ENTREVISTAS
El gran desafío de la contralora ciudadana: Desterrar usos y costumbres de prácticas corruptas en Guadalajara
Por Gabriel Ibarra Bourjac //
El gran reto para la Contraloría Ciudadana de Guadalajara es desterrar usos y costumbres que se han desarrollado por muchos años en el otorgamiento de licencias y permisos, como en el área de la construcción donde el tortuguismo burocrático provoca las prácticas corruptas a fin de que orillan al particular a que se vea obligado a ofrecer dádivas a cambio de acelerar autorizaciones.
La contralora ciudadana Cynthia Cantero está consciente la existencia de esa problemática, no solo en Guadalajara, sino en otros municipios, donde los procesos se tienen que mejorar.
“No es mi área pero me parece que en Guadalajara se han desarrollado y están focalizadas en la simplificación de procesos administrativos”, precisa.
Para superar este tipo de prácticas corruptas es fundamental avanzar en los procesos de mejoras regulatorias, acepta.
¿Y qué ha hecho Cynthia Cantero en estos dos años como contralora Ciudadana en Guadalajara?
En entrevista con Conciencia Pública habla de las acciones y avances logrados.
Entre las acciones relevantes realizadas en este lapso por la Contraloría Ciudadana está la determinación de 60 funcionarios sancionados y que han sido publicadas, de las cuales 39 han recaído en amonestaciones, 16 suspensiones y dos destituciones.
De las sanciones tres casos destacan: en Comude se descubrió que una servidora pública transfirió a su cuenta personal aproximadamente 1 millón 200 mil pesos y se determinó el delito de peculado, con una sanción de 1 año 9 meses de prisión y se logró por parte de la Fiscalía el reintegro del dinero.
El otro caso relevante que fue llevado al Tribunal de Justicia Administrativa, en este caso se trataba de una persona que cobraba en tianguis el espacio que ocupaban diferentes personas y a ésta se le inhabilitó por diez años para que no esté en el servicio público.
Un tercer caso paradigmático fue la detección de la existencia de una escuela de paramédicos que “oficialmente no estaba creada” y las personas que la dirigían le cobraban a los estudiantes las matrículas, ese cobro ni lo informaban, ni ingresaba a la tesorería municipal.
“El director que realizaba el cobro está suspendido, fue denunciado por peculado y está sometido a proceso para que se determine su situación”, señala la contralora ciudadana de Guadalajara.
El pasado año 2023 la Contraloría Ciudadana recibió 433 denuncias y las que tienen elementos son las que avanzan, las demás son clasificadas como reportes que hace la sociedad y son canalizadas a diversas áreas para que esos reportes sean atendidos a la brevedad.
“Estamos generando el servicio pedagógico a la sociedad, donde le decimos qué es un hecho de corrupción, qué es una falta administrativa, cuándo es un reporte de servicio y a dónde se debe canalizar”, explica la contralora ciudadana.
Se tienen 225 investigaciones activas que siguen su curso y de éstas se han focalizado a determinar responsabilidades administrativas cuando son denunciados hechos que tienen que ver con hostigamiento o acoso sexual, laboral donde generalmente no había responsabilidades por este tipo de conductas.
LA ENTREVISTA
P. Dos años como contralora municipal, ¿cómo ha sido esta experiencia?
R. Acabo de cumplir dos años en esta responsabilidad en el Ayuntamiento de Guadalajara, lo que hemos hecho es implementar el programa y el plan que tenía desde un inicio en el sentido de crear y establecer una Contraloría Ciudadana donde la ciudad pueda verificar que existe una contraloría, de qué le sirve y cómo puede sumarse a esta agenda de combatir la corrupción y participar en la vigilancia del recurso público que ejerce el Ayuntamiento de Guadalajara pero también en la vigilancia de las oficinas públicas, qué hacen los servidores públicos.
