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Hechos ocurridos el 5 de junio afuera de la Fiscalía deberían ser investigados como desaparición forzada, señala Javier Armenta, presidente de la FEU

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Por Diego Morales //

Es desaparición forzada y no privación ilegal de la libertad el delito que cometió el personal de la Fiscalía General del Estado que participó en el secuestro de estudiantes el pasado viernes 5 de junio, precisa el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Javier Armenta y debe ser la Fiscalía General de la República, quienes realicen la investigación en lugar de la Fiscalía Anticorrupción del Estado.

Entrevistado en los micrófonos del programa “En Tela de Juicio”, el líder universitario indicó que hasta la fecha, sus compañeros y compañeras viven en incertidumbre pues les fue vulnerada su privacidad tras lo ocurrido en las inmediaciones de la Fiscalía General del Estado.

Lo que me dicen mis compañeros y compañeras, algunos de ellos víctimas de los hechos del 5 de junio, es que en algunos casos sienten miedo aún de salir a la calle, algunos no han cambiado su celular, porque les faltaba recibir una compensación económica que se estaba gestionando con el Gobierno del Estado para comprar su nuevo equipo”.

Es importante aclarar que esto se compra, porque cuando fueron detenidos fueron despojados de su celular, los obligaron a desbloquearlos y los que necesitaban los enviaban a inteligencia, como ellos lo llamaban. Al ser su intimidad vulnerada, los hace vivir con incertidumbre”.

Javier Armenta agrega: “Al margen de las medidas de seguridad, a personas como el secretario general de gobierno que ha estado cerca con las víctimas y ha brindado su atención, lo que bien es cierto es que por ley, el fiscal anticorrupción comenta que a algunos de ellos ya les entregó por escrito sus medidas cautelares, para algunos de mis compañeros no es suficiente porque saben que al tratarse de autoridades estatales y locales, lo mejor sería que fuera una institución de otro nivel quien les brindara las garantías”.

EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA

Para Javier Armenta, el hecho que desde la Fiscalía Anticorrupción se siga una línea de investigación de privación de la libertad es erróneo, pues se trató de una desaparición forzada, delito penado en el código penal federal y en este proceso lo que exigen es la verdad y justicia.

Partiendo de esta situación de estar en posible caso de invulnerabilidad, que algunos aún reciben llamadas porque no han cambiado su teléfono, o algo muy importante, cuando hemos estado en audiencias públicas con el fiscal anticorrupción, él ha manifestado que la línea de investigación que sigue es privación de la libertad que es un delito del fuero estatal. También ya lo dijo el comisionado estatal de Derechos Humanos, después de escuchar a las víctimas, creemos que este delito no es una privación ilegal de la libertad, hay que llamarlo como es, una desaparición forzada y es un delito penado en el Código Penal Federal”.

Subraya: “Por esa razón, la penalidad es muy distinta, primero por esta distinta visión que tenemos de la dimensión del delito y porque necesitamos garantías de seguridad de otro nivel para mis compañeros, es que acudimos a la Fiscalía General de la República, para que sea oficial, por escrito, que la Fiscalía atrajo la investigación, tampoco el fiscal anticorrupción ha sido notificado por escrito que ya se atrajo la investigación, nosotros vamos a apoyar a las víctimas, para que no vivan en incertidumbre y que si la Fiscalía se hará cargo, lo tipifique como tiene que ser, que es desaparición forzada y que sean cuerpos federales quienes den medidas de garantía a las víctimas”.

A la vez, el presidente de la FEU reiteró el compromiso que tienen desde la organización estudiantil y también con el Sindicato de Académicos de la Universidad de Guadalajara para que el caso no se archive, se lleguen a las últimas consecuencias y se haga justicia para las víctimas.

Desde la organización y también desde el Sindicato de Académicos de la Universidad de Guadalajara, estaremos acompañando, porque también hubo víctimas profesores y profesoras, hasta las últimas consecuencias, haremos lo que nos toque para exigir acceso a la verdad, justicia, y que esta situación no quede impune y no le den vuelta a la página”.

¿Qué apoyo han tenido de parte de la CEDHJ?

