REPORTAJES
La contrapopuesta del gobierno de Alfaro: Ante el INSABI, Jalisco «se cura en salud»
Por Daniel Emilio Pacheco //
A diferencia de la rendición de los gobernadores priistas en una comida o la supuesta negociación de los gobernadores panistas que, dicen firmaron un acuerdo de coordinación no centralizado. El Gobierno de Jalisco presentó ante el Gobierno Federal su «PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL ACUERDO DE COORDINACIÓN ENTIDADES FEDERATIVAS NO ADHERIDAS».
Las características del supuesto acuerdo panista se resumen en seis puntos:
1) Atención médica gratuita y progresiva.
2) Conservar la infraestructura y operación del sistema de salud en nuestros estados.
3) Certeza presupuestal y financiera.
4) Modelo único de salud nacional.
5) Aplicación de 40 mmdp para el sector salud de los estados.
6) Libertad para la compra consolidada de medicamentos bajo precios estandarizados.
Pero, hasta la próxima semana se sabrá si se autoriza o no por parte del Gobierno Federal lo presentado por los gobernadores pianistas.
Los priistas están rendidos y arreglados ante el INSABI de Andrés Manuel López Obrador, ellos no tienen problema.
Sin embargo, la propuesta mejor lograda es la de Enrique Alfaro, pues cuida muy bien sus espaldas ante incumplimiento del Gobierno Federal, se mete en la decisión de la basificación de empleados INSABI, libertad para compra de medicamentos, capacidad de cobro a pacientes de otros estados o extranjeros, recursos para mantenimiento de hospitales y mantiene el control los hospitales de tercer nivel como Hospital Civil y Cancerología, con esto, los recursos que se puedan destinar a estos organismos será conforme lo determine la Secretaría de Salud de Jalisco.
Algunos de los puntos específicos de la propuesta del Gobierno de Jalisco son:
Se agregan especialidades que la Federación no consideró y que el antiguo Seguro Popular sí consideraba, como traumatología y ortopedia. Esto con la finalidad de que los insumos de estas especialidades como prótesis puedan ser cubiertos con los recursos que establece el convenio.
La eficacia y eficiencia del cumplimiento de los objetivos de esta propuesta está sujeta a las capacidades administrativas, operativas y sobre todo presupuestales. Por lo cual se garantiza que el INSABI suministre los recursos de forma oportuna y suficiente, asegurando el cumplimiento de las obligaciones impuestas.
Se da claridad al tema de los procedimientos calificados por la ciencia médica como estéticos no funcionales. Se contempla la excepción a la regla de gratuidad, a efecto de que no se destinen recursos en este tipo de tratamientos cuyo objeto no es la preservación de la salud y vida de los usuarios, estableciendo que los organismos que realizan este tipo de procedimientos puedan realizar el cobro de las cuotas fijadas en sus tabuladores, sin que esto represente un incumplimiento o responsabilidad.
Se establecen condiciones y lineamientos con el objeto de asegurar el pago efectivo por atenciones prestadas a usuarios de otras entidades, así como derechohabientes de otras instituciones de salud, para ello, se delimitan los siguientes puntos:
1) El pago entre instituciones prestadoras de servicios de salud conforme al tabulador vigente de la institución que corresponde el derechohabiente.
2) Se realizará el cobro al INSABI respecto de las entidades federativas sin convenios de compensación conforme al tabulador vigente de nuestras instituciones de salud.
3) El pago entre entidades federativas con convenios de compensación se realizará conforme al tabulador vigente de las instituciones de salud del Estado.
El modelo propuesto impone la obligación a la Federación de compensar económicamente a nuestro Estado por la atención de personas extranjeras que transitan por la Entidad, asentando el cobro de cuotas de recuperación a los usuarios extranjeros que acudan con el propósito predominante de recibir atención médica.
El proyecto asegura que las transferencias presupuestarias para los ejercicios fiscales subsecuentes no sean menores a los ejercicios anteriores, asimismo se consideran incrementos presupuestales en caso de añadirse nuevos padecimientos a los cuales el estado deba hacer frente, atendiendo al principio de progresividad del nuevo sistema.
Se delimita la responsabilidad del Estado en caso de afectaciones en la prestación de los servicios de salud a causa de retrasos o falta de ministración de recursos por parte de la Federación.
