ENTREVISTAS
Desvinculados gobierno estatal y federal: «Ayer, río Santiago, hoy, colector norte»
Por Mario Ávila //
A causa de la peligrosa y criminal inmundicia que arrastra a lo largo de su cauce, el río más contaminado del país, el río Santiago, ha dejado de ser propiamente un río para convertirse en un simple colector de la zona norte del área metropolitana de Guadalajara.
Ello en opinión del investigador y académico de las Universidad de Guadalajara, Miguel Magaña Virgen, quien lamenta que solo con simples declaraciones y con muy pocas acciones, se ofrezca solucionar la grave contaminación de este afluente, que forma parte de toda una cuenca que nace en el alto Lerma, en el Estado de México, transita por los estados de Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Jalisco, para terminar en el estado de Nayarit.
Magaña Virgen, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), de la Universidad de Guadalajara, se refirió en concreto a lo que fue la primera oferta de gobierno del mandatario estatal, Enrique Alfaro Ramírez, quien el 7 de diciembre del 2018, al día siguiente de su toma de posesión como gobernador de Jalisco, presentó el plan integral del saneamiento del río Santiago y dio el banderazo a las acciones que ese día consistieron en tomarse la foto con su gabinete legal, a bordo de unas máquinas mientras se trituraba el lirio en los linderos del Salto de Juanacatlán.
El compromiso del gobernador, Alfaro Ramírez consistía en acciones estratégicas por más de 4 mil millones de pesos, a través de las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y con la participación de 17 presidencias municipales, para “sanear y reducir la contaminación de la afluente en este sexenio”, según sus propias palabras.
La mayoría de estas acciones tenían que ver con la construcción, reparación, modificación o puesta en operación, de 54 plantas de tratamiento. Sin embargo, esa simple medida ha sido calificada como “inútil, ya que con eso no estamos erradicando el origen de la contaminación”.
E ironizó con una simple analogía diciendo, que es tanto como si ante una gripa, el enfermo acude a comprar grandes cantidades de pañuelos para el flujo nasal, en lugar de buscar atenderse con la compra de un antibiótico, para atacar de fondo el problema.
Lo cierto es que el río Santiago se ha convertido en un peligro mortal, especialmente para sus vecinos y prueba de ello son los cientos de pacientes de enfermedades renales y la trágica muerte del niño Miguel Ángel López Rocha, quien en el año 2008 cayó a las aguas del canal del Ahogado y falleció por intoxicación aguda de arsénico, uno de los tantos contaminantes que llegan al río Santiago.
En opinión de los expertos, las acciones del gobierno estatal en cumplimiento a esta, la primera acción del sexenio de Alfaro Ramírez, han resultado totalmente ineficientes, ya que 3 años y 4 meses después del arranque de su plan integral de saneamiento del río Santiago, el cause sigue llevando agua contaminada con elementos químicos como el cadmio, que es considerado por algunos investigadores como uno de los causantes de enfermedades renales en seres humanos.
Además de que, en el Laboratorio de Monitoreo Ambiental y Sustentabilidad del CUTonalá, investigadores han revisado información que reporta la presencia de bacterias patógenas. “El límite máximo permisible es de mil unidades formadoras de colonia, pero se han encontrado hasta un millón de unidades formadoras de colonia”, refieren.
Ante ello, el gobierno del Estado ha ofrecido hacer para mediados del próximo mes de mayo del 2022, un reporte pormenorizado sobre las acciones y los resultados que se han logrado en el proyecto de saneamiento del río y para trazar las tareas a realizar en el futuro, es decir habrá de realizar una especie de corte de caja, a sabiendas de que el compromiso y la palabra empeñada del gobernador Enrique Alfaro, consiste en lograr un saneamiento integral del cauce del río Santiago.
Los problemas ambientales no se resuelven en un sexenio: Miguel Magaña Vírgen
Absolutamente seguro de que los problemas ambientales no se van a resolver en un sexenio, ni por un solo gobernante, se dijo el jefe de Departamento de Ciencias Ambientales del CUCBA, Miguel Magaña Virgen, quien expuso que “antes bien, deben ser producto de programas permanentes, programas más allá de los trienios y de los sexenios, deben ser programas que se estén realmente fortaleciendo y de los que nos estén dando indicadores reales, sobre cuál es el avance”.
