JALISCO
La compleja relación entre el Grupo UdeG y Alfaro: Divorcio en la cumbre
Opinión, por Mario Ávila //
Son muchas las evidencias de facto que decretaron el divorcio en la cumbre del Estado, entre el gobernador Enrique Alfaro Ramírez y el mandamás de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López.
No necesitaron recurrir a los métodos de la justicia alternativa, ni plantearon la separación de bienes delante de un juez de paz y cada quien con su representante legal, el amorío terminó, como empezó: en lo oscurito.
Ya había antecedentes de que esta relación no tenía mucho futuro, díganlo si no, los muertos políticos que dejó el zafarrancho del 2009 cuando llegó a la alcaldía de Tlajomulco de Zúñiga el hoy gobernador de Jalisco, y una vez sentado en el trono decretó al municipio libre de la influencia padillista y del Grupo UdeG, que lo respondió por la ruta del PRD para que llegara al cargo.
Es decir, traiciones, ya las había; dobles caras, también; intereses, sobraban…
Pero un factor los reconcilió: el poder y el dinero.
Y así, una vez que en el 2012 Alfaro Ramírez se quedó a un tris de vencer a Aristóteles Sandoval, en el 2015 el Grupo UdeG le puso un flan a su merced para que se convirtiera en alcalde de Guadalajara y para que después con eso mismo personaje gobernara Jalisco durante un sexenio.
Pero justamente el factor que los unió, el poder y el dinero, hoy es el causante de su divorcio que se hizo evidente desde el pasado
Un mes atrás, exactamente el pasado 20 de abril, el rector de la UdeG, Ricardo Villanueva, se desmarcó de cualquier trasfondo político durante la actual pandemia por Covid-19, toda vez que circuló en redes sociales una imagen del Partido Movimiento Ciudadano, en el que se hace alusión a la unidad de la casa de estudios y el gobernador Enrique Alfaro, para hacer frente a la contingencia epidemiológica.
Pero Alfaro no contaba con que Padilla tenía otros planes. Ante la extinción del PRD, ha creado a una agrupación política llamada “Hagamos” y ante la caída en las simpatías y la popularidad de Enrique Alfaro, Raúl Padilla ha pensado que en el 2021 puede experimentar con sus nuevos “cachorros” para aspirar a perpetuar el control del poder en la entidad, como lo ha hecho en las últimas tres décadas.
Y Alfaro no lo creyó.
Vino luego una embestida por parte de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) que censuraron primero los 50 centavos que se cobran de más en la tarifa del transporte público, como que si la situación fuera nueva.
Sin embargo antes la FEU estaba a modo y ahora se trata de escandalizar los errores de la administración y vino una vigilancia extrema en el servicio, en las rutas, en la conducta de los choferes.
Y luego se dio el zafarrancho de Chapala, en donde un ciudadano alcoholizado, pasado de v…erde, prepotente y soberbio como muchos sabedores que emanaban de un idilio en la cumbre, agredió, ofendió y embistió a los policías municipales, que los llevaron a los separos policiacos, a pesar de que se tratara del director de la escuela preparatoria de la UdeG.
Y el berrinche no se hizo esperar. La queja en Derechos Humanos, la amenaza, la agresión y la advertencia.
A las oficinas del alcalde de Chapala llegó una carta del rector general de la UdeG, Ricardo Villanueva, reclamando el acto violatorio a los derechos humanos para uno de sus 250 mil miembros plenipotenciarios destacados.
Y no quedó ahí, la UdeG tiene con qué y de ello quedó constancia también en Canal 44, la empresa de comunicación televisiva a cargo de Gabriel Torres, que desde sus transmisiones dejó entrever que las empresas constructoras que son de la familia del gobernador, son las únicas que participan en el proyecto de la reactivación económica del estado.
Y como si no fuera suficiente, la UdeG este jueves le echa en cara al gobernador su irresponsabilidad al decretar el inicio de la fase cero y con ello la reapertura parcial de los comercios e industrias no indispensables.
Situación de la que después Enrique Alfaro se desdijo, argumentando que todos los jaliscienses no entendieron, que la torpeza no fue de él… y finalmente acató lo dicho por la UdeG (y aunque le duela) y por Andrés Manuel López Obrador, que la reactivación iniciaría hasta el 1 de junio.
