Por Mario Ávila //

El diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra, presidente de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, calificó la propuesta de ley de telecomunicaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum como una “ley censura” plagada de anomalías que pone en riesgo la libertad de expresión y el acceso a la información.

“El gobierno busca cerrar espacios de expresión ciudadana”, denunció en entrevista con Conciencia Pública, criticando el artículo 109 como un “torito distractor” dentro de una reforma más amplia.

Control del gobierno sobre instituciones

Monraz, del PAN, acusó al gobierno de Morena de apoderarse de instituciones clave, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional Electoral, mientras intenta controlar el Poder Judicial y limita la Ley de Amparo. “Quieren regular lo que se dice en radio, televisión y medios públicos, coartando las libertades de los mexicanos”, afirmó, señalando que la reforma viola tratados internacionales como el T-MEC.

Llamado a la acción y conversatorios

El legislador urgió a Sheinbaum a retirar la iniciativa hasta lograr un consenso en el Congreso, aunque anticipó un periodo extraordinario en junio para su aprobación. “Convocamos a la sociedad a defender la libertad de expresión y los derechos humanos”, dijo, destacando que la Cámara de Diputados realizó 10 mesas temáticas con académicos, medios y sociedad civil, enviando sus conclusiones al Senado, donde los conversatorios fueron limitados. “En el Senado solo escucharon a quienes querían; nosotros daremos voz a todos”, prometió.

Para el legislador jalisciense el artículo 109 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, fue simplemente un “torito distractor”, denunció que la propuesta de ley de la presidenta Claudia Sheinbaum, está plagada de anomalías que hacen evidente el riesgo que corren las libertades de expresión y de acceso a la información en México.

El diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra, del PAN, calificó la iniciativa de telecomunicaciones del gobierno federal como “ley censura” en Conciencia Pública. Denunció que, más allá del artículo 109, busca limitar la libertad de expresión al controlar radio, televisión y medios públicos. Criticó la desaparición de siete organismos autónomos, la intervención en la CNDH, el INE y el Poder Judicial, y reformas a la Ley de Amparo que restringen la justicia ciudadana, coartando el acceso a la información y la libre expresión.

El diputado federal, Monraz Ibarra, expuso que lo mejor sería que la presidenta retirara su iniciativa hasta que no haya un consenso real y auténtico en las dos cámaras del Poder Legislativo, sin embargo, auguró que como lo han manifestado, se convocará a un periodo extraordinario de sesiones, en la primera quincena de junio, para aprobar esta y otras muchas leyes que tienen prisa por aprobar.

Ante la reforma de telecomunicaciones, Miguel Ángel Monraz Ibarra, diputado del PAN, convocó a la sociedad a defender la libertad de expresión, el derecho a la información y los derechos humanos. “En el Congreso, protegemos el acceso a contenidos y conectividad”, afirmó. Criticó el intento del Senado de aprobar rápidamente una iniciativa con 283 artículos que viola el T-MEC, exigiendo un debate amplio para evitar un “albazo” que afecte sectores clave de México.

Reaccionaron ante ello -abundó-, diversas organizaciones de la sociedad civil, de medios de comunicación y se empiezan a detectar algunos artículos como el famoso artículo 109 que buscaba regular las plataformas; entonces la sociedad civil alza la voz porque se buscaba controlar lo que se ve y lo que se escucha.

Expuso que esencialmente el PAN se empeñó en dar a conocer lo que llamaron “la ley censura” y ante ello, el Senado se ve obligado a convocar a unos conversatorios para escuchar a los expertos.

“Esta semana terminaron los conversatorios en el Senado de la República y lo ideal sería, por supuesto, escuchar y atender lo que se dice en esos conversatorios, pero habrá que ver si realmente se hacen reformas que permitan seguir defendiendo la libertad de expresión y el derecho a la información, pero la pelota en este momento está en el Senado de la República y nosotros actuaremos en la Cámara de Diputados como Cámara revisora”, planteó.

