ENTREVISTAS
Sacuden a la transparencia en Jalisco: Asume Pablo Lemus el costo político de extinguir el ITEI

Por Mario Ávila //
La desaparición del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) por órdenes del Congreso local representa un severo retroceso en los avances que la entidad había conseguido en materia de acceso a la información y rendición de cuentas.
El argumento oficial de una reestructuración para «optimizar recursos» no resiste el análisis frente a la clara intención política de los gobiernos federal y estatal, de debilitar a un órgano que podría resultar incómodo para el poder.
Durante más de dos décadas, el ITEI jugó un papel crucial como contrapeso institucional al exigir a gobiernos municipales, organismos autónomos y al propio Ejecutivo estatal cumplir con sus obligaciones de transparencia.
Su eliminación deja a Jalisco expuesto a prácticas opacas y erosiona la confianza ciudadana en las instituciones públicas, justo cuando el escrutinio y la vigilancia social deberían fortalecerse, no desmantelarse.
Este movimiento no solo genera alarma entre organizaciones civiles y defensores del derecho a saber, sino que pone al gobernador Pablo Lemus en el centro de una tormenta política. Aunque el Congreso —dominado por su grupo— fue el ejecutor formal, es inevitable que el costo político recaiga sobre el mandatario. Su discurso de modernidad y apertura contrasta duramente con esta decisión regresiva, que ya ha sido calificada por diversos sectores como autoritaria y antidemocrática.
Pablo Lemus Navarro, quien apenas inicia su gestión como gobernador, arriesga su legitimidad al tolerar, e incluso alentar, acciones que minan la transparencia y la participación ciudadana. En lugar de fortalecer los mecanismos de vigilancia del poder, su administración opta por desmontarlos. El mensaje es claro: en Jalisco, la rendición de cuentas ya no es prioridad. El tiempo dirá si este golpe a la institucionalidad se convierte en una de las facturas más altas que tendrá que pagar el gobernador.
El análisis sobre el proceso de desaparición
Los integrantes de la LXIV Legislatura de Jalisco no tenían muchas opciones para homologar la ley estatal con la federal, en materia de transparencia y acceso a la información, sin embargo, en opinión del maestro en transparencia y protección de datos por la UdeG, Julio A. Ríos Gutiérrez, optaron por la más fácil, “que fue copiar y pegar para llevar la fiesta en paz con el gobierno federal”.
Esto explica por qué no se vieron más atrevidos los legisladores y optaron por ceder la posición de vanguardia que la entidad tenía a nivel nacional, en materia de transparencia, ya que antes que a nivel federal, fue en Jalisco donde se creó la primera ley en la materia en los primeros años del presente siglo.
Fueron los votos de los diputados de MC, Morena y sus partidos aliados, los que lograron la reforma constitucional, en contra de las posturas de los diputados de PAN y PRI, quienes se opusieron al dictamen, pese a los cambios de última hora que se registraron, como fue el hecho de extender por 90 días la vida del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Para el también profesor investigador de la UdeG, Julio Ríos, era lógica la postura de los diputados del PAN y del PRI, ya que fue la misma que asumieron a nivel federal cuando se declaró la extinción del INAI.
Y dijo entenderla aún más, ya que se sabe que fue en gobiernos del PAN a nivel federal y estatal, cuando nació la Ley de Transparencia gracias a que ellos mismos la impulsaron, “aunque habrá que reconocer que estos órganos autónomos en el camino se fueron desdibujando”.
Sin embargo, de lo sí dijo extrañarse, fue de la declaración del senador del PAN por Jalisco, el ex gobernador, Francisco Ramírez Acuña, “quien manifestó su indignación por haber exterminado a estos organismos en el país, cuando todos recordamos que una de las primeras polémicas fue cuando él mismo se negó, siendo gobernador, a revelar su sueldo, tema por el que incluso fue multado y obligado a cumplir con la ley vigente”, recordó.
Sobre las opciones que la legislatura de Jalisco tenía para cumplir con la obligación de homologar la ley estatal con la federal en materia de transparencia, el investigador y académico Julio Ríos, planteó: “Los diputados nada más tenían de tres sopas: 1.- La comodidad de copiar y pegar, 2.- La prudencia, que nos hace pensar que no buscaban rebasar el límite jurídico, pensando en hilar fino en las leyes secundarias y 3.- Llevar la fiesta en paz y en armonía con el gobierno federal”.