Nosotros tenemos registrados poco más de 20 víctimas, que cruzamos nombre, teléfono, hablamos con ellos y los localizamos. De ahí, esas víctimas no acudieron todos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, fueron poco más de 14 que acudieron y todos ellos han tenido apoyo de la comisión, que han hecho mucho y han apoyado con lo que está en sus manos. Gestionó condiciones de compensación y rehabilitación con el Gobierno del Estado, esto está en la cancha de la comisión, pero el acceso a la verdad y la justicia, las garantías de no repetición está en otra cancha, está en la Fiscalía. La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha hablado con la verdad, ha sido objetiva”.

¿Qué confianza les genera la investigación que hace la Fiscalía Anticorrupción?

Si el fiscal anticorrupción corta cabezas de altos mandos como lo plantea, eso lo tendrá que responder él. Nosotros apoyamos a las víctimas a acudir a la Fiscalía General de la República, porque el fiscal quiere investigar un delito que no es igual de penado que una desaparición forzada, esa visión no nos hizo coincidir. Al margen de quien castiguen, no es la misma penalidad por privación de la libertad que por desaparición forzada y nosotros queremos todo el peso de la ley. Ojalá el fiscal anticorrupción entregue una investigación clara para esclarecer los hechos”.

Por primera ocasión el “Pulso de Vida” se entrega a hombres, por el temor que tienen…

Sí, esta es una herramienta que tiene el gobierno de Zapopan para que de inmediato puedas reportar si te sientes vulnerado, si se les entregó a ellos que bueno, los policías que deberían cuidarnos de la Fiscalía, tienen incertidumbre que los vayan a agarrar. Lo manifestaron las víctimas de manera firme, y el comisionado estatal de derechos humanos emitió una recomendación de inmediato para que todos los policías presuntamente implicados, al margen de resultar responsables o no, se les suspendieran las medidas operativas, se les retirara un arma, al final no es una atribución de la CEDHJ, pero las personas vinculadas no deben tener un arma, por eso queremos que la autoridad federal garantice el proceso”, puntualizó.

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Contraloría, Fiscalía Anticorrupción y Auditoría Superior deben investigar manejo perverso de comunicación institucional, pide diputada local morenista Erika Pérez

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Por Diego Morales //

Las instancias encargadas de transparencia y la rendición de cuentas deben investigar el manejo perverso y corrompido de la comunicación institucional que hace el Gobierno de Jalisco con adjudicaciones directas que han hecho a tres empresas, Eutzen, Indatcom y La Covacha, como lo han documentado las investigaciones de los periodistas de NTR Guadalajara, Sonia Serrano y Lauro Rodríguez.

La Fiscalía Anticorrupción, la Contraloría Estatal, así como la Auditoría Superior del Estado, deben investigar estas denuncias, ya que son cientos de millones de pesos que han recibido estas empresas de dinero que proviene de los impuestos de los jaliscienses, plantea la diputada de Morena en el Congreso del Estado, Erika Pérez García.

De la misma forma, apunta, se debe llevar a cabo una auditoría de costo-beneficio de cada uno de los proyectos que han entregado al Gobierno del Estado.

Lo que existe, es propaganda y culto a la personalidad del Gobernador Enrique Alfaro, que en su afán de cambiar la percepción negativa que la sociedad tiene de su administración, hacen un mal manejo de los recursos del gobierno destinados a generar puentes de comunicación con la sociedad”, considera la legisladora de Morena entrevistada por Conciencia pública.

Hoy gracias a la investigación del Diario NTR nos enteramos que el trío de empresas señaladas, enfocan sus tácticas a la creación de granjas de bots, noticias falsas y acoso de sus adversarios políticos, periodistas y organizaciones sociales que son contrarias a los intereses del Gobierno, y peor aún, todo esto pagado con recursos públicos”, señala y considera que este tipo de prácticas además de denigrantes, van en sentido contrario al desarrollo democrático.   