Se establece que en conjunto se realizará un proyecto de basificación de los trabajadores del sector salud que hayan laborado por más de 6 años ininterrumpidos y cuyas funciones se encuentren directamente relacionadas con la prestación de servicios de atención a las personas sin seguridad social. Esto se logrará siempre y cuando el INSABI proporcione los recursos económicos necesarios para ello.
Se establece que continuaremos con la supervisión de las unidades médicas, es decir, el que obtengan y mantengan la acreditación de la calidad que establece la Ley General de Salud, sin embargo, se deja claro que la falta de dicha determinación no sea una limitante para la ejecución de los recursos en las unidades médicas y hospitales de los Servicios Estatales de Salud.
Se establece una vigencia cierta y factible del Acuerdo de Coordinación, la cual comenzará a surtir sus efectos a partir del día 1 de enero del 2020 y concluirá con el término de la presente Administración Pública Estatal, es decir, 05 de diciembre del 2024. Se observa la posibilidad de renovarse. De origen venía una propuesta de vigencia indefinida.
Una propuesta relevante, es la revisión anual del Acuerdo con el objeto de que, a través de mesas de trabajo, se pueda adaptar el acuerdo a las necesidades que surjan con la operación de los servicios, y así lograr la eficacia en la prestación de los servicios de salud, es decir, se puedan variar montos, procedimientos, operatividad de los programas entre otros.
El estado de Jalisco fija el porcentaje necesario para cubrir las necesidades de la entidad por el primer trimestre, garantizando la suficiencia de insumos necesarios para la prestación de los servicios de salud, el cual deberá ser del 30% del total del presupuesto a ejercer.
Con el objeto de generar un ahorro en gastos de distribución y asegurar la existencia de medicamentos e insumos, se especifica la opción de que la entidad pueda adquirirlos mediante procedimientos de licitación correspondientes, más convenientes y ágiles, garantizando así el derecho a la salud de los usuarios.
Se fija que los recursos que transfiera el INSABI al Estado serán en numerario, a menos que se acuerde previamente la recepción de recursos en especie. En este caso, si el INSABI no cumple con el calendario acordado, la entidad podrá adquirirlos conforme a la normativa aplicable, asentando la obligación del INSABI de retribuir el numerario erogado.
Como se lee, la propuesta del Gobierno de Jalisco es muy buena para la administración de Enrique Alfaro, el problema será que el Gobierno Federal acceda a todo, pues quedaría expuesto ante fallas administrativas y mala planeación, lo que abunda en la 4 T.
Pero, Enrique Alfaro tiene en contra a nivel federal los malos manejos que ha permitido en la Secretaría de Salud Jalisco y los señalamientos por negocios con constructores, por eso como parte de la negociación llega el Dr. José de Jesús Méndez de Lira como titular de la OPD Servicios de Salud, para cuidar el manejo administrativo de los recursos.
De lograr se apruebe su propuesta, este sería un buen momento para que el gobernador Enrique Alfaro brillara a nivel nacional, pero, la baja aceptación a su forma de gobernar Jalisco, la mala comunicación que tiene con los medios y sus casos de adjudicaciones a modo; lo dejan muy mal parado.
Por lo menos en cuanto al INSABI, se supo curar en salud.
“EL MODELO ESTÁ CONDENADO AL FRACASO”
Por Raúl Cantú //
La bipolaridad es la característica del discurso del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro en su relación con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Gobierno Federal. Es curioso que critica sus políticas a sus espaldas y cuando lo tiene enfrente le expresa su apoyo y su deseo que le vaya bien, porque si le va bien a México, le va bien a Jalisco.
El último culebrón que ha protagonizado el gobernador de Jalisco es en torno al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) al cual lo condenó al fracaso al precisar el 11 de enero del presente año que “Jalisco no firmará con un modelo que no funcionará”.
“Ese modelo centralista, absurdo, que están planteando no va a ser acompañado por el gobierno de Jalisco, pero, aunque (la federación) expresa que los Estados son libres de tomar la decisión que consideren, ahora esperamos a ver bajo qué condiciones porque ahí es donde está el problema”.
“Hay poca claridad y pocas definiciones respecto a la manera en cómo los Estados que hemos decidido no caminar en esta ruta, que nos parece que está condenada al fracaso, vamos a trabajar y cómo será la coordinación con la nación”.
