ENTREVISTAS
Centralista, la reforma laboral que entra en vigencia en noviembre, existe peligro de quedar igual o peor que antes: Juan Huerta
Por Raúl Cantú //
Ante la reforma laboral que está a punto de iniciar su aplicación en Jalisco el próximo 3 de noviembre existe la preocupación en las organizaciones obreras que “quede igual o peor que antes”, toda vez que se advierte que es de corte centralista al quitarle a los estados las facultades de resolver sus propios problemas y asumirlas el Gobierno Federal con el Centro Federal de Conciliación y Registro Sindical.
“Estamos muy inquietos ante esta reforma de aplicar la justicia laboral, regresando varias décadas al pasado, aparentemente ya superado, pero que quiere volver a constituirse como la forma de gobierno de viejas prácticas centralistas”, considera el Secretario Adjunto encargado de despacho de la Federación de Trabajadores de Jalisco (FTJ), Juan Huerta Péres.
Un tema que está presente es que derivado de las cláusulas del Nuevo Tratado de Libre Comercio entre México-EEUU y Canadá, los sindicatos del vecino país quieren manejar los procesos de legitimación de los sindicatos mexicanos y eso no lo van a permitir, precisa.
LAS EXPECTATIVAS DE LA REFORMA
La reforma es un proceso que inició con grandes expectativas de cambios profundos de forma de aplicar la ley laboral, se vislumbraba de igual manera tropiezos como ha sucedido por la falta de recursos económicos, materiales y de carácter ideológico, expone Juan Huerta entrevistado por Conciencia Pública.
En el modelo de justicia laboral vigente, explica, en la impartición de justicia laboral participaban activamente los representantes obreros, patronales y de gobierno en una forma tripartita para que el equilibrio se pudiera dar de manera adecuada, sin embargo este modelo se agotó por la falta de apoyo, presupuesto adecuado y la actualización tecnológica necesaria para que se pudiera cumplir a cabalidad el objetivo de tener una impartición de justicia rápida y expedita, acepta nuestro entrevistado.
Juan Huerta recuerda que que esta reforma laboral está fundamentada mediante el Decreto publicado el 24 de febrero de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, en conjunto con la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 2019.
“Ha sido presentada como una novedosa forma de impartición de justicia, misma que solucionará según se afirma, los problemas de rezago que actualmente viven las Juntas de Conciliación y Arbitraje -que con esta reforma desaparecen- para dar origen al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, los Centros de Conciliación Locales y los Juzgados Laborales”, subraya.
Los sindicatos obreros comprometidos con su historia y propósito -apunta-, han participado activamente en el desarrollo de esta reforma desde su nacimiento, en las mesas del parlamento abierto en el H. Congreso de la Unión, en el debate legislativo a través de nuestros legisladores obreros y en la etapa de implementación de la reforma, adecuando sus estatutos a la normatividad vigente, cumpliendo con los principios rectores de la democracia sindical y libertad de negociación colectiva.
La gran novedad en esta reforma es la obligación de conciliar todos los asuntos laborales en disputa, situación que anteriormente era voluntaria y formaba parte del proceso. Ahora con este cambio las Juntas de Conciliación y Arbitraje desaparecen y el poder judicial toma las riendas para tomar el control total de los asuntos, pero recordemos que no es fácil el cambio y las fechas que se habían manejado para este proceso en Jalisco. Todo estaba previsto para iniciar el mes de octubre de este año y se retrasó la fecha para que a partir del 3 de noviembre próximo se aplique esta nueva modalidad.
EL PROBLEMA, FALTA DE PRESUPUESTO
Conciencia. ¿Qué ha faltado?
Juan Huerta. Lo que siempre ha faltado es una correcta distribución del presupuesto para que las acciones señaladas puedan ser ejecutadas, eso incluye las sedes de estos Centros de Conciliación Locales y los Juzgados Laborales, los nombramientos del personal calificado y capacitado para impartir justicia, además de la correcta selección de los auxiliares en el proceso.
Se requieren también los recursos materiales y tecnológicos acordes a la expectativa, ya que en este nuevo sistema se mantiene la conciliación como el medio alternativo de solución de controversias idóneo para la resolución de los conflictos entre el capital y el trabajo, pues se busca llegar a un acuerdo alcanzado entre las propias partes del conflicto, sin la intervención de un tercero que tome dicha decisión, sino como un facilitador del diálogo que propone soluciones no vinculantes.
En ese orden de ideas, la conciliación obligatoria es un tema fundamental para que esta reforma funcione correctamente, para evitar el colapso de los juzgados laborales, como máximo deberán llegar a su jurisdicción el 30% por ciento de los asuntos; por ello, los centros de conciliación son la parte más fuerte de la nueva justicia laboral, sobre quienes recae la responsabilidad de conseguir el equilibrio y la justicia social, buscando la resolución de controversias a verdad sabida y buena fe guardada.
Y es aquí donde su integración resulta problemática ya que no existen los suficientes jueces, secretarios y personal preparado en lo laboral en nuestro estado, por ser materia muy específica, podemos decir que los actuales trabajadores de las juntas de conciliación y arbitraje, que viven el día a día en materia de conflictos laborales serían los sustitutos naturales para ocupar estos nuevos cargos.
