Karla Estrella vs dato protegido

-Opinión, por Iván Arrazola

El Tribunal Electoral abrió una auténtica caja de Pandora al sancionar a la ciudadana Karla Estrella por un comentario en redes sociales, en el que criticó la decisión del Partido del Trabajo de postular a la esposa del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados como candidata. La denuncia por violencia política en razón de género ha detonado un debate intenso sobre los límites entre la libertad de expresión y la violencia política en razón de género.

Karla Estrella publicó en la red social X un mensaje en el que cuestionaba la inclusión de una candidata en las listas del Partido del Trabajo, sugiriendo que dicha postulación obedecía a la presión ejercida por su esposo, un alto funcionario del Poder Legislativo.

En términos coloquiales, acusó al legislador de haber presionado al partido para imponer a su esposa, aun cuando eso implicara alterar los mecanismos internos de selección de candidaturas.

Ante esta publicación, el Tribunal Electoral determinó que las expresiones vertidas por Karla Estrella eran discriminatorias y constituían un acto de violencia política contra las mujeres en razón de género. En su resolución, el Tribunal argumentó que el mensaje difundido implicaba una forma de violencia simbólica, psicológica y digital, al menospreciar la trayectoria profesional de la candidata, negar sus méritos y reducir su figura pública a una extensión del poder masculino, colocándola como un símbolo del dominio de su pareja.

Como sanción, el Tribunal impuso una multa, ordenó su capacitación mediante lecturas y cursos sobre género y derechos humanos de las mujeres que la ciudadana debe pagar, y la obligó a publicar una disculpa durante treinta días en su red social, refiriéndose a la legisladora como “DATO PROTEGIDO”.

Esta decisión sienta un precedente preocupante: bajo esta interpretación, las críticas ciudadanas a los partidos políticos —entes de interés público financiados con recursos del erario— podrían ser silenciadas bajo el argumento de violencia de género. En una democracia, cuestionar cómo se toman las decisiones en el poder, especialmente aquellas relacionadas con postulaciones a cargos de elección popular, no solo es legítimo, sino necesario.

Desde la teoría democrática contemporánea, pensadores como Jürgen Habermas y John Rawls coinciden en que el poder político debe estar sujeto a la deliberación pública, la crítica abierta y la rendición de cuentas. Solo a través del debate se fortalece la legitimidad de las decisiones públicas.

No se puede ignorar que en la política mexicana el amiguismo, el compadrazgo y las redes de poder informal son mecanismos reales de decisión. Los partidos no se caracterizan precisamente por su democracia interna. Por ello, señalar y debatir cómo se otorgan candidaturas es parte del derecho ciudadano a exigir transparencia y equidad.

Además, la sanción resulta desproporcionada si se considera la enorme asimetría de poder entre una ciudadana sin acceso pleno a la justicia y una legisladora con recursos, redes de protección institucional y cercanía con los círculos del poder. El Tribunal debió valorar el contexto, la intención crítica del mensaje y el interés público del comentario. Si el contenido era considerado ofensivo, bastaba con ordenar su eliminación; recurrir a una sanción de esta magnitud es, a todas luces, un exceso y un acto que raya en el abuso de poder.

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el caso, calificando la sanción como un exceso y afirmando que “el poder debe ejercerse con humildad, no con soberbia”. No obstante, sus palabras resultan vacías cuando es incapaz de detener los intentos censuradores dentro de su partido y aliados.

Por su parte, la legisladora que presentó la queja declaró: “Quiero dejar claro que nunca estaré a favor de la censura, y sí estaré a favor de defender los derechos de las mujeres que luchamos por construir nuestra carrera, sobre todo en un ambiente tan complicado y agresivo para nosotras, que es la política”. Sin embargo, esta postura contrasta con sus propias acciones, pues votó en contra del desafuero de Cuauhtémoc Blanco, quien enfrenta acusaciones por violación.

Estos son tiempos complicados para la democracia mexicana. Las instituciones electorales parecen haber perdido el sentido común y la capacidad de distinguir entre violencia política de género y el ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Cuando se debe elegir entre proteger la crítica ciudadana o blindar a quienes ostentan el poder, la opción ética, política y democrática debe ser siempre permitir el cuestionamiento, no castigarlo.

La interpretación expansiva de la violencia política de género corre el riesgo de convertirse en una herramienta de censura. Y lo que es peor, en un mecanismo para proteger a los poderosos de la crítica pública. Si esto continúa, no solo se desvirtúa la lucha por los derechos de las mujeres, sino que se erosiona uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático: el derecho a hablar libremente sobre los actos del poder.