Por Francisco Junco //

México, a pesar de ser miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tiene un nivel de aseguramiento significativamente menor al promedio internacional. Mientras países con economías similares destinan hasta el 9% de su Producto Interno Bruto (PIB) al sector de seguros, en México esta cifra apenas alcanza el 2.5%.

Carlos Omar Jiménez, director de seguros de daños y autos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), considera que esta baja penetración no es solo un indicador económico, sino un reflejo de la falta de una cultura de prevención en la sociedad mexicana.

En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez explicó que el sector asegurador tiene dos prioridades clave: aumentar la cobertura para que más personas tengan acceso a seguros y garantizar que quienes ya están asegurados cuenten con una protección integral. “Queremos que el seguro llegue a más población, lo que incrementará su participación en el PIB. México está muy por debajo del nivel de aseguramiento de países similares”, afirmó.

Además, enfatizó la importancia de ofrecer coberturas complementarias que respondan a los riesgos específicos de cada persona, familia o empresa, para que el sector no solo crezca en términos económicos, sino que contribuya a una sociedad más preparada y resiliente.

La baja adopción de seguros en México deja a la población vulnerable ante eventos como accidentes viales, desastres naturales, enfermedades o quiebras de pequeñas y medianas empresas. Jiménez destacó que México es el único país de la OCDE sin una política pública que exija un seguro obligatorio para automóviles, lo que subraya la necesidad de una mayor colaboración con las autoridades para fomentar el aseguramiento.

“Esto evidencia que hay mucho por hacer en la industria y requiere una vinculación más fuerte con el gobierno”, señaló.

El impacto de un país con mayor cobertura de seguros trasciende lo financiero. Según Jiménez, una sociedad más asegurada es más resiliente y capaz de enfrentar con mayor eficacia huracanes, terremotos, crisis económicas o problemas de salud. “Un país más asegurado no solo incrementa su participación en el PIB, sino que está mejor preparado para atender desastres naturales o quiebras empresariales causadas, por ejemplo, por riesgos climáticos”, explicó.

A pesar de que el sector asegurador mexicano ha pagado más de 22 mil millones de pesos en siniestros, según datos de la AMIS, el número de personas aseguradas sigue siendo bajo. Esto ha llevado a la industria a redefinir su rol, pasando de ser únicamente un pagador de siniestros a un actor proactivo en la reducción de riesgos. “No solo se trata de pagar accidentes viales, sino de trabajar para que haya menos. El sector ahora busca prevenir siniestros, no solo indemnizarlos”, afirmó Jiménez.

Otro desafío importante es el fraude, que representa entre el 5 y el 10% de las reclamaciones, especialmente en el ramo automotriz. Dado que los siniestros se pagan con las primas de los asegurados, el fraude afecta directamente los recursos de los usuarios. Para combatirlo, la AMIS ha fortalecido sus protocolos de verificación en coordinación con autoridades y el sector privado, implementando medidas como la validación de números de serie vehiculares, la autenticidad de facturas y el uso de papel de seguridad en documentos clave.

En el ramo de salud, aunque no es el enfoque principal de Jiménez, también se han adoptado medidas para evitar abusos, como la presentación de radiografías falsas o la declaración de lesiones preexistentes como recientes. “Trabajamos con estándares internacionales para garantizar que los tratamientos médicos sean legítimos y evitar reclamaciones indebidas”, explicó.

En cuanto a las quejas contra aseguradoras, Jalisco ocupa el segundo lugar nacional con el 7% de los casos, un reflejo del alto número de asegurados en la entidad. Sin embargo, Jiménez señaló que muchas de estas quejas provienen del desconocimiento de las pólizas contratadas.

Por ejemplo, tras el huracán Otis en Acapulco, el 15% de los afectados creía tener cobertura contra riesgos hidrometeorológicos, pero no era así. “No es que las aseguradoras no quieran pagar; el contrato está diseñado para cumplir, pero la cobertura debe estar incluida. Estamos trabajando con las autoridades para fomentar el conocimiento de las pólizas y reducir quejas infundadas”, aclaró.

