OPINIÓN
De verguenzas soberanas y sirvenguenzas con poder
Comuna México, por Benjamín Mora Gómez //
Cuenta la historia que tras la redición de Boabdil el Pequeño y entrega de Granada a los Reyes Católicos, su madre, la sultana Aixa le dijo: “No llores como mujer lo que no supiste defender como hombre”, y aun cuando –hoy- su sentido sería altamente criticado por las más acérrimas feministas, nos viene bien para reflexionar sobre los enojos y preocupaciones que roban sueños al presidente Andrés Manuel López Obrador, su gabinete y nuestros sentimientos nacionalistas, ante la posible declaración de terroristas a los narco-delincuentes mexicanos por el presidente Donald Trump y justificar su intervención armada, muy acotada, en territorio mexicano.
Desenredemos los entuertos de nacionalismos, soberanías, vergüenzas, desvergüenzas, sinvergüenzas e ineptitudes que encierran tan intenso y llamativo debate, para no tener que envolvernos con la bandera nacional y arrojarnos a los vacíos que el poder claudicado exhibe; antes bien, exijamos seguridad plena al presidente, demandemos resultados a un año de gobierno, provoquemos cambios en su fallida estrategia de los arrumacos y las carantoñas.
El presidente López Obrador afirmó que lo sucedido en Culiacán, al pretender detener a Ovidio Guzmán, fue “la guerra más breve de la historia”. ¿Qué interpretar de ello y de sus alcances? Por principio de cuentas, que perdimos esa breve guerra y que, por tanto, la ganó Ovidio Guzmán; que el Gobierno mexicano claudicó y entregó, al menos, esa parte del territorio nacional, sujetándose a las condiciones del bando triunfante, tras una cuenta escalada de acciones terroristas sobre la población civil por parte de los delincuentes de la droga que no quiso o no supo contener el gobierno federal.
Si hoy, Bryan LeBarón, con doble nacionalidad, solicitó al presidente Donald Trump incluir a los narco-delincuentes mexicanos como terroristas y si éste lo hace, será conforme a sus propias leyes y sus alcances serán responsabilidad del Presidente López Obrador y sus colaboradores por las graves decisiones tomadas sobre un operativo fallido y una postura de permisividad e impunidad evidentes. Como reconocieran Julián y Adrián LeBarón ante Brozo: “Todos estamos encabronados (…) tenemos que hacer algo que funcione” para agregar que “en cuanto sucede un acto criminal, se empieza a mentir” o como señalara el propio Brozo: “Hasta ahora no sabemos, bien a bien, cuál es el sistema nacional de seguridad”.
Entendamos, la declaración de terroristas a los cárteles de la droga no es, en principio, para invadir a México ni derrocar al Gobierno de López Obrador, sino para brindar protección a sus ciudadanos en territorio mexicano. No me gusta lo que conlleva; sin embargo, el Presidente tiene manera de evitar cualquier intervención extranjera que vulnere nuestra soberanía: Combatir, con resultados prontos y expeditos, con toda la fuerza del Estado mexicano a los cárteles de la droga, evitando declaraciones como la de Marcelo Ebrard de
que el gobierno mexicano no «admitirá nunca acción alguna que signifique violación a su soberanía nacional».
La Constitución General de la República estable en su artículo 39 “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este”. Pegunto si la estrategia del Presidente en materia de seguridad se ha instituido en nuestro beneficio como pueblo, u ofrece manga ancha a los delincuentes. Al mismo tiempo, pregunto si una nación es soberana cuando parte de su territorio está en manos de grupos armados meta legales, evidentemente delictivos y cruelmente terroristas.
El Presidente López Obrador se dio por derrotado en una guerra por él reconocida. El propio Presidente, a mediados de julio pasado, había lamentado la sentencia impuesta a Joaquín Guzmán Loera, por un tribunal norteamericano, por asociación delictuosa para cometer homicidios y narcotráfico, calificándola como de dura, hostil e inhumana, afirmando que a él le conmovía. Creo que esa nunca debería ser la postura declarada de un jefe de Estado y creo que ese día sentenció lo que ahora amenaza a nuestra soberanía. Jamás, un jefe de Estado puede lamentar la sentencia judicial a ningún delincuente declarado y confeso.
