¿Y si platicamos… entre el mea culpa de Lemus y la arrogancia del poder?

Opinión, por Francisco Junco:

Hay algo que vale la pena reconocer en política, aunque uno no coincida con el gobernante en turno, que es aceptar que se cometieron errores. Dar la cara, admitir excesos y asumir que las cosas no se hicieron bien no resuelve por sí mismo una crisis, pero al menos abre la puerta para corregirla.

Pablo Lemus terminó por hacerlo después de la marcha del domingo 11 de octubre, cuando la protesta por el agua de mala calidad acabó con enfrentamientos entre policías y manifestantes. El gobernador reconoció deficiencias en el operativo, uso excesivo de la fuerza y detenciones injustas. No es poca cosa. En México hay gobernantes que, ante una crisis, prefieren descalificar a sus críticos, repartir culpas o esconderse detrás de sus subordinados antes que reconocer una equivocación.

Aunque el reconocimiento de Lemus llegó después de que Claudia Sheinbaum exigiera explicaciones públicas por lo ocurrido. Primero vino el reclamo desde Palacio Nacional; después, la admisión del gobernador. La secuencia importa, porque permite preguntarnos si se trató de una reflexión espontánea o de una rectificación a la que contribuyó la presión presidencial.

Sheinbaum fue contundente al referirse al operativo. Distinguió entre contener una manifestación y reprimirla; incluso habló de tortura y pidió al gobernador explicar el uso de agua y gases contra los participantes. Su exigencia colocó a Pablo Lemus frente a una responsabilidad que ya no podía atender solamente con el argumento de que había grupos violentos.

El gobernador rectificó. Reconoció que hubo excesos y anunció investigaciones. Bien por admitirlo. Ahora corresponde saber quién dio las órdenes, qué agentes incurrieron en abusos y cuáles serán las consecuencias. Porque una disculpa política no sustituye una investigación ni garantiza que los hechos no se repitan.

La Federación tiene responsabilidades fundamentales en la administración de las aguas nacionales, la regulación de las concesiones, la planeación hídrica y la protección de las fuentes. La Comisión Nacional del Agua no es un espectador en esta crisis. Pero tampoco sería preciso atribuirle, en exclusiva, toda la responsabilidad por el agua que llega a cada hogar. La distribución, el tratamiento y la operación de los sistemas urbanos involucran también a autoridades estatales y municipales. Eso no exime a nadie. Al contrario, obliga a que cada quien responda por la parte que le corresponde.

Lemus ha anunciado medidas para enfrentar el problema, ha defendido la necesidad de construir infraestructura y ha tenido que responder por las fallas de su gobierno. Las medidas pueden ser insuficientes; sus decisiones financieras deben revisarse y sus explicaciones deben contrastarse con documentos técnicos. Pero una cosa es cuestionar lo que está haciendo y otra muy distinta fingir que no ha hecho nada.

¿Y qué han aportado, más allá de la confrontación, la mandataria, Morena y los grupos políticos y universitarios que han colocado el conflicto en el centro del debate? ¿Qué alternativas concretas han presentado para mejorar la calidad del agua? ¿Qué propuesta técnica, financiera y operativa puede compararse con la del Gobierno estatal?

No basta con oponerse a un proyecto. Hay que explicar con qué se sustituye, cuánto costaría, de dónde saldrían los recursos y en cuánto tiempo resolvería el problema. Si la propuesta estatal compromete las finanzas públicas durante décadas, debe transparentarse y revisarse. Si existen alternativas de inversión pública, deben presentarse con números, plazos y viabilidad. Lo que no sirve es convertir una emergencia de agua en una competencia de declaraciones.

Y aquí aparece otra diferencia que merece discusión, que es la forma en que el poder responde a sus errores. Sheinbaum suele exigir pruebas cuando se le presentan acusaciones contra su gobierno o sus aliados. Pedir evidencias es correcto; en un país democrático nadie debería condenar a una persona por una denuncia sin investigar. El problema aparece cuando la exigencia de pruebas se aplica de manera desigual, cuando las responsabilidades de los adversarios se presumen y las de los cercanos se someten a una paciencia mucho mayor.

Esa es la arrogancia que debe cuestionarse, no la de quien pide pruebas, sino la de quien parece reservar para los demás la obligación de rendir cuentas. Ningún gobierno, partido o movimiento puede reclamar para sí una excepción permanente.

La arrogancia es una característica fundamental de la presidente Claudia Sheinbaum y contrasta con la actitud del gobernador Pablo Lemus.

No basta con señalarlas desde una tribuna, como tampoco basta con que el Gobierno estatal atribuya los hechos a un grupo de choque. La verdad no se establece por el volumen de las declaraciones, sino por las evidencias.

Y mientras todos discuten, el ciudadano sigue abriendo la llave y preguntándose qué calidad tiene el agua que sale de ella.

Esa es la parte más indignante de esta historia. No la disputa entre Lemus y Sheinbaum, ni el cálculo de Morena, ni las diferencias sobre el acueducto. Es que una necesidad básica se convierta en terreno de confrontación política mientras miles de familias siguen esperando una solución confiable.

Porque jugar con el agua es demasiado serio. Y utilizar el sufrimiento de la gente para obtener ventajas políticas, si se demuestra que eso ocurrió, sería todavía más grave.

Al final, gobernar no consiste en ganar el debate ni en exhibir al adversario. Consiste en resolver problemas. Y en Guadalajara, el problema sigue saliendo de la llave.