Con la llegada del Mundial 2026, que tendrá a Guadalajara como una de sus sedes, la AMIS anticipa retos en materia de protección, seguros de responsabilidad civil y prevención. “Este evento generará más tráfico y, con ello, un mayor riesgo de accidentes. Las personas deben estar conscientes de la necesidad de estar protegidas”, señaló Jiménez.

El sector ya prepara campañas de difusión para visibilizar estos riesgos y promover una cultura del aseguramiento, dado que eventos de esta magnitud conllevan tanto oportunidades como obligaciones.

La inteligencia artificial (IA) también está transformando el sector, pero Jiménez aclaró que no reemplaza a los agentes de seguros, sino que fortalece su trabajo. “La IA no sustituye a las personas; mejora las herramientas para identificar, cuantificar y priorizar riesgos, profesionalizando aún más la industria”, afirmó.

Bajo el liderazgo de Pedro Pacheco, nuevo presidente de la AMIS, el sector mantiene una estrategia centrada en cinco prioridades nacionales: resiliencia ante desastres, seguridad vial, seguros para el retiro, inclusión financiera y acceso a la salud. Estas metas buscan consolidar el papel de los seguros como un pilar para el desarrollo económico y social del país.

Finalmente, el crecimiento del parque vehicular, especialmente de motocicletas, plantea un desafío urgente. Nueve de cada diez motos en México carecen de seguro, a pesar de ser vehículos de alto riesgo. La AMIS aboga por establecer mecanismos obligatorios de aseguramiento, argumentando que las motocicletas, aunque tienen derechos, también generan víctimas y deben asumir responsabilidades. “Tienen que respetar el reglamento y proteger a las víctimas, porque también las generan”, subrayó Jiménez.

En conclusión, el sector asegurador mexicano enfrenta el reto de expandir la cobertura, mejorar la calidad de la protección, combatir el fraude y fomentar una cultura de prevención. Al hacerlo, no solo busca incrementar su peso en la economía, sino contribuir a una sociedad más resiliente, preparada para enfrentar los riesgos del presente y del futuro.

Palabras: 920

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Por Francisco Junco

Pese a que México forma parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), su nivel de aseguramiento está muy por debajo del promedio internacional. Mientras países con economías similares destinan hasta el 9% del Producto Interno Bruto (PIB) a los seguros, en México apenas alcanza el 2.5%. Para Carlos Omar Jiménez, director de seguros de daños y autos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), esta baja participación no es sólo un indicador financiero, sino el reflejo de una sociedad que aún no asume plenamente la cultura de la prevención.

“El sector asegurador tiene dos grandes prioridades. La primera es hacer que el seguro llegue a mucha más población. Y eso, por supuesto, en consecuencia, vendrá acompañado de un crecimiento en la participación en el PIB. Estamos hablando de que México es un país donde el nivel de aseguramiento está muy por debajo, inclusive de niveles de países similares a México”, aseguró en entrevista con Conciencia Pública.

Esa baja penetración del seguro en la economía mexicana se traduce en una alta vulnerabilidad para la población. Accidentes viales, fenómenos naturales, enfermedades o incluso la quiebra de pequeñas y medianas empresas, podrían prevenirse o enfrentarse mejor si existiera una cultura del aseguramiento más sólida y extendida.

“Somos, sólo por darte un ejemplo, el único país de la OCDE que no tiene una política pública de seguro obligatorio en términos de automóviles. Esto, por supuesto, deja ver que hay mucho más por hacer en la industria, una vinculación cada vez más fuerte con las autoridades”, dijo el directivo representante de AMIS.

Más allá de aumentar la cobertura, Carlos Omar Jiménez subrayó que uno de los grandes objetivos de la AMIS es lograr que quienes ya cuentan con un seguro estén realmente bien protegidos. No basta con estar asegurado, es indispensable contar con coberturas integrales que realmente respondan a las necesidades de cada persona, familia o empresa.

“La prioridad número dos es que, si ya estás asegurado, que tengas una protección integral, que tengas una serie de coberturas complementarias a los riesgos básicos. Entonces, más personas aseguradas y más personas mejor aseguradas es el reto que nos va a permitir que el sector tenga una mayor participación en el PIB”, explicó.

El impacto de un país más asegurado va mucho más allá de las finanzas, explicó, esto significa contar con una sociedad más resiliente, capaz de sobreponerse con mayor eficacia a desastres naturales, enfermedades, o crisis económicas inesperadas.

