ENTREVISTAS
Desmantelamiento del Sistema Estatal Anticorrupción: En 3 años de gobierno alfarista suman más de 7 mil homicidios
Por Mario Ávila //
Quedó demostrado que el diseño de la ceremonia de entrega del Informe de Gobierno, está concebido en el Poder Legislativo para garantizar el lucimiento personal del jefe del Ejecutivo. Y si bien es cierto que se le concede la voz a un representante de cada fracción parlamentaria, lo hacen antes de que tome la palabra el mandatario, solo disponen de 5 minutos y no tienen derecho a réplica, cuando para el invitado del día, no hay límite y al menos en la sesión solemne del III Informe de Gobierno, Enrique Alfaro Ramírez, dispuso de poco más de 180 minutos.
Un caso relevante fue el de la diputada Mara Nadiezhda Robles Villaseñor, diputada sin partido ya que renunció a los partidos que en alianza impulsaron su llegada al Congreso (MC-PAN-PRD), quien en vano exigió que se respetara la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en donde se establece que todos los diputados tienen los mismos derechos y quien exigía el uso de la voz desde la tribuna.
Sin embargo, en un par de ocasiones el presidente de la mesa directiva, con el aval de los diputados de Morena, PT, PAN, PRI y MC le negó esta posibilidad, esgrimiendo que previamente se había aprobado una orden del día para la sesión solemne y que se tenían que apegar a ella.
Siempre con el debido comedimiento, la legisladora agraviada expuso: “La mayoría de los diputados decidieron vetarme, decidieron censurarme y no darme el uso de la palabra porque le tienen miedo a los argumentos, a las personas que tenemos cabeza propia, a los que queremos debatir y hacer del Informe un ejercicio de rendición de cuentas.
“Lo que yo quería simple y sencillamente era reclamar el desmantelamiento del Sistema Estatal Anticorrupción. Quería decir que estoy en contra de que a los ciudadanos que han participado para acabar con la corrupción, se les quiten no solamente los salarios sino los instrumentos para luchar contra la corrupción.
“Quería preguntar cuáles son los resultados educativos después de la pandemia, porque desde antes, siete de cada 10 niños ya no sabían leer ni escribir; quería saber cuál es la estrategia para dar a conocer los resultados de la deuda, una deuda que no ha ido transparentada y que no sabemos si se usó con probidad y sobre todo si resolvió problemas de la ciudadanía”.
“Quiero saber cuáles son los resultados en materia de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, queremos saber cómo se piensa solucionar el problema del agua y porque se cambió de opinión en torno a El Zapotillo.
“En pocas palabras, lo que quería era ejercer mi derecho como diputada y aquí se atropelló el artículo 27 de nuestra Ley Orgánica que dice que todos los diputados tenemos los mismos derechos”, estableció la diputada Mara Robles, con contundencia, a través de sus rede sociales, las cuales utilizó como medio para divulgar su postura, en vista de que el Congreso del Estado ha dejado de ser el escaparate para lograr el equilibrio de los poderes y la caja de resonancia de la voz de todas las expresiones políticas que existen en Jalisco.
¿Y LOS HOMICIDAS DE ARISTÓTELES?
La pasividad del Estado en el tema de la violencia y el clima de angustia y terror que se padece en la entidad, fue censurado desde la máxima tribuna del Poder Legislativo, en voz del diputado Manuel Alfaro Lozano (PRI), quien le recordó al mandatario, Enrique Alfaro Ramírez, en su Tercer Informe de Gobierno, los 7 mil asesinados, entre ellos el homicidio del ex gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, que está cercano a su primer aniversario luctuoso y los asesinos materiales e intelectuales siguen gozando de libertad plena.
Afirmó el legislador que “no ha bajado la inseguridad, lo que bajaron son las denuncias, la percepción de la gente en un 76% considera a Jalisco un estado inseguro; en su gobierno son ya más de 7 mil personas víctima de homicidio doloso y solo 100 muertes han sido resueltas”.
Pidió que los homicidios no queden impunes y aseguró que “es inédito que en este país no haya responsables ante el magnicidio del ex gobernador de Jalisco, y ya va para un año”.
Recordó que fueron obras del ex mandatario, Jorge Aristóteles, la Línea 3 del Tren Ligero, El Peribús, Mi Bici y el Paseo Alcalde, “obras que otros hoy celebran como propias”.
El legislador tricolor pidió a Alfaro Ramírez, aceptar la crítica ciudadana y ser tolerante y aseguró que hace tres años, Jalisco tenía rumbo y tenía un futuro bien trazado. “Hoy la falta de empleo y la pobreza avanzan”, expuso.
Jalisco pierde competitividad de empleos -dijo-, aumenta el desempleo, cierran empresas (888 empresas se han perdido en este año), los trabajadores ganan menos y disminuye también la solidaridad del gobierno con los que menos tienen ya que bajaron de 112 mil a 84 mil los beneficiarios de algún programa social en la entidad.
Sin cobertura de salud -abundó-, se encontraba en el sexenio anterior el 19% de los jaliscienses y hoy esta cifra ronda el 32%, es decir casi el doble de personas no puede recibir la atención que merecen.