Los nueve gobernadores panistas al igual que el gobernador de Jalisco habían expresado su rechazo al Insabi ante las dudas que los abrigaba, como su viabilidad técnica y la carencia de reglas de operación y legislación secundaria.
El Insabi vino a sustituir al Seguro Popular creado durante el gobierno del presidente Vicente Fox (2006-2012), funcionando los dos sexenios siguientes encabezados por el panista Felipe Calderón y el priista Enrique Peña Nieto.
El argumento del presidente Andrés Manuel López Obrador para desaparecer el Seguro Popular fue la corrupción que se generó en los estados del país en su operación y los abusos registrados contra la población más vulnerable.
Son tres meses que tiene el gobierno de López Obrador para afinar la operación del Insabi.
NUEVO LEÓN SE ADHIRIÓ
Uno de los gobiernos que se resistieron al igual que Jalisco a adherirse al Insabi fue Nuevo León y finalmente se llegó a un acuerdo con el gobierno federal. Nuevo León recibirá mil 215 millones de pesos para la operación del Instituto de Salud para el Bienestar como parte del convenio con el gobierno federal.
El gobierno de Nuevo León mantendrá el control del personal e infraestructura. Nuevo León se adhiere al convenio pero no a la federalización de servicios, recibirá los recursos del Insabi, pero serán operados por el gobierno estatal.
El convenio será firmado en este mes de febrero, indicó el secretario de salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos.
LOS GOBERNADORES PRIISTAS LO FIRMARON
Antes de que los nueve gobernadores de Acción Nacional fijarán su postura ante la operación del Instituto de Salud para el Bienestar, los gobernadores del PRI se sumaron a este nuevo modelo de salud. Fue el 14 de enero la fecha de reunión del presidente López Obrador con los gobernadores del PRI donde se dio a conocer la adhesión de los 12 mandatarios de este partido a la iniciativa presidencial en materia de salud de ofrecer atención médica gratuita, incluyendo medicinas, a los mexicanos.
Al respecto el presidente López Obrador escribió en su página de Twitter: “M e reuní con los gobernadores del PRI. Acordamos seguir trabajando juntos por el bien de la gente. Coincidimos que una cosa con los partidos, que como su nombre lo indica, es una parte, y otra el gobierno, que es para servir a todos sin distinción”.
“Hay una gran colaboración, tocamos los temas relacionados con salud y el tema del Insabi y en el que los gobernadores priistas hemos manifestado ya nuestro total y absoluto respaldo político a las medidas y políticas públicas en materia de salud para apoyar el tema del Insabi, para lo que nos está comentando el presidente de la república, nosotros estamos de acuerdo, todos los gobernadores priistas, en respaldar, nosotros estamos listos para que en cuanto nos pase la firma el Insabi, si es de aquí al 30 de enero, lo firmamos”, expresó Omar Fayad, gobernador de Hidalgo.
CULTURA
Edición 812: Comunidad Indígena de Mezquitán, muy cerca que gobierno de Sheinbaum les haga justicia
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
El reclamo de la Comunidad Indígena de Mezquitán: Confían en Sheinbaum para saldar deuda histórica de 21 años: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/el-reclamo-de-la-comunidad-indigena-de-mezquitan-confian-en-sheinbaum-para-saldar-deuda-historica-de-21-anos/
El perfil electoral en la victoria de Claudia Sheinbaum: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/el-perfil-electoral-en-la-victoria-de-claudia-sheinbaum/
Suspenso en el Legislativo: Reforma Judicial en Jalisco, diálogo abierto pero sin consensos: https://concienciapublica.com.mx/reportaje/suspenso-en-el-legislativo-reforma-judicial-en-jalisco-dialogo-abierto-pero-sin-consensos/
Diputado Alberto Maldonado: Con exhorto a la SCIT se dio un paso hacia la justicia para la Comunidad Indígena de Mezquitán: https://concienciapublica.com.mx/entrevistas/diputado-alberto-maldonado-con-exhorto-a-la-scit-se-dio-un-paso-hacia-la-justicia-para-la-comunidad-indigena-de-mezquitan/
Reconocimiento de la Comunidad Indígena de Mezquitán a la Cámara de Diputados, por exhorto a la SICT: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/reconocimiento-de-la-comunidad-indigena-de-mezquitan-a-la-camara-de-diputados-por-exhorto-a-la-sict/
JALISCO
El reclamo de la Comunidad Indígena de Mezquitán: Confían en Sheinbaum para saldar deuda histórica de 21 años
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
Para la Comunidad Indígena de Mezquitán la luz al fondo del túnel parece vislumbrarse. La esperanza la cifran en la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien la ven muy distinta a sus antecesores al frente del gobierno federal que trataron a la comunidad con apatía, indiferencia e irresponsabilidad.
