ENTREVISTAS
Diputada Valeria Ávila: Propone una fiscalía especializada en violencia de género
Por Francisco Junco //
La impunidad en los delitos de violencia de género en Jalisco ha alcanzado cifras alarmantes. De acuerdo con México Evalúa, el estado registra un 100 por ciento de impunidad en feminicidios y violaciones, así como un 99.89 por ciento en otros tipos de violencia contra mujeres y un 99.52 por ciento en abuso sexual. Ante este panorama, la diputada Valeria Ávila Gutiérrez, de Hagamos, impulsa la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres en Razón de Género.
En entrevista con Conciencia Pública, la legisladora subrayó que «desgraciadamente estas cifras, nos revelan que no han sido suficientes las estrategias, que se han implementado en Jalisco, ni las alertas de género, ni la creación de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, ni la Vicefiscalía para atender la violencia contra las mujeres».
La propuesta, explicó Ávila Gutiérrez, se está construyendo con la participación de académicas, especialistas en el tema, instituciones educativas y organismos públicos, con el fin de garantizar un diseño adecuado.
«Lo más relevante, es que quien va a ser la titular de esta fiscalía tendría que ser una mujer con experiencia, una mujer que se sometiera a una convocatoria pública y que obviamente cumpliera con los requerimientos, puestos por las universidades públicas, por organismos internacionales, que nos ayudarán a tener al mejor perfil y que no sometan a las mujeres a la revictimización”.
La Legisladora recordó el caso de Luz Raquel, víctima de feminicidio en Zapopan, y criticó el manejo del caso por parte de la Fiscalía del Estado y aseveró que ésta “ni siquiera consultó a la Secretaría de Igualdad Sustantiva para ver si se estaba abordando el caso con perspectiva de género y lo único que hizo fue crear una tendencia y una narrativa en donde ella se había suicidado, quemándose a sí misma”.
Casos recientes como el de Astrid, agregó, refuerzan la necesidad de una fiscalía con autonomía, ya que en este caso “El presunto feminicida, quien ya tenía un delito anterior, ni siquiera esta pena logró que él dejará de cometer este delito».
Y es que, actualmente, Jalisco cuenta con una Vicefiscalía que atiende estos delitos, sin embargo, según Ávila Gutiérrez, “tiene siete unidades y de estas, sólo dos son para el tema de género. El presupuesto se divide entre todas las unidades y no se somete a ninguna convocatoria pública para elegir a su titular”, en cambio, la propuesta que está planteando, es una nueva fiscalía que tendría autonomía, presupuesto propio y un perfil idóneo para atender los casos con perspectiva de género.
Además, se busca que la fiscalía contemple unidades especializadas en transfeminicidios y otros delitos contra la comunidad diversa, y “estamos construyendo estas rutas con especialistas, colectivas y organizaciones civiles para que la fiscalía especializada abrace todas las necesidades de la comunidad y no solamente sea una propuesta salida desde las diputaciones”.
La iniciativa se está trabajando con académicas de la Universidad Panamericana, ITESO y la Universidad de Guadalajara, así como con colectivas como Juntas Hagamos, Colectivo Diverso UDG y Leonas con Raíces. También han participado exdiputadas como Mara Robles y Susana Muñiz Moreno, además de la Federación Estudiantil Universitaria.
A nivel legislativo, la propuesta cuenta con el respaldo de diputadas como Tonantzin Cárdenas de Futuro, Itzul Barrera de Morena y Candelaria Ochoa, ambas de Morena, así como de los diputados Leonardo Almaguer del PT, Tonatiuh Bravo Padilla de y Enrique Velázquez de Hagamos.
«Sé que podemos encontrar muchos puntos de coincidencia con compañeras de lucha, de otros partidos, como Cuquis Camarena del PRI, Claudia Murguía del PAN y Montse Cisneros de Movimiento Ciudadano, que sé que estarían dispuestas a discutirlo. En este momento no puedo hablar por ellas, porque tampoco las hemos buscado, pero estoy segura de que estarían dispuestas a discutirlo”.
La iniciativa será presentada el 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, tras varias mesas de trabajo y discusión del tema, la legisladora aclaró que “no nos estamos peleando con la Secretaría de Igualdad Sustantiva, ni con la red de centros de justicia, al contrario. Las necesitamos para que la iniciativa sea integral, pero sobre todo para que esta iniciativa pase y tenga presupuesto público para el 2026”.
Además, la diputada recordó que la ahora ex titular de la SISEMH (Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres), Paola Lazo Corvera, expresó la necesidad urgente de establecer una fiscalía especializada en delitos contra mujeres debido a la persistente impunidad en casos de feminicidio y abuso sexual en la entidad.
En una rueda de prensa titulada «Vivir Seguras», la diputada Valeria Ávila presentó junto a académicas, representantes de colectivos e instituciones, la iniciativa para la creación de la Fiscalía Especializada, donde enfatizó la urgencia de discutir y construir esta iniciativa, pero con la participación de especialistas, colectivas feministas y la Red de Justicia para las Mujeres.
Entre los puntos centrales de la propuesta se encuentran la elección de la titular a través de un proceso público y transparente con participación de mujeres, la conformación de un equipo especializado con enfoque de género, y la realización de un Parlamento abierto para fortalecer la iniciativa con la ciudadanía.
En esa rueda de prensa, la diputada Candelaria Ochoa de Morena, informó sobre un paquete de reformas para garantizar la paridad en cargos públicos, reducir la brecha salarial de género y mejorar la investigación de delitos contra las mujeres. Tonantzin Cárdenas reiteró su compromiso de trabajar con colectivas para combatir la violencia vicaria, mientras que Tonatiuh Bravo aseguró que la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) hará de esta agenda una causa prioritaria.
Para la diputada Valeria Ávila, la creación de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género se convierte en una necesidad inaplazable, ya que, en Jalisco, donde la violencia contra las mujeres se vive todos los días, se necesita garantizar que los centros de justicia cumplan con su propósito.
“Ojalá estemos a la altura, en los tres niveles de gobierno, para colaborar con la creación de la misma, no solamente porque la federación nos lo está pidiendo, sino porque la violencia en contra de nosotras es algo que se vive todos los días y tenemos que ayudar a que los centros de justicia para las mujeres cumplan con la creación de su espíritu, que es el acceso a la justicia para las mujeres”, puntualizó.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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