ENTREVISTAS
Hay un centralismo fiscal del gasto, indica Luis García Sotelo, tesorero de Guadalajara: Consulta del pacto fiscal no es un asunto político o mediático
Por Diego Morales Heredia //
La consulta popular sobre el Pacto Fiscal que será realizada por el Gobierno de Jalisco no es una cuestión de impacto político y mediático, es necesaria para legitimar ante el Presidente de la República las voces de los sectores sociales y económicos del estado que piden un cambio, así lo indicó Luis García Sotelo, Tesorero del Ayuntamiento de Guadalajara.
Para entender el tema del Pacto Fiscal, el funcionario tapatío hizo una remembranza de lo que ha venido ocurriendo en el tema, desde su creación, las reformas que se han hecho y los motivos por los cuales se levanta la voz para pedir un cambio en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
“Hay una injusta distribución de los recursos que se obtienen a nivel nacional entre todos los estados, no solo Jalisco está padeciendo esta situación, en todo el país se está padeciendo la insuficiencia de recursos porque el gobierno federal, a través de un acuerdo que se hizo en 1980, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, donde la federación recauda los principales impuestos en el país, no recaudan porque son buenos, sino porque los estados cedieron sus facultades fiscales para que lo hiciera la federación. Ahora, la federación tiene todo este dinero, con la promesa que se iba a fortalecer las finanzas de los gobiernos municipales y estatales”.
Agregó: “Esto sucedió al principio del pacto, todos los municipios y estados ganaron, pero conforme ha venido pasando el tiempo, se ha venido concentrando el recurso, el gobierno federal atrae el dinero, se queda el dinero y lo gasta en cosas que la gente no ve y no está de acuerdo, en cosas que no han sido bien utilizadas”.
“Antes tenían más posibilidades a través del recurso federal, con esta nueva administración se ha agudizado el centralismo fiscal, cada vez más le dan menos dinero a los estados, no solo a Jalisco, es para todos en general. Los estados tienen que entrarle a la seguridad pública, a la educación, a la salud, porque la federación decidió no mandar recursos y se tiene que hacer frente a estas cosas”.
Entrevistado en el programa “Tela de Juicio”, Luis García manifestó que la falta de recursos es lo que detiene los grandes proyectos en los estados y municipios, por ello la importancia de buscar un cambio en el pacto fiscal.
“Tenemos que exigir como ciudadanos un mejor trato, una realidad de lo que es un país federal, que los gobiernos locales y estatales tengan recursos para atender las necesidades y lo que tienen que hacer según queremos, es un poco lo que no se ha entendido. Los mexicanos nos pusimos de acuerdo para que un gobierno municipal haga ciertas cosas, el estatal otras cosas, está en el marco de cosas pero no funciona porque no hay dinero”.
¿Alguna vez funcionó el pacto federal?
“Fue ventajosa en aquella época, porque la condición, el escenario político era fácil, todos eran del mismo color, todos tenían que aceptar entrar al Sistema de Coordinación Fiscal. Los primeros años, los estados y municipios recibieron más recursos de lo que venían teniendo, entonces todo mundo vio viable el asunto. Nada más que la federación hacia nuevos acuerdos”.
¿Cómo lograr un equilibrio con los estados que sí requieren el apoyo de la federación?
“En 1990, nació una visión de distribución de recursos con una postura solidaria, le vamos a dar dinero a los que tengan más población y a los que tengan más esfuerzo fiscal. La fórmula de repartición estaba basada en un elemento de solidaridad, distribuir equitativamente el dinero y reconocer el esfuerzo fiscal de los estados. Pero en la reforma de 2008 se cambia el sistema, ahora prácticamente se entrega el recurso en razón de la población, no del esfuerzo fiscal, entonces hay muchos estados que no cobran impuestos, no se esfuerzan y solo viven de los recursos federales, sus sistemas educativos y de salud son pésimos. Nosotros vivimos en un estado que sí se esfuerza, con partidas para salud, educación, seguridad, estamos acostumbrados a un nivel de servicios por encima de muchos estados, no podemos dejar de decirle a la gente que debemos luchar por recursos porque lo merecemos, le aportamos al país casi el 8 por ciento del PIB y recibimos una migaja”.
¿Cuánto es el aporte de Jalisco en pesos y centavos?
“Por cada 100 pesos que Jalisco aporta el gobierno federal, solo recibe de regreso 2 pesitos. De todo lo que es el presupuesto federal solo una tercera parte lo reciben todos los estados y municipios, de ese dinero la mitad es para hacer funciones públicas descentralizadas de competencia federal. Nos agarran de pagadores, nos dan dinero para pagar funciones de ellos, es ridículo que el gobierno te haga gastar dinero en algo que no necesitas”.
La consulta del pacto fiscal pareciera ser tomada más como un elemento político que económico…
“Por las características de cómo se maneja la voluntad del gobierno federal, se hace necesario que el resto de la ciudadanía sea participe de un asunto. En 25 años, es la primera vez que veo que alguien lo haga tan bien y trate de permear la idea de que se revise el pacto fiscal en otros estados, no es un asunto nada más de Jalisco, donde varios gobernadores han levantado la voz”.
¿Era necesaria la consulta? Se pudo haber hecho un sondeo con los gobernadores o un exhorto de los diputados al presidente…
“Creo que sí era necesaria porque una de las respuestas más contundentes que dio el presidente de la república cuando se habló de parte de los gobernadores, que le solicitaron la revisión del pacto fiscal, él dijo que los que querían eran ellos y no la gente, entonces en esa lógica y contra esa narrativa del gobierno federal de querer desvirtuar un asunto tan legítimo es necesario llevar la consulta, decir que no es el gobierno de Jalisco, sino los sectores de la economía los que están pidiendo un trato más justo, eso tiene validez, pero eso no tendría la repercusión de un asunto tan delicado”.
La consulta sería en noviembre, ¿qué trabajo están haciendo para explicarlo? Hasta los niños van a votar…
“La verdad es que ha sido un asunto que ya tiene meses, en lo personal he participado en más de 22 foros, todo un proceso de diálogo, donde se explica de manera sencilla cómo está la situación del estado con el gobierno federal, es a través de esta difusión de información, ir a las universidades, socializar cada vez más el tema. Creemos que se ha socializado, se están realizando eventos para que se siga permeando entre la ciudadanía el tema en todo el estado, creemos que para noviembre se tendrá una socialización más fuerte del tema, que permitirá que cada vez más personas, niños y adultos puedan opinar”.
¿Otros estados podrían replicarlo?
“Creo que sí, va a depender mucho del éxito de la consulta, que otros estados vean este mecanismo para llevar una postura consensuada. El hecho de que se acerque la gente a participar, que opine sobre su destino, eso para nosotros sería un éxito importante. Se tiene que legitimar la postura del gobierno del estado con la participación ciudadana, no podemos salir solos en este tema sin el respaldo de la gente”.
Para que se pueda legitimar, se requiere al menos el 30 por ciento de participación, complicado que se logre el objetivo…
“El mecanismo que se está empleando no es de un día, es de fines de semana, de presencias en cada una de las zonas, se plantea un calendario para cada zona, se plantea los fines de semana. Mal haríamos no intentar que la consulta sea un éxito, estaríamos diciendo que tal vez no tenga el éxito de que debe tener, pero si no buscamos el respaldo de la gente mal haríamos, tenemos que intentar que la gente entienda este tema, que entienda que debe participar y debe opinar.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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