Recientemente han tenido respuesta de parte de las autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) al buscar negociar para cubrir el incumplimiento de pago del adeudo contraído hace 21 años al ceder la comunidad 270 mil metros cuadrados de terreno para la construcción de la carretera Guadalajara-Saltillo.
En entrevista con Conciencia Pública, Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado Indígena, junto a Miguel Ángel Rivera, tesorero, y Eulalia Dolores Velázquez López, secretaria General, exponen su frustración, esperanza y su exigencia de justicia, pero esperan que la situación cambie.
“Ha sido una lucha difícil y agotadora”, expresa Saúl Rodríguez Barajas, líder de la comunidad. Miguel Ángel Rivera, tesorero, con la tristeza reflejada en el rostro, recuerda que en lo que va de este año han perdido a cuatro personas, y en años anteriores, muchas más.
“La gente está desesperada. Han sido 21 años esperando”, señala Rivera, destacando cómo la cesión de tierras afectó los cultivos y obligó a familias a reubicar sus hogares, trastocando su forma de vida.
Eulalia Dolores Velázquez López, secretaria de la comunidad, alza la voz por estas mujeres: “Algunas han tenido que abandonar tratamientos médicos por falta de recursos. Otras han fallecido, dejando hijos menores”. Su mensaje a la presidenta es claro: “Sabemos que ha recibido nuestros documentos. Esperamos que responda conforme a la ley y haga justicia”.
Desde hace más de dos décadas, la Comunidad Indígena de Mezquitán libra una incansable batalla contra el incumplimiento del gobierno federal. En 2001, cedieron 27 hectáreas de sus tierras para la ampliación de la arretera Guadalajara-Saltillo, un proyecto que prometía desarrollo, pero que los dejó en una espera interminable.
A pesar de un convenio firmado con la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy SICT, el pago justo nunca llegó, convirtiéndose en un calvario de promesas incumplidas y un tortuoso litigio judicial.
Saúl Rodríguez subraya la apatía e irresponsabilidad de las autoridades, a pesar de que la comunidad ha ganado en todas las instancias judiciales, incluida una sentencia firme del Tribunal de Justicia Agraria Superior.
“Muchos compañeros que esperaban este recurso han fallecido”, lamenta. La comunidad, con 333 comuneros y sus familias, ha enfrentado no solo el retraso, sino también pérdidas humanas que agravan su dolor.
En 2004, se otorgó un anticipo inicial y otro posterior de unos 5 millones de pesos (de un acuerdo de 40 millones que sería en total y que se incumplió), pero la oferta reciente de la SICT, presentada el 24 de septiembre, no refleja el valor actualizado de la deuda, como lo ordenan las sentencias.
“Esa cantidad no tiene nada que ver con lo que debería ser hoy”, afirma Rodríguez Barajas. La comunidad propuso aceptar el pago como un anticipo y negociar el resto tras una valuación justa, pero aún no hay respuesta, generando desencanto ante la contradicción entre el discurso oficial de apoyo a los pueblos indígenas y la realidad.
El gobierno federal ha declarado 2025 como el año de la mujer indígena, un reconocimiento significativo para Mezquitán, donde más del 50% de los comuneros son mujeres, muchas adultas mayores, madres solteras o con problemas de salud.
Eulalia Dolores enfatiza la difícil situación de estas mujeres, quienes enfrentan carencias económicas que les impiden acceder a tratamientos médicos o sostener a sus familias.
La comunidad ha buscado contacto directo con la presidenta Sheinbaum, enviándole peticiones y entregando escritos en persona. “Hemos recibido respuestas que indican una orden para atender el caso, lo que nos da esperanza”, señala Saúl Rodríguez.
