Por Redacción Conciencia Pública:

El Gobierno Federal entró de lleno a la discusión sobre cómo resolver los problemas de abasto y calidad del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) le presentó dos proyectos técnicos que actualmente son revisados y que, una vez afinados, serán discutidos con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.

Sheinbaum explicó que pidió a los especialistas profundizar en la revisión antes de comprometer recursos federales. La intención, señaló, es tener claridad sobre cuál alternativa resulta técnicamente más conveniente, cuánto costaría y qué parte podría financiar la Federación, en medio de una crisis que ya derivó en tandeos, quejas por agua turbia, malos olores y protestas ciudadanas en Guadalajara.

Hasta el momento, Presidencia y Conagua no han detallado públicamente cuáles son exactamente los dos proyectos presentados a Sheinbaum. Sin embargo, la discusión entre los gobiernos federal y estatal gira alrededor de tres grandes componentes: el Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara, la modernización de la Planta Potabilizadora Número 1 de Miravalle y las obras complementarias relacionadas con el sistema de El Zapotillo.

El Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara busca atacar uno de los principales problemas del sistema actual: las pérdidas y vulnerabilidades que existen en la conducción del agua desde Chapala hacia la metrópoli. La propuesta estatal contempla una nueva conducción cerrada de alrededor de 42 kilómetros que permitiría transportar el líquido con mayor seguridad y reducir desperdicios.

De acuerdo con el Gobierno de Jalisco, esta infraestructura permitiría recuperar hasta 2.5 metros cúbicos de agua por segundo que actualmente se pierden en el sistema y fortalecer el suministro para millones de habitantes. La obra también disminuiría la exposición del agua a canales y estructuras antiguas que pueden favorecer la contaminación durante su trayecto.

Otro frente fundamental es la modernización de la Planta Potabilizadora Número 1, ubicada en Miravalle. A diferencia del acueducto, esta intervención está enfocada principalmente en la calidad del agua: mejorar los procesos mediante los cuales se eliminan sedimentos, materia orgánica y otras sustancias antes de que el líquido llegue a las redes de distribución.

La planta de Miravalle opera con infraestructura que en algunos casos tiene varias décadas de antigüedad y presenta rezagos de mantenimiento. El proyecto contempla nuevos sistemas de filtración, sedimentación, manejo de productos químicos y recuperación de agua, con una capacidad adicional cercana a los dos mil litros por segundo.

El tercer elemento de la discusión es El Zapotillo y la infraestructura complementaria necesaria para aprovechar plenamente el agua que ya puede enviarse desde esa zona hacia Guadalajara. La Federación ha señalado que existen obras pendientes que deben completarse para obtener todo el beneficio de las inversiones realizadas durante los últimos años y reducir la presión sobre Chapala.

En términos sencillos, las tres líneas de acción atienden problemas distintos: El Zapotillo puede aportar más agua a la ciudad; el nuevo acueducto busca transportarla con menores pérdidas y riesgos; mientras que la modernización de Miravalle pretende mejorar la calidad del líquido antes de distribuirlo a los hogares. El reto es definir cuál combinación resulta más urgente, viable y financieramente sostenible.

Pero el principal choque entre los gobiernos federal y estatal no está necesariamente en la construcción de las obras, sino en la manera de pagarlas. El Gobierno de Jalisco propone desarrollar el Acueducto Sustituto mediante un esquema de Construcción, Rehabilitación, Mantenimiento y Operación, conocido como CMRO, en el que una empresa privada participaría durante un periodo prolongado.

La iniciativa estatal calcula en alrededor de 11 mil 922 millones de pesos el costo inicial de construcción del acueducto. Sin embargo, legisladores de oposición han advertido que los pagos acumulados durante 20 o 25 años podrían alcanzar entre 39 mil 688 millones y más de 48 mil millones de pesos, dependiendo de la duración y condiciones definitivas del contrato.

Sheinbaum ha expresado reservas frente al CMRO. Su postura es que este tipo de esquemas puede utilizarse en otras áreas de infraestructura, como carreteras, pero resulta más delicado cuando se trata del agua, porque una empresa privada puede terminar participando en la operación de un servicio esencial.

Lemus ha rechazado que exista una intención de privatizar el agua y sostiene que el Estado mantendría el control del servicio y de las tarifas.

La participación de la Federación podría modificar de manera importante el proyecto. Si Conagua determina que alguna de las alternativas es técnicamente conveniente, el Gobierno federal podría aportar recursos directamente y Jalisco financiar otra parte, reduciendo la necesidad de comprometer pagos durante dos o más décadas con empresas privadas. Para ello, primero tendrá que existir un acuerdo político, técnico y financiero entre Sheinbaum y Lemus.

Los siguientes pasos serán determinantes. Conagua deberá concluir la revisión de los dos proyectos y presentar una recomendación definitiva a Presidencia; después vendrá la negociación con el Gobierno de Jalisco sobre las obras prioritarias, el dinero que aportará cada administración y el modelo de financiamiento. Paralelamente, el Congreso estatal deberá decidir qué ocurre con la propuesta CMRO que ya recibió del Ejecutivo. La crisis del agua colocó así a Guadalajara frente a una discusión que va mucho más allá de los tandeos: decidir qué infraestructura necesita, quién la paga y quién tendrá responsabilidad sobre ella durante las próximas décadas.

Resumen editorial

• Federación entra a la solución: Conagua analiza dos alternativas técnicas para mejorar el abasto y la calidad del agua en Guadalajara, aunque todavía no se han identificado públicamente los proyectos definitivos.
• Tres obras están en el centro de la discusión: el Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara reduciría pérdidas; Miravalle mejoraría la potabilización; y las obras de El Zapotillo permitirían aumentar y diversificar el suministro.
• El principal desacuerdo es el financiamiento: Sheinbaum cuestiona el modelo CMRO por la participación privada de largo plazo, mientras Pablo Lemus sostiene que no implica privatización. Un eventual aporte federal podría cambiar el esquema financiero.