-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac

La política, en su versión más superficial, se ha convertido en un escenario de promesas vacías durante las campañas, donde los candidatos abordan los grandes problemas de la ciudad con discursos grandilocuentes que, una vez en el poder, se diluyen en selfies y mensajes huecos en redes sociales.

Este “empobrecimiento de la política” se refleja en la gestión del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), organismo responsable de abastecer de agua a cerca de seis millones de habitantes en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

Sin embargo, lo que alguna vez fue un modelo eficiente de gestión intermunicipal ha sido desvirtuado por prácticas políticas irresponsables que lo han llevado al borde del colapso, dejando a la ciudad en una crisis hídrica que exige soluciones urgentes.

El declive del SIAPA comenzó hace años, cuando políticos voraces lo convirtieron en un botín político. Durante el gobierno de Emilio González Márquez, el organismo se transformó en una “agencia de colocaciones” para aliados del PAN. Junto con el entonces dirigente estatal del partido, González Márquez repartió gerencias y direcciones entre alcaldes y líderes políticos, priorizando lealtades sobre la competencia técnica.

Este modelo de “cuotas y cuates” se consolidó con los gobiernos posteriores, que continuaron usando al SIAPA como un espacio para colocar a allegados, sin importar su preparación. Un caso emblemático es el de la famosa publirrelacionista, quien, tras manejar relaciones públicas en el Instituto Jalisciense de Reinserción Social (INJANRESO) y firmar convenios para la venta de productos de reclusos, fue nombrada en una plaza directiva del SIAPA por decisión arbitraria de un aliado político.

Este tipo de prácticas refleja la frivolidad que ha caracterizado la gestión del organismo en las últimas décadas.

Como resultado, el SIAPA enfrenta una crisis multidimensional: administrativa, financiera y técnica. Está prácticamente en bancarrota, con un déficit estructural que lo ha dejado al borde de la quiebra.

Mientras tanto, la infraestructura hidráulica de la ZMG, con tuberías y colectores obsoletos, es incapaz de satisfacer las necesidades de una población en crecimiento. Esta situación se agrava en temporadas de lluvias, cuando las inundaciones exponen el colapso de los sistemas de drenaje, poniendo en riesgo vidas y propiedades.

La irresponsabilidad de los políticos que han manejado al SIAPA con fines clientelares ha llevado al organismo a un punto crítico, donde la inacción ya no es una opción. Este escenario ha estallado en el mandato del gobernador Pablo Lemus, quien enfrenta una bomba de tiempo heredada por décadas de negligencia.

Inicialmente, la reestructuración del SIAPA no parecía estar en su agenda prioritaria. La reciente aprobación de un aumento tarifario, impulsada con el peso político del gobierno estatal y los votos de los alcaldes metropolitanos, se llevó a cabo sin un diagnóstico claro ni un plan concreto de reingeniería. Sin embargo, el caso de la publirrelacionista, que destapó las “miserias” del organismo, junto con las crecientes quejas de la ciudadanía y actores políticos por el deficiente servicio de agua, ha obligado a Lemus a actuar.

“Estamos trabajando en una reingeniería absoluta del SIAPA, que abarca desde recursos humanos, áreas administrativas, atención al cliente, hasta la mejora en el suministro de agua potable”, afirmó el gobernador el 27 de julio de 2025.

Subrayó que, tras el incremento de tarifas, el SIAPA está obligado a mejorar: “Lo dije desde el día que se aprobaron las tarifas: el SIAPA debe dar un mejor servicio”.

Lemus ha anunciado una inversión inicial de 9,000 millones de pesos para modernizar la red hidráulica de la ZMG, un esfuerzo crucial para reemplazar tuberías y colectores obsoletos. Este proyecto requiere la colaboración de los alcaldes metropolitanos, quienes forman parte del consejo de administración del SIAPA.

El gobernador ha prometido convocar a sectores clave —técnicos, académicos, empresarios, organizaciones civiles y medios de comunicación— para presentar un plan integral que aborde no solo la gestión del organismo, sino también la infraestructura subterránea de la ciudad.

Entre las soluciones propuestas está el drenaje profundo, una medida necesaria para mitigar el caos que las lluvias provocan en una metrópoli colapsada, donde las inundaciones representan un peligro constante.

La decisión de Lemus es una de las más trascendentes en Jalisco en las últimas cuatro décadas. Rescatar al SIAPA implica no solo sanear un organismo en crisis, sino también realizar una “cirugía mayor” a las entrañas de la ciudad.