Sin embargo, insiste: “Queremos que no se tarde más”. La comunidad ve en este compromiso una oportunidad para que el gobierno demuestre que su apoyo a los pueblos indígenas es genuino, en contraste con gobiernos anteriores que, según Sheinbaum, usaron a estas comunidades con fines políticos sin garantizar justicia.
El caso de Mezquitán trasciende lo económico; es una lucha por la dignidad y los derechos indígenas. Cada año de espera ha sido un golpe, con pérdidas de tierras, esperanza y vidas. “Queremos que esto termine este año”, enfatiza Rodríguez.
Aunque abiertos a negociar, exigen un pago justo: “No pedimos nada regalado, solo lo que nos corresponde”. La sentencia judicial es clara, y el gobierno no tiene pretextos para evadir su responsabilidad. “Ya no tienen margen para alargar esto”, sentencia Rodríguez.
Para Mezquitán, el cumplimiento de esta deuda significaría no solo justicia económica, sino la reivindicación de mas de 21 años pidiendo Justicia.
En este año de la mujer indígena, la comunidad confía en que Sheinbaum cumpla su compromiso. “Queremos que nos vea”, insiste Eulalia Dolores. Con una lucha de mas de dos décadas, los comuneros buscan el reconocimiento de su derecho a una vida digna.
Mientras tanto, alzan la voz, recordando que la justicia no puede seguir esperando.
Mezquitán no solo espera un pago, sino un acto de reparación histórica. La luz al fondo del túnel, que hoy parece más cercana, depende de la voluntad política de un gobierno que ha prometido ser diferente.
La comunidad, unida y resiliente, mantiene la esperanza de que 2025 marque el fin de su calvario y el inicio de una nueva etapa de dignidad y justicia.
URGE ACCIÓN CONCRETA: ESPERANZA EN LA RESPUESTA DE SHEINBAUM EN LA MAÑANERA
– Por Raúl Cantú
La Comunidad Indígena de Mezquitán, tras 21 años luchando por la justicia trasr ceder 27 hectáreas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Saltillo, encuentra esperanza en la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum a una pregunta de la periodista Susana Carreño en La Mañanera.
El 13 de octubre, la periodista Susana Carreño cuestionó la deuda pendiente desde 2001 con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Sheinbaum, con antecedentes del caso, tras recibir un escrito y un libro de la comunidad el 9 de agosto en Tlajomulco, prometió atenderlo y dio instrucciones a su equipo.
Sin embargo, los asesores jurídicos de la comunidad, consideran la respuesta insuficiente. En entrevista con Conciencia Pública, urgen al gobierno federal a actuar antes del 31 de diciembre de 2025, especialmente para las mujeres, que representan más de la mitad de los 333 comuneros, quienes enfrentan necesidades urgentes.
Cuatro días después, el 17 de octubre, llegó una respuesta escrita, un avance frente a los tres meses que tardó la administración anterior. “Eso da esperanza de que esta administración sea diferente”, aunque “Solo menciona atender a la brevedad, sin comprometerse a cumplir la sentencia del Tribunal Agrario”.
Dicha sentencia, firme desde diciembre de 2024, ordena a la SICT realizar un avalúo vía INDAABIN para determinar la indemnización actualizada, pero el proceso está detenido por tácticas dilatorias. La comunidad, agotada por promesas incumplidas de cuatro gobiernos previos, otorga el beneficio de la duda hasta fin de año.
La comunidad propone aceptar un anticipo ofrecido por la SICT el 24 de septiembre, siempre que se respete la actualización de valores. “Hay mucha necesidad. Un anticipo aliviaría a las familias, especialmente a las mujeres” .
La SICT, que ya dio anticipos en 2004 y 2007, condicionó el pago a renunciar a la actualización, lo cual fue rechazado. “Tienen una cantidad disponible; que la entreguen como anticipo y luego definan el monto final”.
En el año de la mujer indígena, Mezquitán espera que Sheinbaum demuestre su compromiso. “Si no hay anticipo antes del 31 de diciembre, pensarán que son iguales a los anteriores gobiernos”, advierten los representantes de la Comunidad Indígena. La comunidad no pide favores, sino justicia. La respuesta presidencial es un paso, pero solo acciones concretas honrarán la sentencia y la dignidad de Mezquitán.
