ENTREVISTAS
En Jalisco es un fracaso la estrategia contra el crimen: Alfonso Partida contradice al gobernador; bajan las denuncias y no los delitos
Por Gabriel Ibarra Bourjac //
Un panorama de desorden y de rotundo fracaso, con la carencia de una política criminal para enfrentar el tema de la violencia e inseguridad que golpea a los jaliscienses, es lo que ve el maestro e investigador de la Universidad de Guadalajara, Alfonso Partida Caballero en Jalisco. “No hay una política de qué hacer con los homicidios, no sólo de cómo bajarlos, sino cómo castigarlos”.
El maestro Partida Caballero, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, está en desacuerdo con la aseveración que ha hecho el gobernador Enrique Alfaro que los delitos a la baja están disminuyendo y que el modelo y estrategia que están llevando a cabo arroja resultados positivos.
“No están bajando los delitos, bajan las denuncias. Para sustentar su aseveración se apoya en estadísticas del Inegi, que únicamente el 6.3 por ciento de los delitos se denuncia y el 92.7 por ciento es la cifra negra de la criminalidad”. Sobre los homicidios es contundente: “el 99.5 por ciento quedan impunes”.
“Los delitos que sí se pueden vigilar y no se pueden esconder son los homicidios”, expresa y sostiene que en el robo de autos no están tomando todas las cifras, lo hacen sólo en el caso de robo de vehículos asegurados. “Guadalajara es el número uno del país en vehículos asegurados robados”, subraya el maestro Partida Caballero.
“En los vehículos no asegurados hay manipulación, es como decir, se roban un celular de 300 pesos, pues no lo denuncio porque me costaría mil pesos denunciarlo”.
Al argumentar la carencia de una política criminal para enfrentar la inseguridad por parte del gobierno de Jalisco, señala que las autoridades locales le pone atención sólo a 8 delitos, cuando la Fiscalía debe perseguir más de 119. “No son los mismos delitos que se estudian en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, ellos tienen siete catálogos de delitos y en Jalisco tienen 8, pero nada tienen que ver unos con otros”.
INEXISTENTE LA POLICÍA METROPOLITANA
Una de las acciones fundamentales para coordinarse y enfrentar a la criminalidad es la creación el pasado año de la Policía Metropolitana la que existe únicamente en el papel, indica nuestro entrevistado.
“Existe en el papel, es de papel, es de discursos, porque si tú les pides cuántos han detenido, te dicen que no tienen policías, si te dice que cuáles son las políticas que están implementando te mandan a ver la información de los municipios, pero esto quiere decir que ni siquiera se ha convertido en un eje integrador sino que forma parte del mismo desorden”.
Con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, asegura que son ya dos años de desorden. “Está totalmente lleno de cadáveres, no hay identificación. No es posible que no puedan darle solución a los problemas, porque si es una cuestión económica, para eso está el dinero público, no nada más para solicitar créditos de una cuantía enorme y que de eso no se destine un poco para salvar a este instituto”.
LA ENTREVISTA
Pregunta. En el segundo año de gobierno de Enrique Alfaro, ¿cuál es el análisis que haría de la forma en que han enfrentado el tema de la seguridad y la violencia?
Respuesta. Un panorama de desorden, de fracasos rotundos, porque no tenemos una política criminal, porque la política criminal en este caso vienen a ser las políticas del estado para un control social, esto es para el control de la delincuencia, al analizar cada uno de los datos que se dan para tomar decisiones, por ejemplo, qué haremos con los homicidios que se producen en Jalisco, no solo para bajarlos, sino para castigarlos, aquí no vemos una política en ese sentido.
P. ¿Cómo que no se tiene en Jalisco una definición de política criminal?
R. Lo que presentaron en el plan de gobernanza que es menos de una cuartilla no te dice los cómo, los cuánto en recursos, no hace un análisis, porque una política criminal se debe basar en el análisis que hacen los gobiernos de las razones por las que se falla, ahí está la clave, que ellos nos digan por qué solo le ponen atención a ocho delitos cuando la Fiscalía debe perseguir más de 119 que nos dice el Código Penal.