ES UNA REFORMA CENTRALISTA
Conciencia. ¿Quién gana con la reforma laboral?
Juan Huerta. Debemos dejar claro qué significa realmente esta nueva propuesta de Reforma y la respuesta es: centralismo. Así es, si se les quitan las facultades a los estados de resolver sus propios problemas y sólo el Centro vía gobierno federal lo podrá hacer con el famoso Centro Federal de Conciliación y Registro Sindical, no se le puede llamar de otra manera.
Los procesos actuales de aplicación de la ley se verán disminuidos en sus resoluciones ya que ahora en los estados sólo se recibirán los casos como mera agencia de recepción, con lo que se espera una disminución de alrededor de un 85 % entre sindicatos blancos y pequeños.
Deberíamos ganar todos si se aplica bien y con los apoyos ya descritos, podremos tener mejores tiempos de respuesta ya que la conciliación siempre ha sido la prioridad de la justicia laboral para las Juntas de Conciliación y Arbitraje, lo dice su propio nombre, es claro que la búsqueda de la justicia social, equilibrando los intereses del capital y el trabajo, será alcanzada a través del diálogo social y no priorizando el litigio y la adopción de criterios de estricto derecho.
El problema se puede presentar en cuanto a que los tiempos, personas y recursos financieros no sean lo suficientes para lograrlo y estamos en peligro de quedar igual o peor que antes. Estamos muy inquietos ante esta forma de aplicar la justicia, regresando varias décadas al pasado aparentemente ya superado, pero que se quiere volver a instituir como forma de gobierno viejas prácticas centralistas.
LA INTROMISIÓN NORTEAMERICANA
Conciencia. ¿Cómo están viviendo ustedes esta intromisión a propósito de las cláusulas firmadas por México con la renovación del Tratado de Libre Comercio?
Juan Huerta. Cuando se estaba negociando el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) uno de los acuerdos para que se firmara fue que la ley laboral en México debía reformarse, porque así como estaba perjudicaba a los sindicatos y empresas de los EEUU porque los salarios, prestaciones y leyes no eran parejas entre los países y debían adecuarse, de tal suerte que ellos al principio señalaban que en las negociaciones, para legitimar a los sindicatos por ejemplo, habría representantes internacionales para avalar y autorizar que los procesos se dieran conforme a lo establecidos, dando por escrito una serie de recomendaciones, para que se pudieran dar las autorizaciones a los Sindicatos, sobre todo a los del sector automotriz.
Esto obviamente no se aceptó por parte de México por tratarse de una intromisión a la vida interna de los mexicanos y se acordó entonces, que sí podrían estar presentes, pero sólo como observadores. Ahora en la realidad los sindicatos internacionales quieren manejar estos procesos y eso… no lo vamos a permitir, de ninguna manera.
ALIANZA DE SINDICATOS CON EMPRESARIOS
Se anunció recientemente una Alianza Nacional entre Empresarios y Sindicatos ante la implementación de la reforma laboral y la intromisión de los gringos en asuntos que competen a los mexicanos…
La batalla por nuestra soberanía siempre será un tema de unidad, de acuerdos y alianzas para lograr la fuerza necesaria y poder defender así los derechos de los trabajadores que representamos y ahora en esta nueva visión que el gobierno federal ha propuesto -para todos conocida- como respuesta a los tratados y exigencias del T-MEC; los actores de la producción, tanto el trabajo como el capital estamos haciendo un frente común para cuidar que los extranjeros no puedan incidir en la política interna y la vida laboral de los mexicanos. Hemos visto que en esta nueva forma de hacer las legitimaciones sindicales en las empresas, sindicatos de otros países han estado participando provocando inestabilidad laboral.
En días pasados en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México nos reunimos los dirigentes cetemistas de Jalisco (Juan Huerta Péres) y Coahuila, (Tereso Medina Ramírez) con el presidente de COPARMEX nacional, José Medina Mora y los diputados federales de Jalisco, Horacio Fernández, Manuel Herrera Vega y Mauro Garza Marín, quienes sin duda serán grandes aliados para el sector productivo de nuestra entidad, buscando esa unidad en torno a los temas laborales y la lucha para hacer valer la autonomía sindical y la correcta aplicación de los acuerdos hechos entre las autoridades federales y los países firmantes del T-MEC, especialmente con los Estados Unidos.
¿Cómo harán la defensa?
La defensa como siempre he señalado, se basa en la unidad de los actores de la producción, el capital y el trabajo deben estar preparados para hacer valer los acuerdos hechos entre los países y las leyes federales que así lo indican, para que si existen discrepancias podamos resolverlas juntos. A los empresarios y, a los trabajadores, nos interesan las mismas cosas: la productividad, el bienestar y la búsqueda de mejores formas de convivencia entre las partes.
Será de vital importancia la asignación y vigilancia de los presupuestos que la Federación mande a Jalisco para la correcta aplicación de la Reforma laboral porque de esto depende de la buena marcha y la vigencia del pacto de paz laboral que durante mucho tiempo se ha respetado y que incluso hace poco se firmó ante el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, que sí le entiende a los problemas laborales y está consciente de la gran responsabilidad que esto implica para el desarrollo económico, la creación de empleo y reactivación en general de nuestro estado.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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