Hoy, México se enfrenta a la posible intervención armada norteamericana para resolver lo que los abrazos no han logrado. Los principios bíblicos que López Obrador defiende no nos resuelven los problemas de inseguridad. Andrés Manuel López Obrador se confunde, no es Presidente para que siga siendo, como lo dijo en aquel 17 de julio de 2019, un idealista que cree en el amor, en la fraternidad, en la felicidad; es Presidente para cumplir su mandato constitucional con honestidad, eficiencia y eficacia, y la seguridad es la exigencia más sentida para la mayoría de los mexicanos.
Si López Obrador cambió su política migratoria permisiva inicial hacia quienes entraban a México de forma irregular por nuestra frontera sur con Guatemala, buscando su sueño en Estados Unidos de Norteamérica, por presiones del presidente Donald Trump, quizá la decisión de declarar terroristas a los narco-delincuentes, hagan que el Presidente mexicano se ponga las pilas y cumpla sus obligaciones; si así sucediera, será maravilloso, y si no, entonces recemos.
Ed Turner de la Universidad de Aston nos pregunta, en un artículo para la BBC, “¿realmente necesitamos a los políticos?”. La respuesta más evidente es que NO NECESITAMOS DE POLÍTICOS INEFICIENTES E INCAPACES, y hoy, en México, el gobierno federal, así como el de Jalisco, son ineficientes e incapaces materia de seguridad. Los demás temas los dejo para otra ocasión.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 804: Lo piden los expertos: Una nueva Corte de Justicia sin extremos ideológicos
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– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
En Jalisco, la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser principios innegociables. Sin embargo, la resistencia del auditor superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, a ser auditado por la Unidad de Vigilancia del Congreso revela una paradoja alarmante: el encargado de fiscalizar el gasto público evade la supervisión.
Esta actitud, denunciada por David Rubén Ocampo Uribe, titular de la Unidad, y el diputado Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión de Vigilancia, no solo cuestiona la integridad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), sino que amenaza la confianza en el sistema democrático.
Desde el 10 de julio de 2025, cuando Ocampo asumió su cargo, Ortiz Ramírez ha bloqueado cualquier intento de revisión. Solicitudes de expedientes laborales, nóminas y contratos han sido ignoradas, y un encuentro institucional propuesto para el 19 de agosto quedó en el vacío. “Quería saber si todo está en regla. La respuesta fue negativa. Pedí una reunión pública con agenda común, y tampoco hubo respuesta”, relató Ocampo a Conciencia Pública.
Incluso se le prohibió a personal de la ASEJ pasarle llamadas, limitando el diálogo al secretario técnico, un subordinado que no puede sustituir al titular.
El diputado Alfaro, de Morena, califica esta resistencia como un desafío al Congreso y a la sociedad. “El auditor se siente intocable, como si fuera gobernador. Durante ocho años operó sin contralor, pero ahora que lo hay, se niega a colaborar”, afirmó.
Con el respaldo de 29 de 32 deputados al nombramiento de Ocampo, su legitimidad es incuestionable. “Sabe que abriremos la Caja de Pandora”, añadió, sugiriendo que Ortiz Ramírez teme revelar irregularidades.
La Constitución de Jalisco y la Ley de Rendición de Cuentas otorgan a la Unidad de Vigilancia facultades plenas para revisar la ASEJ sin necesidad de acuerdos previos de la Comisión de Vigilancia, como argumenta Ortiz Ramírez.
Esta interpretación “tecnicista” es, para Ocampo, un escudo para evadir la fiscalización. La pregunta es inevitable: ¿qué oculta el auditor? Denuncias internas apuntan a aviadores, nóminas infladas, “moches” por laudos laborales y tolerancia a incapacidades falsas avaladas por el IMSS.
Una figura clave en estas acusaciones es Sandra Verónica Márquez González, de la Dirección Jurídica, señalada por mantener personal inexistente en nómina y exigir pagos ilegales, prácticas que arrastra desde su paso por el Tribunal de Arbitraje y la Fiscalía, donde se le vinculó al “Clan Trevi” por cobros indebidos.
La ASEJ es un pilar estratégico del gobierno de Jalisco, con autonomía técnica y de gestión para garantizar imparcialidad en la fiscalización de un presupuesto cercano a los 200 mil millones de pesos. Su rol como contrapeso es crucial para generar confianza ciudadana.