Ello en alusión al grave problema de contaminación del río Santiago, en el que dijo, no hay un ordenamiento hidrológico de la cuenca y sobre el que denunció: “Realmente me parece que el gobierno del estado ha usufructuado los conflictos ambientales para beneficio propio, pero no hay soluciones, no hay avances; en qué momento ha estado participando el Gobierno del Estado en promover y apoyar la realización de inspecciones; en qué momento los municipios están preocupados realmente por sus descargas de aguas residuales; en qué momento tenemos realmente una participación social que esté convencida.
“Verdaderamente no tienen seriedad, no son gente seria, son grupos que buscan sus propios acomodos, sus propios beneficios, sus propios columpios para pasar de un cargo a otro. Cuál es la queja del gobernador, dinero, dinero, quiero dinero, para construir obras, para construir presas, para construir plantas de tratamiento… por favor, sabemos que es ingeniero civil de formación profesional y que cobija a esa marabunta de concreto que está cultivando edificios como si cultivara maíz, fuera de toda capacidad de soporte”, apuntó.
Y remató: “Por donde le busquemos, cuál es el principal problema, es que no hay vinculación, no hay integración, que no se trabaja coordinadamente y de manera conjunta, que no se trabaja a largo plazo y que no se toma en serio las responsabilidades de todos los sectores, incluyendo el social, no somos inocentes”.
El académico e investigador de la Universidad de Guadalajara, aseguró que el gobierno de Enrique Alfaro no ha cumplido con su primera promesa de gobierno, “y yo no le llamaría sus primeras acciones, si acaso fueron primeras declaraciones”.
El asunto del río Santiago -dijo-, tiene mucho que ver con el área federal y la estatal, debe haber una vinculación muy estrecha para poder resolver el problema. El cuerpo de agua, el río Santiago, al que yo le llamo el “colector norte” porque realmente está convertido en un colector, lo que antes era un río, es un área de interés federal, pero las descargas se generan desde las áreas estatales, territorios estatales, pero lo digo más claro, las empresas, sobre todo las de El Salto, son las más fuertes contaminantes por gravedad del río Santiago, no por cantidad, sino por gravedad.
Metales pesados, productos altamente tóxicos, arsénicos y demás se están descargando sin ningún control, nadie lo controla. La Profepa con un par de inspectores que tienen años sin hacer una acción seria y el Gobierno del Estado tampoco se preocupa por accionar y dar ese espacio a las áreas federales.
Es decir -abundó-, está desvinculado el Gobierno del Estado con el gobierno federal para atender este asunto. Las descargas de aguas residuales que generan los ayuntamientos, en donde sí hay la obligación del Estado y de los gobiernos municipales de descargar con base a la norma, realmente también están muy lejos de cumplir con los niveles máximos permitidos, inclusive ahora que ya la NOM 01 ha sido modificada. Hay declaraciones todos los días, pero acciones conjuntas, nada y mientras no haya alguna acción conjunta entre el gobierno del Estado y el gobierno federal, para atender un asunto de esta naturaleza donde coinciden físicamente áreas federales y estatales, lo demás es demagogia, lo demás son solo declaraciones, lo demás son solo palabrería.
La materia ambiental debe ser autónoma y ajena al Ejecutivo
Una de las sugerencias del maestro Miguel Magaña Virgen, académico del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), fue en el sentido de que la materia ambiental no debe de depender directamente del gobernador, ni del presidente municipal, ni tampoco del presidente de la República, “la gestión ambiental debe ser independiente, algo así como funciona el INE, como funcionan diferentes instancias que tienen su propio gobierno y su propia condición de autoridad; porque podríamos tener como secretario del Medio Ambiente a un Premio Nobel, pero si el gobernador ordena algo, ese señor tendría que obedecer y si no, lo corren”.