– Por Francisco Junco
La reforma al Poder Judicial, largamente agendada, emergió con fuerza en la mesa legislativa, pero más que avanzar, desnudó una fractura entre los poderes y los partidos. La propuesta, que busca armonizar la Constitución local con la reforma federal en materia judicial, y que millares de ciudadanos miran como una clave para la transparencia y el acceso a la justicia, quedó esta semana más cerca de la parálisis que del acuerdo.
El secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, se reunió en el Congreso local con los ocho coordinadores parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Este encuentro se dio en respuesta al llamado del gobernador Pablo Lemus para dialogar sobre la Reforma al Poder Judicial local, la cual busca instaurar por primera vez elecciones de jueces y magistrados en junio de 2027.
Actualmente, la iniciativa enfrenta dificultades para alcanzar los 26 votos necesarios para su aprobación, ya que ni la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) con el apoyo del Partido Verde, ni el bloque opositor conformado por seis grupos parlamentarios, cuentan con la mayoría requerida.
Durante la reunión, Salvador Zamora destacó que su visita tenía como objetivo abrir un canal de diálogo con los diputados en representación del gobernador. Indicó que se está preparando un encuentro entre la Jucopo y Pablo Lemus para profundizar en la discusión de la reforma. El secretario enfatizó que el Ejecutivo ha mostrado respeto hacia los legisladores y ha mantenido una postura abierta al diálogo, respondiendo así a las críticas de líderes de Morena, PAN, PRI, Hagamos, PT y Futuro, quienes habían señalado una falta de oficio político por parte del gobierno estatal.
También reiteró que la Reforma al Poder Judicial es una iniciativa que recoge las propuestas de diversos sectores de la sociedad, incluyendo ciudadanos, especialistas y universidades, y que el gobierno está comprometido en defenderla para lograr una reforma judicial de calidad.
Sin embargo, aclaró que en la reunión no se abordó el tema de la ratificación de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Consuelo del Rosario González y Daniel Espinosa Licona.
Después de más de dos horas de diálogo con los diputados locales de Movimiento Ciudadano sobre la Reforma Judicial estatal, Salvador Zamora, anunció que al día siguiente se reunirá con todos los grupos parlamentarios junto con el gobernador Pablo Lemus.
La reunión, explicó el funcionario estatal, se realizará en un lugar neutral para dialogar y buscar puntos de encuentro que permitan aprobar la reforma en los próximos días, atendiendo las inquietudes surgidas tras la aprobación del dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales y su entrada a primera lectura.
Los coordinadores parlamentarios dialogaron con el gobernador Pablo Lemus para abordar la reforma al Poder Judicial. Lemus destacó la apertura al diálogo, proponiendo reuniones continuas, sin abordar detalles específicos, confiando en alcanzar consensos para Jalisco.
El gobernador apuntó que “los legisladores fueron muy abiertos y perceptivos a los planteamientos que se hicieron… confío en lograr consensos en temas indispensables para el estado” y añadió que “no entramos en los detalles de la reforma al Poder Judicial… Yo voy a ser muy respetuoso de lo que ellos decidan en los procesos internos del Poder Legislativo”.
Diputados de MC y la oposición buscan consensos para la reforma judicial, proponiendo modificaciones. Morena y PAN destacan la apertura y autocrítica del gobernador Lemus, pero la fecha para la votación en segunda lectura sigue indefinida.
El coordinador de los diputados de Morena, Miguel de la Rosa Figueroa, declaró que “Movimiento Ciudadano se comprometió a presentar una lista de propuestas de modificación al dictamen y con base en esa lista, vamos a reinstalar una mesa de diálogo político para ver si podemos conciliar y sacar una reforma consensuada por todas las fuerzas políticas”.
La diputada Claudia Murguía Torres comentó que “en Acción Nacional hemos impulsado un diálogo firme entre las fuerzas políticas para fortalecer el Poder Judicial en Jalisco”.
La Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso de Jalisco votó a favor de adherirse al dictamen sobre la Reforma al Poder Judicial, turnado previamente por la Comisión de Puntos Constitucionales.
Con esta adhesión, el dictamen ya puede presentarse a votación en segunda lectura ante el pleno del Congreso; sin embargo, ninguno de los bloques legislativos cuenta aún con los votos necesarios de las dos terceras partes de los 38 diputados para garantizar su aprobación.
