JALISCO
Finanzas sanas en Jalisco, pero con cuentas pendientes
– Diputados cuestionaron el destino de los ingresos excedentes, las ampliaciones presupuestales, la deuda y presuntas irregularidades en recaudadoras; Luis García Sotelo defendió la estabilidad financiera de Jalisco y aseguró que los recursos adicionales se ejercieron conforme a la ley.
Por Francisco Junco:
Con una defensa de las finanzas públicas de Jalisco, sustentada en el crecimiento de los ingresos propios, una calificación crediticia triple A y un servicio de la deuda equivalente al dos por ciento del presupuesto estatal, el secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo, compareció ante diputados del Congreso local.
Sin embargo, los cuestionamientos se concentraron en el destino de los recursos excedentes, las ampliaciones presupuestales, las presuntas irregularidades detectadas en recaudadoras y la distribución del dinero público.
Durante la glosa del Segundo Informe de Gobierno, el funcionario reportó ingresos por 164 mil 373 millones de pesos hasta octubre de 2026, de los cuales 24 mil 493 millones correspondieron a recursos estatales y 139 mil 880 millones, a federales. Destacó que la recaudación propia aumentó 10.8 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior y que el Estado avanzó en autonomía financiera mediante mayores esfuerzos de fiscalización.
“Hoy el servicio de la deuda representa el 2% del presupuesto total del Estado”, sostuvo García Sotelo, quien atribuyó ese resultado al refinanciamiento de créditos aprobado por el Congreso, lo que, afirmó, permitió liberar recursos para infraestructura pública y mantener la sostenibilidad financiera de la entidad.
La discusión tomó otro rumbo cuando el diputado Tonatiuh Bravo Padilla cuestionó los ingresos que el Gobierno estatal obtiene por encima de lo aprobado en la Ley de Ingresos.
Señaló que durante 2025 se registraron cinco mil 687 millones de pesos adicionales respecto al presupuesto autorizado y preguntó en qué se gastaron esos recursos y cuáles serán los criterios para disponer de los excedentes de 2026.
El secretario respondió que la Ley de Disciplina Financiera establece los destinos de esos ingresos adicionales: inversión pública, pago anticipado de deuda o fondos para contingencias. Aseguró que los excedentes del año pasado se utilizaron en esos rubros y que los de este ejercicio permitieron enfrentar contingencias de infraestructura, particularmente las relacionadas con la emergencia hídrica.
“Si tenemos más ingresos, deberán de ser reutilizados para la infraestructura de la inversión”, afirmó al defender la flexibilidad presupuestal como una herramienta para atender necesidades que no estaban previstas originalmente.
Bravo Padilla también cuestionó la reducción propuesta para los fondos destinados a los municipios y el cálculo de los intereses de los créditos refinanciados. García Sotelo respondió que los fondos municipales Focosi y Fonderec se mantienen y que, durante la discusión del presupuesto de 2027, seguramente recibirán mayores recursos que los planteados inicialmente.
La comparecencia tuvo uno de sus momentos más tensos con la intervención del diputado de Morena, Miguel de la Rosa Figueroa, quien denunció presuntas irregularidades en oficinas recaudadoras, entre ellas el emplacamiento de un vehículo de lujo robado en Estados Unidos y la clonación de expedientes vehiculares.
El legislador exigió conocer cuántos funcionarios fueron sancionados y qué medidas se implementaron para evitar que las oficinas estatales faciliten operaciones relacionadas con el robo de vehículos.
García Sotelo respondió que la Contraloría del Estado inició una investigación y que las responsabilidades serán determinadas por las instancias correspondientes. Aseguró que su dependencia presentó denuncias ante los órganos internos, la Contraloría y el Sistema Estatal Anticorrupción.
“Téngalo por seguro, diputado Miguel, que nosotros no vamos a ser tapadera de nadie”, sostuvo.
El morenista insistió en que no encontró una estrategia puntual para combatir esas irregularidades y recordó otro caso ocurrido en la recaudadora número seis, donde una ciudadana habría descubierto que las placas de su vehículo fueron expedidas a otra unidad.
Otro cuestionamiento se centró en el gasto de la Agencia Estatal de Entretenimiento. De la Rosa señaló que, frente a una asignación legislativa de aproximadamente 62 millones de pesos, la dependencia habría ejercido 531 millones y pidió explicar quién autorizó las ampliaciones presupuestales.
El secretario justificó parte de esos recursos por los compromisos relacionados con el Mundial de Futbol y aseguró que las inversiones generaron infraestructura y beneficios económicos para Jalisco, además de actividades culturales y de entretenimiento.
La distribución de los recursos federales también dividió posiciones. García Sotelo sostuvo que existe centralismo fiscal y afirmó que Jalisco aporta alrededor del ocho por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional, pero recibe recursos federales insuficientes para atender sus necesidades de inversión.
“Este Estado, si tuviera más recursos, tuviera más capacidad de invertir y pudiera crecer más y pudiera generar más riqueza para la gente y más beneficios para la gente”, expresó.
En contraste, Miguel de la Rosa rechazó que exista un maltrato presupuestal hacia Jalisco y citó cifras de aportaciones federales, obras y programas sociales para cuestionar el discurso del Ejecutivo estatal.
La última intervención política correspondió a la diputada de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas, quien defendió la posición financiera del Gobierno estatal y sostuvo que, pese a los recursos federales que Jalisco asegura tener pendientes, la entidad mantiene finanzas sanas, sin contratar nueva deuda ni aumentar impuestos.
La legisladora afirmó que, en 2025, el Estado recibió mil 600 millones de pesos menos de las participaciones programadas y que este año la diferencia podría superar los dos mil millones de pesos. Por ello, pidió al secretario precisar cuánto se había compensado y cuál sería el costo de ese mecanismo.
García Sotelo respondió que Jalisco había recibido alrededor de 900 millones de pesos y que la nueva potenciación representaría intereses por aproximadamente mil 500 millones de pesos anuales, con cargo a las participaciones. Cárdenas insistió en que la Federación debe entregar los recursos que corresponden a Jalisco y respaldó el manejo financiero de la administración estatal.
La comparecencia concluyó entre llamados a revisar el presupuesto de 2027, fortalecer la recaudación y garantizar que los recursos públicos se traduzcan en resultados. García Sotelo defendió la estabilidad financiera del Estado, pero reconoció que todavía existen retos en materia de control, recaudación y eficiencia administrativa.