Bueno. Lo que sigue es que si Enrique Alfaro ya acató lo dicho por la UdeG para el 1 de junio, también debe darle un honoris causa al director de la prepa en Chapala, debe separar públicamente a su primo y a su tío de los negocios de la construcción en el gobierno del estado y en Zapopan particularmente en donde están a un tris de iniciar con la edificación de departamentos y una plaza comercial en el centro, con la autorizacion de Pablo Lemus; debe regresar el transporte a los 7 pesos o al menos regresar los 50 centavos que se han robado durante un año y debe de meter a la cárcel a los dirigentes de Movimiento Ciudadano por usar políticamente campañas de salud como el COVID-19.
Si eso no sucede, la suerte está echada.
El divorcio está firmado.
El pleito está garantizado.
– Por Redacción Conciencia Pública
Todos los 30 de agosto de cada año, el mundo conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha que adquiere un significado especialmente doloroso y urgente en México. Lo que a nivel global es un recordatorio, en nuestro país es una herida abierta que se agrava día a día.
Decenas de miles de personas han desaparecido, dejando un vacío inmenso y una búsqueda incansable que, en muchos casos, recae en las manos de sus propias familias.
Esta crisis humanitaria es un reflejo de la compleja y violenta realidad que vive la nación, donde la impunidad y la inacción de las autoridades han permitido que este delito persista y se expanda. En un día como este, es crucial recordar que cada cifra representa una vida, un sueño y una familia destrozada.
Jalisco, en particular, se ha convertido en el epicentro de esta crisis. El estado encabeza las listas nacionales de personas desaparecidas, una estadística alarmante que ha puesto a la región en el centro de la atención nacional e internacional. Las cifras oficiales, que superan las 15,000 personas desaparecidas, no logran capturar la magnitud del sufrimiento de quienes buscan sin descanso.
En los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) la problemática se vive con particular intensidad, con miles de casos que claman por justicia y verdad. Este panorama ha llevado a que los colectivos de búsqueda en Jalisco sean de los más activos y organizados del país, asumiendo una labor que corresponde al Estado.
Glorieta de las y los desaparecidos en Guadalajara |
La desaparición forzada no es un fenómeno reciente. Si bien fue utilizada por muchos gobiernos de Latinoamérica como táctica contrainsurgente en los años 70 y 80, en el presente se ha recrudecido y se asocia principalmente con la violencia del crimen organizado, aunque también se han documentado casos con la participación de agentes del Estado como policías o soldados.
Las víctimas son, en su mayoría, hombres jóvenes, pero la problemática no discrimina y afecta a personas de todas las edades y géneros. En este contexto, las familias se enfrentan a una «doble desaparición»: la de su ser querido y la de la verdad, ya que el acceso a la justicia y a la información se ve obstaculizado por la burocracia, la corrupción y, en muchos casos, la revictimización por parte de las propias autoridades.
El desafío para las familias de los desaparecidos es monumental. Se han convertido en investigadoras, peritos, forenses y activistas, explorando terrenos peligrosos en busca de fosas clandestinas.
La lucha de los colectivos de madres buscadoras y familiares de desaparecidos no solo es por encontrar a sus seres queridos, sino también por preservar su memoria y exigir rendición de cuentas. Varios de ellos organizan marchas, misas y eventos conmemorativos para mantener viva la visibilidad del problema y presionar a las autoridades.
Estos colectivos de búsqueda, formados por madres, padres, hermanas e hijos, han demostrado una resiliencia inquebrantable ante la indiferencia y los riesgos que corren.
La crisis forense es otro de los grandes obstáculos en el camino hacia la verdad. Los institutos de ciencias forenses de todos los estados se encuentran rebasados, con miles de cuerpos sin identificar que se acumulan en sus instalaciones. Esta situación prolonga la agonía de las familias, que se aferran a la esperanza de encontrar a sus seres queridos, aunque sea para poder darles un entierro digno.
El dolor de no saber el paradero, de vivir en una incertidumbre perpetua, es una de las torturas más crueles que enfrentan. La falta de identificación y la demora en los procesos representan una forma de revictimización institucional.
Este día nota no es solo un recordatorio de una fecha, sino un llamado a la acción y a la empatía. Es una invitación a la sociedad mexicana a solidarizarse con las familias que buscan a sus desaparecidos, a exigir a las autoridades un compromiso real con la justicia y a no permitir que el silencio o el olvido se impongan.
