ENTREVISTAS
Enrique Velázquez presentó hace 3 años una propuesta sobre pensiones altas del Ipejal: Se deben bajar y topar en 80 mil pesos
Por Mario Ávila //
Tal como lo hizo en diciembre del 2018, es decir hace casi ya tres años, el diputado local sin partido, Enrique Velázquez González, insiste en topar las pensiones que otorga el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), en un máximo de 80 mil pesos mensuales, que representarían 19 veces el salario mínimo, 6 puntos debajo de lo que propone el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien plantea recientemente a través de una iniciativa de reforma a la ley, bajarlas a 25 veces el salario mínimo, que serían 106 mil 275 pesos al mes.
Velázquez González, quien además tiene la experiencia de haber sido Secretario General del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, dice conocer los añejos problemas financieros que padece el Ipejal y advierte: “A ver, estos asuntos no son nuevos. Yo hice el análisis, yo la presenté en diciembre del 2018, yo he visto los fondos de pensiones de universidades cuando fui Secretario eneral del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UdeG y te puedo decir, por ejemplo, que a la Universidad de Michoacán le va a salir más barato indemnizar a todo mundo, que pagar las pensiones, está en quiebra totalmente porque no hicieron las reformas oportunamente por miedo, patean el bote pensando que los sindicatos ya no iban a votar por ellos y no toman decisiones inteligentes”.
“Yo presenté esta iniciativa hace casi tres años y hasta ahora ya se están preocupando, qué bueno, nada más fíjate la diferencia, la del gobernador la van a sacar en tres o cuatro semanas y la mía ya tiene casi 3 años. La reforma la quieren sacar en agosto”, dijo con cierto tono de reproche el diputado local, que incluso habrá de repetir en el cargo por tres años más, luego de que emigró al partido Hagamos.
Sin embargo, suscribió la propuesta del mandatario jalisciense, pero dijo, que esa iniciativa se debe acompañar de otras acciones como la de crecer la base de trabajadores, como lo planteó el director general del Ipejal, Héctor Pizano Ramos.
A mí me parece una muy buena idea -dijo-, darle a un trabajador supernumerario o eventuales la posibilidad de integrarse al Ipejal como un derecho, no obliga a que sea un trabajador de base; un trabajador que labora 6 años en el gobierno aportó 11.5% del sueldo a Pensiones y el gobierno aportó otro tanto, si se retira, puede retirar algún porcentaje de su fondo, pero se queda la parte del patrón y eso fortalece los sistemas de pensiones. No han entendido que el sistema de pensiones es un fondo solidario que requiere de aportaciones y no es para guardar el dinero en el banco.
Y a propósito de no guardar el dinero en el banco, el diputado Enrique Velázquez comentó: “Es que esa parte de las inversiones es en donde hace falta investigar más, no hay tales desfalcos. Todo mundo habla de que se invirtió en algo y no se ganó, por ejemplo, Abengoa, pero hay otras inversiones que han sido exitosas como la del hotel Four Season; el ejemplo de las Villas Panamericanas, yo propuse que las tiraran, no me gusta que estén ahí y menos que tengan habitabilidad, eso no me agrada, pero habrá de ser negocio para Pensiones porque invirtieron alrededor de 350 millones de pesos y van a recibir 600”.
“El dinero de Pensiones no puede estar guardado, debe estarse trabajando, ya que nada más de las aportaciones no puede vivir un sistema de pensiones, yo revisé el sistema de pensiones de California, por ejemplo y ellos prácticamente se convirtieron en banco y el sistema de pensiones de Canadá, prácticamente constituyeron una empresa, invierten en riesgo porque es el que más utilidad deja, invertir en riesgo no significa necesariamente perder, puedes invertir en algunos portafolios que a lo mejor un trimestre te puede dejar pérdidas, puedes invertir en oro, puedes invertir en dólares y pueden perder a lo mejor en el primer año, pero en el segundo o el tercero seguramente vas a ganar. En Chalacatepec se compraron los terrenos a un peso y van a vender a 10, cuando se vendan. Va a ser un gran negocio. Hay que ver hacia donde se está yendo la inversión y qué rendimientos está dando”, expuso el legislador.
CRECE LA ESPERANZA DE VIDA
Sobre el dilema que se enfrenta en el Ipejal sobre las llamadas ‘pensiones doradas’, Enrique Velázquez argumentó: “No únicamente el Ipejal, los sistemas de pensiones del país tienen un serio problema de estructuración, de implementación, son legislaciones muy viejas en el que cuando se autorizaron las pensiones con 30 años de servicio se podrían jubilar alguna persona cuando la esperanza de vida era de 55, 58, 60 años máximo y ahora tenemos una esperanza de vida de 78 años y eso tiene que modificar el sistema de pensiones”.
Todas las aportaciones que tú haces -dijo-, a un sistema de pensiones, te alcanza únicamente para poder vivir 5 años cuando mucho, después de jubilado y desafortunadamente en este país tenemos una gran cantidad de personas de menos de 50 años que ya están jubiladas y el dinero no se inventa, el dinero se produce, no es echar a andar la maquinita y debemos de entender una cosa, el sistema de pensiones de los trabajadores del estado es un sistema de trabajadores burócratas y tenía una intención, que la gente viviera bien los últimos 5 años, 10 máximo y por ello se utilizó un sistema solidario en el que las personas jóvenes trabajan para que puedan vivir personas que ya le dieron toda su vida en el trabajo, llega en el momento en el que cuando la pirámide se empieza a invertir no hay los suficientes trabajadores para poder mantener a tanta cantidad de personas jubiladas. Lo digo en temas financieros, no en temas de derechos.
Hoy la gente tiene el derecho de jubilarse -abundó-, pero desafortunadamente los 30 años para una persona que empieza a trabajar a los 20, a los 50 ya está jubilada y va a vivir por lo menos otros 30 años. Entonces el esquema tiene que cambiar como lo hizo el sistema de pensiones de la Universidad de Guadalajara hace 19 años la Universidad cambió y se implementaron acciones como el hecho de que nadie se podía jubilar, desempeñando puestos directivos, en cambio en Pensiones del Estado vemos personas que fueron secretarios de Estado, regidores, diputados, magistrados, que cumpliendo con la ley se jubilan con el sueldo del último año y en la universidad no hay ningún puesto directivo que se pueda jubilar, ese es un privilegio solo para personal académico o administrativo. La intención es que alcance poquito para todos, porque si no va a alcanzar para muy poquitos o después para nadie.
El tema grave -expuso finalmente el legislador-, no son las pensiones altas, porque al final son legales, el tema grave es que una persona que cotizó toda su vida con una plaza de 8 mil pesos se jubile con 100 mil pesos y lo que se debe revisar cuántos casos así hay, cuántos casos de personas que cotizaron con sueldos bajos y repentinamente un año antes de pensionarse su sueldo se fue a las nubes.
La verdad es que no lo he investigado, nadie lo ha hecho, el meterse a fondo a revisar cuántas personas el último año de su trabajo le prestaron una plaza diferente, una plaza más alta y al no corresponder tu aportación de toda la vida con sólo el último año, pues es un desfalco, eso ellos podrán decir que padre jubilarse con 40 cuando siempre ganabas 10, pero financieramente es inviable. Algo se tiene que hacer, yo digo que se tiene que promediar los últimos 10 años, el gobernador dice que los últimos 3 para sacar el promedio con el que te jubilas. Yo creo que promediando los últimos 10 podríamos tener algo más justo entorno a tu aportación contra lo que recibes.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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