ENTREVISTAS
Combate a la corrupción: Tiene Contraloría de Guadalajara 200 investigaciones en proceso, Cynthia Cantero
Por Diego Morales Heredia //
Lo que se ha estado haciendo en el ayuntamiento en materia de combate a la corrupción y transparencia es aperturar investigaciones y darles seguimiento a los asuntos, derivado de este trabajo ya se ha logrado tener a personas vinculadas a proceso y otros funcionarios públicos inhabilitados por malas prácticas en su labor, así lo precisó Cynthia Cantero, Contralora de Guadalajara.
Aunque ya se han tenido algunos responsables, aún quedan pendientes investigaciones por omisiones en su trabajo y son más de 200 las investigaciones que se tienen en el Ayuntamiento de Guadalajara.
“Hay una persona vinculada con prisión preventiva, se va a desahogar todo el procedimiento judicial, es por haber desviado recurso público de cuentas de COMUDE, más de un millón de pesos a su cuenta de nómina personal, por transferencia, directo, prácticamente se dieron todos los elementos para la Fiscalía Anticorrupción para que pudiera integrar toda la carpeta y presentarla ante el juez. Estamos en esto, independientemente de que no se pueda comprobar, porque aceptó que lo hizo, que la apoyaron, existen responsabilidades por omisión, porque evidentemente su trabajo era el último de la jerarquía estructural, tiene que haber mandos intermedios que tenían que revisar lo que hacía esta persona mes con mes, se tendrán que derivar responsabilidades”.
Subraya:»Lo que nosotros estamos haciendo es detectar y darle seguimiento a cada una de las denuncias que recibimos, nos hemos dado cuenta que existen malas prácticas que tienen años realizándose. Lo que estamos haciendo es aperturar investigaciones, llevarlas hasta las últimas consecuencias, que es lo que ocurre comúnmente, se abren procesos, se derivan a las instancias y no se le da seguimiento».
«Lo que hacemos en la Contraloría de Guadalajara es darles seguimiento a los asuntos, informamos sobre la primera inhabilitación en Jalisco por 10 años a un servidor público de Guadalajara, era recaudador en tianguis, en lugar de ingresar el recurso al ayuntamiento lo ingresaba a su bolsillo, se desviaba el recurso y se determinó la inhabilitación, quedó boletinado».
Entrevistada en el programa Tela de Juicio, Cynthia Cantero aseveró que lo importante es generar este nuevo esquema de trabajo para dar un mensaje a todos los funcionarios públicos que si cometen una irregularidad sus casos serán llevados hasta las últimas consecuencias.
“Lo importante es comenzar con este nuevo esquema, aunque sea poco. Tuvimos otra persona que es un gestor de trámites, ha sido denunciado, se ha determinado la suspensión, acaban de determinar en el tribunal otra suspensión y devolver el dinero. Esta persona ya no puede estar, la siguiente denuncia irá al tribunal con incidencias, debe ser totalmente inhabilitado”.
Se entiende que hay candados para evitar estas situaciones, ¿qué responsabilidades pueden tener los titulares de las dependencias?
“Se detectó de diciembre del año pasado a junio, concluimos auditoría y vienen toda una serie de señalamientos adicionales. Sí, tiene que ver un deslinde de responsabilidades de quien le tocaba supervisar, se fue sobre quien realizó y ejecutó la acción de manera directa, darle derecho si había más involucrados, nosotros tenemos que actuar con base a los elementos, quien haya tenido la responsabilidad de revisar y no lo hizo, tendrá responsabilidad. Lo mismo con la auditoría que estamos cerrando”.
200 INVESTIGACIONES
A tu llegada, ¿cuántos casos irregulares has detectado?
“Actualmente tenemos más de 200 investigaciones en proceso, alrededor de 68 o 70 son investigaciones que tienen que ver con hechos de corrupción, las demás tienen que ver derivadas de auditorías, que nosotros decidimos arrancar de oficio o porque servidores públicos no entregaron declaraciones patrimoniales o de intereses”.
Se está denunciando a gente con años trabajando en el ayuntamiento, ¿y los nuevos también?
“Nosotros operamos con base en la denuncia que nos llega, es la que nos da pie de que se investigue el hecho, no la persona, después que se comprueba el hecho debe haber un responsable, si es de la administración actual tendrá que afrontar el tema, si es de la administración anterior veremos en qué momento”.
¿Tienen detectada algún área que sea foco rojo en el ayuntamiento?
“Sí, tenemos áreas que son focos que siempre estamos al pendiente de esas áreas como Inspección y Vigilancia, es una de las áreas que ha tenido incremento en el número de denuncias gracias a la plataforma que colocamos donde se muestra el rostro del inspector y el área de adscripción, ha permitido que incrementen las denuncias, también el área de Servicios Médicos es de las que este año incrementaron las denuncias, evidentemente no hemos dejado de trabajar en coordinación con las autoridades, se implementaron controles de personal, con ingreso y datos biométricos, se hizo una reestructura, se nombraron nuevos administradores, nuevo director. Estamos trabajando a fondo en el área de Servicios Médicos”.
¿Qué tan avanzada está la denuncia anónima en la Contraloría de Guadalajara?
“Está funcionando mucho mejor, existen 7 mecanismos para presentar denuncia, puede ser anónima, telefónica, WhatsApp, correo, presencial, etcétera. Este año recibimos más de 367 denuncias, aunque algunas personas reportan falta de servicios, no denuncias, lo que las personas tienen que hacer es denunciar hechos, faltas de administración, si alguien les pone un requisito que no debe ser. Tenemos que actuar con base en elementos y no valoraciones o percepciones, definitivamente hay ocasiones que basados en la percepción se denuncian”.
¿Lo que denuncia la oposición también se toma en cuenta?
“El decidir qué proyecto se va a llevar a cabo en el municipio no le toca calificarlo a la Contraloría, sí el proceso, en ese sentido, los proceso que pasan a través de un comité de adquisiciones, es muy complicado que no vayan de acuerdo a ley, he insistido y no solamente estando en la Contraloría, sino desde antes, que lo que tenemos que hacer es tener una buena ley de contrataciones, hay muchos supuestos que no se ven bien pero la ley no contempla ese supuesto, como una empresa que se haya creado hace 6 meses, la ley no lo contempla el periodo, contempla requisitos para que participen y es en lo que nos tenemos que enfocar”.
Como el caso de las famosas patrullas…
“Ya prácticamente está por cerrarse en el esquema que la ley considera que se cuenten con estudios de mercado oficiales, los cuales nos acreditaron, unos elementos que cuando se corroboran en documentos no queda lugar a dudas. Yo soy pro información, cualquier persona puede pedir los expedientes que llevamos, perfectamente saber por qué se determinó cada cosa”.
La indolencia, la incapacidad también es corrupción, ¿este tipo de actitudes cómo las toma la Contraloría cuando un ciudadano denuncia al respecto?
“El fenómeno que ha estado ocurriendo es que los reportes son atendidos, está mal que no se atiendan de manera directa, consideramos que si ocurre lo que se menciona se haga la denuncia en la Contraloría, lo canalizamos de forma directa al área correspondiente y se atenderá”, puntualizó.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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