“Eso, por supuesto, que viene acompañado no sólo de una participación en el PIB, sino de un país mucho más resiliente, un país mucho más preparado para atender huracanes, terremotos, enfermedades, empresas que se van inclusive a la quiebra por no tener un seguro frente a un riesgo climático, por ejemplo”, remarcó Carlos Omar Jiménez.

Pese a que el sector asegurador en México ha pagado más de 22 mil millones de pesos por siniestros, según cifras de la propia AMIS, el número de personas aseguradas sigue siendo bajo. Esta situación obliga al sector a repensar su rol, no sólo como pagadores de siniestros, sino como actores que deben contribuir activamente a reducir los riesgos.

“Ya no es solamente una prioridad pagar siniestros. Ahora el sector juega un nuevo rol que es ayudar a que haya menos siniestros. No sólo se trata de pagar los accidentes viales, se trata de trabajar en que haya menos accidentes viales”, afirmó.

La modernización del sector también incluye una lucha frontal contra el fraude, un fenómeno que se estima representa entre el 5 y el 10% del total de reclamaciones, sobre todo en el ramo automotriz y refirió que el sector asegurador paga los siniestros con la prima de los asegurados, es decir es el dinero es de los asegurados por lo que sostuvo que si se permite los fraudes en realidad se está impactando a los recursos de los usuarios.

Para enfrentar esta problemática, la AMIS ha reforzado sus protocolos de verificación en coordinación con autoridades y sectores privados. Se ha trabajado en validar números de serie vehiculares, autenticidad de facturas y se ha implementado el uso de papel seguridad en documentos clave.

En cuanto al ramo de salud, aunque no es su especialidad directa, Carlos Omar Jiménez señaló que también se han adoptado protocolos para evitar fraudes o abusos, como la presentación de radiografías falsas o la declaración de lesiones preexistentes como recientes.

“Se trabaja muy de la mano con procedimientos médicos, con estándares internacionales de cómo hacer un tratamiento médico, de tal suerte de que se evite que una persona pueda presentar una radiografía que no es correcta o que tenga una lección preexistente y que la quiera reclamar al seguro cuando no corresponde”, explicó.

Sobre las cifras de quejas contra aseguradoras, Jalisco ocupa el segundo lugar nacional, con el 7% de los casos, señaló que la entidad es una de las grandes ciudades que tiene una cantidad importante de asegurados, por lo que este número, está relacionado con la cantidad de asegurados. Pero reconoció que gran parte de estas quejas, tienen origen en el desconocimiento de las pólizas contratadas. Por ejemplo, dijo en el caso del huracán Otis en Acapulco, el 15% de los afectados no contaba con cobertura contra riesgos hidrometeorológicos, pero creyeron que sí.

“No es que no te quieran pagar, el contrato está hecho para pagar. Más bien, no tenías la cobertura. Entonces, estamos trabajando mucho con las autoridades para generar mucha cultura del conocimiento de las pólizas para evitar quejas que no necesariamente son acciones procedentes”, explicó.

En un contexto de eventos masivos como el Mundial 2026, que tendrá como una de las sedes en Guadalajara, la AMIS ya visualiza una serie de retos en cuanto a protección, seguros de responsabilidad civil y prevención y dijo que “vemos con muy buenos ojos que esto va a generar mucho tráfico, mucho tránsito vehicular, más tráfico, más accidentes. Entonces que las personas estén conscientes que esto va a generar un poco de mayor riesgo al cual hay que estar protegido”.

El sector, adelantó, ya trabaja en campañas de difusión enfocadas en visibilizar estos riesgos. y promover la cultura del aseguramiento, ya que este tipo de eventos están asociados a muchos temas de nivel mundial, pero generan también obligaciones y generan riesgos, por lo que se tiene que estar preparado para protección frente a cualquier riesgo.

Sobre el impacto de la inteligencia artificial, Jiménez aclaró que no sustituye al agente de seguros, sino que viene a fortalecer su trabajo y profesionalizar aún más la industria, ya que las tecnologías no vienen a sustituir a las personas, vienen a fortalecer las herramientas para hacer mejor el trabajo, que es identificar, cuantificar, priorizar y sobre todo generar instrumentos de protección financiera.