LA ENTREVISTA 

– ¿Qué opinión le merece esta investigación y denuncia pública que han realizado los periodistas del diario NTR Guadalajara, Sonia Serrano y Lauro Rodríguez sobre las empresas de comunicación preferidas por el actual gobierno den Jalisco (Indetcom, Euzen y La Cobacha) que se dedican a atacar a líderes opositores y periodistas críticos a través de granjas de bots desde el anonimato?

Es una investigación puntual, bien documentada que nos revela que en Jalisco al gobierno estatal no le preocupa tener una comunicación social efectiva con los jaliscienses. 

Lo que existe, es propaganda y culto a la personalidad del Gobernador Enrique Alfaro, que en su afán de cambiar la percepción negativa que la sociedad tiene de su administración, hacen un mal manejo de los recursos del gobierno destinados a generar puentes de comunicación con la sociedad.   

Los gobiernos de Movimiento Ciudadano han pervertido y corrompido la comunicación institucional. 

Hoy gracias a la investigación del Diario NTR nos enteramos que el trío de empresas señaladas, enfocan sus tácticas a la creación de granjas de bots, noticias falsas y acoso de sus adversarios políticos, periodistas y organizaciones sociales que son contrarias a los intereses del Gobierno, y peor aún, todo esto pagado con recursos públicos. 

Esto se logra gracias a la falta de transparencia y auditoría del trabajo que realizan las empresas privadas de marketing, imagen y producción de campañas, mismas que se contratan para llevar la comunicación de los gobiernos.  Es un punto que hay que legislar.  

LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

El utilizar recursos públicos para hacer campañas de ataque desde el anonimato además de ser un delito, es un atentado a la democracia y al estado de derecho… ¿Qué se puede hacer desde el Congreso del Estado para evitar este tipo de prácticas tan denigrantes y oprobiosas atentatorias a los derechos humanos?

Primero que nada, hay que exhortar a las instancias encargadas de la transparencia y la rendición de cuentas que investiguen y exijan el cumplimento de la ley. 

A la Auditoría Superior del Estado pedirle que investigue la legalidad de cada contrato que se adjudicado a las empresas Euzen, Indatcom, La Covacha, además que se lleve a cabo una auditoría de costo – beneficio de cada uno de los proyectos que han entregado al Gobierno. 

La Contraloría Estatal deberá revisar si hay conflicto de interés, tráfico de influencias para obtener los contratos millonarios que ha ganado Euzen, Indatcom, La Covacha.

Al Instituto de Transparencia pedirle que exija puntualidad en la actualización y publicación de toda la información pública que deben tener expuestas en sus páginas el Gobierno del Estado y ayuntamientos, que hayan contratado los servicios de Euzen, Indatcom, La Covacha.

LA GUERRA SUCIA NO BENEFICIA A LA SOCIEDAD

Dichas empresas han sido señaladas de instrumentar campañas de ataques y descalificación en elecciones en diversos estados contra opositores… ¿Debemos acostumbrarnos a esas campañas de lodo utilizando recursos públicos?

La guerra sucia no beneficia a la sociedad. La gente está cansada de la manipulación mediática que este tipo de empresas de comunicación quieren imponer para influir de manera negativa en la opinión pública.

Afortunadamente tenemos una sociedad cada vez más informada y ya no es tan manipulable y ustedes lo pueden ver, hoy los usuarios de redes sociales identifican muy rápido las noticias falsas y desactivan su potencial daño en la opinión pública. 

NTR Guadalajara documentó la entrega de 660 cheques que suman pagos por 316 millones de pesos que les han pagado los gobiernos de MC a estas tres empresas… pero no hay transparencia…no se sabe qué hacen estas empresas, si realmente desquitan lo que se les paga…

Por eso insisto la Auditoría Superior del Estado debe hacer una investigación al respecto donde se analice el costo beneficio de las campañas y proyectos de comunicación que las empresas entregaron al Gobierno estatal.  

Las campañas que realizan estas empresas no son exclusivamente para difundir actividades de gobierno, lo hacen para generar tendencias en posicionamientos políticos del gobernador Alfaro…

Es delicada esta situación, porque en Euzen, Indatcom y La Covacha recayó la responsabilidad de la estrategia estatal de comunicación para la prevención de COVID-19. 