Celebran en la Cámara de Diputados 10 mesas temáticas

El diputado Miguel Monraz resaltó que la Cámara de Diputados organizó 10 mesas temáticas para fortalecer medios en la era digital, promoviendo libertad de expresión, información y conectividad equitativa. “Hoy, todos acceden a información global desde su teléfono”, afirmó.

Y una vez presentada la iniciativa por parte del Gobierno Federal en la Comisión se convocó a la celebración de 10 mesas temáticas a las que asistieron académicos, universidades, medios públicos, independientes, especialistas, ex comisionados del IFT y diversas organizaciones de la sociedad civil, lo mismo que defensores de las audiencias.

Las conclusiones de las 10 mesas temáticas de la Cámara de Diputados se enviarán esta semana al Senado para enriquecer el dictamen de la iniciativa presidencial. Miguel Monraz destacó que, a diferencia de los conversatorios del Senado, limitados a 5 minutos por participante, las mesas ofrecieron 15-20 minutos para expresarse libremente. Criticó que Morena en el Senado ignoró voces diversas, mientras la Cámara dará espacio a más opiniones en un foro adicional el próximo miércoles.

En México, el espectro más caro del mundo

El diputado Miguel Monraz destacó en las mesas temáticas de la Cámara de Diputados que el espectro radioeléctrico en México es el más caro del mundo. “Radiodifusores pagan mucho más que en otros países”, afirmó. Ejemplificó que una estación en La Barca paga entre 2 y 4 millones de pesos, mientras en Los Ángeles solo se cubren 10 a 20 mil dólares anuales por licencias. Propuso que, para ser competitivos, los concesionarios paguen contraprestaciones de radio y televisión anualmente, no de golpe, como las licencias.

Abundan las estaciones “pirata”

En las mesas del Congreso, Miguel Monraz denunció la existencia de unas 800 estaciones de radio “piratas” en México, muchas controladas por la delincuencia organizada, especialmente en Chiapas y Oaxaca. Estas extorsionan negocios y alcaldes, afectando a radiodifusoras independientes. También criticó a los medios públicos por ideologizar en lugar de educar o informar, sirviendo al gobierno en turno. Propuso fortalecer su autonomía editorial para que informen con veracidad, promoviendo contenidos culturales y reflejando la realidad del país.

Las empresas del Estado y la libre competencia

El diputado Miguel Monraz criticó la propuesta de ley de telecomunicaciones por no generar certidumbre para inversionistas. “El Estado debe regular, no competir, asegurando accesibilidad donde el sector privado no llega”, afirmó. Propuso que las empresas estatales lleven internet, telefonía y televisión a zonas remotas con reglas claras, promoviendo competencia equitativa. “Queremos más acceso a medios y conectividad, pero con condiciones transparentes para el Estado y la iniciativa privada”, subrayó, destacando la necesidad de revisar el rol estatal.

Del IFT a la agencia y la violación al T-MEC

El entrevistado criticó la transferencia de funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones a la Agencia de Transformación Digital, dependiente del gobierno federal. “Pasamos de un organismo autónomo a una agencia controlada por una sola persona, bajo la presidenta”, señaló en Conciencia Pública. Advirtió que el artículo 65 permite a la Agencia modificar o rescatar frecuencias por “interés público”, amenazando la autonomía y las libertades. Monraz destacó que la reforma incumple el T-MEC y no garantiza independencia, poniendo en riesgo la regulación imparcial de telecomunicaciones.

LA POSTURA DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM

“Nosotros censura, nunca jamás, nosotros no creemos en eso, un artículo que tenía una orientación para coadyuvar con el SAT y otras instituciones frente a cosas que están en otras leyes, lo pusieron así los compañeros que redactaron la ley, pero para quitar cualquier cosa de censura desde el primer día dijimos que se elimine ese artículo, entonces ya dijimos cuál es el objetivo de esa ley, que pueda haber una empresa (CFE) que en igualdad de circunstancias públicas pueda proveer de internet, que haya derechos de las audiencias, que las radios comunitarias, particularmente indígenas, tengan todas las posibilidades para desarrollarse, en fin todo esto que planteamos sobre la ley. No he visto la redacción final porque la están elaborando en el Senado de la República y espero poder tenerla pronto.