Insistió en que, en asuntos ambientales, su opinión es que tiene que haber una vinculación permanente, “se tiene que actuar de forma conjunta de acuerdo a las responsabilidades y las necesidades de cada una de las áreas, no es dame dinero tú gobierno federal para yo hacer esto… y si no me das yo te voy a echar la culpa.
“Sabemos de la lamentable política del gobierno estatal de estarse peleando con el gobierno federal, cuando sus problemas personales o de partido no tienen por qué afectar recursos de todos nosotros, los recursos públicos; eso es lo más lamentable, el gobernador se ha dedicado a batear responsabilidades, no resuelve algo y lo batea, a alguien le debe de tocar; entonces no es propiamente trabajar para beneficio de algo que nos compete a todos, es trabajar para sus propios puntos de vista.
“Lo vemos también desde la presa El Zapotillo, el gobernador no puede tomar decisiones de forma independiente, debe de entenderlo, la ley es clara, La Ley general de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente contempla la participación federal, la participación estatal, la participación municipal, y fundamentalmente la participación social, si no concatenamos estos cuatro elementos, lo demás es solamente declaraciones y discursos.
“Me parece que no es lo mismo atender un problema ambiental de manera conjunta, que jugar al pin pon. No basta con solo agarrar la raqueta y aventar la pelotita una y otra vez, en dónde están realmente los trabajos conjuntos entre el gobierno estatal y el gobierno federal, en dónde está el apoyo estatal que debe de dar a las áreas de inspección federal, dos inspectores para todo el estado, no seamos ridículos y los inspectores de la Proepa, como no es área que les compete sino del gobierno federal, y la bolita va de un lugar a otro mientras seguimos manejando un lamentable colector que tenemos en la parte norte de la ciudad y lo más ridículo y absurdo de todo: ‘área protegida’, protegida de qué”, se preguntó.
Insistió Magaña Virgen en que El Santiago, ya no se trata de un río, sino de un colector, y sentenció: “Es un colector, la verdad yo le llamo el ‘colector norte’ porque ahí va a parar todas las descargas industriales de El Salto y las que en el camino van alimentando ese colector, más las aguas residuales de Guadalajara y los otros municipios que también aportan, lo que lo convierten el río más contaminado del país”.
Vale la pena recordar -expuso-, el lamentable deceso del niño Miguel Ángel, el primero en el país en el que se constató que efectivamente murió por tomar agua de esa parte del río. Y si ahora uno voltea a ver el río Santiago, es algo así como un río de chocolate, ya ni siquiera tiene la posibilidad de que sea un río, solo es un chorro de agua achocolatada, pese a los millones de pesos ya invertidos y millones de pesos que se le están exigiendo a la federación.
ENTREVISTAS
Conciencia TV: Entrevista con la diputada Gabriela Cárdenas para hablar sus iniciativas y el programa «Cuidemos a quienes nos cuidan»
La diputada estatal de MC, Gabriela Cárdenas, es la creadora del programa de apoyo social «Cuidemos a quienes nos cuidan». La entrevistamos sobre estas y otras iniciativas en Conciencia TV, con Gabriel Ibarra y Nadia Madrigal:
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Hay que aprender de las fallas del proceso federal: La construcción de un Poder Judicial más justo para Jalisco: https://concienciapublica.com.mx/entrevistas/hay-que-aprender-de-las-fallas-del-proceso-federal-la-construccion-de-un-poder-judicial-mas-justo-para-jalisco/
Reforma judicial en Jalisco: Entre la soberbia política y la oportunidad: https://concienciapublica.com.mx/opinion/reforma-judicial-en-jalisco-entre-la-soberbia-politica-y-la-oportunidad/
Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal: «La violencia vial es una pandemia que rompe familias», Alma Chávez: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/octavo-foro-iberoamericano-de-movilidad-multimodal-la-violencia-vial-es-una-pandemia-que-rompe-familias-alma-chavez/
La SCJN garantiza el derecho a la movilidad segura con la obligatoriedad del seguro de auto: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/la-scjn-garantiza-el-derecho-a-la-movilidad-segura-con-la-obligatoriedad-del-seguro-de-auto/
ENTREVISTAS
Hay que aprender de las fallas del proceso federal: La construcción de un Poder Judicial más justo para Jalisco
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
La reforma judicial en Jalisco debe aprender de los errores federales, priorizando la transparencia, la equidad y la participación ciudadana. Sus propuestas buscan un sistema judicial que no solo sea eficiente, sino también representativo de la diversidad de Jalisco, desde sus regiones urbanas hasta las más apartadas.
