Jalisco armoniza 97 ordenamientos para transformar la justicia civil y familiar

Por Redacción Conciencia Pública 

Jalisco entró en la etapa decisiva para adaptar 97 leyes y reglamentos estatales ante la próxima aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que busca establecer una justicia más ágil, accesible, oral y apoyada en herramientas digitales.

La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo concluyó una primera fase de diálogo y coordinación con los poderes Judicial y Legislativo, universidades, notarios, barras y colegios de abogados, cuyos representantes participaron en mesas técnicas para revisar el marco jurídico local y formular propuestas de armonización.

El proceso implicará dejar atrás disposiciones construidas alrededor de un Código de Procedimientos Civiles expedido en Jalisco en 1938, hace casi 88 años, cuya reforma legislativa más reciente fue publicada en 2021. La transición representa uno de los cambios más amplios en la impartición de justicia civil y familiar en la entidad.

Tatiana Esther Anaya Zúñiga, consejera Jurídica del Poder Ejecutivo estatal, señaló que la transformación deberá reflejarse en soluciones concretas para las personas que enfrentan divorcios, controversias por la guarda y custodia de sus hijos, reclamaciones de alimentos, sucesiones, conflictos contractuales o problemas relacionados con su patrimonio.

“Cuando una persona enfrenta un divorcio, una controversia por la guarda y custodia de sus hijos, una reclamación de alimentos, una sucesión, un conflicto contractual o un problema relacionado con su patrimonio, no está pensando en la estructura normativa del sistema. Está buscando una respuesta”, expresó.

El nuevo modelo procesal contempla la celebración de audiencias orales, el uso de medios digitales, las notificaciones electrónicas y la simplificación de procedimientos, con el propósito de reducir trámites, agilizar la resolución de controversias y facilitar el acceso de la población a los órganos jurisdiccionales.

En materia familiar, la armonización deberá reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y familias en condiciones de vulnerabilidad. El objetivo, señalaron las autoridades, es colocar a las personas y sus necesidades en el centro de las decisiones judiciales.

El Poder Judicial de Jalisco tendrá una función central en la aplicación de las nuevas reglas, por lo que deberá adecuar juzgados y salas, capacitar al personal y fortalecer sus capacidades tecnológicas y operativas. Entre los avances se encuentran el juicio en línea y el desarrollo de exhortos electrónicos.

Wuendy Alhelí García García, magistrada presidenta de la Novena Sala Especializada en Materia Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, explicó que ya existe un convenio con el Poder Ejecutivo para agilizar las comunicaciones entre instituciones y avanzar del uso del papel hacia sistemas tecnológicos.

La magistrada añadió que el Supremo Tribunal imparte diplomados y una maestría para preparar al personal, además de que comenzó el proceso de adecuación de las salas civiles. Estos trabajos deberán complementarse con sistemas interoperables y recursos presupuestales suficientes para operar el nuevo esquema.

El Código Nacional deberá aplicarse en todo México, a más tardar, el 1 de abril de 2027. En Jalisco, el Congreso del Estado tendrá que emitir la declaratoria de vigencia, previa solicitud del Poder Judicial, y entre esa declaratoria y el comienzo de su aplicación no podrán transcurrir más de 120 días naturales.

Alondra Getsemaní Fausto de León, diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Jalisco, indicó que el reto consiste en preparar las leyes, instituciones, juzgados, sistemas digitales, capacitación y presupuesto necesarios.

El encuentro, realizado en el Colegio de Notarios del Estado, cerró esta fase de análisis y abrió la ruta para construir las reformas legislativas que permitan una transición ordenada hacia una justicia civil y familiar más cercana, clara, humana y efectiva.