ENTREVISTAS
El gran desafío de la contralora ciudadana: Desterrar usos y costumbres de prácticas corruptas en Guadalajara
Por Gabriel Ibarra Bourjac //
El gran reto para la Contraloría Ciudadana de Guadalajara es desterrar usos y costumbres que se han desarrollado por muchos años en el otorgamiento de licencias y permisos, como en el área de la construcción donde el tortuguismo burocrático provoca las prácticas corruptas a fin de que orillan al particular a que se vea obligado a ofrecer dádivas a cambio de acelerar autorizaciones.
La contralora ciudadana Cynthia Cantero está consciente la existencia de esa problemática, no solo en Guadalajara, sino en otros municipios, donde los procesos se tienen que mejorar.
“No es mi área pero me parece que en Guadalajara se han desarrollado y están focalizadas en la simplificación de procesos administrativos”, precisa.
Para superar este tipo de prácticas corruptas es fundamental avanzar en los procesos de mejoras regulatorias, acepta.
¿Y qué ha hecho Cynthia Cantero en estos dos años como contralora Ciudadana en Guadalajara?
En entrevista con Conciencia Pública habla de las acciones y avances logrados.
Entre las acciones relevantes realizadas en este lapso por la Contraloría Ciudadana está la determinación de 60 funcionarios sancionados y que han sido publicadas, de las cuales 39 han recaído en amonestaciones, 16 suspensiones y dos destituciones.
De las sanciones tres casos destacan: en Comude se descubrió que una servidora pública transfirió a su cuenta personal aproximadamente 1 millón 200 mil pesos y se determinó el delito de peculado, con una sanción de 1 año 9 meses de prisión y se logró por parte de la Fiscalía el reintegro del dinero.
El otro caso relevante que fue llevado al Tribunal de Justicia Administrativa, en este caso se trataba de una persona que cobraba en tianguis el espacio que ocupaban diferentes personas y a ésta se le inhabilitó por diez años para que no esté en el servicio público.
Un tercer caso paradigmático fue la detección de la existencia de una escuela de paramédicos que “oficialmente no estaba creada” y las personas que la dirigían le cobraban a los estudiantes las matrículas, ese cobro ni lo informaban, ni ingresaba a la tesorería municipal.
“El director que realizaba el cobro está suspendido, fue denunciado por peculado y está sometido a proceso para que se determine su situación”, señala la contralora ciudadana de Guadalajara.
El pasado año 2023 la Contraloría Ciudadana recibió 433 denuncias y las que tienen elementos son las que avanzan, las demás son clasificadas como reportes que hace la sociedad y son canalizadas a diversas áreas para que esos reportes sean atendidos a la brevedad.
“Estamos generando el servicio pedagógico a la sociedad, donde le decimos qué es un hecho de corrupción, qué es una falta administrativa, cuándo es un reporte de servicio y a dónde se debe canalizar”, explica la contralora ciudadana.
Se tienen 225 investigaciones activas que siguen su curso y de éstas se han focalizado a determinar responsabilidades administrativas cuando son denunciados hechos que tienen que ver con hostigamiento o acoso sexual, laboral donde generalmente no había responsabilidades por este tipo de conductas.
LA ENTREVISTA
P. Dos años como contralora municipal, ¿cómo ha sido esta experiencia?
R. Acabo de cumplir dos años en esta responsabilidad en el Ayuntamiento de Guadalajara, lo que hemos hecho es implementar el programa y el plan que tenía desde un inicio en el sentido de crear y establecer una Contraloría Ciudadana donde la ciudad pueda verificar que existe una contraloría, de qué le sirve y cómo puede sumarse a esta agenda de combatir la corrupción y participar en la vigilancia del recurso público que ejerce el Ayuntamiento de Guadalajara pero también en la vigilancia de las oficinas públicas, qué hacen los servidores públicos.
P. ¿Qué facilidades hay para que el ciudadano que se siente afectado presente la denuncia y ésta sea atendida?
R. Un área importante de toda contraloría es la atención de las denuncias por hechos de corrupción o faltas administrativas que presente cualquier ciudadano, en ese sentido, implementamos una plataforma que se llama Contraloría en Datos, a través de la cual cualquier persona puede interponer una denuncia y darle seguimiento, de esta manera el ciudadano no se queda con la incertidumbre si fue atendida o no su denuncia. Lo que queremos es darle certeza, darle seguimiento desde que presentas tu denuncia, si no hay los elementos de prueba básicamente se da por concluida la denuncia y se le explica al ciudadano, es un paso importante que dimos, le damos certidumbre.
HOSTIGAMIENTO Y ACOSO LABORAL
P. ¿En números, por ejemplo, en el 2023 cuántas denuncias presentó la ciudadanía?
R. En el 2023, en un año, recibimos 433 denuncias, de estas las que tienen elementos son las que avanzan, las demás las tenemos identificadas como reportes que hace la sociedad, canalizamos las diferentes áreas para que esos reportes sean atendidos a la brevedad. Estamos generando el ejercicio pedagógico a la sociedad, donde le decimos qué es un hecho de corrupción, qué es una falta administrativa, cuándo es un reporte de servicio y a dónde lo debe canalizar.
