

Conciencia con texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez

¿Por qué el Gobierno de Jalisco brinca tanto en materia de transporte urbano, estando el suelo tan parejo? ¿Por qué complicar al máximo lo que es sencillo?

El “tarifazo” al transporte público está viciado de origen. Podría considerarse, incluso, ilegal, puesto que —afirman— dentro de la sesión formal no se sometió a votación la tarifa de 14 pesos.

Atendiendo a las palabras de Diego Monraz, secretario de Transporte del gobierno estatal, quien encabezó el Comité Técnico de Tarifas del Transporte Público, dicho comité tiene la obligación legal de reunirse cada año para fijar nuevas tarifas o reiterar las vigentes. Monraz, en una entrevista con Gricelda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería —en Radio Metrópoli—, se contradijo al asegurar que con la tarifa de 14 pesos “no habría ya aumento en lo que resta del sexenio”.

Si la ley obliga a que se tomen acuerdos por mayoría cada año, ¿en qué se basó el tándem Monraz-Lemus para fijar la tarifa en 14 pesos y no en 11, como se propuso originalmente en la junta del 26 de diciembre de 2025, y sostener este incremento hasta el fin del sexenio?

Según los funcionarios, los 14 pesos servirán para “no aumentar el precio en todo el sexenio”. ¿Usted les cree? Seguramente ni ellos, que son mitómanos de excelencia.

La “solución” de Lemus para que se cobren 11 pesos —utilizando la táctica del “mal menor” y del engañabobos que esconde las bolitas en los vasos— es que el Gobierno de Jalisco subsidiará tres pesos por cada pasaje con una bolsa de mil 200 millones de pesos. Obviamente, del dinero que recauda en impuestos el gobierno estatal.

La condición para eludir tres pesos del tarifazo es un tarjetazo que exige requisitos incompatibles con lo que se quiere: el descuento y ya.

Anunciado con bombo y platillo, el tarjetazo implica incomodidades, incumplimientos e invasión a la privacidad. Para acceder a dicha Tarjeta Naranja se requiere CURP, correo personal, identificación oficial, número de celular y comprobante de domicilio. Dizque porque es una tarjeta estilo bancaria de débito, con supuestos beneficios que nada tienen que ver con lo que la gente quiere: que le cobren los 11 pesos.

Para colmo, ya salieron a la luz pública inconformidades en contra de Tarjetas Integrales, S. A. (TISA) y en contra de Broxel, empresa también cuestionada —porque ocupa el lugar 22 de 22 sociedades financieras populares evaluadas por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)—, la cual, además, obtuvo solo cinco de los diez puntos posibles de aprobación.

Se supo, además, que el gobierno de Lemus firmó un contrato mediante el cual pagará 5.45 pesos por mes a Broxel, y se asegura que serán cinco millones de tarjetas las que se tramiten. Es decir, el Gobierno de Jalisco le pagará cada mes 27 millones 250 mil pesos. Además, deberá cubrir los tres pesos de diferencia de cada pasaje, lo que significaría poco más de dos mil millones de pesos por año.

Aunque siempre ha habido subsidios para los empresarios del transporte público, desde los tiempos de la Alianza de Camioneros —fundada el 8 de agosto de 1930— nunca se había complicado tanto ni impuesto tantos requisitos a los supuestos beneficiarios.

En la Constitución Política del Estado de Jalisco, los artículos 35 y 50 se refieren a la facultad del Estado y del Poder Ejecutivo en materia de transporte público. El artículo 35 ordena que el Congreso promulgue leyes que regulen el transporte; en el artículo 50 se establece que es facultad, responsabilidad y obligación del gobernador “organizar y prestar los servicios públicos de transporte de manera directa o mediante concesiones a particulares”.

Derivado de los artículos 73 y 79 de la misma Constitución estatal, también los municipios tienen “vela en este entierro”; además, el artículo 115 constitucional los faculta como rectores del transporte público.

Si nos atenemos a lo que manda el artículo 4 de la Constitución de Jalisco, el gobierno y los empresarios que usufructúan el transporte violan todos los días, hora tras hora, este precepto que demanda: “Toda persona tiene derecho a la movilidad con seguridad vial, eficiencia, accesibilidad, calidad, inclusión e igualdad”.

Para empezar, los choferes no perciben salarios dignos; se les exigen jornadas inhumanas; y, como estrategia centavera, no hay camiones suficientes para dar un servicio de calidad, puesto que la ganancia de los empresarios está en llenar hasta el tope las unidades, que además incumplen reiteradamente las normas de seguridad y los derroteros.

Del periodo de Monraz a la fecha, se han desaparecido varias rutas sin aviso o se ha reducido el número de unidades. Rutas que, contrario a lo que pudiera pensarse, sí recaudaban buenos ingresos y que, de un día para otro, dejaron de operar. Esto ha perjudicado a cientos de miles de usuarios.

Aunque se obligó a contar con unidades para personas en sillas de ruedas, es común que los choferes sigan de largo cuando se les solicita el servicio. El “criterio” hacia los adultos mayores y estudiantes es similar: los dejan con la mano extendida, pasando de largo, obviamente porque pagan menor tarifa.

La limpieza de los camiones es deficiente; algunos parecen carretones de basura. La forma de manejar y el “ambiente” interior son otras violaciones comunes a los reglamentos: choferes fumando, con música estridente, con acompañantes a su lado, correteándose entre sí; espacios de hasta 45 minutos entre unidades que luego pasan atiborradas; e incumplimiento de horarios.

A Guadalajara —y su zona conurbada— le sale lo “rancho grande” a las ocho de la noche, cuando comienza a escasear el servicio. Para las nueve de la noche prácticamente no existe, para beneplácito de taxistas y choferes de “plataforma”.

Hay otras consideraciones para estar en contra del tarifazo-tarjetazo que se desglosarán después.