En cuanto al liderazgo del nuevo presidente de la AMIS, Pedro Pacheco, explicó que existe una clara estrategia de continuidad que gira en torno a cinco prioridades nacionales, donde AMIS se ha planteado cinco prioridades. Resiliencia ante desastres, seguridad vial, seguros para el retiro, inclusión financiera y acceso a la salud.

Finalmente, ante el crecimiento del parque vehicular y, especialmente, del uso de motocicletas, vehículo de alto riesgo, la AMIS advierte la urgencia de establecer mecanismos obligatorios de aseguramiento.

“Nueve de cada diez motocicletas no tienen ningún tipo de seguro. Las motocicletas en efecto tienen derechos, pero también tienen obligaciones y son vehículos automotores. Tienen que respetar el reglamento y respetar este tipo de políticas que es el proteger a las víctimas porque también generan víctimas”, subrayó.

Por Mario Ávila //

Al fragmentar la garantía sobre quién va a garantizar el derecho al acceso a la información y a la protección de datos personales, con la reforma constitucional que marca la extinción del ITEI, Jalisco padece una auténtica regresión y deja de ser el estado vanguardista en la materia a nivel nacional.

De ello habló el analista político y académico de la UNIVA, el maestro José Rubén Alonso González, quien lamenta que una vez consumada la reforma a la Constitución, con el voto de la mitad más uno de los cabildos municipales, para hacer valer sus derechos en materia de transparencia, los jaliscienses ya no tendrán que tocar una sola puerta, que antes era el ITEI, sino que ahora se complica el acceso a la información, ya que el usuario tendrá que acudir a la ventanilla correcta.

El académico Rubén Alonso critica la extinción del ITEI, señalando un retroceso en transparencia. Los ciudadanos ahora enfrentarán complicaciones, debiendo acudir a múltiples instancias —Contraloría, poderes Legislativo o Judicial, y órganos autónomos— para acceder a información pública, en lugar de una sola puerta como antes. En 90 días se aprobarán 19 leyes secundarias para implementar este nuevo modelo, que dificultará el ejercicio de este derecho.

Un dato que mayormente afecta también a este derecho, con la emisión de una nueva ley, es que se excluyó a los ciudadanos, es decir en la reforma constitucional no se contempla la participación de un Consejo Consultivo honorífico, en el que los ciudadanos participen como un ente fiscalizador de las políticas y las acciones en materia de transparencia.

Lamentó que al último Consejo Consultivo que tuvo el ITEI, no lo tomaron en cuenta e incluso fue la causa de que se impugnaran algunos nombramientos y que la transparencia cayera casi en una parálisis en Jalisco, dado que algunos cargos quedaron acéfalos.

De ahí, que el catedrático de la Universidad del Valle de Atemajac, plantea que es necesario escuchar y atender la voz de los ciudadanos, pero además se necesita no solo escucharlos, “sino que se les haga caso y que sus voces sean tomadas en cuenta”, planteó.

EL BALÓN ESTÁ EN LA CANCHA DE LOS DIPUTADOS

Hoy día -dijo-, el balón está en la cancha de los diputados, ellos son la representación soberana, pero los ‘soberanos’ queremos entrar también a jugar en esa cancha, que nos den chanza, que no se queden con el balón.

En estos términos fue el reclamo puntual del experto en el tema de la transparencia, ya que es uno de los personajes que conoció en proceso estatal y luego el nacional, mediante el que hoy los ciudadanos gozan del ejercicio del derecho del acceso a la información pública.

Rubén Alonso recordó la crisis en el ITEI tras el fin de la presidencia de Cynthia Cantero, cuando la elección de su sucesor se politizó y estancó en el Congreso. El Consejo Consultivo, ignorado por los diputados, fue anulado en los procesos de selección, careciendo de herramientas legales y apoyo social para defender su rol fiscalizador.

Y de antemano el experto en transparencia hizo un planteamiento a manera de advertencia: “Si se va a considerar en las leyes secundarias la creación de un Consejo Consultivo, o una presencia ciudadana en este Sistema Estatal de Transparencia, habrá que darle fuerza, si no, vamos a repetir la misma historia y será un Consejo de adorno y nada más”.