La adhesión al dictamen presentada por el bloque opositor recibió el respaldo de cinco diputados de Morena, PAN, PRI, Hagamos y del legislador sin partido Alejandro Puerto.
Por su parte, las diputadas de Movimiento Ciudadano, Adriana Medina y Ana Fernanda Hernández Sanmiguel, votaron en contra, argumentando la necesidad de abrir un nuevo periodo de consulta de 30 días, lo que deja en claro que aún existen diferencias significativas entre las bancadas.
Miguel de la Rosa (Morena) destacó que MC presentará modificaciones al dictamen para consensuar la Reforma Judicial. José Luis Tostado (MC) confía en que el diálogo con Lemus y las bancadas logrará una reforma que beneficie a Jalisco.
La coordinadora de la bancada del PAN, Claudia Murguía, destacó que el gobernador asumió una postura de autocrítica durante el encuentro, lo que abre la posibilidad de acuerdos en torno a la reforma y otros temas.
Pese al avance en el diálogo y las señales positivas, todavía no se ha definido una fecha para la votación en segunda lectura, la cual permitirá, por primera vez en Jalisco, la realización de elecciones de jueces y magistrados.
La Jucopo espera fijar el lunes la fecha para votar la reforma judicial en el pleno, pero sin nuevos acuerdos, podría estancarse. Analistas advierten que debe aprobarse antes de 2027 para elecciones de jueces. El Ejecutivo y bancadas dialogan, pero los votos aún son inciertos.
– Por Francisco Junco
El crimen ocurrido en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la UNAM encendió las alarmas en todo el país. Un joven de 19 años, identificado con la comunidad incel (acrónimo de involuntary celibate, o “célibe involuntario”), asesinó a su compañero de 16 años tras publicar en redes sociales imágenes de su soledad, su rencor y un manifiesto de odio.
Este caso no fue un hecho aislado. Fue, según especialistas, “la punta del iceberg” de un fenómeno que se ha gestado en la sombra: una comunidad de jóvenes, en su mayoría varones, que canalizan frustraciones personales hacia discursos de misoginia y violencia.
“Nos preocupa que se atienda desde un verdadero enfoque de lo que está pasando con la juventud”, advirtió Jaime Cedillo Bolívar, coordinador de Cabildeo del Frente Nacional por la Familia (FNF). Agregó que “detrás de la palabra y del concepto como tal, y de lo que está ocurriendo, hay un síntoma profundo de nuestra época”.
Cedillo explicó que la llamada comunidad incel “no es una simple moda de internet”, sino una manifestación de “una orfandad cultural y espiritual que está dejando a las nuevas generaciones sin referentes sólidos”.
“Realmente —añadió—, la soledad que los jóvenes están sintiendo, la frustración que enfrentan, la pérdida de sentido; muchos se sienten marginados, resentidos, invisibles… creo que es un fenómeno que debemos tomar en serio, porque el modelo de juventud que promueven las redes es el del exitoso, el atractivo, el triunfador. Quienes quedan fuera de ese patrón parecen condenados a una existencia sin amor ni reconocimiento”.
Para Cedillo Bolívar, el odio incel se alimenta del abandono familiar y del fracaso en la formación emocional. Explicó que “un joven que se siente solo, confundido, sin modelo de amor, que ha crecido escuchando discursos contradictorios en una cultura hipersexualizada, termina desarrollando un resentimiento que puede traducirse en tragedia”.
La académica María Esmeralda Correa Cortés, profesora investigadora del Departamento de Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara, coincide en que el fenómeno tiene raíces más profundas que lo digital.
“Este movimiento surge en Estados Unidos con una chica que hablaba de su soledad, pero actualmente es principalmente masculino y heterosexual. Su motor es la frustración ante la imposibilidad de desenvolverse en el mercado del amor”.
A partir de esa frustración, explicó, “empiezan a crear una comunidad virtual de jóvenes que comparten la misma ideología. Radicalizan el discurso hasta que se vuelve de derecha, antifeminista y misógino. Ya no se trata de una simple incomodidad, sino de un odio que se transforma en violencia”.
