-Opinión, por Iván Arrazola

El Tribunal Electoral abrió una auténtica caja de Pandora al sancionar a la ciudadana Karla Estrella por un comentario en redes sociales, en el que criticó la decisión del Partido del Trabajo de postular a la esposa del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados como candidata. La denuncia por violencia política en razón de género ha detonado un debate intenso sobre los límites entre la libertad de expresión y la violencia política en razón de género.

Karla Estrella publicó en la red social X un mensaje en el que cuestionaba la inclusión de una candidata en las listas del Partido del Trabajo, sugiriendo que dicha postulación obedecía a la presión ejercida por su esposo, un alto funcionario del Poder Legislativo.

En términos coloquiales, acusó al legislador de haber presionado al partido para imponer a su esposa, aun cuando eso implicara alterar los mecanismos internos de selección de candidaturas.

Ante esta publicación, el Tribunal Electoral determinó que las expresiones vertidas por Karla Estrella eran discriminatorias y constituían un acto de violencia política contra las mujeres en razón de género. En su resolución, el Tribunal argumentó que el mensaje difundido implicaba una forma de violencia simbólica, psicológica y digital, al menospreciar la trayectoria profesional de la candidata, negar sus méritos y reducir su figura pública a una extensión del poder masculino, colocándola como un símbolo del dominio de su pareja.

Como sanción, el Tribunal impuso una multa, ordenó su capacitación mediante lecturas y cursos sobre género y derechos humanos de las mujeres que la ciudadana debe pagar, y la obligó a publicar una disculpa durante treinta días en su red social, refiriéndose a la legisladora como “DATO PROTEGIDO”.

Esta decisión sienta un precedente preocupante: bajo esta interpretación, las críticas ciudadanas a los partidos políticos —entes de interés público financiados con recursos del erario— podrían ser silenciadas bajo el argumento de violencia de género. En una democracia, cuestionar cómo se toman las decisiones en el poder, especialmente aquellas relacionadas con postulaciones a cargos de elección popular, no solo es legítimo, sino necesario.

Desde la teoría democrática contemporánea, pensadores como Jürgen Habermas y John Rawls coinciden en que el poder político debe estar sujeto a la deliberación pública, la crítica abierta y la rendición de cuentas. Solo a través del debate se fortalece la legitimidad de las decisiones públicas.

No se puede ignorar que en la política mexicana el amiguismo, el compadrazgo y las redes de poder informal son mecanismos reales de decisión. Los partidos no se caracterizan precisamente por su democracia interna. Por ello, señalar y debatir cómo se otorgan candidaturas es parte del derecho ciudadano a exigir transparencia y equidad.

Además, la sanción resulta desproporcionada si se considera la enorme asimetría de poder entre una ciudadana sin acceso pleno a la justicia y una legisladora con recursos, redes de protección institucional y cercanía con los círculos del poder. El Tribunal debió valorar el contexto, la intención crítica del mensaje y el interés público del comentario. Si el contenido era considerado ofensivo, bastaba con ordenar su eliminación; recurrir a una sanción de esta magnitud es, a todas luces, un exceso y un acto que raya en el abuso de poder.

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el caso, calificando la sanción como un exceso y afirmando que “el poder debe ejercerse con humildad, no con soberbia”. No obstante, sus palabras resultan vacías cuando es incapaz de detener los intentos censuradores dentro de su partido y aliados.

Por su parte, la legisladora que presentó la queja declaró: “Quiero dejar claro que nunca estaré a favor de la censura, y sí estaré a favor de defender los derechos de las mujeres que luchamos por construir nuestra carrera, sobre todo en un ambiente tan complicado y agresivo para nosotras, que es la política”. Sin embargo, esta postura contrasta con sus propias acciones, pues votó en contra del desafuero de Cuauhtémoc Blanco, quien enfrenta acusaciones por violación.

Estos son tiempos complicados para la democracia mexicana. Las instituciones electorales parecen haber perdido el sentido común y la capacidad de distinguir entre violencia política de género y el ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Cuando se debe elegir entre proteger la crítica ciudadana o blindar a quienes ostentan el poder, la opción ética, política y democrática debe ser siempre permitir el cuestionamiento, no castigarlo.

La interpretación expansiva de la violencia política de género corre el riesgo de convertirse en una herramienta de censura. Y lo que es peor, en un mecanismo para proteger a los poderosos de la crítica pública. Si esto continúa, no solo se desvirtúa la lucha por los derechos de las mujeres, sino que se erosiona uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático: el derecho a hablar libremente sobre los actos del poder.

-Opinión, por Luis Manuel Robles Naya

Podemos frasearlo al revés, Pemex para Slim, y no estaríamos equivocados, aunque no deja de ser una suposición imposible por aquello de la soberanía y sería absurdo que se repitiera la operación Telmex, pero en el mundo de las suposiciones todo lo que se ve es, aunque la autoridad lo niegue.