“La facultad que se otorga concesionarios para que guarden datos hasta por dos años, tiene que ver con lo que viene también en la Ley de Seguridad, que todavía está en el Senado; hoy para comprar un chip uno no tiene que dar su nombre y la propuesta es que para comprar un chip, ahora te registres con tu nombre, dado que la delincuencia usa mucho distintos chips, que le va cambiando al teléfono, entonces lo que viene en esa ley también viene en la Ley de Seguridad, que se registre tu CURP con tu identificación”.

Por Francisco Junco //

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco (CCLJ) enfrenta un momento definitorio en su joven historia, al acercarse el fin del ciclo de su primera generación de conciliadores, tras casi tres años de operación desde su creación en 2022 bajo la Reforma Laboral de 2019.

Con 52 conciliadores que han atendido miles de conflictos laborales, esta institución se diseñó para resolver disputas entre trabajadores y empleadores mediante diálogo y mediación, evitando largos procesos judiciales. Su objetivo es claro: ofrecer soluciones rápidas, justas y accesibles que fortalezcan las relaciones laborales en Jalisco.

Sin embargo, la decisión de renovar 22 plazas a través de una convocatoria pública, abierta desde abril y con cierre de recepción de documentos el 23 de mayo de 2025, ha generado tensiones entre los conciliadores actuales y la dirección, liderada por Elke Tepper García, en un proceso que pone a prueba el compromiso del CCLJ con la transparencia y la profesionalización.

En octubre de 2025, 22 conciliadores del CCLJ, con salarios superiores a 30 mil pesos, finalizarán su periodo. Deben elegir entre dejar el cargo o competir en la nueva convocatoria. La demanda de 650-800 personas diarias resalta la necesidad de continuidad.

Los conciliadores han manejado casos complejos, desde despidos injustificados hasta conflictos por prestaciones, acumulando experiencia práctica que los distingue. Sin embargo, la falta de un mecanismo de ratificación ha generado un debate sobre cómo valorar esta experiencia sin caer en prácticas discrecionales.

La directora general, Elke Tepper García, quien asumió el cargo en diciembre de 2024, en entrevista con Conciencia Pública defiende la convocatoria como un paso hacia la equidad y la meritocracia. “Todo el mundo puede entrar, sin excluir a nadie, ni siquiera a los conciliadores actuales,” afirma, destacando que el proceso está abierto a cualquier persona con preparación adecuada, no solo abogados, aunque el dominio de la Ley Federal del Trabajo es esencial.

La convocatoria busca integrar nuevos talentos mientras permite a los conciliadores actuales demostrar su idoneidad, fomentando una competencia basada en méritos. Este enfoque refleja el compromiso del CCLJ con erradicar las prácticas opacas asociadas al sindicalismo mexicano, como el favoritismo o el “dedazo”, que dañaron la credibilidad de las antiguas juntas de conciliación.

La decisión ha generado inconformidad entre los conciliadores actuales, quienes esperaban una ratificación automática tras tres años de trabajo. Según reportes de Conciencia Pública (edición 791), los trabajadores, cuyos contratos terminan en octubre, consideran que la convocatoria busca reemplazarlos sin valorar su capacitación y experiencia, vulnerando sus derechos laborales y contraviniendo la Ley de los Servidores Públicos.

Argumentan que su labor diaria, respaldada por cursos continuos y un proceso de selección previo, justifica su continuidad. Algunos aluden a una “promesa tácita” de permanencia, una expectativa que Tepper refuta con firmeza: “Una promesa debe ser clara; si la inferiste, es diferente.” La directora señala que cualquier ratificación sin evaluaciones sería arbitraria, un riesgo que la Junta de Gobierno, donde ella tiene voz pero no voto, decidió evitar al optar por un “piso parejo”.