R. Tenemos 265 investigaciones activas, que están siguiendo su curso, de estas nos hemos focalizado a determinar responsabilidades administrativas cuando nos denuncian hechos que tienen que ver con hostigamiento o acoso laboral o sexual, donde generalmente no había responsabilidades por este tipo de conductas, nosotros nos hemos focalizado en esto, llevamos atendidas denuncias, investigaciones y sanciones por esta naturaleza, donde hemos suspendido del empleo a 3 personas, dos de ellos ya se encuentran destituidos, uno de ellos con inhabilitación del servicio público por un año, tenemos cuatro en procedimiento, ocho más por hostigamiento o acoso laboral.
P. ¿Háblame de los casos relevantes?
R. Entre los casos relevantes que hemos resuelto, hemos determinado 60 sanciones, las cuales cualquier ciudadano puede revisar cuáles son, parte de la agenda que he traído desde que estoy en la Contraloría Ciudadana es transparentar al cien por ciento el actuar, tenemos 60 sanciones publicadas, de las cuales 39 han recaído como amonestaciones, suspensiones de las labores de los servidores públicos han sido 16, destituciones hemos tenido 2, inhabilitaciones llevamos 3 en lo que es el último año, pero tuvimos otras, una derivado de un caso relevante, en Comude donde una servidora pública transfirió a su cuenta personal aproximadamente un millón 200 mil pesos, se le determinó el delito de peculado, posterior a esas acciones, a esta persona se le determinó un año y 9 meses de prisión, se logró por parte de la Fiscalía el reintegro del dinero, a esta ex funcionaria se le inhabilitó del servicio público por 26 años.
Tenemos otro caso similar que lo llevamos al Tribunal de Justicia Administrativa, en este caso se trataba de una persona que cobraba en tianguis el espacio que ocupaban diferentes personas, a esta persona se le inhabilitó por 10 años para que no esté en el servicio público”.
Son casos que ya obtuvimos y contamos con sentencias, ya tuvimos las consecuencias para los ex servidores públicos.
P. Hubo un caso de una escuela de paramédicos municipal que se desconocía su existencia…
R. Tuvimos otro caso paradigmático como detectar que la escuela de paramédicos que oficialmente no estaba creada, que las personas que la dirigían cobraban a los estudiantes las matrículas, ese cobro no lo informaban y no entraba a las arcas del ayuntamiento. Se regularizó, la ley de ingresos contempla el cobro de estas cuotas, el director que estaba a cargo de la escuela fue denunciado por peculado, está suspendido y está todavía en proceso de que determinen su situación.
P. Qué otros casos relevantes han manejado…
R. Como estos casos, tenemos otros que tiene que ver y lo hemos difundido, señalando que la violación de derechos humanos también es corrupción, emitimos una resolución sobre un juez cívico, un oficio del ayuntamiento por haber emitido una resolución hace varios meses, en la anterior administración, donde determinamos que hubo una falta administrativa grave por abuso de funciones e encubrimiento, en ese sentido, la conducta fue en determinar una resolución y la separación de una madre y una hija, entre todos los procedimientos posteriores duraron 19 meses separadas físicamente, es una evidente violación a los derechos haberlas separado, la medida que tomó este juez fue un abuso de funciones, está en proceso”.
P. Hay un área que tiene muy mala fama…inspección y vigilancia. ¿Qué se ha encontrado allí?
R. “Hay casos relevantes que hemos dado a conocer a la opinión pública porque es importante que la sociedad conozca cómo funciona un órgano interno de control, en este caso una contraloría. Hace poco determinamos la resolución hacia un servidor público de inspección y vigilancia, que solicitó a un particular 150 mil pesos para gestionar una licencia de demolición y construcción, comprobamos que se le otorgó esta cantidad, está en proceso, no hemos llegado a la sanción. Hemos hecho públicas las sanciones, porque no se difunden, lo que genera es que la sociedad no identifique el trabajo que se está haciendo por parte de las contralorías, ahora más con las funciones que tienen derivadas de la agenda de combate a la corrupción. Eso tiene que ver con la atención de las denuncias que son presentadas por la sociedad, cómo se van resolviendo en la atención de cada etapa de las denuncias”.
UN EJERCICIO INNOVADOR: “LA SOCIEDAD EN EL INVOLUCRAMIENTO EN LA FISCALIZACIÓN EN GUADALAJARA”
Cynthia Cantero hace referencia al que llama “ejercicio innovador” que han impulsado en Guadalajara para involucrar a la sociedad en la fiscalización, vigilancia de las oficinas públicas con el proyecto lanzado denominado “Auditorías Participativas, desde 2022, en colaboración con Transparencia Mexicana”
“Guadalajara se ha convertido en el primer municipio en el país en involucrar a la sociedad en la elección de programas, dependencias o servicios que quiere que la Controlaría fiscalice, con el propósito de vincular al ciudadano en la vigilancia del recurso público”
“Alcanzamos una participación de casi 144 mil personas, eligieron programas sociales y dependencias que nosotros auditamos el año pasado, en marzo les daremos a conocer para que las personas conozcan el resultado de esas auditorías”
“Lanzamos en 2024 este ejercicio concurrente con el ejercicio participativo, se encuentra en curso, lo que estamos haciendo es convocando a la sociedad a que vote, que elija las dependencias o programas que quiere que la auditoría audite, esos resultados estaremos dándolos a más tardar en agosto, sumamos estos procesos a nuestro programa anual de auditorías, sacamos ese programa y adicionamos lo que la sociedad eligió”.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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