P. ¿Qué facilidades hay para que el ciudadano que se siente afectado presente la denuncia y ésta sea atendida?
R. Un área importante de toda contraloría es la atención de las denuncias por hechos de corrupción o faltas administrativas que presente cualquier ciudadano, en ese sentido, implementamos una plataforma que se llama Contraloría en Datos, a través de la cual cualquier persona puede interponer una denuncia y darle seguimiento, de esta manera el ciudadano no se queda con la incertidumbre si fue atendida o no su denuncia. Lo que queremos es darle certeza, darle seguimiento desde que presentas tu denuncia, si no hay los elementos de prueba básicamente se da por concluida la denuncia y se le explica al ciudadano, es un paso importante que dimos, le damos certidumbre.
HOSTIGAMIENTO Y ACOSO LABORAL
P. ¿En números, por ejemplo, en el 2023 cuántas denuncias presentó la ciudadanía?
R. En el 2023, en un año, recibimos 433 denuncias, de estas las que tienen elementos son las que avanzan, las demás las tenemos identificadas como reportes que hace la sociedad, canalizamos las diferentes áreas para que esos reportes sean atendidos a la brevedad. Estamos generando el ejercicio pedagógico a la sociedad, donde le decimos qué es un hecho de corrupción, qué es una falta administrativa, cuándo es un reporte de servicio y a dónde lo debe canalizar.
R. Tenemos 265 investigaciones activas, que están siguiendo su curso, de estas nos hemos focalizado a determinar responsabilidades administrativas cuando nos denuncian hechos que tienen que ver con hostigamiento o acoso laboral o sexual, donde generalmente no había responsabilidades por este tipo de conductas, nosotros nos hemos focalizado en esto, llevamos atendidas denuncias, investigaciones y sanciones por esta naturaleza, donde hemos suspendido del empleo a 3 personas, dos de ellos ya se encuentran destituidos, uno de ellos con inhabilitación del servicio público por un año, tenemos cuatro en procedimiento, ocho más por hostigamiento o acoso laboral.
P. ¿Háblame de los casos relevantes?
R. Entre los casos relevantes que hemos resuelto, hemos determinado 60 sanciones, las cuales cualquier ciudadano puede revisar cuáles son, parte de la agenda que he traído desde que estoy en la Contraloría Ciudadana es transparentar al cien por ciento el actuar, tenemos 60 sanciones publicadas, de las cuales 39 han recaído como amonestaciones, suspensiones de las labores de los servidores públicos han sido 16, destituciones hemos tenido 2, inhabilitaciones llevamos 3 en lo que es el último año, pero tuvimos otras, una derivado de un caso relevante, en Comude donde una servidora pública transfirió a su cuenta personal aproximadamente un millón 200 mil pesos, se le determinó el delito de peculado, posterior a esas acciones, a esta persona se le determinó un año y 9 meses de prisión, se logró por parte de la Fiscalía el reintegro del dinero, a esta ex funcionaria se le inhabilitó del servicio público por 26 años.
Tenemos otro caso similar que lo llevamos al Tribunal de Justicia Administrativa, en este caso se trataba de una persona que cobraba en tianguis el espacio que ocupaban diferentes personas, a esta persona se le inhabilitó por 10 años para que no esté en el servicio público”.
Son casos que ya obtuvimos y contamos con sentencias, ya tuvimos las consecuencias para los ex servidores públicos.
P. Hubo un caso de una escuela de paramédicos municipal que se desconocía su existencia…
R. Tuvimos otro caso paradigmático como detectar que la escuela de paramédicos que oficialmente no estaba creada, que las personas que la dirigían cobraban a los estudiantes las matrículas, ese cobro no lo informaban y no entraba a las arcas del ayuntamiento. Se regularizó, la ley de ingresos contempla el cobro de estas cuotas, el director que estaba a cargo de la escuela fue denunciado por peculado, está suspendido y está todavía en proceso de que determinen su situación.
