OPINIÓN
De verguenzas soberanas y sirvenguenzas con poder
Comuna México, por Benjamín Mora Gómez //
Cuenta la historia que tras la redición de Boabdil el Pequeño y entrega de Granada a los Reyes Católicos, su madre, la sultana Aixa le dijo: “No llores como mujer lo que no supiste defender como hombre”, y aun cuando –hoy- su sentido sería altamente criticado por las más acérrimas feministas, nos viene bien para reflexionar sobre los enojos y preocupaciones que roban sueños al presidente Andrés Manuel López Obrador, su gabinete y nuestros sentimientos nacionalistas, ante la posible declaración de terroristas a los narco-delincuentes mexicanos por el presidente Donald Trump y justificar su intervención armada, muy acotada, en territorio mexicano.
Desenredemos los entuertos de nacionalismos, soberanías, vergüenzas, desvergüenzas, sinvergüenzas e ineptitudes que encierran tan intenso y llamativo debate, para no tener que envolvernos con la bandera nacional y arrojarnos a los vacíos que el poder claudicado exhibe; antes bien, exijamos seguridad plena al presidente, demandemos resultados a un año de gobierno, provoquemos cambios en su fallida estrategia de los arrumacos y las carantoñas.
El presidente López Obrador afirmó que lo sucedido en Culiacán, al pretender detener a Ovidio Guzmán, fue “la guerra más breve de la historia”. ¿Qué interpretar de ello y de sus alcances? Por principio de cuentas, que perdimos esa breve guerra y que, por tanto, la ganó Ovidio Guzmán; que el Gobierno mexicano claudicó y entregó, al menos, esa parte del territorio nacional, sujetándose a las condiciones del bando triunfante, tras una cuenta escalada de acciones terroristas sobre la población civil por parte de los delincuentes de la droga que no quiso o no supo contener el gobierno federal.
Si hoy, Bryan LeBarón, con doble nacionalidad, solicitó al presidente Donald Trump incluir a los narco-delincuentes mexicanos como terroristas y si éste lo hace, será conforme a sus propias leyes y sus alcances serán responsabilidad del Presidente López Obrador y sus colaboradores por las graves decisiones tomadas sobre un operativo fallido y una postura de permisividad e impunidad evidentes. Como reconocieran Julián y Adrián LeBarón ante Brozo: “Todos estamos encabronados (…) tenemos que hacer algo que funcione” para agregar que “en cuanto sucede un acto criminal, se empieza a mentir” o como señalara el propio Brozo: “Hasta ahora no sabemos, bien a bien, cuál es el sistema nacional de seguridad”.
Entendamos, la declaración de terroristas a los cárteles de la droga no es, en principio, para invadir a México ni derrocar al Gobierno de López Obrador, sino para brindar protección a sus ciudadanos en territorio mexicano. No me gusta lo que conlleva; sin embargo, el Presidente tiene manera de evitar cualquier intervención extranjera que vulnere nuestra soberanía: Combatir, con resultados prontos y expeditos, con toda la fuerza del Estado mexicano a los cárteles de la droga, evitando declaraciones como la de Marcelo Ebrard de
que el gobierno mexicano no «admitirá nunca acción alguna que signifique violación a su soberanía nacional».
La Constitución General de la República estable en su artículo 39 “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este”. Pegunto si la estrategia del Presidente en materia de seguridad se ha instituido en nuestro beneficio como pueblo, u ofrece manga ancha a los delincuentes. Al mismo tiempo, pregunto si una nación es soberana cuando parte de su territorio está en manos de grupos armados meta legales, evidentemente delictivos y cruelmente terroristas.
El Presidente López Obrador se dio por derrotado en una guerra por él reconocida. El propio Presidente, a mediados de julio pasado, había lamentado la sentencia impuesta a Joaquín Guzmán Loera, por un tribunal norteamericano, por asociación delictuosa para cometer homicidios y narcotráfico, calificándola como de dura, hostil e inhumana, afirmando que a él le conmovía. Creo que esa nunca debería ser la postura declarada de un jefe de Estado y creo que ese día sentenció lo que ahora amenaza a nuestra soberanía. Jamás, un jefe de Estado puede lamentar la sentencia judicial a ningún delincuente declarado y confeso.
Hoy, México se enfrenta a la posible intervención armada norteamericana para resolver lo que los abrazos no han logrado. Los principios bíblicos que López Obrador defiende no nos resuelven los problemas de inseguridad. Andrés Manuel López Obrador se confunde, no es Presidente para que siga siendo, como lo dijo en aquel 17 de julio de 2019, un idealista que cree en el amor, en la fraternidad, en la felicidad; es Presidente para cumplir su mandato constitucional con honestidad, eficiencia y eficacia, y la seguridad es la exigencia más sentida para la mayoría de los mexicanos.
Si López Obrador cambió su política migratoria permisiva inicial hacia quienes entraban a México de forma irregular por nuestra frontera sur con Guatemala, buscando su sueño en Estados Unidos de Norteamérica, por presiones del presidente Donald Trump, quizá la decisión de declarar terroristas a los narco-delincuentes, hagan que el Presidente mexicano se ponga las pilas y cumpla sus obligaciones; si así sucediera, será maravilloso, y si no, entonces recemos.
Ed Turner de la Universidad de Aston nos pregunta, en un artículo para la BBC, “¿realmente necesitamos a los políticos?”. La respuesta más evidente es que NO NECESITAMOS DE POLÍTICOS INEFICIENTES E INCAPACES, y hoy, en México, el gobierno federal, así como el de Jalisco, son ineficientes e incapaces materia de seguridad. Los demás temas los dejo para otra ocasión.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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