ENTREVISTAS
“Hoy la crueldad es más terrible; en materia de seguridad estamos peor que cuando estábamos mal”, afirma Luis Octavio Cotero

Por Diego Morales Heredia //
En el contexto de violencia, inseguridad, desapariciones, crueldad y crisis forense que se encuentra el estado, es difícil que cambien las cosas si no hay voluntad, así lo indicó entrevistado en “Los Sótanos del Poder”, Luis Octavio Cotero, quien a la vez aseguró: “estamos peor que cuando estábamos mal”.
Para el ex director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, más allá de hacer obras públicas, la prioridad de los gobernantes debe ser el brindar la seguridad a los ciudadanos, atender los casos que se tienen archivados de desapariciones y no permitir que la impunidad reine en el estado, pues esto ocasiona que la criminalidad vaya al alza.
“No obstante las mentiras que se dicen, evidente espantosa, una forma ofensiva a la inteligencia el que el gobernador se atreva a decir que ha bajado la delincuencia en el aspecto patrimonial, cosa que es falsa, ante la situación caótica económica que estamos viviendo el robo se ha agravado, lo que pasa es que hay menos denuncias, la gente no quiere ir, aparte que lo maltratan, lo tienen horas esperando y les pidan apoyo para la investigación, los policías traen ligas y resorteras para enfrentar a la delincuencia”, dijo en entrevista con Gabriel Ibarra y Zul de la Cueva.
LA ENTREVISTA
Pero tenemos el C5, ¿por qué no funciona?
«Es lamentable, sobre todo la ligereza con que se opera la maquinaria, hay días que les queman cuatro o cinco cámaras, que están siendo vigiladas permanentemente día y noche para ver quién les prende fuego. Nunca se ha dicho que se haya visto a alguien quemándolas. La autoridad bien gracias, qué está monitoreando en Palomar».
«El alarde de los criminales, sus conductas y operatividad que tienen para realizar sus actos es innegable, la capacitación que tienen, el armamento, el número de personas. Dicen que andan buscando desaparecidos, que me enseñen un expediente con las pesquisas que hacen, no hay uno solo, la impunidad se agrava más porque acabaron con Ciencias Forenses».
En la administración anterior había alrededor de 600 cuerpos en SEMEFO, la cifra ha subido a más de dos mil cadáveres sin identificar, pero se rechaza que hay crisis forense. ¿Cómo están las cosas en realidad?
“Está terrible. No dejo de tener comunicación con gente que trabaja ahí, es tan grave la situación, hay decisiones tomadas respecto a los homicidios que no son violentos, que son de tránsito, o gente fallecida en su casa, mandan a un camillero, se llevan el cuerpo y lo almacenan, cuando deben ir criminalistas para que tomen indicios que todo. Resuelto ningún caso, esa es la eficiencia”.
¿Dónde almacenar los restos?
“Hay dos refrigeradores, dos tráileres llenos, en las fosas casi todos son partes corporales, que ahorita los tienen fuera de los refrigeradores porque ya no caben, la pestilencia es horrible, el personal está sufriendo mucho, es una situación desastrosa”.
INDOLENCIA TERRIBLE
No hay ningún registro, de qué sirve guardarlos…
“Por supuesto que no, dicen muy cómodamente para quitarse el problema, que no están identificados. Las identificaciones se dan solamente cuando van los familiares y los ven, a un señor lo encontraron fallecido en su casa, en estado avanzado de descomposición y su hija lo identificó, llevaba 22 días y no se lo entregaban porque no tenían el resultado de genética y no es el único método de identificación de cuerpo. Es una indolencia terrible para las gentes que van sufriendo por su familiar”.
Una indolencia, pero también una enorme saturación…
“Además, la irresponsabilidad del director, del presidente del consejo de administración del Instituto que debe ser el secretario general de gobierno, como lo era cuando yo fui director, él debe estar enterado de todo lo que falta, lo que tienen o lo que no tienen, a Roberto López Lara nunca se le llamó a nada de eso. Un tema que nunca quisieron atender”.
Propusiste un cementerio forense en tu gestión, que fue cuando se agravó la crisis y te quieren culpar de ello. Se dio un recurso temporal que fueron los tráileres que recorrieron la ciudad con cuerpos. ¿Qué fue lo que pasó?
“Los cadáveres está establecido en la ley que son única y exclusivamente responsabilidad de la Fiscalía, que dice si se les hace autopsia o no, si se creman o no, si se inhuman, si se entregan o no a las personas, es el responsable único y tengo un convenio firmado por Almaguer (el entonces fiscal general del Estado) donde lo reconoce. Cuando empezó la crisis, que le dije al Fiscal Almaguer y se lo hizo saber al secretario general de gobierno, hablamos con el presidente municipal de Tonalá, que nos regaló 200 fosas que agotamos en un mes, para hacer el cementerio forense. Se quiso construir un cementerio y se vino la gente encima, no los dejó, impidieron la construcción los vecinos y no se hizo, entonces se siguieron acumulando cuerpos, le dije al fiscal central que o se los llevan o se los llevo, porque se me daría una pandemia con el personal. Rafael Castellanos tuvo la idea que no me pareció mala de los tráileres”.