P. ¿Qué me dices de la creación de la Policía Metropolitana y los resultados en su operación este primer año?
R. Existe en el papel de papel, es de discursos, porque si tú les preguntas cuántos han detenido, te dicen que no tienen policías, si te dice que cuáles son las políticas que están implementando te mandan a ver la información de los municipios, pero esto quiere decir que ni siquiera se ha convertido en un eje integrador sino que forma parte del mismo desorden.
Otro de los puntos es que ya tenemos un año, casi dos años, con un desorden en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en el cual no es posible que no puedan darle solución a los problemas, porque si es una cuestión económica, para eso está el dinero público, no nada más para solicitar créditos de una cuantía enorme y que de eso no se destine un poco para salvar a este instituto.
P. El Forense está colapsado, rebasado…
R. Totalmente, lleno de cadáveres, no hay identificación. Otro punto importante son los desaparecidos, no es posible que tengan cuatro agentes del ministerio público, pero sí hay una política mediática de que han encontrado a la mayoría, que son muchachos que se pelearon con su familia, pero eso no es porque se hace una investigación, ese no es el problema, el problema es la gente que aparece en las fosas.
La realidad nos explota en la cara, le explota primero al ejecutivo, porque las cifras hasta antes de que aparezcan las fosas son cifras que no quieren dar a conocer, ahí está el problema, cuando salen hay una justificación que hacen a través de la cabeza del doctor Macedonio Tamez para decir que fueron del año pasado, o de la delincuencia organizada, pero cómo es posible que alguien tan irresponsable diga algo que debe estar sustentado en investigaciones, que deben ser muy coherentes para decir a esta persona sí andaba en el crimen organizado y es fulano de tal.
P. ¿Cómo entender que el gobernador sea quien informa?
R. Es un error, porque por eso la sociedad le está gritando la autonomía de policías y ministerios públicos, porque cuando se maneja de manera política se maquillan cifras, se manejan datos equivocados, que no sirven para nada, los datos deberían ser datos para toma de decisiones importantes. El que da la noticia criminal es el gobernador, que no tiene nada que hacer, nada absolutamente, el 21 constitucional dice que debe ser el ministerio público, ni siquiera el fiscal, por qué no le preguntan a los fiscales, por qué debe ser el gobernador que ni siquiera maneja el tema y le preguntas algo técnico para salir con una opinión política, eso hace mucho daño a la seguridad pública.
P. El problema de la inseguridad y violencia en Jalisco no nace con Alfaro, pero como cabeza del gobierno puede instrumentar una estrategia con acciones a coto, mediano y largo plazo. ¿Qué han visto como observatorio en este sentido? ¿Es posible acotar el problema y que disminuya la violencia?
R. Claro. En primer lugar tiene que hacer un alto en el camino y darle una atribución a quien lo debe tener, deben hacer un diagnóstico claro de qué sí está funcionando, qué no está funcionando y qué en otras latitudes sí funciona, porque lo tendrás que tropicalizar a nuestro ámbito porque es lo que tenemos. Lo que yo creo que es que debe de verse contra qué va a luchar el estado, es parte de la política criminal, qué delitos son los que nos están causando un impacto terrible a la sociedad, de eso tenemos que aplicar con cuántos agentes del ministerio público le vamos a entrar, con cuántos policías, cuáles son los técnicas.
P. Hay acciones que ha hecho el estado, en Jalisco la Policía Metropolitana, a nivel nacional la Guardia Nacional. ¿Qué resultados han encontrando con estas acciones?
R. Muy pocas, el caso de la Policía Metropolitana fue planteada para resolver un grave problema en 10 municipios de la Zona Metropolitana que es donde se comete cerca del 80 por ciento de los delitos, pero si no está funcionando, no se integró. Luego, la Guardia Nacional trae apartado un problema, no es una policía de investigación del crimen, es una policía especial de choque, contra los grupos de esta naturaleza, el homicidio y todos los delitos son obligación del estado, no de la federación, eso es lo que no se dan cuenta, porque de repente el gobernador da opiniones poco certeras y poco técnicas en lo que dice, que si es del crimen organizado es materia federal y no es cierto, es fuero común y quien debe investigar es el fuero común, la Guardia Nacional no está investigando, ellos andan haciendo labor de despliegue para inhibir, el problema es que se quedan una semana y luego se van, no terminan nada.