Por investigaciones periodísticas del Diario NTR sabemos que en marzo la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) les pagó más de 2.7 millones de pesos, en contratos adjudicados de manera directa, cuyo contenido a pesar de ser información fundamental, no se transparenta. 

Y tenemos como ejemplo el manejo que se da a la comunicación social para prevenir el coronavirus, las campañas se enfocan en posicionar a Enrique Alfaro y sus aspiraciones políticas y no en una comunicación asertiva que informe y oriente a la ciudadanía, es por eso hay tanta confusión en las medidas de prevención que ha comunicado el gobierno respecto a la pandemia. 

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN NACIONAL

Gran parte del presupuesto de publicidad estatal se destina para proyectar la figura política de Enrique Alfaro a nivel nacional…

Por un reportaje periodístico nos enteramos que, en mayo y agosto del año pasado, el Gobierno del Estado firmó contratos por más de 61 millones de pesos para tener presencia en medios de comunicación nacionales y este año pese a la crisis de salud y economía que vivimos en Jalisco, más que comunicación social, se destinó a propaganda 108 millones de pesos a medios. 

La construcción del proyecto político de Alfaro es de contraste con nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, por eso busca el impacto nacional. 

Y no olvidemos que Enrique Alfaro es parte del grupo de los ocho gobernadores en su mayoría panistas que forman un equipo enfocado a golpear y demeritar el proyecto de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación.

Y lo constatamos desde los primeros días del Gobierno de Alfaro, recordemos que creó una cortina de humo, especulando que el gobierno federal “no entregaría un presupuesto digno para Jalisco”.

En el tema de la pandemia ya todos conocemos la historia; Enrique Alfaro ha jugado el papel de “víctima”, ante las decisiones federales que se toman para el manejo de la emergencia sanitaria, y él creó esta percepción de victimismo, para adelantar la supuesta estrategia estatal de contención del COVID-19 una semana antes que la estrategia federal. 

El caso más reciente y descarado es haber señalado que desde los sótanos del poder en la Ciudad de México se organizaron las violentas manifestaciones del 4, 5 y 6 de junio por el asesinato del joven Giovanni, dejando de lado su responsabilidad al dar la orden de hacer uso de la fuerza pública a quien no portara cubrebocas.

LEGISLAR DISCRECIONALIDAD DEL GASTO PÚBLICO

Una investigación periodística del Blog Partidero muestra que en marzo se destinaron más dinero a pauta publicitarias que a la adquisición de pruebas para detección de Covid19, fue un contrato de 26 millones 451 mil pesos, mientras que asigna 23 millones 490 mil pesos para la compra de 12 mil pruebas PCR… ¿Pareciera el mundo al revés?

Es la confirmación de que tenemos un gobierno estatal insensible a las preocupaciones y prioridades de las y los jaliscienses, aquí su prioridad no es la salud del pueblo es la imagen del gobernante. 

La discrecionalidad en el gasto del erario público es un tema que también debemos legislar. El dinero público debe estar en una caja de cristal para que la gente conozca el destino de cada peso que aporta con el sudor de su frente.  

¿Qué puede hacerse desde el Congreso del Estado para evitar que use recursos de los jaliscienses para la promoción política del Goberandor a nivel nacional?

Primero que se cumpla la reglamentación que ya existe, el Gobierno del Estado se debe apegar a lo que marca la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco que es puntual al establecer criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y perspectiva de género. 

Si hay una laguna legal en cuanto al gasto discrecional vamos a poner manos a la obra para presentar las reformas necesarias y evitar la opacidad y corrupción en el gasto del dinero del pueblo.

Ha trascendido que la fracción legislativa de Morena tiene una iniciativa de ley que vendría a poner fin a este manejo discrecional de recursos de comunicación que se utilizan como zanahoria y/o garrote para premiar lealtades y castigar a los medios críticos que los ponen en una lista negra…

Tenemos que legislar para acabar con la corrupción y el mal manejo de la comunicación social en Jalisco.

Ya existe a nivel federal la Ley General de Comunicación Social que se publicó el 11 de mayo de 2018. Y en sus transitorios obliga a los congresos locales a armonizar la ley en cada estado.