P. Qué otros casos relevantes han manejado…
R. Como estos casos, tenemos otros que tiene que ver y lo hemos difundido, señalando que la violación de derechos humanos también es corrupción, emitimos una resolución sobre un juez cívico, un oficio del ayuntamiento por haber emitido una resolución hace varios meses, en la anterior administración, donde determinamos que hubo una falta administrativa grave por abuso de funciones e encubrimiento, en ese sentido, la conducta fue en determinar una resolución y la separación de una madre y una hija, entre todos los procedimientos posteriores duraron 19 meses separadas físicamente, es una evidente violación a los derechos haberlas separado, la medida que tomó este juez fue un abuso de funciones, está en proceso”.
P. Hay un área que tiene muy mala fama…inspección y vigilancia. ¿Qué se ha encontrado allí?
R. “Hay casos relevantes que hemos dado a conocer a la opinión pública porque es importante que la sociedad conozca cómo funciona un órgano interno de control, en este caso una contraloría. Hace poco determinamos la resolución hacia un servidor público de inspección y vigilancia, que solicitó a un particular 150 mil pesos para gestionar una licencia de demolición y construcción, comprobamos que se le otorgó esta cantidad, está en proceso, no hemos llegado a la sanción. Hemos hecho públicas las sanciones, porque no se difunden, lo que genera es que la sociedad no identifique el trabajo que se está haciendo por parte de las contralorías, ahora más con las funciones que tienen derivadas de la agenda de combate a la corrupción. Eso tiene que ver con la atención de las denuncias que son presentadas por la sociedad, cómo se van resolviendo en la atención de cada etapa de las denuncias”.
UN EJERCICIO INNOVADOR: “LA SOCIEDAD EN EL INVOLUCRAMIENTO EN LA FISCALIZACIÓN EN GUADALAJARA”
Cynthia Cantero hace referencia al que llama “ejercicio innovador” que han impulsado en Guadalajara para involucrar a la sociedad en la fiscalización, vigilancia de las oficinas públicas con el proyecto lanzado denominado “Auditorías Participativas, desde 2022, en colaboración con Transparencia Mexicana”
“Guadalajara se ha convertido en el primer municipio en el país en involucrar a la sociedad en la elección de programas, dependencias o servicios que quiere que la Controlaría fiscalice, con el propósito de vincular al ciudadano en la vigilancia del recurso público”
“Alcanzamos una participación de casi 144 mil personas, eligieron programas sociales y dependencias que nosotros auditamos el año pasado, en marzo les daremos a conocer para que las personas conozcan el resultado de esas auditorías”
“Lanzamos en 2024 este ejercicio concurrente con el ejercicio participativo, se encuentra en curso, lo que estamos haciendo es convocando a la sociedad a que vote, que elija las dependencias o programas que quiere que la auditoría audite, esos resultados estaremos dándolos a más tardar en agosto, sumamos estos procesos a nuestro programa anual de auditorías, sacamos ese programa y adicionamos lo que la sociedad eligió”.
ENTREVISTAS
Conciencia TV: Entrevista con la diputada Gabriela Cárdenas para hablar sus iniciativas y el programa «Cuidemos a quienes nos cuidan»
La diputada estatal de MC, Gabriela Cárdenas, es la creadora del programa de apoyo social «Cuidemos a quienes nos cuidan». La entrevistamos sobre estas y otras iniciativas en Conciencia TV, con Gabriel Ibarra y Nadia Madrigal:
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Hay que aprender de las fallas del proceso federal: La construcción de un Poder Judicial más justo para Jalisco: https://concienciapublica.com.mx/entrevistas/hay-que-aprender-de-las-fallas-del-proceso-federal-la-construccion-de-un-poder-judicial-mas-justo-para-jalisco/
Reforma judicial en Jalisco: Entre la soberbia política y la oportunidad: https://concienciapublica.com.mx/opinion/reforma-judicial-en-jalisco-entre-la-soberbia-politica-y-la-oportunidad/
Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal: «La violencia vial es una pandemia que rompe familias», Alma Chávez: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/octavo-foro-iberoamericano-de-movilidad-multimodal-la-violencia-vial-es-una-pandemia-que-rompe-familias-alma-chavez/
La SCJN garantiza el derecho a la movilidad segura con la obligatoriedad del seguro de auto: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/la-scjn-garantiza-el-derecho-a-la-movilidad-segura-con-la-obligatoriedad-del-seguro-de-auto/
ENTREVISTAS
Hay que aprender de las fallas del proceso federal: La construcción de un Poder Judicial más justo para Jalisco
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
La reforma judicial en Jalisco debe aprender de los errores federales, priorizando la transparencia, la equidad y la participación ciudadana. Sus propuestas buscan un sistema judicial que no solo sea eficiente, sino también representativo de la diversidad de Jalisco, desde sus regiones urbanas hasta las más apartadas.