La ausencia de un mecanismo de ratificación y de un sistema de evaluación permanente es el núcleo del conflicto. Tepper explica que, al asumir la dirección, preguntó por un proceso de ratificación y le confirmaron que “no hay absolutamente nada.” Ella propuso conservar buenos perfiles, pero la Junta de Gobierno, tras debatir el tema, concluyó que la falta de evaluaciones técnicas impedía justificar la continuidad.

“Mi conocimiento de los conciliadores es de cuatro meses; ¿con qué nos vamos a basar para ratificar?” le cuestionaron. Esta limitación llevó a la decisión de abrir una convocatoria pública, asegurando que el CCLJ no quede desprotegido cuando los nombramientos terminen. La alta demanda del Centro, que atiende conflictos laborales críticos para trabajadores y empresas, refuerza la necesidad de planificar con antelación para evitar interrupciones en el servicio.

Para garantizar la transparencia, el CCLJ delegó la gestión de la convocatoria al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), una institución reconocida por su prestigio. El ITESO diseñará exámenes y casos prácticos, utilizando herramientas como inteligencia artificial para generar evaluaciones únicas y evitar irregularidades, como el presunto intercambio de respuestas en convocatorias anteriores.

Elke Tepper García, directora del CCLJ, detalla que el ITESO diseñará exámenes únicos a partir de un banco de preguntas para garantizar imparcialidad en la selección de 22 conciliadores, sin intervención del Centro. El proceso incluye cuatro etapas: recepción de documentos (cerrada el 23 de mayo de 2025), evaluación escrita, casos prácticos y entrevistas. Con 117 aspirantes, la competencia es intensa, pero los conciliadores actuales tienen ventaja por su experiencia, capacitación y conocimiento de la Ley Federal del Trabajo.

La convocatoria marca un punto de inflexión para el CCLJ, una institución joven que aspira a consolidarse como referente en justicia laboral. La apuesta por la meritocracia busca fortalecer la profesionalización de los conciliadores, asegurando que sean capaces de manejar la complejidad de las relaciones laborales con responsabilidad.

Tepper enfatiza su compromiso personal: “Creo en esta institución; si la echamos a perder, repetiremos los errores de la Junta de Conciliación.” Sin embargo, el desafío es doble: integrar nuevos talentos sin desestimar la experiencia de los conciliadores actuales, cuya labor ha sido crucial para el éxito inicial del Centro. La inconformidad de los trabajadores refleja una tensión más amplia sobre cómo equilibrar renovación y reconocimiento en un sistema que busca modernizarse.

La Reforma Laboral de 2019 impulsa la conciliación previa a juicios. En Jalisco, con alta actividad económica y conflictos laborales, el CCLJ protege derechos de trabajadores y fortalece la confianza empresarial, consolidando su rol estratégico en la transformación del sistema laboral mexicano.

La renovación de los conciliadores debe garantizar que las disputas se resuelvan con equidad y prontitud, evitando que escalen a tribunales y generen costos económicos y sociales. La intervención del ITESO, como árbitro independiente, es un paso hacia la construcción de un sistema transparente, pero su éxito dependerá de la capacidad del CCLJ para comunicar los beneficios de este enfoque y mitigar las tensiones internas.

Por Gabriel Ibarra Bourjac //

“La justicia debe ser un puente, no una barrera”, afirma Marco Antonio Fuerte Tapia, candidato a magistrado federal del Tercer Circuito en Materia Mixta, encapsulando una filosofía que guía cada una de sus decisiones.

Con más de 20 años de experiencia en el ámbito jurídico, Fuerte se presenta como un candidato cuya trayectoria combina rigor técnico, compromiso ético y una visión clara para acercar la justicia a la ciudadanía en el contexto de la histórica reforma judicial de 2024.

En esta entrevista con Conciencia Pública ofrece una ventana a la mente y el corazón del servidor público que aspira a ser magistrado no por ambición, sino por vocación, conforme recalca.