Con un enfoque en boletas claras, educación cívica y recursos suficientes, Zamora Jiménez apuesta por una justicia que inspire confianza y fortalezca la democracia local.
En los foros para la reforma judicial local en Jalisco, coordinados por el jurista Arturo Zamora Jiménez, el exsenador y abogado compartió su visión para transformar el sistema judicial estatal, tomando como base las lecciones del Proceso Electoral Judicial Federal 2025.
Con propuestas claras, Zamora busca un Poder Judicial más transparente, equitativo y cercano a los jaliscienses, subraya el jurista jalisciense a quien le tocó coordinar los foros durante el proceso que se realizó, atendiendo la invitación del titular del Poder Ejecutivo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.
LA ENTREVISTA
.P. ¿Qué lecciones del Proceso Electoral Judicial Federal 2025 son clave para la reforma en Jalisco?
R. El proceso federal expuso fallos que debemos evitar. Los comités de evaluación carecieron de recursos adecuados, lo que afectó su transparencia y eficacia. Propongo un solo comité en Jalisco, con un representante de cada poder del estado, dotado de personal capacitado, tecnología y presupuesto suficiente. Esto garantizará un proceso organizado, confiable y accesible, corrigiendo errores del pasado.
P. ¿Por qué propone separar las fechas de las elecciones políticas y judiciales?
R. La simultaneidad de elecciones políticas y judiciales genera confusión entre los votantes. En Jalisco, necesitamos fechas diferenciadas para que los ciudadanos puedan enfocarse en evaluar a los candidatos judiciales sin distracciones. Esto fortalecerá la calidad del voto, asegurará una participación informada y dará legitimidad al proceso electoral judicial.
P. ¿Cómo garantizar equidad en la selección de jueces?
R: Reducir a dos aspirantes por cargo es fundamental. Esto permite a los jaliscienses conocer a fondo a los candidatos y emitir un voto consciente. Además, en casos de inelegibilidad o vacantes, la segunda persona más votada debe asumir el puesto, respetando género y especialidad. Es un enfoque práctico que promueve transparencia y representatividad.
P. La paridad de género es un tema crucial. ¿Qué plantea al respecto?
R. La paridad debe ser efectiva, no solo simbólica. Propongo que las mujeres compitan solo contra mujeres y los hombres contra hombres por cada cargo judicial. Esto elimina desigualdades estructurales, garantiza una integración equitativa del Poder Judicial y refleja el compromiso de Jalisco con la igualdad de género en la justicia.
P. ¿Qué problemas vio en la geografía electoral y cómo resolverlos?
R. El proceso federal mostró desigualdades territoriales que dejaron a muchas regiones sin acceso equitativo a las elecciones judiciales. En Jalisco, debemos distribuir candidaturas considerando la diversidad geográfica del estado. Una delimitación clara de distritos electorales y una representación territorial justa asegurarán que todas las regiones estén incluidas, fortaleciendo la legitimidad del sistema judicial.
P. Las boletas electorales fueron un problema en el proceso federal. ¿Qué propone?
R. Las boletas federales eran complejas, con demasiadas candidaturas y diseños confusos. En Jalisco, necesitamos boletas sencillas, claras y accesibles, que permitan a los ciudadanos entender sus opciones fácilmente. Un diseño bien pensado fomenta un voto libre y consciente, esencial para una democracia sólida.