Ante ello dejó en claro que en los 90 días que se disponen para la realización de las leyes secundarias, se debe de dialogar con los ciudadanos, en foros, en diálogo público y abierto, para saber también qué dicen los otros órganos autónomos, como el IEPC, la CEDHJ, el TAyEJ y en especial los ayuntamientos a quienes han ignorado completamente.

EL CIUDADANO DEBE ALZAR LA VOZ

A la pregunta de que, si bastará con que Morena y MC se pongan de acuerdo para sacar adelante las 19 leyes secundarias, sin importar lo que tengan que decir las fracciones parlamentarias del PAN y PRI, el maestro Alonso González respondió: “Todo indica que va a ser así desgraciadamente, porque así lo han hecho en las últimas decisiones y acciones que han tomado”.

Sin embargo, dejó ver también una pequeña dosis de optimismo al mencionar: “Pero mientras no esté definido, hay la posibilidad, hay una ventana para poder hacer algo; yo creo que aquí la voz ciudadana, que son los sujetos del derecho, todos nosotros, cualquier persona, puede dejar constancia de qué queremos decidir, cómo, con qué y cuándo ejercer nuestros derechos y no que nos traten como si fuéramos niños”.

Y abundó: “Ellos son los sujetos obligados, nosotros somos los sujetos del derecho y hay que hacerlo valer; si no lo logramos que nos escuchan, si nos batean como ya lo hicieron para la reforma constitucional, pues buscaremos otros caminos, porque ellos podrán poner las trabas, pero nosotros tendremos la inteligencia de cómo sacarle la vuelta y creo que como ciudadanos podremos abrir muchas puertas”.

El catedrático en la Univa destacó que ‘Compromiso Jalisco’, grupo de académicos y periodistas, propuso una reforma constitucional ignorada por el Congreso. Ahora entregarán dos leyes de protección de datos y acceso a la información, elaboradas colaborativamente durante cinco meses por 40 personas, rescatando lo valioso de 20 años y proyectando mejoras para el futuro inmediato, aunque sin carácter de iniciativa popular.

Rubén Alonso concluye la entrevista con la propuesta de que un Consejo Consultivo en Jalisco impulse la participación ciudadana en transparencia, destacándose a nivel nacional. Urge a los diputados legislar considerando cómo los jóvenes y niños buscan información hoy, usando tecnologías como inteligencia artificial, en lugar de métodos obsoletos de solicitud de documentos, adaptándose a las necesidades actuales y al futuro inmediato.

Por Francisco Junco //

El aumento acelerado de motocicletas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) ha generado una emergencia silenciosa que cobra vidas semanalmente. Según el Instituto de Información, Estadística y Geografía de Jalisco (IIEG), en 2025 se reportan al menos dos muertes de motociclistas por semana.

En el primer trimestre del año, se registraron 54 fallecimientos, representando el 48.6% de las víctimas de accidentes de tránsito. Junio suma 21 muertes, según el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (CEPAJ). En 2023, la ZMG reportó 94 fallecidos, y en 2024, 88, sumando 181 víctimas fatales en dos años, cifras que alarman a las autoridades.

El comisario Jorge Arizpe García, titular de la Policía Vial de Jalisco, en entrevista con Conciencia Pública, urgió regular la circulación de motocicletas desde su origen. “Moto que se compre, moto que debe traer placas. Deben tener documentos como cualquier vehículo y usarse correctamente, sin llevar a toda la familia a bordo. Es un peligro para el usuario”, advirtió. Propuso que la compraventa de motos siga los mismos criterios que los automóviles, con documentación verificada para controlar el padrón y reducir el desorden que contribuye a accidentes e impunidad.

El crecimiento descontrolado de motocicletas en la ZMG preocupa a las autoridades viales. Arizpe destacó que el problema no es solo la cantidad de unidades, sino el mal uso, la falta de cultura vial y el incumplimiento de normas. Desde enero hasta junio de 2025, la Policía Vial remitió 8,167 motocicletas al corralón: 4,648 en la ZMG y 3,519 en el interior del estado. Estas cifras reflejan la intensidad de los operativos y la magnitud del problema. Arizpe señaló que los accidentes con motos son casi diarios, con uno o dos incidentes de lunes a viernes, muchos de ellos fatales o con lesionados graves.