Urge crear también una Agencia Protección de Datos Personales
El maestro Julio A. Ríos Gutiérrez, admitió que esta enmienda legal realizada en su opinión, ‘contra reloj y sobre las rodillas’, deja a Jalisco rezagado en materia de transparencia y “se perdió esa oportunidad en el estado, de realizar una reforma constitucional de vanguardia”.
No obstante al mismo tiempo planteó que aún hay opción de pensar en positivo y contemplar la posibilidad de que “sí se puede enmendar el camino, ojalá se puedan dar las condiciones para la creación de un consejo consultivo fuerte; y la otra también, es que la Contraloría está sobrecargada de chamba, por lo que si queremos realmente ser vanguardistas, hay que crear no solo un órgano desconcentrado de transparencia, como se hizo a nivel nacional con la creación del órgano desconcentrado que se llama Transparencia para el Pueblo.
“Aquí también, la contraloría debería hacer lo mismo, y no solo eso, sino que también se debería contemplar la posibilidad de crear una Agencia de Protección de Datos Personales, porque ese tema es bien delicado y requiere inversión, requiere dedicación, requiere esfuerzo al 100 por ciento, porque una vulneración de datos personales puede afectar la vida cotidiana de una persona, su patrimonio o su seguridad”.
Insistió Ríos Gutiérrez, en que la Contraloría ya tiene muchas otras tareas, como revisar declaraciones patrimoniales, cuentas públicas, gastos, para también resolver solicitudes de transparencia, y todavía encargarse de los datos personales, “me parece excesivo, demasiado, un trabajo sobrecargado y yo creo que sí tendría que si se podría aprovechar el profesionalismo de los empleados del ITEI, ya que muchos de ellos tienen posgrados y una preparación que se hizo durante más de 20 años.
“Por ello, bien se los pudieran llevar a la Contraloría y a estas instituciones que también van a ejercer las funciones que antes hacía el ITEI, como es el Tribunal de Arbitraje y Escalafón de Jalisco, si se trata de información relacionada con organismos sindicales o autoridades laborales; el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, si se trata de solicitudes de información que tengan que ver con los gastos de los partidos políticos o de los órganos electorales o las propias Contralorías de los Poderes Legislativo y Judicial, lo mismo que las Unidades de Transparencia de los gobiernos municipales”, expuso el también analista político, Julio Ríos.
Desatendieron diputados la voz del grupo “Compromiso Jalisco”
Sin embargo, una de los grandes errores al momento de legislar esta nueva ley, en opinión del maestro en Transparencia, Julio Ríos, fue el hecho de desatender las sugerencias y las opiniones de los integrantes del grupo “Compromiso Jalisco”, en donde pedían legislar para hoy, pero con visión de futuro, a partir de los sujetos obligados de estos derechos.
También plantearon los expertos en la materia, entre los que destacan periodistas y académicos, que el modelo de nueva ley que se planteó como reforma constitucional para Jalisco, vulnera el principio de progresividad en materia de derechos humanos.
Particularmente demandaban: 1.- Participación ciudadana en un sistema estatal de transparencia y acceso a la información, como parte del subsistema nacional; 2.- Fortalecimiento de los órganos de control y 3.- Nuevo modelo de transparencia y acceso a la información a partir del 1 de enero del 2026 alno contar con las respectivas leyes secundarias.
Sobre los oídos sordos del Congreso a la voz de los integrantes del grupo “Compromiso Jalisco”, Julio Ríos recordó que ya se veía venir desde el pasado 11 de abril, cuando fueron invitados para escuchar el resultado de las 15 mesas de gobernanza que se compilaron en un documento de 186 páginas, pero al iniciar el acto, los diputados solo inauguraron el encuentro y abandonaron la sesión dejando en su representación a sus asesores.
Se les hizo ver que sí habían algunas alternativas se realizaron 15 mesas de gobernanza se aglutinó todo en una memoria histórica documental de 186 páginas donde la ciudadanía puede consultar todas las propuestas que hicimos y todo eso fue ninguneado.
No hay que olvidar el dominioso título del 11 de abril cuando se le invitó a los especialistas a que en el congreso del estado supuestamente nos iban a escuchar los diputados para que vieran las ideas y lo que ellos tenían como inquietud y resulta que se les invita comienza la reunión lo inauguran y de inmediato los diputados lo que hacen es irse y dejan votados a los invitados hablando solos.
