ENTREVISTAS
Falso que se trate mal a Jalisco, señala el economista Ignacio Román: Consulta sobre pacto fiscal tiene únicamente miras electorales
Por Diego Morales Heredia //
El decir que se trata mal a Jalisco presupuestalmente es una mentira, por lo cual la consulta sobre el Pacto Fiscal tiene miras solamente hacia la próxima contienda electoral, así lo argumentó entrevistado en “Los Sótanos del Poder”, el doctor Ignacio Román, economista y académico del ITESO.
Para entrar al tema del paquete presupuestal para Jalisco en 2022, Ignacio Román aseveró que más allá de los discursos, lo importante es entender hacia dónde se está asignando el dinero y de dónde se estará obteniendo el recurso.
“Uno puede filosofar mucho, pero a la hora buena, el amor lo tenemos a la hora de decir más allá de los discursos a dónde estamos asignando el dinero y de dónde estamos sacando la lana. A nivel federal tenemos los criterios generales de política económica, que es como la bolita mágica, cómo pensamos que estará el mundo, México y las finanzas, con base a eso cuánta lana creemos que vamos a sacar, en Jalisco y los estados no hay esos criterios generales, solo la iniciativa de ley de ingresos y en qué lo vamos a gastar, eso son los proyectos de ingresos y egresos”.
En Jalisco dicen que dependen 83 por ciento del presupuesto de la Federación…
“A nivel de la oficina de la presidencia de la república el crecimiento es del 3.4 por ciento; ahora, estamos hablando más o menos de una reducción, si tenemos una inflación del 6 por ciento, quiere decir que ni el gobernador ni el presidente en términos reales van a gastar más en sus propias oficinas, pero la conducta de austeridad que se estaría generando es mayor a nivel de Palacio Nacional que a nivel de Casa Jalisco. Así, con un montón de sectores. En el caso de Jalisco, efectivamente la gran mayoría de los recursos vienen de la Federación, en los pocos rubros que vi no tenemos una reducción en las transferencias a Jalisco, hay aumentos nominales que más o menos compensan la inflación”.
¿Hacía dónde va la consulta del Pacto Fiscal?
«Va hacia los próximos procesos electorales, fundamentalmente es lo que pudiéramos ir ubicando. En realidad, el gran problema es confundir Jalisco con el gobierno de Jalisco, una gran parte de los recursos públicos que se desembolsan en Jalisco son ejercidos por el gobierno federal, no solo por gobierno estatal, entonces es un contrasentido, el presupuesto de la Universidad de Guadalajara, las obras de Macro Periférico, el gasto en seguridad, la Guardia Nacional, todo es gasto federal, que no entra en el presupuesto del estado».
«Todo eso es federal, entonces el decir que se trata mal a los jaliscienses no es cierto, los únicos dos o tres estados que en realidad sistemáticamente ponen más dinero que lo que reciben son Campeche, Tabasco y Chiapas, porque de ahí viene el petróleo y la principal fuente de obtención de recursos, en realidad no es que subsidiemos a los pobres del sur, es que desde hace muchos años esos pobres del sur están subsidiando a los ricos del norte».
¿Cómo está el rubro de educación? Hay incremento federal del 1.9 por ciento y un impuesto sobre la nómina en Jalisco para infraestructura…
“Hay una bronca, es sobre todo ligado a infraestructura, yo le cobro a las empresas un 3 por ciento de los salarios que están pagando para que después las mismas empresas sean las que decidan cómo utilizan ese dinero en términos de inversión educativa. Primero, el sector educativo es por definición un servicio público, si nosotros estamos generando un fideicomiso, estamos creando un fondo que será utilizado por los grupos empresariales, ellos dirán en qué se invierte, qué bronca definir en qué se invierte, quién y cómo harán las compras, a qué precio, en qué términos de la contratación, cómo nos aseguramos que en cada compra se privilegie estrictamente hablando el beneficio público y no la rentabilidad privada”.
¿Hemos invertido en educación de tal manera que los estudiantes son mejores que en años anteriores? ¿Qué pasó durante la pandemia que hubo este modelo híbrido desde casa?
“No lo podemos saber en términos generales, porque el mismo término de calidad difícilmente se podrá cuantificar a menos que lo ubiquemos en pruebas estandarizadas. Además depende hacia dónde queremos llevar la educación, si nosotros entendemos que la búsqueda de pruebas estandarizadas es que los estudiantes sepan inglés y computación, necesitan tener computadores y material para desarrollar el inglés. Ahora, la otra cuestión es que si entendemos como calidad de la educación el educar a chavos a defender sus derechos laborales, que puedan enfrentarse al hostigamiento y acoso sexual, que puedan denunciar sin riesgo de ser reprimidos por autoridades electorales, me parece que la definición de calidad es complicado. La lógica básica detrás de este fideicomiso es que sabemos que no vamos a regresar en ningún espacio a un modelo presencial al cien por ciento, la hibridación llegó para quedarse, por tanto, requerimos equipo tecnológico para este modelo educativo, es un nicho de mercado fabuloso para algunas empresas privadas”.
El 26 por ciento del presupuesto va para educación, el 18 por ciento son aportaciones a municipios, el 12 por ciento está destinado a salud, inversión pública es el 11 por ciento, a la UDEG el 10 por ciento, seguridad 7 por ciento, poderes autónomos 3 por ciento, resto del gobierno 3 por ciento, deuda pública 2 por ciento…
“El presupuesto puede clasificarse de muchas formas, pero uno de los elementos básicos es cuál es el presupuesto comprometido, el no programable, o lo gastas o lo gastas de lo que ya tienes que gastar. Habrá que ver cómo aumenta el costo de la deuda, simplemente un ejemplo, otra cuestión es qué gasto se tiene que hacer para pagarle a los maestros y a los médicos. La lógica es dónde tenemos los mayores crecimientos y las mayores reducciones, dónde está el planteamiento de apuesta, ahí es donde se advierte. Hay que ver cómo se considera ese elemento que garantizará el bienestar del estado en 2022”.
Y a obra e infraestructura también se recibe un aumento importante, es un gobierno medianamente inmobiliario…
“Efectivamente el sector inmobiliario se ha convertido no solamente en Jalisco sino en el país en una cuestión descomunal, 12 por ciento del PIB está básicamente en actividades inmobiliarias, esto representa cuatro veces el sector agropecuario”.
Una parte importante para entender si el presupuesto es ejercido de manera correcta es la transparencia, ¿qué opina?
“Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo, una cuestión fundamental es no solamente utilizar el presupuesto para inaugurar obras, sino para que las obras sean eficientes, perduren y no sean solamente el relumbrón inmediato para la imagen política de los funcionarios”, puntualizó.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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