Acueducto Chapala-Guadalajara: Las ventajas y los riesgos del modelo CMRO

– El gobernador Pablo Lemus niega que se convierta en deuda.

• CMRO para el nuevo acueducto para la ZMG: inversión privada y pagos públicos por 20-25 años.

• Iniciativa en el Congreso (11 mil 922 mdp): ‘sin deuda’, pero con pagos anuales.

• Permite construir ya, con mantenimiento incluido y riesgos compartidos.

• 42 km de infraestructura para reemplazar el acueducto viejo y mejorar el suministro.

• El Estado mantiene el control; el costo sale del presupuesto, no de tarifas.

• Urge conocer contrato, contingencias y alternativas para evaluar el esquema.

Análisis de Conciencia Pública:

La urgencia de mejorar el agua que reciben los hogares de Guadalajara abrió una discusión que rebasa la construcción de un acueducto: cómo financiar la infraestructura sin imponer una carga excesiva a las siguientes administraciones.

El Gobierno de Jalisco propone recurrir al esquema de Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación, conocido como CMRO, que permitiría incorporar inversión privada a cambio de pagos públicos durante décadas. Su atractivo consiste en realizar una obra sin desembolsar inmediatamente todo su costo; su principal riesgo, en comprometer recursos futuros bajo condiciones que deben conocerse antes de autorizarlo.

El Congreso de Jalisco recibió el 8 de octubre la iniciativa para el Acueducto Sustituto Chapala–Guadalajara, con una inversión estimada de 11 mil 922 millones de pesos y un esquema presupuestal multianual. El Poder Legislativo aclaró que la recepción del proyecto no constituye una aprobación. En la presentación, las autoridades sostuvieron que no se contempla contratar deuda ni créditos contingentes, aunque reconocieron que habría pagos anualizados durante la vigencia del proyecto.

En el modelo planteado, la participación privada abarcaría la construcción y servicios vinculados con la conservación y funcionamiento de la infraestructura, mientras el Gobierno cubriría las contraprestaciones acordadas. El secretario de Hacienda, Luis García Sotelo, explicó que se prevé seleccionar al participante mediante un concurso público internacional.

La empresa recuperaría su inversión mediante los pagos pactados; por eso, la evaluación debe considerar cuánto recibirá, por cuáles servicios y bajo qué condiciones de cumplimiento.

LOS PROS

El primer beneficio potencial es disponer de financiamiento para ejecutar infraestructura que difícilmente podría pagarse en un solo ejercicio presupuestal. En términos generales, el Banco Mundial identifica la participación privada como una alternativa para atender limitaciones de recursos y capacidad pública. Sin embargo, obtener dinero para construir no elimina el costo: permite distribuirlo en el tiempo y exige demostrar que los beneficios justifican los compromisos adquiridos.

En Jalisco, la necesidad material de renovar el sistema está documentada. La ficha técnica oficial contempla aproximadamente 42 kilómetros de conducción, infraestructura de bombeo, tanques y sistemas de control. El proyecto busca sustituir progresivamente el acueducto existente y reducir la dependencia del sistema antiguo a cielo abierto, vulnerable al ingreso de materia orgánica y sedimentos. Entre los beneficios previstos figuran mayor confiabilidad del suministro y menores costos de operación; son resultados esperados que deberán comprobarse cuando la infraestructura funcione.

Una segunda ventaja posible es integrar la construcción con el mantenimiento de largo plazo. Cuando una empresa debe conservar durante años lo que construye, tiene incentivos para considerar desde el inicio la durabilidad de materiales y equipos.

La Guía de Referencia de Asociaciones Público-Privadas difundida por el Banco Mundial señala que esa integración puede reducir el costo durante la vida útil del proyecto. El beneficio depende de que las responsabilidades estén definidas y sean exigibles.

El esquema también puede distribuir mejor los riesgos. Un contrato bien diseñado permite asignar responsabilidades a quien tenga mayor capacidad para administrarlas, en lugar de que el Gobierno absorba automáticamente todas las consecuencias de fallas de construcción o mantenimiento.

Pero transferir riesgos tiene un precio y requiere supervisión: si las obligaciones son ambiguas o las sanciones no se aplican, la ventaja puede desaparecer. La capacidad pública para administrar el contrato resulta tan importante como la capacidad privada para ejecutar la obra.

LOS CONTRAS

La contraparte de este tipo de proyectos es la rigidez presupuestaria. Según la cobertura de Canal 44 de la UdeG sobre la presentación al Congreso, el proyecto implicaría alrededor de 587 millones de pesos anuales durante 20 o 25 años. La cifra debe cotejarse con el anexo financiero, pero ilustra la dimensión del compromiso: varias administraciones tendrían que reservar recursos cada año para solventar los pagos de un contrato decidido previamente. Eso reduciría el margen de gasto de esas futuras autoridades estatales, aunque por sí mismo no demuestra que la inversión sea o no conveniente.