Eso ya era la antesala de lo que venía nada de esto fue incorporado se le hizo creer a la sociedad que no había de otra cuando bien se podían incorporar algunos otros temas al menos no es triunfalismo pero se logró de cuatro cosas que se estaban pidiendo para la reforma constitucional se logró meter dos a medias una que fue el plazo de que litei todavía sobreviva en su agonía tres meses más.
lo que se pretendía era que en cuanto entrara el decreto del té y dejara de existir y que hubiera una pausa de 180 días en los cuales los diputados iban a darse el tiempo para avalar las leyes secundarias que no nada más es la ley de transparencia y protección de datos son 19 leyes que tienen que ver y mucho se cree que solo es la ley de transparencia que regula la transparencia cuando no hay muchas que se ven impactadas.
Serían 180 días cuando los ciudadanos si se querían quejar no iban a poder porque la contraloría si bien ya tiene las atribuciones por mandato lo que no era justificable es el limbo de 180 días y en ese espacio la contraloría no iba a tener ni capital humano ni estructura ni mucho menos mecanismos ni plazos marcados en ninguna ley porque no hay ley secundaria lo que se logró es que al menos en estos 90 días los diputados metan el acelerador trabaja en las leyes secundarias y ahora sí al terminar los 90 días a Dios citay Y ya la contraloría tendría mecanismos claros y certidumbre para los la respuesta a los ciudadanos que quieran quejarse.
y lo segundo que se logró fue lo del personal que al menos en lugar de echarlos a la calle se consiguió que se hicieran responsables.
Faltó lo del presupuesto irreductible para las autoridades garantes antes se llamaba órgano garante hoy serán autoridades garantes porque será juez y parte de aquí en adelante los gobiernos en este caso la contraloría si tú presentas una solicitud ante la secretaría de educación de Jalisco y no te contesta ya no te vas a quejar ante el Ita y te vas a quejar ante la contraloría o si el ayuntamiento no te da una información te vas a quejar ante la contraloría esa será la instancia.
Lo que sí se necesitaba era el presupuesto reductible para la contraloría no quedó en la constitución en una ley secundaria esos temas del presupuesto no se plasman.
«Y lo otro que no entró y que trataré de no extenderme es el consejo consultivo sería muy adecuado y así lo estaba trabajando los expertos que estuviera plasmado en la reforma constitucional prometen dicen los diputados que van a hilar fino que van a ponerlo a las leyes secundarias y que ahí lo harán».
«Lo que se propone es que ese consejo consultivo que por cierto era honorífico y ojalá sigue siendo honorífico porque tampoco se trata de meter más carga burocrática, de por sí que esto fue lo que marcó el epitafio de estos órganos institucionales. Hay que ser autocríticos, a nivel federal en transparencia estuvieron muy alejados de la ciudadanía y al final convirtieron en un palacio de cristal al INAI. Hubo excesos de presupuestalesm eso no lo vamos a negar y eso fue lo que motivó esta reforma».
«Lo que el consejo consultivo debería hacer es fortalecerse, ya existen Jalisco, pero lo que muchos estamos diciendo es que se amplíe a otros usuarios de la información pública. Hay gente, no solo los periodistas y académicos, interesados en que haya una transparencia efectiva, también las madres desaparecidos los colectivos de víctimas de violencia los ambientalistas los líderes sociales y comunitarios y rurales y también por supuesto requieren de una transparencia afectiva».
«Yo soy de los que cree que también deben de estar representados en un consejo consultivo en la reforma constitucional. Al menos debió venir alguna frase que dijera que el consejo consultivo deberá tener una representación plural amplia y que quedar en la Constitución, porque si no a las leyes secundarias va a ser muy fácil que luego las vayan a manosear, pero ojalá y la ley secundaria, me refiero en futuras legislaturas, que lo pudieran anunciar, pero ojalá y que en esta legislatura al menos quede en la ley secundaria esto que te digo del consejo consultivo fuerte, que al final fue ninguneado porque ellos se encargaban de hacerlo».
«Las evaluaciones para los candidatos a comisionados y en el último proceso los ningunearon, se pasaron por el arco del triunfo sus evaluaciones, se sacaron de la manga los diputados y por eso se judicializó, se ampararon varios participantes y por eso duró casi dos años con dos integrantes y sin presidenta hasta que luego ya se destrabó».