Esta fecha nos recuerda que la lucha de los colectivos de búsqueda es, en esencia, la lucha de toda la nación por recuperar su humanidad.
ORIGEN DE LA CONMEMORACIÓN
El 30 de agosto fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010 para visibilizar este grave crimen, honrar a las víctimas y promover la búsqueda de verdad, justicia y reparación para ellas y sus familias.
La desaparición forzada es una violación de los derechos humanos que genera inseguridad y desamparo, y se utiliza para atemorizar a la población, siendo un crimen de lesa humanidad cuando es sistemática o generalizada.
Fue propuesto originalmente por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) en 1981 y posteriormente adoptado por la ONU en 2010.
La Asamblea General de la ONU ha expresado en varias ocasiones su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas en diversas regiones del mundo y el hostigamiento a testigos y familiares de las víctimas, lo que llevó a la creación de esta jornada.
– Por Redacción Conciencia Pública
El 11 de junio de 2026, la Ciudad de México volverá a ser el centro del fútbol mundial, cuando el Estadio Azteca reciba el partido inaugural de la Copa del Mundo, el primero con 48 selecciones en la historia.
La FIFA confirmó que el balón comenzará a rodar en el Coloso de Santa Úrsula, marcando un hecho histórico: México será el primer país en albergar tres inauguraciones mundialistas (1970, 1986 y ahora 2026). El anuncio disipa rumores sobre un posible cambio de sede y reafirma el papel protagónico de nuestro país en la fiesta más grande del fútbol.
México tendrá en total 13 partidos repartidos entre el Estadio Azteca en la capital, el Estadio Akron de Guadalajara y el Estadio BBVA de Monterrey. Aunque la final se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, la apertura en suelo mexicano será la vitrina más vista en el planeta, con millones de espectadores en todo el mundo.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió ayer en Palacio Nacional con Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), para conversar sobre el desarrollo de la Copa Mundial 2026.
Como resultado de este encuentro, la presidenta anunció que México será sede del partido inaugural que se llevará a cabo el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca de la capital del país.
“Agradezco la visita de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para conversar sobre el desarrollo de la Copa Mundial. México vivirá un momento extraordinario”, detalló en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.
Sin embargo, el evento no estará exento de polémica: en CDMX vecinos y colectivos han manifestado inconformidad por las obras de remodelación en torno al Estadio Azteca, denunciando afectaciones ambientales y urbanas.
Por su parte, las autoridades locales de CDMX, Guadalajara y Monterrey aseguran que el torneo dejará una derrama millonaria en turismo, infraestructura y empleo.
Con una expectativa de más de 5 millones de visitantes internacionales, México se prepara para un Mundial que promete romper récords en audiencia, ingresos y pasión. Y, como en 1970 y 1986, la imagen que dará la vuelta al mundo será la de un Estadio Azteca lleno, vibrando con el primer silbatazo.
– Por Mario Ávila
El predio de 5.7 hectáreas al interior de Colomos III, particularmente en el cruce de las avenidas Patria y Colomos, donde se proyecta la construcción de torres para 140 departamentos y 280 cajones de estacionamiento, sufrió una decisión importante, luego de que el particular Ricardo Ramirez Angulo venció jurídicamente al Gobierno de Jalisco, con la resolución de un Tribunal Colegiado que confirmó la resolución de un juez de distrito.
El litigio inició en el 2017 cuando el Gobierno del Estado determinó que el área de 12 hectáreas en la zona de debería recibir la declaratoria de Área Natural Protegida de competencia estatal, lo que se confirmó en el 2018 y así se publicó el Decreto en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.
Este miércoles 27 de agosto se publicó en estrados en las instalaciones de la Ciudad Judicial Federal, la resolución adversa al Gobierno de Jalisco, en donde no se detalla de momento el tema de la restitución del bien inmueble, pero hasta la última hora de este jueves aparentemente el Gobierno de Jalisco no había sido notificado.
30 de agosto: Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas
Desecha la Suprema Corte último recurso interpuesto por UIF contra Juan Collado
México y Brasil sellan nuevos acuerdos de integración sectorial
México hará historia: Estadio Azteca será sede del partido inaugural del Mundial 2026
