Por Mario Ávila //

Para el ex titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis) del Gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval, Salvador Rizo Castelo, es Hugo Luna, jefe de gabinete del actual mandatario Enrique Alfaro Ramírez, el autor de la campaña de persecución en contra de él y los otros dos ex secretarios de la Sedis, querella en la que se involucra también a Miguel Castro Reynoso y Daviel Trujillo Cuevas, a quienes se les sigue un proceso a través del que se les endilgaron medidas precautorias de arraigo domiciliario y que tendrá un receso de tres meses.

El argumento que se esgrime para dar pie a la persecución política en su contra, para Rizo Castelo es el haber iniciado un proceso de impugnación en contra de la primera y la más cuantiosa licitación que ha hecho Alfaro Ramírez en los 10 meses que van de su administración, el programa “A Toda Máquina”, en el que se invirtieron 3 mil 600 millones de pesos.

Hugo Luna, jefe de gabinete del Gobierno del Estado de Jalisco

El pasado lunes 14 de octubre, al reanudarse la audiencia de vinculación a proceso para los ex titulares de la Sedis, por presuntas ilegalidades en 60 convenios para dotar de recursos a asociaciones civiles, que involucran más de 14 millones de pesos, Salvador Rizo transmitió un mensaje a través de sus redes sociales, dirigido de manera directa a Hugo Luna, Jefe de Gabinete.

En el video se aprecia a Rizo Castelo a bordo de su automóvil y explicando: “Hola buen día, voy a declarar a la Fiscalía, porque pues yo le avisé a Hugo Luna que iba a iniciar una impugnación contra una licitación y me hizo el favor de denunciarme con una sarta de mentiras en un programa de organizaciones de la sociedad civil de cuando fui secretario de Sedis”.

“Estoy muy tranquilo, y las organizaciones de la sociedad civil saben que nos condujimos con absoluta transparencia, el que nada debe, nada teme; pero Hugo, si quieres recuperar esos 14 millones de pesos que dices, pues mejor echa para atrás la licitación “A toda Máquina” y vas a tener para resolver lo de las Villas, una campaña contra el dengue y todos los demás problemas como el de seguridad que tiene el Estado”.

“Por cierto, ya te ví con los de Cabsa. Quieres metropolizar el tema de la basura. Oye, primero habla con los presidentes municipales y no con la empresa que te interesa coordine la metropolización. Saludos”, expone el ex secretario de la Sedis denunciado, Salvador Rizo Castelo.

La misma frase utilizada por Rizo Castelo en el sentido de que “El que nada debe, nada teme”, fue un recurso utilizado por el también ex secretario de la Sedis, Miguel Castro Reynoso, quien fuera candidato del PRI al Gobierno del Estado en la elección del pasado 1 de julio del 2018 y quien dijo estar seguro de que saldrá delante de este proceso judicial, “con la frente en alto y la dignidad intacta”.

“Tengan la certeza -dijo-, de que me he desempeñado con rectitud en los cargos públicos. Tengo mi conciencia tranquila. Por increíble que parezca, estoy siendo acusado por cumplir con mi deber. Se me acusa de apoyar a Organismos de la Sociedad Civil, de hacer efectiva la decisión de un Comité integrado por universidades, instituciones y expertos del sector social”.

“Me he formado -abundó-, en la cultura del esfuerzo y del trabajo. Jamás he actuado en forma indebida, por el contrario, me he empeñado en proteger y cuidar los recursos públicos de quienes ven a la corrupción como parte de sus planes. Hoy soy acusado, no por violar la ley, sino por mi manera de señalar y actuar frente a las injusticias y las equivocaciones del gobierno. Enfrento este proceso con integridad y decencia, porque lo que más valoro es la honestidad y seré breve: “El que nada debe, nada teme”.

Vale la pena mencionar que justamente Miguel Castro Reynoso es el tercer ex candidato a gobernador de Jalisco por el PRI, que habiendo competido el pasado 1 de julio del 2018 en contra del mandatario Enrique Alfaro Ramírez, hoy se ve denunciado penalmente y con riesgo de pisar la cárcel. Lo mismo ha ocurrido con Carlos Lomelí Bolaños de Morena y Salvador Cosío Gaona, del Partido Verde Ecologista de México.

SALE EL PRI EN DEFENSA DE SUS MILITANTES INVESTIGADOS

La dirigencia de PRI Jalisco también salió en defensa de los tres acusados que ocuparon la titularidad de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis) en el gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval y de manera oficial se manifestó su respaldo a sus compañeros Salvador Rizo Castelo, Miguel Castro Reynoso y Daviel Trujillo Cuevas.

Mediante un comunicado oficial, el CDE del PRI Jalisco advierte: “La rendición de cuentas, la transparencia y el cumplimiento de la ley, son condiciones irreductibles para la función pública. En el PRI estamos convencidos de que nuestro sistema político tiene una gran deuda con la sociedad: erradicar la impunidad y la corrupción”.

“Con relación al proceso que se sigue en contra de nuestros compañeros Salvador Rizo Castelo, Miguel Castro Reynoso y Daviel Trujillo Cuevas, queremos manifestar que tenemos plena certeza y confianza en su honorabilidad y honestidad, de la que queda constancia en los actos de su vida privada y a lo largo de su trabajo en los diferentes cargos públicos que han desempeñado”.