P. ¿Cómo acercar un proceso tan técnico como la elección judicial a la ciudadanía?
R. La clave es la educación cívica. Propongo un programa pedagógico que involucre a universidades, organizaciones civiles y ciudadanos, explicando el funcionamiento del Poder Judicial y la importancia de un voto informado. Una ciudadanía que entiende el proceso participa más y fortalece la legitimidad de la justicia en Jalisco.
P. ¿Qué cambios sugiere para los gastos de campaña?
R. Los topes de gastos deben ser claros, proporcionales y basados en criterios técnicos, considerando el tamaño del electorado y las condiciones geográficas. También necesitamos una fiscalización estricta para garantizar transparencia y equidad. Sin reglas claras, las desigualdades entre candidatos pueden limitar la difusión de propuestas y afectar la contienda.
P. ¿Por qué es crucial un presupuesto adecuado para estas elecciones?
R. El proceso federal sufrió por falta de presupuesto, lo que afectó la logística, la capacitación y la transparencia. En Jalisco, el Instituto Electoral Local debe contar con recursos suficientes para casillas, personal capacitado y difusión efectiva. Un presupuesto robusto asegura un proceso creíble, eficiente y confiable para los jaliscienses.
P. ¿Quién debería registrar a los candidatos?
R. En el proceso federal, los comités de evaluación registraron candidaturas, generando dudas sobre su imparcialidad. Propongo que el Instituto Electoral Local asuma esta función, en colaboración con el comité de evaluación. Su experiencia y legitimidad garantizan un proceso objetivo, libre de influencias políticas.
P. ¿Cómo proteger los derechos de los jueces electos?
R. Es vital establecer mecanismos claros de movilidad dentro del Poder Judicial para garantizar condiciones laborales justas y proteger la independencia de los jueces. Esto fomenta su desarrollo profesional, evita prácticas discrecionales y refuerza la autonomía del sistema judicial.
P. ¿Qué ajustes al Código Electoral propone?
R. El Código Electoral local debe actualizarse para incluir medios de impugnación que protejan los derechos de candidatos y ciudadanos, y definir atribuciones específicas para el Instituto Electoral en la organización de estas elecciones. Esto dará certeza jurídica y confianza en el proceso.
P. ¿Qué mensaje envía a los jaliscienses sobre esta reforma?
R. Esta reforma es una oportunidad histórica para construir un Poder Judicial más justo, transparente y cercano a los jaliscienses. Con equidad, participación ciudadana y recursos adecuados, podemos garantizar una justicia que responda a las necesidades de todos. Invito a la ciudadanía a informarse y sumarse a este cambio para fortalecer nuestra democracia.
SEIS PUNTOS MEDULARES DE LA PROPUESTA DE ARTURO ZAMORA
1- Creación de un solo comité de evaluación.
Se propone la creación de un solo comité de evaluación y selección integrado por una persona de cada uno de los tres poderes del estado.
2- Mejorar la capacidad del comité de evaluación.
Los comités de evaluación carecieron de los medios adecuados para desempeñar su labor con eficacia, transparencia y responsabilidad. Esta deficiencia se convirtió en uno de los errores más significativos y críticos del proceso electoral.
Personal capacitado, como la disponibilidad de recursos materiales, tecnológicos y financieros, facilita una organización eficiente del trabajo y el acceso oportuno a la información.
3- Evitar la concurrencia de elecciones políticas y judiciales.
Resulta pertinente sugerir que, en el ámbito federal, se legisle para habilitar expresamente a las entidades federativas para que establezcan de manera diferenciada las fechas de las elecciones políticas y judiciales.
4- Número de aspirantes.
Reducir a dos personas el número de aspirantes por cargo para que loselectores conozcan a los candidatos y candidatas y así tengan la oportunidad de evaluarlos para definir su voto.
5- Vacantes.
En caso de inelegibilidad o vacancia antes del inicio de funciones, se propone suplir las mismas con la segunda persona más votada. Respetando género y materia.
6- Garantizar la paridad de Género.
Se propone que la competencia por cada cargo judicial se lleve a cabo entre personas del mismo género. Es decir, que las mujeres compitan exclusivamente con mujeres, y los hombres con hombres, lo que permitiría garantizar condiciones de igualdad real, prevenir desigualdades estructurales y consolidar una integración equitativa del Poder Judicial. Remitir desarrollo a la ley.