¿No hay forma de conservar con dignidad, orden y estructura de los cuerpos?
“Cuando se llenó el primer tráiler que fue el que encontraron, el problema fue sacarlo y traerlo por unas brechas, porque estaban estibados para su localización los cuerpos, tenían todos los datos de identificación. El caso es que lo llevaron a un corralón, en ese sacudimiento al tráiler, en el ir y venir, se desacomodaron los cuerpos, porque Fausto, que anda de candidato en Autlán, consiguió la bodega en Tlaquepaque, que fue la primera parte donde guardaron los cuerpos”.
“CADA DÍA SE AGRAVA MÁS”
Lo que sigue habiendo es un estado rebasado, ¿de qué tamaño es la crisis de seguridad en el estado?
“No sé, creo que cada día se agrava más, porque la crueldad es más terrible. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses no tiene la capacidad humana para atender. Creo que sí se pueden localizar los cuerpos, hay datos de identificación, así lo hacíamos. Tenía un doctor capaz, que lo corrieron porque nos echaron la culpa del mitote del trato digno a los cuerpos, el culpable es la Fiscalía”.
¿Te acusan de trato inhumano a los cuerpos?
“De eso me acusan en la Fiscalía Anticorrupción”.
DISMINUCIÓN DE PERITOS Y EXCESO DE TRABAJO
¿De verdad estamos en el hoyo y cavando?
“Tanto por el exceso de trabajo como por la disminución de peritos, se han ausentado muchos por el mal trato que les han dado. Cuando nosotros estuvimos se les había dotado de un bono de 5 mil pesos por puntualidad y por la insalubridad que se labora ahí, era la razón y ya se los quitaron, están trabajando más tiempo de lo normal, ya le dije a Derechos Humanos que vaya a verificar las condiciones en que labora el personal de Ciencias Forenses, cuántas horas y en qué condiciones lo hacen, es algo totalmente insalubre y ahora con COVID19”.
¿Cómo revertir la problemática del IJCF?
“Creo que deben tener la cantidad y la calidad de peritos suficientes para que cuando sea detenido alguien sea condenado, porque lo que ha fomentado, acrecentado y agravado la criminalidad es la impunidad. Ya saben que el policía les tiene miedo, se voltea para no ver. En las casas se meten, van y matan, no hay recato por nada. En el caso del gobernador Aristóteles Sandoval, dijo el fiscal que se perdieron todos los indicios y bueno, ya no hay ningún culpable, será solamente la intención de hacer culpable a alguien y no por tener pruebas”.
La violencia en la ciudad habla de una descomposición grave, ¿cuáles son los resultados de la Fiscalía y qué hacer cuando hay tantos sucesos en cadena?
“El Fiscal no tiene secretario particular, se lo impusieron, no es una persona de su confianza, no tienen vehículos nuevos, no tienen armas nuevas, no hay capacitación desde hace años, en Ciencias Forenses les dábamos capacitación, hasta tuve problemas con Almaguer por eso. Se hace justicia mediática y eso tampoco es justicia”.
“PREFERIRÍA ESTAR MUERTO”
¿No saldremos adelante con las instituciones actuales?
«En las condiciones en que estamos el destino es fatal, no le veo ninguna expectativa de mejora de las condiciones en la que nos estamos desenvolviendo, tengo nietos, tengo hijos, amigos, sobrinos, todo, que están expuestos».
«A mí me han dicho que porque hablo y digo las cosas que si no tengo temor de que me hagan algo, lo peor que le puede pasar a un hombre a mí ya me pasó, yo preferiría estar muerto y que mi hija estuviera aquí. Al gobierno le importa un bledo, estoy en las manos de cualquier delincuente que saliendo a la calle me quiera quitar mi celular y me meta un balazo, las cámaras no funcionan, no pasará nada», puntualizó.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS CINCO PRINCIPALES:
ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez

– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía, callar sería una omisión, mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la Torre Habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón—un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aún en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LAE ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la Torre Habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo. Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva

– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.