“No quisiéramos pensar que se trata de una acción de revanchismo o de persecución política. Es por ello que demandamos de la autoridad que, tanto en éste como en todos los casos, se actúe con estricto apego a la legalidad y que no se incurra en el uso faccioso de las instituciones responsables de la impartición de justicia”.

“No estamos a favor de proteger a quienes abusan de sus cargos. Estamos convencidos de que: ¡quien la hace, la pague! Lo que no se vale es que quienes no la deben, sean los que la paguen”, se planteó en el comunicado oficial.

SI ACASO HAY SANCIÓN ADMINISTRATIVA, ADVIERTE EL EXPERTO ABOGADO HÉCTOR ROMERO FIERRO

Para conocer algunos detalles con propiedad, sobre el delito del que se les acusa y de las posibilidades de éxito de la defensa de los ex secretarios de la Sedis, hablamos con el abogado, Héctor Romero Fierro, quien aseguró que en estricto derecho ellos no solo no deberían pisar la cárcel, ni siquiera deberían haberlos citado a declarar.

Romero Fierro es Corredor Público y por tano le está impedido litigar, sin embargo, es amigo de dos de ellos y por ese hecho está coadyuvando con la defensa del caso, con algunas ideas y con su experiencia profesional.

Y detalla: “Un secretario no puede atender todo el proceso de una Secretaría y mucho menos del tamaño de la Sedis, por eso hay tramos de control y para eso hay responsables en cada área; además la ley es muy clara al señalar que las organizaciones que se acerquen a pedir recursos, deben hacerlo de buena fe y deben acreditar que no tienen a funcionarios públicos como empleados, situación que olímpicamente ignoró la Fiscalía y por eso ahora pide plazo de tres meses para probar eso y ahora ya va ir al Registro Público de la Propiedad, cuando se les abrieron los ojos”.

“Ellos pretenden aclarar que los socios son funcionarios al momento de la entrega de recursos, pero solo con las actas constitutivas y algunas de ellas de 10 años antes, eso no prueba que tengan socios al momento en el que recibieron los recursos, simplemente prueba que se constituyó en aquella época con esos socios, pero pueden cambiar”, planteó.

Sobre si hechos de esta naturaleza logran que se pierda la confianza en la Fiscalía Anticorrupción, Romero Fierro explicó: “Mira yo creo que cuando el gobernador o un alto funcionario del Gobierno del Estado te pide determinada conducta y no te queda otra, pues no es un tema de la Fiscalía, de los que perdemos la confianza de haber actuado así es del Gobierno del Estado.

“Peor aún, cuando en asuntos tan graves como el de ‘A Toda Máquina’, no vemos que avancen en nada, no vemos ningún responsable, no vemos nada y en un asunto en donde insisto que ni delito hay, te avientan toda la carga desde la Fiscalía y mandan a sus mejores gentes a los juicios y demás… aquí es donde estamos parados en Jalisco”, expuso.

Sobre la posibilidad de que se trate de una reacción desde el poder Ejecutivo en contra del PRI por haber votado toda la fracción en el Congreso del Estado, en contra de la creación del nuevo Constituyente, el Corredor Público, Héctor Romero, reflexionó: “Estas denuncias son más viejas, no es coincidente, pero definitivamente sí hay una persecución contra funcionarios de la administración anterior. En este caso me queda claro que es una persecución política, pero en otros casos de funcionarios de la pasada administración, si hay delito, pues que los claven hasta el último rincón y qué lástima que cerraron las Islas Marías porque se merecían estar allá, pero todavía contra ellos no vemos ninguna consignación también”.

“No necesita uno ser brujo -dijo-, para entender que esto es una persecución contra tres gentes que en realidad no tienen delito alguno, eso no es querer precisamente cumplir con la Ley Anticorrupción; hay los elementos para presumir que es un tema político, tan es así que los delincuentes entran y salen de la cárcel y acá se pretendía por una cosa que ni siquiera es delito y que en todo caso pudiera consistir en una sanción administrativa, detenerlos y hasta aplicarles la prisión preventiva oficiosa”.

“Y lamentablemente -abundó-, los someten a unas medidas cautelares que para mi son exageradas, entonces tendrán ellos que interponer un medio de defensa y lo más seguro es que al primer amparo que interpongan les darán la razón, porque ni siquiera por el tipo de acusación que se les hace, deben ser sujetos a una medida precautoria”.

Finalmente se le cuestionó si este caso podría correr la misma suerte que el del panista Antonio Gloria Morales y la respuesta fue contundente: “Sin duda alguna… nada más que el caso de Antonio Gloria fue más grave porque acuérdate que era un delito viejo, entonces le aplicaron las reglas del proceso penal antiguo; en este caso afortunadamente la Fiscalía Anticorrupción y el propio juez, y aquí sí lo tengo que decir abiertamente, entendió que no podía aplicarles la prisión preventiva oficiosa y entonces los dejaron con estas medidas, pero la petición de las gentes del Gobierno del Estado, era la prisión preventiva oficiosa”.