Una comprobación aritmética muestra por qué hace falta conocer el calendario completo. Si fueran pagos constantes de 587 millones, sumarían 11 mil 740 millones en 20 años y 14 mil 675 millones en 25 años. Son cálculos ilustrativos, no el costo contractual confirmado. La primera suma queda incluso por debajo de la inversión anunciada, por lo que las cifras publicadas no bastan para reconstruir el financiamiento. Aún faltan precisiones sobre aportaciones iniciales, actualizaciones y conceptos incluidos.

Otro riesgo es que el costo total resulte mayor al de otras alternativas. El Banco Mundial advierte que estos proyectos pueden generar gastos de preparación, licitación y administración superiores a los de una contratación tradicional.

También recuerda que el financiamiento privado requiere una recuperación y un rendimiento. Por ello, la comparación relevante debe abarcar toda la vigencia del contrato, no limitarse al desembolso inicial o a una anualidad aparentemente manejable.

En ese punto aparece la controversia sobre la deuda. En agosto, Pablo Lemus describió el mecanismo como una asociación público-privada y afirmó: “No es endeudamiento, no es un crédito bancario”. Sin embargo, la ausencia de un préstamo bancario no resuelve por sí sola el tratamiento jurídico y contable de los pagos futuros. Tampoco permite llegar a la conclusión automáticamente de que sea una “deuda disfrazada”: esa clasificación requiere examinar las obligaciones efectivas que asumiría el Estado.

La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios ofrece una referencia central. Su artículo 2 incluye entre las obligaciones los compromisos de pago derivados de asociaciones público-privadas y reconoce esquemas semejantes, independientemente de su denominación. El artículo 49 incorpora los contratos de APP entre las operaciones sujetas a inscripción en el Registro Público Único. La pregunta para el Gobierno de Jalisco es cómo encuadrará el CMRO en estas disposiciones y cómo transparentará sus compromisos económicos.

También es necesario separar la participación privada, propiedad de la infraestructura y cobro del servicio. El Gobierno del Estado sostiene que conservará la rectoría y que el proyecto no implicará aumentos tarifarios, porque su costo se cubriría mediante el presupuesto estatal. Esa postura debe traducirse en cláusulas verificables sobre las funciones del particular y las atribuciones públicas. Que el pago no aparezca como un cargo adicional en el recibo del agua no significa que desaparezca: se cubriría con recursos del presupuesto estatal.

La duración del acuerdo introduce otro desafío: prever cambios y posibles incumplimientos. El Banco Mundial advierte que los contratos prolongados pueden requerir renegociaciones y enfrentar terminaciones anticipadas. Para evaluar el CMRO de Jalisco habrá que conocer quién asumiría sobrecostos, qué ocurriría si la empresa incumple y cuánto podría costar cancelar el contrato. Aún no hay elementos suficientes en la documentación revisada para afirmar que esas contingencias estén adecuadamente resueltas.

EL BALANCE Y LAS OTRAS OBRAS

El análisis exige, además, distinguir el acueducto de las demás intervenciones anunciadas. Lemus explicó en agosto que la modernización de Miravalle se financiaría con inversiones estatales multianuales dentro del sexenio, mientras los trabajos mencionados para El Zapotillo corresponderían al Gobierno Federal. No debe suponerse que todo el programa hídrico se pagará mediante el mismo CMRO. Cada obra necesita su propio presupuesto, calendario y mecanismo de rendición de cuentas.

El balance dependerá de condiciones concretas: cuánto aportará cada participante, cuál será el costo financiero, cómo se actualizarán los pagos, qué desempeño se exigirá y qué alternativa ofrece mejores resultados por el dinero público.

La revisión realizada no permitió localizar la iniciativa íntegra con sus anexos financieros. Publicar esos documentos y el proyecto contractual permitiría valorar si el CMRO ofrece mantenimiento, eficiencia y certidumbre suficientes para justificar su carga presupuestal. La urgencia de contar con agua limpia hace necesaria la inversión y también exige claridad sobre lo que Jalisco pagará por ella.

INFORME DEL GOBERNADOR PABLO LEMUS: DETECTAN, CANCELAN Y SANCIONAN 32 DESCARGAS CLANDESTINAS

Por Mario Ávila:

Una de las primeras acciones que la autoridad ha dado para resolver el problema del agua sucia que llega a los hogares a través de las redes del Siapa, ha sido cancelar el sistema antiguo de abasto de agua que llega desde Chapala y ofrecen dejarlo así durante seis meses.