HA BAJADO LA DENUNCIA
P. Han afirmado que los índices delictivos han disminuido, los delitos de alto impacto han ido a la alza…
R. Lo que ha estado bajando es la denuncia, no está bajando el delito, los delitos se siguen manteniendo a la alza dependiendo el caso, el caso del robo a casa habitación, el robo a transeúnte, el problema de los controles es que cuando estos controles entran a manos del estado se manipulan, porque han estado manipulando desde el ingreso a atención temprana, no tienen datos.
El INEGI pone la muestra, solo el 6.3 por ciento de los delitos se denuncian, el 92.7 te dice que es la cifra negra de la criminalidad, porque sucede que los delitos que sí se pueden vigilar como son los homicidios donde están los medios de comunicación no se pueden esconder, el robo de autos no están tomando todas las cifras, son de vehículos asegurados y aquí es donde pongo el punto, Guadalajara es el número uno del país de vehículos asegurados robados, con datos que forzosamente se tiene que denunciar, pero si nos vamos a los que no están asegurados que son bastantes hay manipulaciones, estas situaciones son las que están guardándose, es como decir que me roban un celular de 300 pesos pues no iré a denunciarlo porque me costará mil pesos denunciarlo, la gente se no se incentiva, porque además toman las carpetas de investigación y las guardan, dieron de baja 85 mil carpetas de investigación y denuncias penales, qué dice eso, las agarran, las meten a los datos y las echan a la basura. El gobernador puede sacar las manos de todo lo que es noticia criminal, no son datos de él, son del ministerio público, porque Macedonio y el gobernador dicen que vamos bien, que nos expliquen cuál es la estrategia correcta, pero si no la van a guardar por cuestiones de seguridad es ilegítimo.
P. Señala que de 2007 a la fecha son 16 mil homicidios…
R. Hay sentencias que son de castigo, sentencias absolutorias, hay de las dos. 99.5 por ciento quedan impunes, de nada está sirviendo, es un fracaso. Son cerca de 35 mil policías que no demuestran que tienen capacidad, luego te vas a las fiscalías y no funcionan, ni la anticorrupción, ni la general, que nos digan en dónde sí están funcionando, que no nos descalifiquen, nosotros damos cifras, damos nombres, damos todo. Somos un observatorio, que lo que decimos lo podemos sustentar, podemos sustentar que el fiscal anticorrupción no tiene ninguna sentencia lograda, que se le están cayendo todas las judicializaciones que tiene, que gasta 63 millones de pesos al año, que tiene un personal arriba de cien y además un sistema de opinadores, organizadores, integradores, que no ha funcionado.
¿Qué podemos esperar para este año en materia de seguridad en Jalisco?
¿Debe haber cirugía mayor?
“Sí, el problema es quien presenta un proyecto, no es cambio de personas. Es cambio de fondo, porque cuando llegó el gobernador a los 10 días sin conocer el escenario hizo un planteamiento de cambio rotundo, presumió que iban a tener la mejor Fiscalía de la república mexicana, fue para empeorar todavía más, en el área de inteligencia no hay resultados, en órdenes de aprehensión sigue muy deprimido el asunto, se siguen mandando al archivo todas las carpetas de investigación, se simula los juicios abreviados, se simulan las sentencias, estamos hablando de menos de uno por ciento de sentencias en Jalisco, entonces qué hacen para hacer eso, presionar al poder judicial, creo que no es lo correcto. Los puntos deben ser política criminal, con compromisos.
¿Es desolador el panorama?
“Es desolador. Que lo pongan en la mesa, para el análisis, la discusión, y si pasa la prueba del ácido como decimos, vamos a tener los mejores policías, con todo y lo malo que podamos ser, si el Fiscal en Brasil es elegido por sus propios compañeros, porque es autónoma, los gobernadores no pueden hacer nada más que apoyar, ahora si lo agarran con las manos en la masa lo corren, aquí estamos muy lejos de eso”, puntualizó.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS CINCO PRINCIPALES:
ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía, callar sería una omisión, mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la Torre Habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón—un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aún en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LAE ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la Torre Habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo. Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
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Charros se quedó sin gas: Diablos, digno campeón
