ENTREVISTAS
La justicia en línea ya es una realidad en Jalisco: Consejero Gabhdiel Iván Novia
Por Gabriel Ibarra Bourjac //
Los cambios sustantivos que anunció hace dos años el consejero de la judicatura Gabhdiel Iván Novia Cruz por fin han llegado al sistema de justicia de Jalisco. Desde el pasado 4 de septiembre los juicios en línea se hicieron realidad, son 50 juzgados los que trabajan en línea y reciben demandas todos los días.
“Hay una necesidad entre los ciudadanos de una justicia pronta y expedita y eso es lo que pretende ofrecer el nuevo sistema de justicia en línea”, apunta el consejero Novia Cruz.
Al mismo tiempo destaca como otro de los logros sustantivos que se harán realidad lo representa la propuesta de presupuesto constitucional para el Poder Judicial del Estado que ha sido acordado con el Ejecutivo y que analizará y discutirá el Congreso del Estado para el próximo ejercicio fiscal del 2024.
“Me siento con mucha alegría, con muchos entusiasmo, con mucha satisfacción por esta idea del deber cumplido, te agradezco la entrevista que me hiciste el favor de publicar hace dos años, en la misma marqué mi camino y dejar establecido el antes y el después”, recuerda el consejero Novia Cruz.
Evoca la forma tan accidentada y cuestionados como fueron elegidos los tres consejeros de la Judicatura por la anterior Legislatura del Estado.
“Quiero regresar un poquito el tiempo y recordemos nuestra llegada, fue muy atropellada tú lo has de tener muy claro, se dio en un contexto con mucho cuestionamiento”.
“Siempre lo dije, lo sigo diciendo, la realidad es que en esto lo único que va a hablar por nosotros, es el trabajo, son los resultados y tuvimos inclusive reuniones con compañeros tuyos y les pedí que dejemos al tiempo permita mostrar que mi llegada al poder judicial tuvo una lógica de beneficio por los resultados los cuales se han materializado”.
En esta segunda entrevista que me concede el consejero Gabhdiel Iván Novia Cruz, acepta que hay un punto también sustantivo que si bien empieza a ser atendido, quedará pendiente: la dignificación de los juzgados. “Lo que más me duele y que con profunda tristeza lo veo es el estado de nuestros juzgados fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara, los cuales los tenemos, al día de hoy, en condiciones deplorables y en lugares inmundos, eso no lo debemos permitir”.
El consejero Iván Novia anuncia que con el nuevo presupuesto constitucional del Poder Judicial de Jalisco vendrá la renovación de la infraestructura de justicia en la entidad. “Ya hay un juzgado modelo que construimos en conjunto con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP). Ese juzgado modelo se va a replicar en todos los juzgados de primera instancia que son 47”.
“Poco a poco con ese presupuesto constitucional se irán construyendo los juzgados de primera instancia en cada partido judicial”, asienta y considera que de aquí al término de la gestión del actual gobierno se podrán lograr 10 juzgados modelo y al siguiente año otros 10, de tal forma que en cinco años se estaría renovando totalmente la infraestructura del Poder Judicial en el Estado.
JUSTICIA MÁS EXPEDITA
El hecho de que haya justicia en línea, ¿qué impacto tendrá sobre el ciudadano lucha para que se le haga justicia?
Es una pregunta muy pertinente y la mejora la vemos en tres grandes ejes: primero, va a ser justicia más expedita, porque la gente no tendrá que trasladarse a los lugares donde tiene que presentar una demanda, porque lo puede hacer por línea.
En la plataforma existe un semáforo en el que el funcionario conteste cualquier solicitud que formule el usuario y éste tiene que responder dentro de los términos legales que son tres días.
Iván Novia explica: el funcionario tendrá un semáforo en verde el primer día, en amarillo si está en el segundo día, y en rojo si está después del tercer día, es decir tendremos puntualmente una marcación y el juez tendrá una estadística específica de cuántas dio a destiempo o cuántas a tiempo.
“Con el sistema como ha venido operando el poder judicial ha sido muy difícil medirlo, pero hoy a través de estas plataformas se puede medir, se puede establecer concretamente y se puede dejar una huella indeleble de los mismos”.
Otro tema importante es que el usuario no tendrá contacto con el funcionario lo que también va a evitar actos de corrupción para que se mueva; el que exista un semáforo que marca la temporalidad y una obligación que se conteste, sin que haya posibilidades de que una persona acuda al juzgado y alguien le pueda decir, ‘oiga este habrá posibilidades…’ eso no va a existir y sin duda esto es una gran herramienta y se traduce en un avance significativo.
LA PLATAFORMA MÁS VANGUARDISTA
La plataforma que se tiene, cuáles son sus características, qué certeza tienen de la confiabilidad y eficiencia
Me atrevo a decir que Jalisco cuenta con la plataforma digital más vanguardista a nivel de justicia del país, lo digo porque ya la comparamos con las plataformas que tienen cuatro estados en la república.
¿Cómo ha sido toda esta ruta hasta llegar a la digitalización?