Arizpe descartó que las motocicletas representen un problema para la movilidad durante el Mundial 2026, siempre que se conduzcan con equipo adecuado y cumplan las normas. “El problema no es que transiten, sino que no cumplen con reglamentos: casco, equipo protector, placas, tarjeta de circulación y licencia,” explicó. Subrayó que el 90% de las motos remitidas al corralón no son reclamadas, lo que sugiere irregularidades en su adquisición o uso.

El comisario criticó a las empresas comercializadoras por vender motos sin placas, dificultando su trazabilidad. “Si compras un auto, no sale sin placas. Las motos deberían ser igual,” afirmó. Informó que el gobierno estatal ya trabaja en medidas jurídicas para obligar a las empresas a vender motos emplacadas, comparando la compra actual de motos con “comprar quesadillas” por su facilidad y falta de control.

Arizpe hizo un llamado a los motociclistas para adquirir motos legalmente, con comprobantes de domicilio y placas, permitiendo al gobierno un control efectivo del parque vehicular. Las sanciones por irregularidades incluyen no portar placas, tener números de serie alterados, carecer de documentos o no usar casco. En operativos especiales, la falta de casco también puede llevar al decomiso de la moto.

El comisario enfatizó la necesidad de un cambio cultural en el uso de motocicletas. “Es un medio de transporte, pero llevar a la familia o niños pequeños es riesgoso. Un accidente puede agravar las cosas,” advirtió. Insistió en que los motociclistas deben priorizar la seguridad y la legalidad para evitar tragedias.

UN PROBLEMA MULTIFACÉTICO

El aumento de motocicletas en la ZMG responde a factores como su accesibilidad económica y su uso para trabajo, especialmente en servicios de reparto. Sin embargo, la falta de regulación y educación vial agrava los riesgos. La ausencia de placas complica identificar a los responsables en accidentes, mientras que la sobrecarga de pasajeros incrementa la inestabilidad de las motos, elevando la probabilidad de incidentes graves.

Los datos del IIEG y CEPAJ muestran que los accidentes de motos no solo son frecuentes, sino que tienen un alto índice de letalidad debido a la vulnerabilidad de los conductores. La falta de equipo protector, como cascos certificados, y el incumplimiento de normas de tránsito, como respetar límites de velocidad, son factores recurrentes en los siniestros. Además, la infraestructura vial de la ZMG no siempre está adaptada para las motos, lo que aumenta los riesgos en cruces y avenidas de alta velocidad.

MEDIDAS EN CURSO

El gobierno de Jalisco, según Arizpe, está abordando el problema desde varias perspectivas. Además de la regulación de la venta de motos, se planean campañas de concientización para fomentar una cultura vial responsable. Los operativos seguirán siendo clave para sancionar irregularidades, pero el enfoque también incluye trabajar con las comercializadoras para garantizar que las motos salgan con documentación completa.

La Policía Vial planea reforzar la capacitación de sus elementos para detectar irregularidades específicas en motocicletas, como números de serie alterados, que suelen estar ligados a actividades ilícitas. También se busca mejorar la coordinación con otras instancias, como la Secretaría de Transporte, para diseñar políticas públicas que integren a las motos en un esquema de movilidad segura.

HACIA UN CAMBIO CULTURAL

El mensaje de Arizpe es claro: la solución no solo está en la regulación, sino en la responsabilidad compartida entre autoridades, comercializadoras y motociclistas. La insistencia en que “moto que compre, moto que debe traer placas” busca establecer un estándar que facilite el control y reduzca la impunidad.

Sin embargo, el cambio cultural es igualmente crucial. Los motociclistas deben asumir que su seguridad depende de cumplir las normas y usar equipo adecuado, mientras que la sociedad debe reconocer a las motos como un medio de transporte legítimo, pero regulado.

Con el Mundial 2026 acercándose, Jalisco tiene una oportunidad para demostrar que puede gestionar su movilidad de manera eficiente. Resolver la crisis de las motocicletas requerirá un esfuerzo conjunto para equilibrar la libertad de este medio de transporte con la seguridad de todos los usuarios de las vías.