Ya en la pasada legislatura hubo una iniciativa para que Jalisco tuviera su propia ley de Comunicación Social (presentada por Kumamoto) sin embargo, fue rechazada. 

Hoy tenemos una propuesta que presentó que encabezó mi compañera diputada Norma Valenzuela y nos sumamos como fracción, en la que se prevé que la inversión en medios para comunicación social sea equitativa, sin embargo, Morena tiene enfrente a las bancadas de MC y PAN que protegen los intereses del Gobierno estatal y no es sencillo colocar el tema en la agenda legislativa. 

Por mi parte hay el compromiso de revisar las iniciativas existentes y presentar una propia que venga enriquecer las propuestas que ya están en comisiones, necesitamos garantizar que todos difundan las acciones de gobierno sin importar su línea editorial sino el alcance de su público.   

El pasado año se destinaron 134 millones de pesos en gasto de comunicación social del Gobierno de Jalisco y hasta mayo de este año han gastado 108 millones de pesos, cuyos principales beneficiarios son los medios televisivos, radiofónicos y prensa de la Ciudad de México…

Esto evidencia que no hay una comunicación social en la que se informe a la sociedad de lo que hace el gobierno: campañas de salud, educación, empleo etcétera. Lo que tenemos es una campaña de posicionamiento de la imagen del Gobernador, que evidentemente en nada beneficia a los jaliscienses.  

Se debe investigar el posible desvío de recursos públicos en el Gobierno estatal, es una prueba de fuego para el Sistema Estatal Anticorrupción y para la Contraloría Estatal, aquí se evidenciaría su capacidad e independencia para hacer cumplir la ley. 

En caso de que haya desvío de recursos federales entonces tendría que intervenir la Auditoría Superior de la Federación, incluso la Secretaría de Hacienda.

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Congelada la reforma 2.0 del Sistema Estatal Anticorrupción: Académico Jesús Ibarra

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Por Mario Ávila //

Una reforma “descafeinada” es lo que menos necesita Jalisco en la lucha contra la corrupción, de ahí que desde el Comité de Participación Social se empuje la Reforma 2.0 y el principal promotor es el académico del ITESO, Jesús Ibarra, a la vez integrante del CPS del Sistema Estatal Anticorrupción.

La propuesta de la reforma se trata de recuperar las cosas que no se hacían, que no se aceptaron o que no se incluyeron en el 2017, cuando se implementó el sistema nacional y se obligó a los estados a tener un sistema local; en el 2017 hubo unas mesas a las que convocó el entonces el gobernador Aristóteles Sandoval, invitaron a organizaciones, a universidades y la reforma salió se instaló el sistema, sin embargo muchas cosas quedaron fuera, tal cual no se aceptaron.

De ello habló con lujo de detalles el académico Jesús Ibarra, quien detalló que esas y otras observaciones sobre la marcha, se han venido cocinando durante todo el 2018 mientras se estuvo implementando el sistema, y una parte del 2019.

La reforma -dijo-, como recordarás consistió en ocho mesas en donde se discutían varios temas relacionados para incluir lo que se marginó en el 2017 y para eficientar el sistema. Por ejemplo, en el 2017 no se incluyeron las cosas que dolían a los grupos de poder en temas de corrupción”.

Una muy importante -abundó-, perseguir el dinero fruto de actos de corrupción. Para ello se proponía una unidad de inteligencia financiera a nivel local y eso no pasó, a cambio de ello aprobaron que hubiera una Fiscalía Anticorrupción supuestamente autónoma, pero lo que no pasó es que esa Fiscalía tuviera una Unidad de Inteligencia Financiera para investigación de hechos de corrupción, porque se supone que agarran tu cuenta bancaria y empiezan a rastrear el dinero y eso no pasó, por lo cual no puedes seguir la huella del dinero, no puedes recuperar activos, ni tampoco puedes acusar y condenar ante un juez, por varios de los delitos por hechos de corrupción, por ejemplo enriquecimiento ilícito”.