En ese lapso, la intención es secar, drenar, limpiar y desazolvar lo mismo el canal que la presa de Las Pintas y, por lo pronto, en una semana que tiene la medida, se han encontrado ya 32 descargas clandestinas, con las que se ha procedido a cancelar y sancionar, según lo informó a través de un video en sus redes sociales el gobernador, Jesús Pablo Lemus Navarro.

Sin embargo, admitió que hay una infinidad de descargas “que seguramente no tenemos visualizadas y el secar el canal y la presa nos va a permitir hacer el saneamiento de la limpieza y prepararnos para el siguiente período de estiaje, donde esperemos poder volver a utilizar el sistema antiguo, para poder dotar de ese flujo faltante en el período más seco de la ciudad”.

El mandatario Pablo Lemus dice haber llegado a un acuerdo con la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, para hacer juntos un trabajo de clausura de todas esas descargas clandestinas. “Empezamos ya, pero durante las próximas semanas habrá muchas clausuras y muchas multas en todo el sistema”.

Lemus Navarro visitó la planta potabilizadora número 1 en la colonia Miravalle, para supervisar los filtros automáticos, estos que tienen 70 años trabajando, y para informar que ya se trabaja en la modernización y ampliación de la planta. Incluso mostró un terraplén, en donde se habrá de montar una gran nave industrial para dar cobijo a todo el proceso de potabilización del agua.

Se trata de un área de la planta completamente nueva y refirió que incluso ya se mandaron comprar todos los equipos que ahí se habrán de montar aquí; explicó que la obra se habrá de terminar en el mes de marzo del 2027 ya con el montaje de los equipos, con el fin de que empiece a trabajar en abril.

Por su parte, el director del Siapa, Ismael Jáuregui, explicó que, aprovechando la reserva territorial que se tiene en esa planta, se decidió aprovechar para construir un tren de potabilización de 2 mil litros, con las tecnologías más actuales en equipos electromecánicos y en obra civil.

Es un trabajo muy importante —dijo—, porque estamos elaborando toda la cimentación donde se instalará el equipo nuevo; ya llevamos dos meses trabajando y tenemos que dar unos meses más para que en marzo entre en operación y nos permitirá un proceso de reconversión de la planta al entrar estos dos 2 mil litros por segundo, dejando la infraestructura vieja, para empezar después con una renovación completa de todo el equipamiento.

Detalló que en el proceso de potabilización, se inicia con la coagulación, luego viene una etapa de sedimentación, que implica separar los sólidos que ya se coagularon; luego viene una etapa de ozono. Luego una filtración en arena, seguido de una filtración en carbón activado y, por último, una etapa de desinfección con cloro, para poder eliminar por último todos los patógenos.

Refirió además que, a diferencia de una planta convencional que hay en la mayoría del país, “son los procesos del ozono y el carbón activado, porque esas son barreras adicionales para remover, además del olor y color en el agua, contaminantes emergentes y otros químicos que trae el agua, para poder tener un proceso más robusto para la calidad de agua que nos llega en esta potabilizadora”.

Hizo saber también el mandatario Pablo Lemus que serán tres etapas distintas en las que se habrán de invertir en esa planta potabilizadora alrededor de 7 mil 500 millones de pesos, con dinero exclusivo del Estado, y aseguró que la maquinaria ya viene en camino y se tendrá lista para cuando se termine la nave industrial, para montar todos los sistemas de filtrado en lo que será la primera de tres etapas de renovación al 100% de la Planta número 1 de Miravalle.

OBRA CLAVE: EL BYPASS PARA BRINCAR EL CANAL DE LAS PINTAS

Una más de las acciones emprendidas para resolver de fondo el problema del agua contaminada, se realiza en la zona La Calera, en donde se encuentra un sistema de bombeo que tiene más de 70 años de antigüedad. En donde se construye un nuevo sistema de bombeo junto con lo que se ha conocido como el “bypass”, un gran tubo, un nuevo acueducto para que el agua que llega a La Calera, que viene de Chapala y que después va a la planta potabilizadora número 5 brinque la zona de mayor contaminación, que es el canal de Las Pintas.

El ingeniero Luis Barbosa Niño, director de la Comisión Estatal del Agua, explicó que esta obra es clave para el mejoramiento de la calidad del agua en los próximos meses. “Este tubo, que lo podemos llamar interceptor, va a tomar el agua del sistema antiguo y la va a llevar al acueducto cerrado; el volumen que vamos a poder conducir por ahí va a traer un beneficio directo para cientos de miles de personas del Área Metropolitana de Guadalajara”.

Esto —dijo—, aunado a la decisión más importante que ha tomado el gobierno, que es la construcción del Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara, nos va a traer en el mediano plazo una solución de fondo para garantizarle a la ciudad un buen futuro.