Con un enfoque en boletas claras, educación cívica y recursos suficientes, Zamora Jiménez apuesta por una justicia que inspire confianza y fortalezca la democracia local.
En los foros para la reforma judicial local en Jalisco, coordinados por el jurista Arturo Zamora Jiménez, el exsenador y abogado compartió su visión para transformar el sistema judicial estatal, tomando como base las lecciones del Proceso Electoral Judicial Federal 2025.
Con propuestas claras, Zamora busca un Poder Judicial más transparente, equitativo y cercano a los jaliscienses, subraya el jurista jalisciense a quien le tocó coordinar los foros durante el proceso que se realizó, atendiendo la invitación del titular del Poder Ejecutivo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.
LA ENTREVISTA
.P. ¿Qué lecciones del Proceso Electoral Judicial Federal 2025 son clave para la reforma en Jalisco?
R. El proceso federal expuso fallos que debemos evitar. Los comités de evaluación carecieron de recursos adecuados, lo que afectó su transparencia y eficacia. Propongo un solo comité en Jalisco, con un representante de cada poder del estado, dotado de personal capacitado, tecnología y presupuesto suficiente. Esto garantizará un proceso organizado, confiable y accesible, corrigiendo errores del pasado.
P. ¿Por qué propone separar las fechas de las elecciones políticas y judiciales?
R. La simultaneidad de elecciones políticas y judiciales genera confusión entre los votantes. En Jalisco, necesitamos fechas diferenciadas para que los ciudadanos puedan enfocarse en evaluar a los candidatos judiciales sin distracciones. Esto fortalecerá la calidad del voto, asegurará una participación informada y dará legitimidad al proceso electoral judicial.
P. ¿Cómo garantizar equidad en la selección de jueces?
R: Reducir a dos aspirantes por cargo es fundamental. Esto permite a los jaliscienses conocer a fondo a los candidatos y emitir un voto consciente. Además, en casos de inelegibilidad o vacantes, la segunda persona más votada debe asumir el puesto, respetando género y especialidad. Es un enfoque práctico que promueve transparencia y representatividad.
P. La paridad de género es un tema crucial. ¿Qué plantea al respecto?
R. La paridad debe ser efectiva, no solo simbólica. Propongo que las mujeres compitan solo contra mujeres y los hombres contra hombres por cada cargo judicial. Esto elimina desigualdades estructurales, garantiza una integración equitativa del Poder Judicial y refleja el compromiso de Jalisco con la igualdad de género en la justicia.
P. ¿Qué problemas vio en la geografía electoral y cómo resolverlos?
R. El proceso federal mostró desigualdades territoriales que dejaron a muchas regiones sin acceso equitativo a las elecciones judiciales. En Jalisco, debemos distribuir candidaturas considerando la diversidad geográfica del estado. Una delimitación clara de distritos electorales y una representación territorial justa asegurarán que todas las regiones estén incluidas, fortaleciendo la legitimidad del sistema judicial.
P. Las boletas electorales fueron un problema en el proceso federal. ¿Qué propone?
R. Las boletas federales eran complejas, con demasiadas candidaturas y diseños confusos. En Jalisco, necesitamos boletas sencillas, claras y accesibles, que permitan a los ciudadanos entender sus opciones fácilmente. Un diseño bien pensado fomenta un voto libre y consciente, esencial para una democracia sólida.