El académico expuso: “Si tú ante el Ministerio Público no le demuestras que equis persona se enriqueció ilícitamente con tales y cuales propiedades, con ciertas cuentas bancarias y con dinero en efectivo, el juez jamás emitirá una condena por enriquecimiento ilícito. Y como ese delito, varios más que no se podrían comprobar desde la Fiscalía, por ejemplo, tampoco el cohecho, el tráfico de influencias, el uso de información privilegiada, que son delitos difíciles de probar si no sigues la huella del dinero”.

Y ahí qué puede hacer la Fiscalía, pues recurrir al uso indebido de atribuciones, quien firmó mal el contrato que es lo que se ha hecho al vincular a proceso por ese tipo de delitos que no llegan a los grandes corruptos, a los autores de las tramas y solo se detienen a los ‘chivos expiatorios’, detienen al de compras porque firmó el contrato, detienen al que hizo el depósito, detienen al que pagó, pero a los jefes no se les puede comprobar nada”, planteó.

Y abunda: “En ese tema, recuerdo que tampoco se aprobó el delito contra la ordenación al desarrollo territorial y urbano, porque se sabe que ahí hay una corrupción rampante entre constructoras, gobiernos, municipios, notarios, todo mundo está metido ahí. Pero imagínate, que el fiscal descubriera que efectivamente se cambió indebidamente el plan parcial de desarrollo urbano de un municipio; se autorizó que fuera para uso urbano cuando estaba prohibido porque era una zona protegida. Incluso aunque el fiscal lo demuestre, eso no es delito, ahí está la cosa, no puede ser que la corrupción urbanística no sea delito”.

En una situación de esta naturaleza, cuando mucho van a sancionar administrativamente a los empleados del municipio que cambiaron el uso de suelo, va a poner sanciones administrativas a las constructoras que participación indebidamente”, expuso.

Tal fue el caso de los más de 200 edificios que se construyeron en Guadalajara en los gobiernos de Jorge Aristóteles y Ramiro Hernández, y a la llegada de Enrique Alfaro simple y sencillamente los regularizó con una simple multa.

Así es, ese no es un delito, solo se paga con una simple multa y cuando mucho pudieron haber sancionado administrativamente a algún funcionario, cuando lo ideal eran las demoliciones para proteger al medio ambiente, pero no se hizo. Esos detalles son los que abordan la Reforma 2.0”, precisó Jesús Ibarra.

En concreto, el atorón para que esto fluya está en el Congreso del Estado, en particular en la comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción, que preside Mirza Flores Gómez, en donde se ha trabajado arduamente, pero sin resultados concretos.

Puntualizó el académico que la primera mesa fue para tratar la necesidad del comité coordinador; la segunda sobre adquisiciones y contrataciones y la tercera sobre integridad empresarial en donde planteaba que solo se entregaran contratos a empresas que tuvieran sistemas de auditoría antisoborno.

Esta propuesta de reforma 2.0 se entregó al Congreso del Estado en el mes de diciembre del 2019 y de esa fecha para acá no se ha sabido nada, aunque la diputada Mirza Flores asegura que está en vísperas de la dictaminación.

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A mediano y largo plazo se verá reflejada la lucha anticorrupción: Epidemia de COVID frenó programas regionales, advierte Lucía Almaraz

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Por Diego Morales //

A pesar de que la corrupción les lleva décadas de ventaja, se ha venido trabajando para erradicarla, así lo indica Lucía Almaraz, presidenta del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, quien acepta que aunque la percepción es que los procesos transitan en lentitud, son apegados a la ley y se verán reflejados los resultados en el mediano y largo plazo.

Y aunque este ha sido un año atípico, destaca que han tenido que irse adaptando a la nueva normalidad para involucrar a todos los ciudadanos en la elaboración de la política pública para el combate a la corrupción.

Diciembre no lo contamos porque es un periodo de navidad y todo eso, enero es complicado pero arrancamos, pero en marzo aparece el tema de COVID19. Pero tenemos que replantear las acciones desde el Sistema Estatal Anticorrupción poniendo el ejemplo, ahora que trabajamos con la política estatal anticorrupción teníamos como objetivo salir a las regiones para ponerle voz y rostro al sistema, dejar la comodidad de la Zona Metropolitana para ir a conocer las necesidades de las regiones para la conformación de esta política”.