Para la investigadora, “el discurso misógino va más allá del antifeminismo, porque ya no es solo crítica, sino resentimiento hacia las mujeres”. Y advirtió que ese resentimiento “ya ha llegado al punto de matar”, como se evidenció en el ataque del CCH Sur.
Israel Sánchez Martínez, presidente nacional de la Unión Nacional de Padres de Familia, señaló que el fenómeno ya se manifiesta en los espacios escolares. “Tuvimos el caso de una joven en la Ciudad de México a la que un grupo de compañeras arrojó desde un tercer piso. Fue producto de la violencia y del descontrol dentro de las aulas. Y el caso del joven del CCH, que apuñaló a su compañero, se generó precisamente por la falta de supervisión y control en redes y escuelas”.
“Este fenómeno —dijo— tiene que ver con el exceso de pantallas, con la falta de evaluación educativa, con jóvenes que ya no tienen tareas ni seguimiento y pasan horas consumiendo contenido agresivo. Es un caldo de cultivo para estos grupos. Son muchachos que se van adoctrinando en comunidades virtuales que se organizan y se desintegran según sus intereses, pero dejan huellas profundas”.
La doctora Correa Cortés añadió que incluso en las universidades de Jalisco “hemos encontrado que jóvenes con acceso a cursos de género y nuevas masculinidades también reproducen discursos de odio. Pensar que solo quienes no estudian caen en esto es un error. Es una cultura que permea incluso los espacios académicos”.
El fenómeno no se limita a México. “Hay países de alto desarrollo —alertó Cedillo— donde el suicidio juvenil es cotidiano, donde los jóvenes se aíslan y encuentran en las redes su única comunidad. Si seguimos ausentes e indiferentes, podríamos caer en una espiral de descomposición social mucho mayor”.
Para los líderes familiares, el problema no puede atribuirse sólo a los algoritmos o a los videojuegos. “No podemos voltear la mirada hacia otro lado”, insistió Cedillo. “Esto no se origina en las redes, aunque ellas lo amplifican. Es una desconexión entre generaciones. Hemos permitido que los hijos se formen con algoritmos y influencers anónimos, que exploran sus inseguridades y canalizan su dolor hacia el resentimiento”.
La profesora Correa Cortés subrayó que “el Estado tampoco hace nada. Hemos denunciado discursos en Facebook que dicen literalmente: ‘Si tu novia no está de acuerdo contigo, mátala’. Facebook no los elimina y el gobierno tampoco actúa. Debe empezar a regular esos discursos y sancionar a las plataformas que los permiten”.
Israel Sánchez fue más directo: “Lo que vemos es impunidad. Las autoridades no detienen ni sancionan. Las marchas violentas, los actos de vandalismo, la violencia en redes, quedan impunes. Cuando no hay control, hay adoctrinamiento y caos”.
La raíz, coinciden todos, está en la ausencia de la familia. “El gobierno debería aliarse con las iglesias, con las escuelas, con las empresas”, propuso Cedillo Bolívar. “Necesitamos cruzadas integrales para recuperar el corazón de los jóvenes. Aislados, no lo vamos a lograr”.
Para la investigadora universitaria, la solución también pasa por reconstruir el vínculo comunitario. “Antes había juntas de padres, había comunidad. Hoy las familias están fracturadas. El trabajo en comunidad se ha perdido, y con ello, la contención emocional de los jóvenes”.
El fenómeno incel, advirtió, “no es más que un espejo de la desigualdad, de la falta de sentido y de la pérdida de amor. Los polos extremos, tanto de derecha como de izquierda, comparten la misma ideología: el odio. Y ese odio se está convirtiendo en una forma de pertenencia”.
Jaime Cedillo concluyó que “no se trata de criminalizar a quienes sienten este dolor, sino de ayudarlos a reencontrarse. Son jóvenes perdidos, no monstruos. Requieren acompañamiento, presencia, diálogo y ejemplos. Hay que reconstruir el amor en tiempos de odio”.
El llamado final de los tres entrevistados es coincidente: urgen a una acción conjunta de autoridades, iglesias, instituciones, familia y sociedad en su conjunto.
“El compromiso tiene que ser de todos”, dijo Cedillo. “Padres, escuelas, autoridades y sociedad civil. Si no entendemos que esta es apenas la punta del iceberg, lo que vendrá después será mucho peor”.
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