«Pero también tiene que ser respetado, lo ideal es que este consejo consultivo si bien su recomendaciones no fueran vinculantes al menos la contraloría sí estuviera obligada a responderles, como una recomendación de derechos humanos. Que responda porque sí o por qué no las va a atender o hacer suyas pero que al menos las responda es algo de lo que se está buscando y eso no quedó en la constitución», agregó Ríos.
«Y mucho cuidado y también lo que se tiene que hacer en estos próximos tres meses con un ojo al gato y otro al garabato es decir mientras los legisladores legislan que ya también no le llegue el agua al cuello a las instituciones como la Contraloría del Estado, el Tribunal de Arbitraje, el IEPC, el Poder Judicial con su contraloría y la del Poder Legislativo. Que no les llegue el agua al cuello y que no pase como con el sisema de justicia penal adversarial, que tuvieron años para prepararse y ahora resulta que cuando llegó el momento ni preparados estaban», explicó.
«Ahorita son tres meses. pero ya se tienen que ir capacitando para que puedan hacer esta función y atiendan a la ciudadanía con otro enfoque más cercano, más humano, y los municipios también preocupan, porque hay municipios que tienen una o dos personas en su unidad de transparencia».
Hace 34 años se hizo un estudio y se encontraron que en algunas unidades de transparencia tienen a nutriólogos o veterinarios al frente. «Mis respetos para esas profesiones pero yo creo que hay otras oficinas más acordes a esos perfiles y profesiones, no tiene suficiente gente y no tienen capacitación y a quien se lo cargaban era al ITEI, quienes tenían un Centro de estudios de la información y hasta pososgrados y diplomados, tenían incluso un doctorado, ya al final y eso ya desapareció».
«Precisamente ahora en 2025 se cumplían los 20 años de cuando estaba a gusto Valencia que por cierto me sorprendió ver que Ramírez Acuña estaba rasgándose las vestiduras por la desaparición de Lite cuando fue él quien se resistió y hasta se amparo porque no quería dar a conocer su salario por una resolución del ITEI».
Primero se oye triste pero no debería de sorprendernos la forma en la que se conducen los diputados, siempre los temas importantes los dejan al cuarto para las 12 y al final en extraordinarias con dictámenes hechos en las rodillas.
Es notorio que han esgrimido una narrativa en la que hicieron creer que no había de otra, que Jalisco estaba contra la pared, que se tenía que acatar a pie juntillas la reforma al estilo de la federal, cuando claramente un grupo de expertos y otros que no estaban en ese grupo, les hicieron ver que había margen de maniobra para que la entidad honrara esa histórica misión como un estado vanguardista en materia de transparencia, y después protector de datos personales, como muchos se llenaron la boca en presumirlo.
«Lo malo es que se va a atomizar el tema de la transparencia, porque habrá otros entes públicos que tienen que hacer labores que antes hacía el ITEI. Te pongo tres ejemplos muy claros: el Tribunal de Arbitrahe y Escalafón, donde yo dudo que ahorita tengan esa capacitación para atender al ciudadano con un proceso expedito, con un proceso de lenguaje sencillo, cuando sabemos que son tribunales en los cuales se hacen sentencias que parecen escritas en latín o en sánscrito».
«Si tú tienes una queja contra un sindicato que recibe recursos públicos es ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón ellos tienen que hacer esa labor que hacía lista y con los sindicatos o en el caso de los partidos políticos el IEPC ahora tiene funciones que tenía el ITEI. En una queja en contra de un partido se sabe que los órganos electorales también tienen su corazoncito, entonces algunos dependiendo el partido o dependiendo de quién les echó la mano para llegar al consejo electoral, ya ves cómo se han conducido ahí habrá algunos bemoles».
«Jalisco fue vanguardia a nivel nacional tuvo su ley antes de que naciera a nivel nacional con esto cambiamos el papel y nos vemos rezagados, ya no somos la punta de la locomotora sino el cabús de la misma».
No solo tuvo la primera ley, hay un dato que a muchos se les va que hubo antes de la ley estatal .mucho antes del 2002, fue en el 2001 anterior a la ley estatal. Hubo un reglamento municipal, el primer ordenamiento a nivel nacional, en Guadalajara, para crear un Consejo de Transparencia que era encabezado por el sacerdote Jesús Gómez Fregoso, mejor conocido como el padre «Chuchín».
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS CINCO PRINCIPALES:
ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez

– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía, callar sería una omisión, mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la Torre Habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón—un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aún en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LAE ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la Torre Habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo. Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva

– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.