Exigen organismos ciudadanos parlamento abierto en temas del agua

– Crisis del agua: Plantean restaurar integralmente el lago de Chapala.

Por Mario Ávila:

En una exigencia clara al Poder Legislativo del estado, una veintena de organismos ciudadanos exigen parlamento abierto para que se debata y se discuta de frente a la sociedad no solamente el megaproyecto del segundo acueducto Chapala-Guadalajara, sino todo el Plan Integral del Agua y el Plan Emergente presentados por el gobierno estatal.

En voz de la lideresa del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), la doctora María González Valencia, las organizaciones civiles lanzaron una consigna en la propia sede del Congreso del Estado: “Nuestra posición es que todos esos documentos no se han puesto a debate, a discusión; la información ha sido muy compleja y, sobre el acueducto, particularmente las comunidades ribereñas no tienen información, no han sido consultadas, no se les ha escuchado y no se les ha permitido participar en la decisión del megaproyecto”.

Además, consideran que los riesgos del modelo de construcción y operación propuesto son componentes de privatización y que también se pone en evidencia la adquisición de deuda pública, “porque, al final, la autorización que se está pidiendo, del Ejecutivo al Poder Legislativo, es para que se puedan adquirir esos créditos”.

Detalló que es grave porque, en este modelo de asociación público-privada, quienes ganan siempre son las empresas a costa del erario público y, por lo tanto, a costa de los impuestos de todos los ciudadanos, porque las empresas nunca pierden en ese tipo de acuerdos.

Para hacerse escuchar, los dirigentes de agrupaciones como Movimiento por el Agua Potable ZMG, La Miscelánea, Proyecto Migala, El Siapa que Queremos y Resistencia Civil, entre otros, prácticamente tomaron a media semana las instalaciones del Congreso del Estado, lo que coincidió con la ausencia de los diputados de Movimiento Ciudadano, del Partido Verde Ecologista de México y de algunos del PAN.

En ese tipo de modelo, recordó la doctora González Valencia, quien gana es la empresa y quienes pierden son los ciudadanos. Argumentó: “Aquí estamos hablando de dos puntos relevantes: por un lado, entregar agua del lago más grande de México para que la controle una empresa privada, lo que, por supuesto, afectaría a los pueblos ribereños y, por supuesto, afectaría también al área metropolitana, porque se trata de su principal fuente de abastecimiento”.

Mientras que, por otro lado —planteó—, el megaproyecto millonario se termina pagando con recursos públicos; por lo tanto, se trata de una deuda pública y de un proyecto evidentemente privatizador de la operación del agua.

Además, la experta en temas hídricos hizo saber que, hasta el momento, no se ha demostrado con documentación y estudios que el acueducto actual, el cerrado, no se pueda rehabilitar, por ejemplo. Tampoco se ha hecho público un documento o un estudio profundo que indique la situación de este acueducto. “Todo lo que se ha dicho es solamente de voz, pero sin ninguna evidencia”, expuso González Valencia.

Inconsistencias y omisiones en la información oficial

Para la dirigente de IMDEC, María González Valencia, los análisis ciudadanos realizados sobre el expediente del “Acueducto Sustituto” identifican problemas que deben ser aclarados antes de cualquier autorización, particularmente porque existe una marcada diferencia entre el costo anunciado y las obligaciones financieras.

La construcción se presenta —dijo— con un costo de 11 mil 922 millones de pesos, pero el techo de pagos del contrato alcanzaría 39 mil 689 millones a 20 años o 48 mil 296 millones a 25 años. Estos montos incluyen financiamiento, operación y mantenimiento, a precios de agosto de 2026 y sin IVA.

Recordó que, en marzo de 2026, cuando se anunció el megaproyecto, el acueducto se estimaba en un costo de 6 mil 500 millones de pesos, por lo que estas megaobras incrementan sus costos aun sin iniciar su construcción, lo que evidencia los riesgos de sobrecostos y endeudamiento que van a pagar las comunidades afectadas y toda la población.

Sobre la evaluación costo-beneficio de la obra, María González aseguró que está desactualizada y precisó: “El análisis oficial de marzo de 2026 consideró una inversión aproximada de 8 mil 762 millones de pesos; la cifra presentada al Congreso es alrededor de 36% superior, cuando el propio estudio contemplaba un margen de incremento de 21.1% antes de perder rentabilidad social. Además, los diseños comparados presentan diferencias, por lo que se requiere una nueva evaluación”.

Además, afirmó que hay ausencia de un comparador público-privado completo, ya que no se ha acreditado, mediante el análisis correspondiente en el expediente revisado, que el modelo C-MRO sea más conveniente que la obra pública tradicional.

Sobre otras contradicciones en el proyecto ejecutivo, en la revisión realizada por IMDEC encontraron que el proyecto publicado contempla una tubería de 106 pulgadas y una capacidad máxima de 10 metros cúbicos por segundo, mientras que la iniciativa presentada al Congreso considera 96 pulgadas y hasta 8 metros cúbicos por segundo.

La versión ajustada que el gobierno señala como validada por Conagua no se encuentra en el expediente público examinado, “y esto es muy preocupante, ya que el gobierno ha perjurado que no se le sacará más agua al lago de los 7.5 metros cúbicos por segundo y los documentos oficiales dicen otra cosa”, advierte la dirigente de IMDEC.

Señaló, además, la falta de evaluación integral del acueducto actual. Los antecedentes técnicos documentan que las labores de limpieza realizadas entre 2000 y 2001 recuperaron aproximadamente 1.24 metros cúbicos por segundo de capacidad. No obstante, no se presenta una evaluación suficiente sobre los costos y beneficios de una rehabilitación integral. Ante ello, las comunidades ribereñas, organizaciones y especialistas exigen desde 2025 toda la información que demuestre el estado actual del acueducto, pero las autoridades nunca la proporcionaron ni demostraron dicho estado.

La restauración del lago, los ríos y los acuíferos es fundamental

Un tema que para la doctora María González Valencia es realmente vital es que la seguridad hídrica de Guadalajara no puede construirse a costa de la degradación del lago de Chapala, de los ríos, de los acuíferos ni de los derechos de las comunidades ribereñas.

Por ello, en su opinión, el lago de Chapala no puede continuar siendo considerado exclusivamente como una reserva de agua para sostener el crecimiento urbano; su protección y restauración son fundamentales para la conservación de la biodiversidad, el equilibrio de la cuenca y la vida de las comunidades ribereñas.

Consideró que una política hídrica integral debe dar prioridad a la recuperación de las fuentes naturales de abastecimiento y atender las causas estructurales de su deterioro, lo que significa que la restauración ambiental no puede ser tratada como un componente secundario de los proyectos de infraestructura, sino que debe constituir uno de los ejes centrales de la política pública del agua.

Por ello, se plantea restaurar integralmente el lago de Chapala, sus humedales y afluentes; sanear la cuenca Lerma-Chapala-Santiago con control efectivo de descargas; proteger acuíferos, zonas de recarga, manantiales y arroyos; garantizar caudales ecológicos; rehabilitar redes y reducir fugas antes de aumentar la extracción, y fortalecer la participación comunitaria en el monitoreo, la conservación y la vigilancia de las fuentes de agua.