Agrega: “De tal forma que la dinámica tuvo que cambiar para que fuera una consulta en línea, invitando a todo ciudadano interesado en participar para la elaboración de la política pública, queremos sobre todo que en este sentido sea de todos y no se elabore desde un escritorio, uno de los grandes cambios que llevamos a cabo. Sabemos que en el tema de corrupción hay todo por hacer, somos un sistema joven, sabemos del compromiso que implica ser integrante del sistema”.

LA ENTREVISTA

¿Sirve el Sistema Estatal Anticorrupción? La gente es incrédula de su funcionamiento…

El sistema apenas va para tres años, es joven, la corrupción nos lleva décadas de ventaja, incluso ha mutado, ha evolucionado. El sistema particularmente tiene como propósito coordinar a las instancias que ya existían antes del sistema, la Contraloría, el ITEI, el Consejo de la Judicatura que tenemos los ojos en él, el Tribunal de Justicia Alternativa y la recién creada Fiscalía Anticorrupción. El alcance que tiene el sistema es coordinar a esas instancias que ya existían y que además ya realizaban esfuerzos en materia de combate a la corrupción y ahora se conjuntan. El beneficio es que las autoridades ahora sí tienen diálogo entre ellos”.

En la agenda de la reunión que tendrán este jueves del Consejo del Comité de Participación Social está el seguimiento a IPEJAL por compra de medicamentos milagrosos, el nombramiento a los consejeros de la judicatura que hizo el Congreso del Estado y la investigación del caso Giovanni López así como la represión a estudiantes… ¿Qué hay al respecto?

En el caso de los productos milagrosos adquiridos por Pensiones del Estado, este tema lo traemos desde abril, ya informamos cuáles fueron las acciones de la Contraloría y la Fiscalía Anticorrupción, se presentó una denuncia y se realizaron diligencias, está en el proceso de obtener mejores datos. Acordamos ir más allá, pedir información al órgano interno de IPEJAL.

En el caso de la designación de los tres consejeros de la Judicatura, no nos quedaremos en la indignación, emprenderemos acciones, son carreras de largo aliento en la carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un proceso que no es pronto, pero queremos sentar un precedente, ojos que hagan un zoom en procesos de designaciones, sobre todo los que pasan por el congreso. Y en el caso de Giovanni ya pedimos la información a la Fiscalía Anticorrupción, no nos han respondido, es un tema amplio, nos pidieron prórroga, pero son temas que no vamos a soltar”.

¿Cuáles son sus alcances contra la corrupción?

Nosotros atendemos dos aristas de la corrupción, una que tiene que ver con el tema preventivo, estar observando la transparencia, que no haya corrupción. También se atiende la parte punitiva o de sanción, que tiene que ver con que ya existe la Fiscalía especializada en combate a la corrupción y será quien le esté dando seguimiento a las carpetas de investigación. Como sistema, realizamos recomendaciones, está diseñado más en la parte de insumo técnico. Nuestros alcances son en el ámbito técnico, preventivo”.

La impresión es que pareciera que es lenta la prevención para frenar actos de corrupción, como el caso de compras directas. ¿Cómo hacer para que esto sea más rápido y acotar a los corruptos?

Entiendo esta postura, en el caso de adquisiciones directas a veces hay la justificación que la propia ley da, pero a quién le toca revisar inmediatamente es a la Contraloría, qué pasa con el tema de por qué son tan lentos, es porque la ley nos va marcando tiempos, hay un obstáculo que superar en materia legislativa y regulatoria. También, es complicado por parte del sistema entrarle al tema, va por pasos, entra la Contraloría, se denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción o se va al Tribunal de Justicia Administrativa que también tiene sus tiempos. Creo que esto es una inquietud general de los jaliscienses de por qué no somos tan rápidos, pero los tiempos procesales se deben agotar. Tal vez la respuesta no satisface, porque como ciudadana también hago esos cuestionamientos, pero cuando entramos nos damos cuenta de esto”, puntualizó.

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