OPINIÓN
LOS HOMBRES DEL PODER /// Villanueva, el hombre que se reseteó
Por Gabriel Ibarra Bourjac ///
El cambio generacional ha llegado a la Universidad de Guadalajara con la elección de Ricardo Villanueva como rector general quien tendrá retos muy diferentes a los que enfrentó hace 30 años Raúl Padilla López cuando le tocó romper de manera abrupta con el grupo que lo entronizó al máximo cargo de responsabilidad universitaria.
Para ser y trascender Raúl Padilla tuvo que borrar de la UdG al ingeniero Álvaro Ramírez Ladewig a quien lo desactivó y lo expulsó de este espacio de poder, atendiendo las reglas de un nuevo modelo de universidad que venía a limpiar de grupos radicales en los espacios de la educación superior del país.
Con Villanueva no se espera fractura. El Grupo Universidad cuyo jefe máximo es Raúl Padilla seguirá dominante con sus pesos y contra pesos, con condiciones más favorables que permitan al nuevo rector general generar cambios cualitativos que impacten el área académica.
A Raúl Padilla le tocó en 1989 impulsar un movimiento dentro del Grupo Universidad en un escenario en el que prevalecía el viejo dogmatismo ideológico de izquierda con el que rompió, sepultando a la tristemente célebre Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG) que marcó toda una época con su ideología de “marxismo téorico y pistolerismo práctico”, como bien lo definió el maestro Manuel Rodríguez Lapuente.
Son tres décadas de la era Padilla con sus claroscuros, impulsando una reforma educativa que permitió la descentralización y la creación de centros universitarios regionales con la Red Universitaria de Jalisco.
A LA LLEGADA DE RICARDO VILLANUEVA EL LÍDER MÁXIMO DEL GRUPO UNIVERSIDAD, RAÚL PADILLA CUMPLE 65 AÑOS DE EDAD Y 30 COMO LA CABEZA QUE MANDA, QUE PARTE Y REPARTE EL JUEGO. EL DOMINIO EN LA UDEG DEL CREADOR DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO ES TRANSEXENAL Y TRANSGENERACIONAL. AÚN NO HA LLEGADO EL MOMENTO DE SU RETIRO, COMO ALGUNOS LLEGAMOS A PENSAR QUE PODRÍA OCURRIR. HAY PADILLA PARA RATO.
LO QUE PODEMOS ESPERAR DE VILLANUEVA
Entre el perfil académico y político que se tuvo para la elección del rector general se impuso el político, pero con la experiencia de haber pasado por la docencia y la creación del Centro Universitario de Tonalá, además de la incursión en el campo de la administración del Ayuntamiento de Guadalajara como jefe de gabinete de Aristóteles Sandoval y posteriormente al frente de la Super Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado.
Después participaría en la política partidista dentro del PRI de candidato a la presidencia municipal de Guadalajara, perdiendo ante el hoy gobernador Enrique Alfaro. Fue regidor en ese ayuntamiento hasta dejar el cargo para participar en el proyecto de planeación y ejecución del Centro Universitario de Tonalá, cuya cristalización y operación muestran su liderazgo y capacidad de aterrizar proyectos en corto plazo.
La derrota que sufrió Villanueva en el campo de la política ante Enrique Alfaro, muestra su capacidad para reinventarse y resetearse. El tropiezo le sirvió para replantear su proyecto de vida y tomar la decisión de volver a la Universidad de Guadalajara.
Es este suceso el que lo marca y muestra de qué está hecho. Tal vez esa experiencia en el campo político y de la administración pública, estuvo sobre la balanza y permitió que el gran sanedrín universitario considerara que reunía el perfil más adecuado para los nuevos tiempos con el cambio generacional que ello implicaba.
Ricardo Villanueva a partir del 1 de abril del 2019 asumirá la alta responsabilidad que implica estar al frente de la Rectoría General de la segunda universidad pública más grande del país cuya matrícula es cercana a los 300 mil alumnos.
Llega en un momento de estabilidad interna dentro de la UdeG, pero con una incertidumbre de las amenazas externas en razón del fuerte recelo que existe con el Gobierno Federal y el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien tiene en la lista negra a Raúl Padilla y que afecta ya en lo económico a la institución.
El nuevo rector general tendrá que enfrentar ese recelo y resistencias del poder central. Durante la pasarela ante el Consejo General Universitario que hizo junto con los otros 5 aspirantes delineó sus proyectos que pretende ejecutar como titular de la UdG, resaltando el convertir a todos los centros de la red en multitemáticos, priorizar la educación humanista y tecnológica y que vendría a sustituir el modelo de campus temático que nació hace 25 años, pero sin que se considerara el crecimiento de la ciudad que hoy afecta a la comunidad universitaria en el tiempo de traslado que tienen que hacer de un extremo a otro de la metrópoli.
La elección de Ricardo Lomelí ha sido bien recibida en lo general por la opinión pública y la comunidad universitaria al reconocérsele capacidad y preparación.
Gran tarea le espera a este joven de carácter y que ha demostrado capacidad donde ha estado. Tiene mucho por hacer y podría marcar una nueva era en los próximos años en la UdeG.
Correo electrónico: gabriel.ibarrabourjac@gmail.com
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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