En febrero 26 de 2024 publiqué en Conciencia Pública una columna titulada “¿Slim en Pemex?” en la que resaltaba el interés del empresario por la industria de los hidrocarburos dada su creciente inversión en el sector. Rescataba en esa colaboración algunos datos sobre las inversiones y sociedades empresariales realizadas por el grupo Carso y la firma de inversión familiar de Slim, Control Empresarial de Capitales, que le daba acceso a los proyectos petroleros más prometedores.

Señalé también: “No es un secreto la relación estrecha que tiene el señor Slim con el presidente, lo que lo hace potencialmente poseedor de información privilegiada, o al menos, por la cercanía, intuir el sentido de las políticas venideras y eso lo ha hecho voltear hacia la industria, o bien es solamente su olfato y aguda percepción, lo que lo hace avizorar que rescatar a Pemex y al sector energético nacional requerirá forzosamente de la participación privada y quiere tener un lugar preponderante.”

Actualmente hay información que confirma mucho de lo especulado entonces. Es inminente el rescate de Pemex, su situación financiera requiere liquidez que ya no puede el gobierno mexicano proporcionar en suficiencia, como no lo pudo hacer en el sexenio anterior. Coincidentemente (?) el 3 de julio los medios dieron a conocer una reunión que tuvo el empresario con la presidente Claudia Sheinbaum, la cuarta en lo que va del sexenio, para hablar de Pemex, entre otras cosas, justo cuando el gobierno ha anunciado su intención de permitir la participación del sector privado y el ingeniero Slim se pronunciara el primero de julio, en el día del ingeniero, por una mayor participación de la iniciativa privada en el sector energético nacional.

Lo que he venido señalando desde hace tiempo respecto a la situación de Pemex está terminando por ser reconocido. En Junio del 2020, en esta misma Conciencia Pública señalé: “Entonces, ¿Qué hacer con Pemex? La respuesta no está dentro de la administración de la empresa que debe seguir buscando disminuir costos, aumentar producción y manejar inteligentemente su deuda. Es el gobierno de México el que debe redefinir sus prioridades y dejar que Pemex sea una empresa competitiva cuya recuperación a largo plazo, obedezca a sanas prácticas empresariales.

La solución a la que se opone, la administración actual por querer borrar los símbolos de la que llaman era neoliberal, es la apertura a la inversión privada en los términos que se había planteado en la reforma energética anterior, es decir, conservando el Estado la propiedad absoluta de los recursos naturales, compartiendo riesgos y utilidades y cobrando impuestos a las empresas asociadas.”

El tiempo parece darnos la razón y hoy diversos medios, entre ellos, Proceso, Reporte Índigo y El Financiero han informado que el Grupo Carso absorbe el 62% de los Contratos de Desarrollo Mixto, que es el formato con el que Pemex se abre a la participación privada, y se convierte en el socio principal de Pemex con una inversión estimada en 2 mil millones de dólares.

Hay otras 8 empresas que participan en esta nueva modalidad con el 38% restante y es difícil que pueda haber más de una decena ya que pocas empresas mexicanas cuentan con el respaldo financiero para asociarse con una empresa, carente de liquidez, con altos pasivos.

Por otra parte, los contratos mixtos se constriñen a campos que ya están produciendo y necesitan inversión, sin que la exploración para el aumento de reservas, que sigue siendo exclusiva de la empresa estatal, cuente con recursos suficientes para ampliar las áreas de búsqueda.

Con todo, la industria de los hidrocarburos tiene futuro, la visión empresarial de Carlos Slim lo demuestra y se confirma con el hecho de que ninguna empresa dedicada a esto tenga perdidas, salvo Pemex, por supuesto. El olfato financiero del magnate tiene rato oliendo las ganancias y sabiendo que el recurso en México depende del gobierno, extiende sus redes y logra convencer, incluso a radicales del estatismo, de lo necesario de su participación.

El movimiento se avizoraba desde el sexenio anterior así que no debemos llamarnos a sorprendidos ni envolvernos en las banderas nacionalistas cuando nos demos cuenta en el futuro inmediato que la empresa petrolera mexicana seguirá siendo nacional, pero será privatizada con la muy posible participación mayoritaria de ya saben quién. Al tiempo.

-Tecnología, por José Modesto Barros Romo

La inteligencia artificial (IA) se ha consolidado como el tema tecnológico más relevante a lo largo de esta primera mitad del año de 2025, impulsando innovaciones en dispositivos, sostenibilidad y geopolítica.

Empresas líderes como Samsung y Google están integrando IA en sus productos, mientras que gobiernos y corporaciones invierten en su desarrollo para mantener la competitividad a nivel global, en el que la carrera por ser el mejor en IA está siendo liderada por China y Estados Unidos, con un lejano tercer lugar disputado entre los europeos y algunas potencias de Asia como Corea del Sur y Japón.