Este desafío pone a prueba la capacidad del gobernador para superar las inercias de la frivolidad política que han marcado a la entidad. Si logra ejecutar un plan transparente y efectivo, demostrará el valor de una “buena política” que priorice el bienestar colectivo sobre los intereses de grupo.

Sin embargo, el éxito dependerá de la coordinación con los municipios, la participación de la sociedad y la rendición de cuentas. La ciudadanía, cansada de promesas vacías y selfies, exige resultados concretos: un SIAPA eficiente y una ciudad que funcione, incluso en los días de temporal.

Este momento histórico puede ser un punto de inflexión para Jalisco, donde la gestión responsable del agua marque la diferencia entre el empobrecimiento de la política y un gobierno que cumpla con su mandato.

-Opinión, por Miguel Anaya

La historia de Irma Hernández es una tragedia mexicana con todas las letras: una maestra jubilada, convertida en taxista para sobrevivir, asesinada por no pagar “cuota de plaza” a un grupo criminal. No es una historia de ficción ni un capítulo más del realismo trágico nacional: es la vida —y la muerte— de miles que hoy, en este país, caminan la delgada línea entre sobrevivir y caer en la estadística.

Irma educó a generaciones enteras. Fue pilar de una comunidad, sembradora de futuro. Pero cuando llegó su retiro, el sistema la premió con una pensión que no alcanzaba para comer, menos aún para sobrellevar una enfermedad o vivir con dignidad. Y es así como la maestra, que durante décadas trabajó para el Estado, terminó su vida buscando ingresos en un volante ajeno, en una ciudad tomada por intereses que no son los de la ley, ni del pueblo, ni de la justicia.

Detrás de esta historia hay una cadena de fracasos: primero, la precarización del trabajo y la miseria disfrazada de pensión. Jubilados que deben seguir trabajando no por gusto, sino por necesidad, son un símbolo de un país que castiga a quienes entregaron su vida al servicio público, a ser productivos. El jubilado no pide riqueza sino dignidad.

Segundo, la inseguridad que se ha vuelto paisaje. No la inseguridad abstracta de cifras y reportes vacíos, sino la concreta: la que se siente en cada esquina, la que decide quién vive y quién muere, la que cobra derecho de piso como si se tratara de una tarifa institucional.

Tercero, el monstruo de la extorsión, esa epidemia silenciosa que arruina comercios, desaparece oficios, y también se cobra vidas. Hoy es más común de pago la cuota de plaza que la del impuesto predial. Se paga por miedo, se paga por costumbre, se paga porque ya no hay autoridad que proteja a nadie que no tenga escoltas, y a veces ni con ellos ajusta.

Y finalmente, el más devastador de todos: la normalización. Hemos dejado de conmovernos. A veces, ni siquiera nos indignamos. Solo registramos el hecho, lo compartimos un par de veces, y seguimos. Como si no se tratara de una tragedia nacional, sino de una rutina ineludible.

Pero en el fondo, lo más alarmante es esto: el crimen organizado ha ocupado las funciones del Estado. Cobran impuestos —llámese derecho de piso—, brindan “seguridad” —a cambio de sumisión—, y regulan el trabajo —con amenazas y violencia. Son, de facto, autoridades paralelas. No solo porque actúan con impunidad, sino porque llenan el vacío que los gobiernos, en todos los niveles, han dejado crecer por cobardía, complicidad o simple ineptitud.

El Estado ya no manda en vastas regiones del país. No gobierna, no protege, no impone justicia. Delegó su deber en el crimen, y este lo ha asumido con eficacia perversa. Las calles ya no responden a las leyes escritas en papel, sino a las que dictan los cárteles con plomo, miedo y silencio.

Irma no fue víctima del azar. Fue víctima de un sistema fallido, de un país que castiga al que trabaja y premia al que amenaza. Su asesinato no es un hecho aislado. Es una muestra de que, en México, hay zonas donde ser honesto y valiente puede costarte la vida.

Hoy Irma es nombre propio, pero mañana puede ser cualquier otro. Porque mientras no se recupere el control del territorio, mientras el Estado no asuma su deber de proteger, mientras no haya justicia ni condiciones de vida dignas para los más vulnerables, este país seguirá siendo eso: un territorio compartido entre los que mandan sin ley… y los que mueren sin voz.

-Conciencia con Texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez

Diría el que dijo que las banalidades, intrascendencias y trivialidades “le vienen como anillo al dedo” al horno en que se queman a diario las figuras y figurines de la 4ª transformación.

Poco a poco se agota la estrategia gubernamental de minimizar hasta el punto de la desvergüenza los hechos en los que se muestran claramente las ligas, asociaciones y nexos con las actividades del crimen organizado (sector privado) de connotados miembros del partido en el poder.