P. ¿Cómo acercar un proceso tan técnico como la elección judicial a la ciudadanía?
R. La clave es la educación cívica. Propongo un programa pedagógico que involucre a universidades, organizaciones civiles y ciudadanos, explicando el funcionamiento del Poder Judicial y la importancia de un voto informado. Una ciudadanía que entiende el proceso participa más y fortalece la legitimidad de la justicia en Jalisco.
P. ¿Qué cambios sugiere para los gastos de campaña?
R. Los topes de gastos deben ser claros, proporcionales y basados en criterios técnicos, considerando el tamaño del electorado y las condiciones geográficas. También necesitamos una fiscalización estricta para garantizar transparencia y equidad. Sin reglas claras, las desigualdades entre candidatos pueden limitar la difusión de propuestas y afectar la contienda.
P. ¿Por qué es crucial un presupuesto adecuado para estas elecciones?
R. El proceso federal sufrió por falta de presupuesto, lo que afectó la logística, la capacitación y la transparencia. En Jalisco, el Instituto Electoral Local debe contar con recursos suficientes para casillas, personal capacitado y difusión efectiva. Un presupuesto robusto asegura un proceso creíble, eficiente y confiable para los jaliscienses.
P. ¿Quién debería registrar a los candidatos?
R. En el proceso federal, los comités de evaluación registraron candidaturas, generando dudas sobre su imparcialidad. Propongo que el Instituto Electoral Local asuma esta función, en colaboración con el comité de evaluación. Su experiencia y legitimidad garantizan un proceso objetivo, libre de influencias políticas.
P. ¿Cómo proteger los derechos de los jueces electos?
R. Es vital establecer mecanismos claros de movilidad dentro del Poder Judicial para garantizar condiciones laborales justas y proteger la independencia de los jueces. Esto fomenta su desarrollo profesional, evita prácticas discrecionales y refuerza la autonomía del sistema judicial.
P. ¿Qué ajustes al Código Electoral propone?
R. El Código Electoral local debe actualizarse para incluir medios de impugnación que protejan los derechos de candidatos y ciudadanos, y definir atribuciones específicas para el Instituto Electoral en la organización de estas elecciones. Esto dará certeza jurídica y confianza en el proceso.
P. ¿Qué mensaje envía a los jaliscienses sobre esta reforma?
R. Esta reforma es una oportunidad histórica para construir un Poder Judicial más justo, transparente y cercano a los jaliscienses. Con equidad, participación ciudadana y recursos adecuados, podemos garantizar una justicia que responda a las necesidades de todos. Invito a la ciudadanía a informarse y sumarse a este cambio para fortalecer nuestra democracia.
SEIS PUNTOS MEDULARES DE LA PROPUESTA DE ARTURO ZAMORA
1- Creación de un solo comité de evaluación.
Se propone la creación de un solo comité de evaluación y selección integrado por una persona de cada uno de los tres poderes del estado.
2- Mejorar la capacidad del comité de evaluación.
Los comités de evaluación carecieron de los medios adecuados para desempeñar su labor con eficacia, transparencia y responsabilidad. Esta deficiencia se convirtió en uno de los errores más significativos y críticos del proceso electoral.
Personal capacitado, como la disponibilidad de recursos materiales, tecnológicos y financieros, facilita una organización eficiente del trabajo y el acceso oportuno a la información.
3- Evitar la concurrencia de elecciones políticas y judiciales.
Resulta pertinente sugerir que, en el ámbito federal, se legisle para habilitar expresamente a las entidades federativas para que establezcan de manera diferenciada las fechas de las elecciones políticas y judiciales.
4- Número de aspirantes.
Reducir a dos personas el número de aspirantes por cargo para que loselectores conozcan a los candidatos y candidatas y así tengan la oportunidad de evaluarlos para definir su voto.
5- Vacantes.
En caso de inelegibilidad o vacancia antes del inicio de funciones, se propone suplir las mismas con la segunda persona más votada. Respetando género y materia.
6- Garantizar la paridad de Género.
Se propone que la competencia por cada cargo judicial se lleve a cabo entre personas del mismo género. Es decir, que las mujeres compitan exclusivamente con mujeres, y los hombres con hombres, lo que permitiría garantizar condiciones de igualdad real, prevenir desigualdades estructurales y consolidar una integración equitativa del Poder Judicial. Remitir desarrollo a la ley.