Sin embargo, la resistencia de Ortiz Ramírez recuerda épocas oscuras de la Contaduría Mayor de Hacienda, antecesora de la ASEJ, donde se rumoraba que las cuentas públicas se “lavaban” mediante acuerdos entre bancadas legislativas. Funcionarios corruptos encontraban en estos arreglos una vía para encubrir irregularidades, otorgando un poder desmedido al titular del organismo.
Hoy, la ASEJ debería ser un modelo de integridad. El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030, liderado por Cynthia Cantero Pacheco, establece la transparencia y la participación ciudadana como ejes rectores de la gestión pública. Este plan, construido con la voz de más de 675,000 jaliscienses, vincula el presupuesto a resultados medibles, exigiendo apertura y rendición de cuentas.
La opacidad de Ortiz Ramírez contradice este espíritu, debilitando la credibilidad de una institución que debería ser ejemplo.
La pasividad de otros actores institucionales agrava el problema. El silencio del Congreso en pleno y la inacción de la Fiscalía Anticorrupción alimentan percepciones de complicidad o indiferencia. Mientras, rumores de una posible reelección de Ortiz Ramírez, tras ocho años en el cargo, generan rechazo. “Un gobernador dura seis años y se va. Este señor pretende quedarse otros ocho. Es inadmisible”, sentenció Alfaro.
¿Cómo puede hablarse de rendición de cuentas si el fiscalizador se coloca por encima de la ley? La resistencia de Ortiz Ramírez no es un simple desencuentro burocrático; es una afrenta al sistema de pesos y contrapesos.
“La opacidad reina en la Auditoría. Si el auditor desconoce la ley, ¿cómo fiscaliza al estado?”, cuestiona Ocampo. La sociedad, cada vez más vigilante, exige respuestas. Ortiz Ramírez tiene una oportunidad: abrir las puertas de la ASEJ, entregar la información solicitada y demostrar que no hay nada que ocultar. De lo contrario, su silencio seguirá alimentando sospechas de irregularidades.
La transparencia no es negociable, y Jalisco merece una Auditoría Superior que predique con el ejemplo. Es hora de que el fiscalizador rinda cuentas.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Movimiento Ciudadano en Jalisco ya abrió el telón de su renovación interna con la elección de 64 nuevos coordinadores municipales en la vieja casona de Av. La Paz. En apariencia, un ejercicio de normalidad partidista: discursos de unidad, promesas de cercanía con la gente, rostros nuevos para el escaparate y la certeza de que el partido naranja seguirá marcando la pauta en la política local.
Una postal impecable para las páginas de los diarios amigos… pero un espejismo apenas capaz de ocultar las fracturas internas que corroen al partido naranja. Pues, bajo el barniz del entusiasmo, se esconde un mapa con claroscuros que la dirigencia difícilmente podrá negar.
Los números de la elección de 2024 fueron generosos en sus bastiones metropolitanos: Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco volvieron a confirmar la hegemonía emecista. En la capital, 308 mil votos aseguraron la continuidad; Zapopan, con 323 mil sufragios, consolidó la plaza más codiciada del estado; y Tlajomulco refrendó, una vez más, su condición de vivero político del grupo alfarista con 94 mil papeletas a su favor. Una trinidad metropolitana que otorga poder y recursos, pero que no resuelve la fragilidad en el resto del estado.
Porque más allá del brillo urbano, MC perdió terreno en Puerto Vallarta —joya turística entregada al PVEM en sociedad con Morena—, cedió Ciudad Guzmán, enclave agroindustrial del sur, y vio escaparse Tepatitlán, bastión alteño que durante años se pensó inmune a los embates opositores. En Tlaquepaque y Tonalá, el retroceso fue aún más doloroso: en el primero, los 109 mil votos no alcanzaron para retener la presidencia municipal; en el segundo, apenas 47 mil sufragios lo relegaron a un segundo lugar incómodo detrás de Morena. Un tropiezo estratégico en el oriente metropolitano que desnuda la vulnerabilidad del proyecto.
Mirza Flores, encargada de administrar esta renovación interna, habla de “liderazgos de territorio, cercanos a la gente”. El discurso suena bien, pero la tarea es monumental: reconstruir la cohesión de un partido que, en su expansión, ha multiplicado corrientes, intereses y pleitos internos. Porque el problema no es solo perder municipios: es perderlos mientras el partido se enreda en disputas de candidaturas, pugnas entre cuadros y una dirigencia que debe demostrar que puede arbitrar sin fracturar.