No es gratuito ni creíble que una presidente de la república dedique un buen de su tiempo en la maña…nera a la futilidad surgida por las declaraciones del “Chicharito” Hernández y eluda hablar de casos que estremecen por la crueldad, la saña y la impunidad con que actúan a plena luz del gobierno los sicarios, narcos, huachicoleros y no pocos legisladores así como de las acusaciones y señalamientos en contra de funcionarios sobre su participación o complicidad en delitos que ejecutan los “ejércitos y gerentes” de las diferentes “empresas” delincuenciales.

Se desconoce a ciencia cierta si estas noticias que muestran el lado oscuro de MORENA han salido a la luz “gracias” a la información que los capos sinaloenses presos en Estados Unidos de Norteamérica han proporcionado a la opinión pública, porque son los diarios, la televisión, la radio y las redes sociales donde se han ventilado esos bochornosos casos que muestran a “altas personalidades” implicadas en las ilícitas e ilegales actividades atribuidas a los cárteles del crimen organizado (sector privado).

Las declaraciones del Chicharito sobre la masculinidad y las féminas; los chismes de la farándula y las giras promocionales de los gobernantes, llenas de incienso auto promovido, ya no les alcanzan para desviar la atención del problema principal que vive México: la implicación de buen número de funcionarios y militantes de MORENA en las actividades que se catalogan como del Crimen Organizado.

Este contubernio entre delincuentes y políticos no es exclusivo ni de ahora. Viene de hace muchos sexenios. Lo que admira es que los actuales gobernantes llegaron al poder merced a su discurso acusatorio a los “emisarios del pasado” y aseguraron que “todo cambiaría” por el sólo hecho de llegar su partido al poder. Se está viendo que el dicho aquel de “quítate tú para ponerme yo” es lo que realmente ocurrió.

La gente puede ser engañada algunas veces, pero no por siempre.

Los “gringoleaks” irán destapando la cloaca que hace decenas de años se inició entre los narcotraficantes y la gente del poder (políticos, pero también empresarios).

Si los norteamericanos han encendido la mecha para que estalle esta carga de dinamita política es porque existe el material explosivo. ¿Hasta cuándo se dejará de proteger a los implicados en los escándalos, ya por ser parte de las actividades, por “disimulo” o por ser beneficiarios de las muy jugosas ganancias de ese dinero mal habido?

Es así como se ha revelado que los huachicoleros no son solamente perforadores de ductos para “ordeñarlos”. Existe una red de huachicoleo que maneja cantidades industriales de petróleo y sus derivados, con refinerías y redes de distribución y exportación a EEUU, incluidas. Pemex está quebrada; se pretende “inyectarle” miles de millones de pesos para que no sucumba financieramente.

Mientras el gobierno federal busca dinero para resucitar al cadáver de Pemex, los huachicoleros, los peones, alfiles y reyes de esta actividad ilícita, obtienen ganancias exorbitantes que bien podrían refaccionar a la paraestatal sin necesidad de deuda pública. Si hubiera una verdadera acción para arrancar de las negras manos el negro líquido, “blanqueado” por los criminales que lo usufructúan.

Ahí no para el asunto. ¿Si se logra rescatar a Pemex para quién será el beneficio? ¿Para la nación o para quienes se han apoderado de la empresa ahogándola en deudas, ineficiencias y piraterías desde dentro y por afuera?

La punta del iceberg asoma apenas. Si hay “voluntad política” y la misión de sanear al país de tan grave y grande corrupción se terminará la política aquella de “abrazos y sablazos” que no combatió a la ilegalidad lo ilícito y, en cambio, prohijó casos como el de Pemex, Segalmex, Tren Maya, trata de personas, impunidad a los facinerosos en las extorsiones, secuestros, tráfico de drogas, delitos varios y el enriquecimiento muy explicable de los jeques y sultanas de esta nueva ola de políticos que ejercen el poder sin recato, sin escrúpulos y sin moderación.

Ojalá la presidente no desperdicie la oportunidad de oro de establecer su impronta al gobernar y comience a mandar de acuerdo con su leal saber y entender que, se espera, sea para bien de todos los mexicanos.

El humor de los mexicanos es incorregible. Que al gritarle “¡no estás solo!” a Adán Augusto López en realidad las huestes morenísticas aludían a que también están en el ajo, otros miembros del partido acusados de varios delitos, incluso de violación y que la han “librado” porque como dijo Juárez: “Al enemigo, justicia y gracia; al amigo…sólo gracia”.