La SCJN mantiene bajo requerimiento al Congreso: Infancias trans, la discusión que divide a Jalisco

Por Francisco Junco

La discusión sobre la legislación en materia de identidad de género para personas menores de edad volvió a colocarse en el centro del debate público en Jalisco, luego de que especialistas y actores sociales expresaran posturas encontradas sobre el cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que mantiene bajo requerimiento al Congreso del Estado para adecuar la legislación local.

Y es que el pasado 23 de junio la SCJN requirió, por séptima ocasión, al Congreso de Jalisco informar sobre el cumplimiento de la sentencia derivada de la Acción de Inconstitucionalidad 72/2022, mediante la cual declaró inconstitucional que el procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género estuviera reservado únicamente para personas mayores de edad, ordenando al Poder Legislativo emitir una regulación que contemple un procedimiento para personas menores de 18 años.

En ese contexto, la psicóloga y perito del Consejo de la Judicatura Estatal y Federal, Rosa María Valeriano Sánchez, manifestó su preocupación por las iniciativas que actualmente se discuten en el Congreso local, al considerar que el debate debe incorporar con mayor peso la perspectiva de la psicología del desarrollo, la neurociencia y el derecho familiar, además del papel de los padres en la formación de sus hijos.

La especialista explicó que desde hace varios meses ha dado seguimiento a las políticas públicas y a las propuestas legislativas relacionadas con las llamadas infancias trans, tema que, dijo, ha generado una fuerte controversia social al existir posiciones encontradas entre quienes defienden el reconocimiento de estos derechos y quienes consideran que pueden afectar otros derechos, particularmente los de madres y padres de familia.

«Sí reconocemos los derechos que tiene toda persona, pero vemos que se está tratando de incluir esta situación en los niños y, más que nada, afectando los derechos que los padres tenemos sobre ellos», sostuvo.

La discusión legislativa ocurre mientras distintas fuerzas políticas mantienen posiciones encontradas respecto a la forma en que debe cumplirse la sentencia de la Corte. El máximo tribunal no ordenó aprobar una iniciativa específica, sino crear un procedimiento administrativo que permita a personas menores de edad solicitar la rectificación de su acta de nacimiento conforme a su identidad de género, bajo parámetros de protección al interés superior de la niñez y al libre desarrollo de la personalidad.

Durante la entrevista con Conciencia Pública, Valeriano Sánchez señaló que el tema no surgió recientemente, aunque reconoció que en los últimos años distintas iniciativas impulsadas desde el Congreso de Jalisco han colocado nuevamente el asunto en la agenda pública. A su juicio, detrás del debate existen factores políticos e ideológicos que han favorecido su permanencia.

Afirmó que incluso durante administraciones anteriores existieron mecanismos administrativos relacionados con cambios de identidad en actas de nacimiento, por lo que consideró que el fenómeno trasciende a un solo partido político y responde, desde su perspectiva, a una agenda internacional.

«Esto ya tiene años; no es algo nuevo. Hay intereses que han impulsado este tipo de políticas desde hace décadas y hoy distintos actores políticos las retoman», expresó.

Uno de los principales argumentos de la psicóloga gira en torno a la capacidad de decisión de niñas, niños y adolescentes respecto de temas que, desde su óptica profesional, implican consecuencias permanentes y requieren un nivel de madurez que aún no se ha desarrollado por completo.

Explicó que, desde disciplinas como la psicología evolutiva y las neurociencias, el desarrollo cerebral continúa durante la adolescencia, particularmente en las áreas relacionadas con la evaluación de riesgos, la planeación y el control de impulsos, por lo que consideró que la manifestación de una preferencia no necesariamente implica la comprensión de sus efectos futuros.

«La expresión de una preferencia no equivale necesariamente a una comprensión madura de consecuencias permanentes. Los niños todavía están desarrollando esa capacidad», señaló.

Mientras tanto, el Congreso de Jalisco continúa sin emitir la legislación ordenada por la Suprema Corte, situación que ha provocado una cadena de requerimientos judiciales. La discusión se ha mantenido estancada entre posiciones que apelan al cumplimiento de la sentencia y otras que consideran que el contenido de las reformas debe analizarse con mayor profundidad.

Valeriano Sánchez sostuvo que el principio del interés superior de la niñez, frecuentemente citado en el debate jurídico, debe interpretarse de manera integral y no limitarse únicamente al reconocimiento de la identidad autopercibida, sino también a la protección del desarrollo psicológico y emocional de las personas menores de edad.

Afirmó que el acompañamiento de madres y padres resulta indispensable y que fortalecer las capacidades familiares debería formar parte de cualquier política pública dirigida a la infancia, antes de impulsar decisiones que puedan tener efectos permanentes.

«Hace falta educación para los padres. Ellos deben contar con herramientas para acompañar a sus hijos y velar por su bienestar; ese también es un derecho de la niñez», manifestó.

La especialista consideró que el debate público se ha polarizado entre quienes promueven el reconocimiento legal de la identidad de género desde edades tempranas y quienes sostienen que la prioridad debe ser fortalecer a la familia como principal espacio de protección de niñas, niños y adolescentes.

Desde su experiencia como perito, señaló que diariamente observa conflictos familiares complejos y aseguró que muchas problemáticas podrían atenderse mediante programas preventivos y terapéuticos dirigidos tanto a padres como a hijos, antes que mediante respuestas exclusivamente legales.

«Lo más sano es lo natural. Somos hombre y mujer, y debemos fortalecer a la familia para proteger a nuestros hijos», concluyó.

Mientras continúan las posturas encontradas, el Congreso de Jalisco permanece bajo el seguimiento de la Suprema Corte para cumplir una sentencia que no ordena aprobar una iniciativa en particular, pero sí emitir una legislación compatible con los criterios constitucionales sobre el derecho a la identidad de género de las personas menores de edad.

El tema se perfila como uno de los debates legislativos y sociales más relevantes en la entidad, al confrontar criterios jurídicos, científicos, éticos y políticos sobre los alcances del interés superior de la niñez y el papel del Estado y de las familias en decisiones relacionadas con la identidad de género.