Los números distritales tampoco ayudan: de 20 distritos locales, MC apenas ganó 6; de los federales, ninguno y los plurinominales fueron para los exfuncionarios que necesitaban fuero y los “liderazgos” escogidos. Esto significa que, aunque controla alcaldías claves, su voz legislativa es reducida y carece de peso real en el Congreso federal.
Un contraste brutal: músculo en los municipios, anemia en las cámaras. Y esa asimetría no se corrige con discursos ni asambleas, sino con operación política en campo, con la capacidad de seducir al votante rural, al comerciante alteño, al campesino del sur que aún ve en el naranja una marca citadina, aburguesada y distante.
Pero lo verdaderamente corrosivo no está en las urnas, sino en los pasillos. La disputa Alfaro–Lemus ha dejado de ser un rumor y se ha convertido en un hecho palpable. Enrique Alfaro se resiste a entregar el control de candidaturas y cuadros, mientras Pablo Lemus mueve sus piezas con paciencia quirúrgica, tejiendo su propia red de operadores que responden solo a él. Entre ambos, Mirza Flores aparece como árbitro incómodo, obligada a conciliar lo irreconciliable: mantener la disciplina de un ejército que ya no reconoce un solo general.
El grupo Alfaro–Lemus sabe que esta es su última gran prueba antes de 2027. Si logran ordenar candidaturas y mantener la paz interna, MC llegará con posibilidades de sostener el gobierno estatal. Pero si insisten en los métodos de imposición y en los arreglos de cúpula, el costo será alto: perderán distritos clave, y con ellos, la capacidad de negociar en el Congreso y de sostener el control territorial.
Los cuadros históricos, los que alguna vez creyeron en la “ola naranja” como una alternativa fresca, se encuentran marginados o desplazados por nuevas caras que responden a intereses de grupo. La operación interna dejó cicatrices: candidaturas impuestas, militantes que sienten haber sido utilizados y un éxodo silencioso hacia Morena y el PVEM que ya se empieza a notar en las regiones.
En política, decía siempre la vieja guardia, no basta con administrar victorias: hay que blindarlas. Movimiento Ciudadano gobierna hoy con holgura en las ciudades, pero su debilidad en la periferia y en el interior del estado es evidente. Las plazas que perdió en 2024 son recordatorio de que el poder es un animal volátil: se escurre por las rendijas más pequeñas y muerde cuando menos se le espera.
La renovación municipal, que en el discurso se vende como ejercicio democrático, en los hechos es un intento de tapar grietas con retórica. En lugar de cohesión, lo que se advierte es una carrera por controlar posiciones rumbo al 2027. Cada comité local es, en realidad, una ficha en el tablero de negociación entre Alfaro y Lemus.
La batalla del 2027 no se jugará únicamente en los edificios de avenida Hidalgo o en los mítines de funcionarios públicos en la Casa Ciudadana. Se librará en los tianguis de Tonalá -donde el Ayuntamiento ha prendido focos rojos-, en los talleres de Arandas -Cuando se habla de la inseguridad que hay en las carreteras de la zona-, en los mercados de Lagos de Moreno -Al momento de hablar de un nuevo ejecutado o desaparecido- y en las colonias populares de Tlaquepaque -Explicando por qué el SIAPA no otorga el servicio que cobra: agua-. Ahí, donde los discursos sobran y lo que cuenta son los servicios públicos, la seguridad y la cercanía real de quienes gobiernan.
La verdadera batalla de 2027 no será contra Morena ni contra el PVEM. Será contra sí mismo. Porque, como tantas veces en la historia política de este país, los partidos no caen por la fuerza del adversario, sino por la podredumbre que incuban dentro.
Hoy MC es un cascarón brillante en la superficie, pero carcomido por dentro. Se vende como movimiento fresco, pero huele ya a partido viejo: facciones enfrentadas, candidaturas negociadas en lo oscurito y un liderazgo que se desgasta en administrar pleitos en lugar de ganar territorios.
Si no corrigen el rumbo, el espejismo de unidad que hoy pregonan se desmoronará al primer soplo de la contienda. Y entonces, la historia no hablará de una derrota electoral, sino de un suicidio político en cámara lenta. Una crónica que, como tantas en la política mexicana, no se escribirá con tinta… sino con epitafios.
En X: @DEPACHECOS
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