OPINIÓN
¿Traición a la patria?
Opinión, por Héctor Romero Fierro //
El pasado viernes Culiacán y el país cambiaron, pero no precisamente para bien, ya que acontecieron sucesos que acabaron con la poca credibilidad del presidente Manuel Andrés López Obrador MALO y que torpedean gravemente el estado de derecho.
Corro el riesgo, ya que estamos amenazados por la fulana esa, Yeidckol Polevnsky Alias Citlali Ibáñez, quien dice que “la jauría de críticos” no tienen derecho a opinar, y que “ellos” no nos lo van a permitir; ignoro el alcance y consecuencias de esa amenaza, pero de todas formas me permitiré externar al amparo del Derecho Humano de Libertad de Expresión mi sentir con relación a la pifia del Presidente y su Gabinete de Seguridad en ese conflicto. Aunque se trate de proteger al Presidente, finalmente él es el responsable de todos y cada uno de los actos que realizan las Fuerzas Armadas, en su calidad de Comandante Supremo, ello en virtud de la disposición constitucional contenida en la fracción VI del articulo 89 Constitucional que señala como facultad y obligación del presidente el “Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.“
Por ello, al enterarse de los graves acontecimientos que ocurrian en Sinaloa y a pesar de ello, en lugar de asumir el control de la situacion en ese carácter y además como jefe del Gabinete, prefirió abordar un vuelo comercial con destino a Oaxaca, que normalmente dura una hora quince minutos, por lo que decidió irresponsablemente desconectarse casi dos horas, ignorando el riesgo de muchos ciudadanos en la peor crisis de gobernabilidad ocurrida en el país durante muchos años y, no obstante que desde las tres treinta horas se inició la crisis y el vuelo lo abordaba a las seis veinte horas.
Ya ve, señor Presidente, para qué sirve el avión que usted decidió en forma populista arrumbar en un hangar donde solo pierde su valor exponencialmente, ¿Qué acaso no era preferible volar en ese o en un avión de las fuerzas armadas a la ciudad de Culiacan y coordinar las tareas?, ¿o los aviones militares solo sirven para mover restos fúnebres de cantantes desde Florida? Tristemente decidió desconectarse y dirigirse en sentido contrario al del conflicto.
Qué pasó en realidad en Culiacan, no lo sabemos, descaradamente ocultan la realidad, son tantas las mentiras, que un medio de comunicación documentó al menos seis diferentes versiones sobre la detencion de Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de Joaquin El Chapo Guzman. Primero Durazo declaró que con motivo de un patrullaje en una colonia residencial los elementos habia sido agredidos desde una casa, y cuando los elementos de seguridad “controlaron” la situación descubireron que uno de los detenidos era Ovidio.
Al día siguiente en su show de standup “La Mañanera” trasmitido desde Oaxaca, el Presidente afirma que fue un operativo del ejército tendiente a cumplimentar una orden de aprehensión con fines de extradicion emitida por un Juez federal. Una hora mas tarde el titular de la SEDENA afirma que personal de la Policia Ministerial actuaron sin contar con una órden de cateo, en un “afan de obtener resultados positivos”, y en esa misma conferencia de prensa Durazo afirma que desde septiembre existía la orden de aprehensión la cual pretendían ejecutar, sin embargo todas ellas coinciden en que Ovidio fue detenido y posteriormente liberado, incluso el New York Times dio a conocer que tambien había sido detenido y liberado por sus sicarios Iván Archivaldo Guzman, alias “El Chapito” y que fue quien encabezó el operativo para liberar a su hermanastro.
El presidente MALO se justificó señalando que “tuvo que tomar una descisión que marca la diferencia entre lo que es su gobierno y lo que era la politica de guerra… habia una órden de detención de un presunto delincuente, pero hubo reaccion de esa banda y se armaron, se estaba poniendo en riesgo la vida de mucha gente, delincuentes, soldados, policías, funcionarios, civiles, iba a ser una situacion muy dificil, y se tomó la decisión de no continuar la detención.”
Si hacemos caso a las declaraciones de Durazo, desde la vivienda se atacaron a los treinta soldados, luego entonces no era necesaria la orden de cateo del domicilio ya que los militares conocen bien el concepto de flagrancia, pero además encubren que el error fue de la Guardia Nacional, ese engendro populista que trata de sustituir al Ejército y a la Marina, e iniciaron un operativo pésimamente mal ejecutado del que dudo haya existido planeación previa, situacion que provocó un gran fracaso, no de la patrulla militar, pero sí del gabinete de Seguridad, sí del Presidente y sí de todo eso que pretenden llamar la “CuatroTe”, lamentablemente el del rídículo es el país, el Estado postrado ante el narco.
Era prevesible por los civiles que ordenaron el operativo lo que podría ocurrir, que en las dos detenciones bien planeadas del Chapo en Sinaloa no ocurrió ninguna muerte. Hace apenas unos días MALO sacó de las calles al único cuerpo de seguridad capaz y perfectamente entrenado, la Marina, cuyas tropas han realizado operativos quirúrgicos a lo largo del país con un alto índice de exactitud.
Lo más grave de este asunto es que el presidente MALO y su gabinete de Seguridad confiesan descaradamente haber cometido un delito al liberar a un detenido (o dos) pactando impunemente con el narco (art. 150 CPF), más la fuga de 50 reos. La liberación no es culpa del Ejército quien merece todo nuestro respeto y admiración, solo hay un culpable, y es el que salió corriendo a Oaxaca ignorando durante horas qué pasaba en el conflicto ya que le urgía escuchar un coro de niños entrenados políticamente cantandole alabanzas.
La política de avestruz y de “abrazos no balazos”, fuchí y guacalá, no funcionó.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
MC se define como alternativa y no oposición: Clemente Castañeda
Encuentro en Casa Ciudadana con el Senador Clemente Castañeda
Atlas, de la gloria reciente al futuro incierto
Echan abajo el proyecto del nuevo acueducto Chapala-Guadalajara