Primero quiero recordar que desde la presidencia del STJ del magistrado Ricardo Suro se le hizo saber al actual gobernador sobre la necesidad de que el sistema de justicia de Jalisco contara con una plataforma digital. Se hizo la licitación y se escogió a un desarrollador.
Cuando el magistrado Suro termina su periodo como presidente del Supremo Tribunal de Justicia nos hace saber de que existe esta contratación y nosotros nos hacemos cargo del tema y empezamos desde cero a desarrollar la plataforma.
¿Cuáles fueron los frenos que enfrentaron en el camino para llegar hasta aquí?
No fue fácil, hubo una serie de factores que incidieron a que los objetivos no se alcanzaran en menor tiempo, de acuerdo a nuestra pretensión.
Tuvimos que amalgamar muchos esfuerzos interdisciplinarios e interinstitucionales, como el que el Gobierno del Estado nos dotara de la herramienta digital y los recursos económicos para la adquisicón de las computadoras que se requieren y que estuvieran entrelazadas en la plataforma, lo que se logró con la Red Jalisco para que a través de la misma corrieran y se dieran nuestros enlaces.
EL MONITOREO A JUECES
Ya está la justicia digital en línea, ¿qué papel tendrá el Consejo de la Judicatura para que el nuevo sistema de justicia no se frene o se caiga, y mejore la impartición de justicia en el Estado?
El Consejo de la Judicatura tiene una gran responsabilidad para establecer dos cosas:
Primero, que la plataforma continúe con las actualizaciones necesarias, porque todos sabemos hoy que las herramientas digitales tienen que ser actualizadas, por eso vemos que hay nuevas versiones de muchos programas y esta plataforma no será la excepción, tendrá que tener un trabajo de mejora continua.
Y el segundo, más importante es atender la estadística que arroje esta plataforma y actuar en consecuencia.
Esto nos permitirá advertir el comportamiento de los funcionarios, si vemos que hay funcionarios que responden fuera de tiempo, conforme a la estadística, tendremos que reaccionar puntualmente.
“Para que este gran proyecto y la importante inversion que se ha realizado funcione es fundamental el trabajo del Consejo de la Judicatura, hay una gran necesidad de una justicia pronta y expedita y en eso se tiene que traducir el nuevo sistema de justicia”.
Aquí es clave el departamento de informática, se requiere de gente altamente calificada…
Sin duda, el área de informática hay que fortalecerla y hay que tener la contratación del personal necesario para que nos lleve a ese funcionamiento, es decir hoy tendremos que tener a lo mejor en el área de tecnología y estar atento de que los jueces suban a la plataforma la información.
Hemos hecho una capacitación en todas las regiones y en todos los lugares para que esto pueda funcionar.
LA CLARIDAD DEL GOBERNADOR
Para que esto se diera, es fundamental la voluntad política del gobernador, para dotar de los recursos económicos necesarios…¿Cómo se dio ese convencimiento?
Quiero ser muy sincero, el gobernador desde que llegó tenía muy claro que había una gran necesidad y una gran falta en el poder judicial, pero requería de algún tiempo para poder hacerse de los cuadros necesarios que permitieran una seguridad en el manejo de los recursos y estuvieran bien canalizados, que de alguna manera existiera la gobernabilidad necesaria dentro del poder judicial.
Me parece que esa serie de circunstancias son las que han permitido que los engranes presupuestales y a nivel legislativo empiecen a funcionar, esto es que se diera la certidumbre y de una visión lineal de la honorabilidad como es la idea del servicio en pro del poder judicial y eso fue el detonante, lo que permitió la llegada de estos consejeros. La forma como se hizo fue un costo alto, pero se hizo y se llegó para estar en sintonía con el ejecutivo para lograr estos cambios.
Así tuvo que ser y como lo señalé anteriormente, los resultados son los que cuentan.
LA PLATAFORMA DE JUICIOS EN LÍNEA
“Mi formación de abogado litigante me ayudó a entender lo que se requería para llegar a una plataforma de acuerdo a los que es la verdadera necesidad afuera de este tipo de herramientas”.
“Ya había vivido la experiencia de litigar vía electrónica en Nuevo León, tenía la claridad con respecto a lo que se necesitaba desde esa perspectiva, de cómo presentar una demanda, cómo debo visualizarla, qué debemos esperar de respuesta, dónde debe de llegar, cómo se debe de firmar, cómo se debe de responder”.
El consejero Novia Cruz indica la forma cómo hasta hoy ha funcionado el sistema de justicia. Tu contratas un abogado y a este abogado le otorgas tu firma, presentas la demanda y tu no vuelves a saber nada de tu expediente mas que a través del abogado que te informa lo que quiere y cuando quiere.
“Hoy eso no existe, hoy el titular del derecho está perfectamente enterado y todas las notificaciones le llegan a él que puede revocar al juez el titular puede ver desde la intimidad o de donde él quiera su expediente y saber qué está sucediendo con el mismo, lo cual también marca una diferencia del antes y el después de de forma directa con respecto al usual.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