10 MIL 700 DESAPARECIDOS
Cynthia Guadalupe Pérez Rivera, diputada de la fracción parlamentaria de Morena, dijo que Jalisco es un Estado donde al día de hoy 10 mil 700 madres, esposas, hijos y familiares, le exigen a la autoridad estatal que les devuelva a sus padres, esposos e hijos, y lo que encuentran son las vallas de fierro afuera de casa Jalisco para impedir el diálogo con el gobernador del estado.
Y abundó: “Jalisco es un Estado donde al día de hoy 3 millones 355 mil 700 mujeres, son invisibles para el gobierno del estado puesto que la violencia contra ellas, aseguran es inexistente, no se dicen las cifras de los delitos cometidos contra ellas, pero si anunciamos la cantidad de cuerpos encontrados en fosas clandestinas como si fuera un récord digno de mencionar en los indicadores de buen desempeño de gobierno.
“Se desapareció el Instituto de las Mujeres del Estado, creándose una dependencia centralizada, afirmándose que habría mejores resultados, este es el resultado, las mujeres y la violencia ejercida en su contra no son visibles para el Ejecutivo del Estado.
“Jalisco es un Estado donde al día de hoy, los más de ocho millones de ciudadanos estamos endeudados con 8 millones 500 mil pesos cada uno, que suman cerca de 35 mil millones de pesos que pagaremos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos.
“Jalisco es un Estado donde al día de hoy, la inseguridad llegó a tal grado de no permitir la celebración de elecciones democráticas, y donde es fácil que cualquier ciudadano desaparecido sea re victimizado al asegurar que tiene vínculos con la delincuencia y pareciera que por ese simple hecho no merece la intervención de la autoridad”.
“Jalisco es un Estado donde al día de hoy, se acabaron las macro obras, las grandes obras de inversión pública, los grandes proyectos la creación de empleos, resulta curiosa la lógica del gobierno del estado respecto a los empleos, pues cuando se elevan los números se dice que es gracias a las estrategias implementadas por el Gobierno del Estado, pero cuando los números caen curiosamente se le echa la culpa a la pandemia del COVID-19 y hasta a la federación.
“Jalisco es un Estado donde al día de hoy, los recursos públicos gozan de la opacidad que tanto criticamos de años pasados, donde su ejercicio no obedece a reglas establecidas dependen del árbitrio y la exigencia de una sola persona, desde la deficiente información de los seis mil millones de pesos destinados a los gastos y programas para hacer frente a la pandemia del COVID-19, la falta de información de la liquidación de personas morales públicas, hasta gastos desmedidos, contrataciones para los amigos, solo para posicionar a nivel nacional aspiraciones políticas que no generan en un beneficio para los jaliscienses”.
“Jalisco es un Estado donde al día de hoy se prefiere invertir dinero público en una consulta popular sobre la pertinencia para revisar los convenios de colaboración fiscal, donde se afirma que se aporta más de lo que se recibe cuando las cifras y no por tener otras, nos dicen lo contrario, la federación nos devuelve más servicios de los que aportamos. Nos resulta ocioso e infructuoso, utilizar recursos del estado, en un tema que se asemeja más a un capricho personal, y una estrategia mediática oportunista, toda vez que en varias ocasiones los reiterados pronunciamientos del ejecutivo que mal informan, confunden y manipulan a la opinión pública, han quedado desvirtuados y sin sustento, Jalisco no es maltratado ni menospreciado, ni disminuido por la federación en materia hacendaria, esa pretensión de legitimar una confrontación sin sentido y ejercer presión al Gobierno Federal utilizando artificialmente un mecanismo de participación ciudadana nos parece perversa y totalmente irrespetuosa para los jaliscienses”.
“Si existe un interés legítimo de enarbolar la democracia directa y promover la participación de las y los jaliscienses en los asuntos de interés público, Por ejemplo, ante la crisis en materia de seguridad ¿Por qué no consultar sobre la permanencia del titular de la Fiscalía del Estado? ¿O sobre la viabilidad o no, de la construcción del museo de ciencias ambientales? ¿Por qué no impulsar un presupuesto participativo en coordinación con los gobiernos municipales, indistintamente de su extracción partidista para realmente legitimar y garantizar un buen destino a parte de los recursos del macro endeudamiento de la actual administración estatal? Existen temas de mayor prioridad y trascendencia en Jalisco, que una innecesaria confrontación con otros órdenes de gobierno, que para colmo no obedece a la realidad y carece de todo sustento.
“Jalisco es un Estado donde la refundación quedó solamente en una reforma constitucional, porque en la realidad práctica no se ha refundado absolutamente nada, sigue incrementado el número de pobres, los municipios siguen padeciendo la escases de los recursos, el debilitamientos de las instituciones, el sometimiento de los poderes, y hasta el abuso de los recursos públicos en detrimento de las instituciones de educación, y tengo una gran lista que excede en demasía los cinco minutos que me concedieron para intervenir”, planteó de manera contundente la legisladora de Morena, Cynthia Guadalupe Pérez Rivera.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