ENTREVISTAS
Fernando Espinoza de los Monteros: Reforma a la Ley de Amparo, una traición a su esencia
– Por Raúl Cantú
El juicio de amparo, joya del derecho mexicano con raíces en la tradición azteca, verbalizado por José María Morelos y consolidado por la minoría liberal en el siglo XIX, enfrenta una reforma que, según el jurista Fernando Espinoza de los Monteros, traiciona su propósito fundamental: proteger al ciudadano frente a la autoridad.
En un análisis crítico, Espinoza cuestiona la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, aprobada en el Senado el 2 de octubre de 2025, apenas 17 días después de su presentación, calificándola como parte de una reforma judicial viciada que prioriza intereses del poder gubernamental sobre los derechos ciudadanos.
“El juicio de amparo es una gran aportación al mundo, pero esta reforma lo desnaturaliza”, afirmó Espinoza. Según el jurista, la iniciativa invierte el espíritu del amparo, diseñado para resguardar al gobernado, al otorgar mayor protección a la autoridad.
En su opinión, es una reforma que tiene un único destino, Ricardo Salinas, con quien ya va a negociar el gobierno.
Entre los puntos más controvertidos, Espinoza destaca la acotación de la suspensión, “el alma del juicio de amparo”, que permite frenar actos de autoridad mientras se resuelve el fondo del asunto. La reforma restringe esta herramienta, limitando su efectividad.
Asimismo, la iniciativa de reforma propone eliminar el “interés legítimo” como requisito para interponer un amparo, un cambio que, según el jurista, cercena el acceso a la justicia para ciudadanos y colectivos que buscan defender derechos difusos, como los ambientales o sociales.
En materia fiscal, la reforma es aún más restrictiva. Espinoza crítica que el amparo fiscal solo pueda interponerse tras el remate de bienes asegurados, lo que desvirtúa su propósito. “El amparo debe intervenir en cualquier etapa del proceso para garantizar la justicia; limitarlo al remate lo convierte en un recurso inútil”, explicó.
Esta disposición argumenta que beneficia al fisco al retrasar la protección del contribuyente, dejando a los ciudadanos en desventaja frente a procedimientos administrativos.
El jurista reconoce un único aspecto positivo: la fijación de plazos de hasta 90 días para resolver juicios de amparo, lo que podría agilizar los procesos. Sin embargo, matiza que la digitalización de trámites, presentada como novedad, ya estaba prevista en la legislación actual, incluyendo notificaciones y requerimientos electrónicos. “No es un avance, es un reciclaje de lo existente”, afirmó.
Espinoza de los Monteros también alerta sobre la reducción de garantías procesales, que debilita el derecho de defensa de los ciudadanos. Un punto especialmente grave es la pretensión de no respetar la retroactividad en los juicios en trámite, lo que podría afectar casos ya iniciados y vulnerar la seguridad jurídica.
“Se está sacrificando la esencia del amparo por una supuesta eficiencia que, en realidad, fortalece el poder de la autoridad sobre el gobernado”, subrayó.
En el contexto de una reforma judicial más amplia, que incluye la elección popular de jueces y ha generado polarización, Espinoza de los Monteros considera que el gobierno de Sheinbaum repite errores del pasado al priorizar el control político sobre la justicia. “El amparo nació para equilibrar la balanza entre ciudadanos y autoridad; hoy, esa balanza se inclina peligrosamente hacia el poder”, concluyó.
Esta reforma, aprobada con celeridad en el Senado, ha generado un debate intenso entre académicos, juristas y ciudadanos, quienes temen que el debilitamiento del juicio de amparo limite las herramientas para combatir abusos de poder. Mientras el gobierno defiende la iniciativa como un paso hacia la modernización y el combate a la evasión fiscal, voces como la de Fernando Espinoza de los Monteros advierten que el costo podría ser la erosión de un pilar del Estado de derecho mexicano.
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