ENTREVISTAS
Fernando Espinoza de los Monteros: Reforma a la Ley de Amparo, una traición a su esencia
– Por Raúl Cantú
El juicio de amparo, joya del derecho mexicano con raíces en la tradición azteca, verbalizado por José María Morelos y consolidado por la minoría liberal en el siglo XIX, enfrenta una reforma que, según el jurista Fernando Espinoza de los Monteros, traiciona su propósito fundamental: proteger al ciudadano frente a la autoridad.
En un análisis crítico, Espinoza cuestiona la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, aprobada en el Senado el 2 de octubre de 2025, apenas 17 días después de su presentación, calificándola como parte de una reforma judicial viciada que prioriza intereses del poder gubernamental sobre los derechos ciudadanos.
“El juicio de amparo es una gran aportación al mundo, pero esta reforma lo desnaturaliza”, afirmó Espinoza. Según el jurista, la iniciativa invierte el espíritu del amparo, diseñado para resguardar al gobernado, al otorgar mayor protección a la autoridad.
En su opinión, es una reforma que tiene un único destino, Ricardo Salinas, con quien ya va a negociar el gobierno.
Entre los puntos más controvertidos, Espinoza destaca la acotación de la suspensión, “el alma del juicio de amparo”, que permite frenar actos de autoridad mientras se resuelve el fondo del asunto. La reforma restringe esta herramienta, limitando su efectividad.
Asimismo, la iniciativa de reforma propone eliminar el “interés legítimo” como requisito para interponer un amparo, un cambio que, según el jurista, cercena el acceso a la justicia para ciudadanos y colectivos que buscan defender derechos difusos, como los ambientales o sociales.
En materia fiscal, la reforma es aún más restrictiva. Espinoza crítica que el amparo fiscal solo pueda interponerse tras el remate de bienes asegurados, lo que desvirtúa su propósito. “El amparo debe intervenir en cualquier etapa del proceso para garantizar la justicia; limitarlo al remate lo convierte en un recurso inútil”, explicó.
Esta disposición argumenta que beneficia al fisco al retrasar la protección del contribuyente, dejando a los ciudadanos en desventaja frente a procedimientos administrativos.
El jurista reconoce un único aspecto positivo: la fijación de plazos de hasta 90 días para resolver juicios de amparo, lo que podría agilizar los procesos. Sin embargo, matiza que la digitalización de trámites, presentada como novedad, ya estaba prevista en la legislación actual, incluyendo notificaciones y requerimientos electrónicos. “No es un avance, es un reciclaje de lo existente”, afirmó.
Espinoza de los Monteros también alerta sobre la reducción de garantías procesales, que debilita el derecho de defensa de los ciudadanos. Un punto especialmente grave es la pretensión de no respetar la retroactividad en los juicios en trámite, lo que podría afectar casos ya iniciados y vulnerar la seguridad jurídica.
“Se está sacrificando la esencia del amparo por una supuesta eficiencia que, en realidad, fortalece el poder de la autoridad sobre el gobernado”, subrayó.
En el contexto de una reforma judicial más amplia, que incluye la elección popular de jueces y ha generado polarización, Espinoza de los Monteros considera que el gobierno de Sheinbaum repite errores del pasado al priorizar el control político sobre la justicia. “El amparo nació para equilibrar la balanza entre ciudadanos y autoridad; hoy, esa balanza se inclina peligrosamente hacia el poder”, concluyó.
Esta reforma, aprobada con celeridad en el Senado, ha generado un debate intenso entre académicos, juristas y ciudadanos, quienes temen que el debilitamiento del juicio de amparo limite las herramientas para combatir abusos de poder. Mientras el gobierno defiende la iniciativa como un paso hacia la modernización y el combate a la evasión fiscal, voces como la de Fernando Espinoza de los Monteros advierten que el costo podría ser la erosión de un pilar del Estado de derecho mexicano.
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