En la electrónica comercial, la empresa surcoreana Samsung ha apostado por una IA multimodal, que ya está presente en celulares, televisores, electrodomésticos y wearables conectados bajo el ecosistema SmartThings.

Entre sus funciones destacadas se encuentran la traducción instantánea, la búsqueda inteligente de imágenes y sugerencias personalizadas basadas en preferencias del usuario, todo ello respaldado por un fuerte compromiso con la privacidad de los datos.

En el mundo de la moda, marcas como H&M han introducido «gemelos digitales» generados por IA, inspirados en personas reales, como parte de su estrategia de marketing.

Además, la IA se ha integrado profundamente en la vida cotidiana a través de móviles, coches, asistentes de voz y plataformas digitales, aunque muchas veces no seamos conscientes de su presencia.
Cadena SER

Sin embargo, este auge también conlleva desafíos significativos. El uso cada vez más extendido de la IA, especialmente en la generación de imágenes, ha llevado a un aumento significativo en el consumo de energía, lo que resulta en serias consecuencias para el medio ambiente.

Ya que estamos hablando del ámbito energético, la inteligencia artificial está revolucionando la sostenibilidad. En varios países de Europa ya hay sistemas que están utilizando la inteligencia artificial para equilibrar la oferta y demanda energética en tiempo real, optimizando el uso de energías renovables y reduciendo desperdicios.

Además, algoritmos avanzados ayudan a detectar fallos en infraestructuras, extender la vida útil de equipos y anticipar desastres naturales relacionados con el cambio climático.

A nivel geopolítico, Estados Unidos ha anunciado una inversión privada de 92 mil millones de dólares destinada al desarrollo de inteligencia artificial (IA) y energías innovadoras, principalmente en Pensilvania, con el objetivo de competir con China en esta área estratégica.

La inversión, impulsada por grandes empresas como Google, Blackstone, Meta, Amazon Web Services, Exxon Mobil y BlackRock, está dividida en más de 56 mil millones para infraestructura energética y 36 mil millones para la construcción de nuevos centros de datos.

En resumen, la inteligencia artificial se ha convertido en el eje central de la innovación tecnológica en 2025, transformando desde dispositivos personales hasta infraestructuras energéticas y estrategias geopolíticas.

Su integración en diversos sectores promete avances significativos, pero también plantea desafíos éticos y de equidad que deberán ser abordados con responsabilidad y colaboración global.

EL CASO MEXICANO

En los últimos seis meses, México también ha experimentado avances en el ámbito de la inteligencia artificial (IA), tanto en políticas públicas como en iniciativas privadas y académicas.

Presentada en mayo de 2025 se hizo pública la Agenda Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA) 2024–2030, que propone la creación de una agencia digital, una ley general de ciberseguridad y la incorporación de neuroderechos en la legislación mexicana

Además, se ha sugerido una reforma constitucional al artículo 73 para facultar al Congreso a legislar en temas de IA, ciberseguridad y neuroderechos.

También se han implementado entornos de prueba para tecnologías emergentes y programas de capacitación como AcademIA, que ha formado a más de 3 mil personas en habilidades digitales, enfocándose especialmente en mujeres, docentes y pequeñas empresas.

En el sector privado, la compañía energética Iberdrola ha integrado IA, drones y realidad virtual para optimizar el mantenimiento de sus plantas, mejorar la seguridad laboral y capacitar al personal. También ha desarrollado proyectos que combinan tecnología con biodiversidad, como la convivencia entre paneles solares y abejas.

Walmart anunció una inversión de más de 6 mil millones de dólares para 2025, que incluye la apertura de centros de distribución en Bajío y Tlaxcala con tecnologías de IA y robótica, generando aproximadamente 5 mil 500 empleos directos.

En cuanto a la implementación de un ecosistema digital, México se posiciona como líder en adopción de IA empresarial en América Latina, con 362 empresas que han integrado IA en sus operaciones en 2024. Empresas como Grupo Bimbo, Cemex, Banorte, Femsa (OXXO), Aeroméxico y Grupo Salinas han implementado IA para optimizar procesos y mejorar la eficiencia.

Más de 40 instituciones en el país, incluyendo la UNAM, el IPN, el Tec de Monterrey y la Ibero, ofrecen formación en IA, ciencia de datos y automatización. Se espera que la demanda de especialistas en estas áreas crezca al menos un 30% en los próximos dos años.

También se espera que el mercado de aplicaciones de IA en México alcance un valor de 450 millones de dólares en 2025, impulsado por inversiones en sectores como el financiero y manufacturero. Este crecimiento representa un aumento significativo —de 78.22 por ciento— respecto de los 98 millones de dólares registrados en 2024.