Enfrentando la reforma judicial

La reforma judicial de 2024, que permite elegir jueces por voto popular, es vista por Fuerte con cautela y optimismo. “Es una oportunidad, pero peligrosa sin preparación”, dice. La legitimidad del magistrado está en resoluciones justas, no en popularidad, haciendo de la justicia un puente hacia los derechos, sin tecnicismos ni influencias.

A través de sus palabras, Marco Antonio Fuerte nos invita a imaginar un Poder Judicial más humano, inclusivo y confiable, capaz de responder a las necesidades de un México en transformación. En un momento donde cada voto cuenta, su trayectoria y propuestas son un recordatorio de que la justicia no se construye con discursos, sino con hechos.

La reforma judicial ha sacudido los cimientos del Poder Judicial Federal, generando tanto expectativas como inquietudes. Por un lado, promete acercar la justicia a la ciudadanía; por otro, plantea el riesgo de que la popularidad eclipse la idoneidad.

En este contexto, Marco Antonio Fuerte se presenta como un candidato que no busca reflectores, sino resultados. Su carrera, forjada en las aulas y en los tribunales, refleja un compromiso inquebrantable con la ley y con las personas.

El aspirante a magistrado no es ajeno a los desafíos tanto de la justicia penal, donde deben ponderarse con enorme cuidado los derechos de los acusados y de las víctimas; como en la materia civil, que es un campo en el que los conflictos entre particulares —desde disputas contractuales hasta casos con profundas implicaciones sociales— demandan equilibrio y sensibilidad.

Su experiencia como juez en casos complejos, demuestra su capacidad para escuchar más allá de los expedientes y encontrar soluciones que respeten tanto la ley como la dignidad humana. Este enfoque, que combina conocimiento técnico con empatía, lo distingue en un proceso electoral donde la preparación es más crucial que nunca.

Resolución de asuntos que involucran la libertad personal y la reparación del daño.

Los casos que han definido la carrera de Fuerte Tapia son aquellos en los que se debe decidir respecto de la condena de una persona, sin olvidar los derechos de la víctima, como la reparación del daño; es ahí donde la formación, experiencia y sensibilidad deben conjugarse para lograr una decisión justa. Como magistrado han sido múltiples los asuntos en los que se debe ver más allá del expediente para buscar que el derecho ayude a cambiar la realidad de las personas.

Mediante un enfoque restaurativo, también se pueden resolver los conflicto sin necesidad imponer una sanción, por lo que, afirma, deben utilizarse cuando proceda, ese tipo de salidas alternas, que pueden resarcir en gran medida el daño que pudo ocasionarse con el delito, pero sin olvidar los intereses de las víctimas; es conjugar sensibilidad y empatía, con legalidad y sentido común.

En un sistema judicial donde la percepción de corrupción y lejanía ha erosionado la confianza ciudadana, Fuerte propone un camino claro: transparencia absoluta y accesibilidad. Desde el uso de tecnología para visibilizar los procesos judiciales hasta la redacción de sentencias en lenguaje claro, su visión busca derribar las barreras que separan a la justicia de la gente.

Su campaña, financiada con recursos propios y centrada en el contacto directo con la ciudadanía, refleja una autenticidad poco común en tiempos de promesas fáciles.

Propuestas para una justicia accesible y social

Marco Antonio Fuerte propone transformar la justicia como magistrado con tres ejes concretos. Primero, simplificar las sentencias en un lenguaje claro, inspirándose en la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “Una sentencia no debe ser un acertijo, sino clara para todos”, afirma. Segundo, buscar soluciones de fondo y no de mera forma. Finalmente, justicia social e incluyente con apego a la cultura de la legalidad “todos deben estar incluidos en el acceso a la justicia, sin privilegios”, asegura.

“Tengo una visión donde la Justicia se acerque cada vez más al pueblo, con procedimientos más entendibles que beneficien a la gente; no más una justicia de escritorio, sino que se debe buscar el acercamiento con la sociedad, donde impere la transparencia y la rendición de cuentas. No más una justicia retardada que se limite a soluciones de forma, se debe privilegiar la solución de fondo, con procedimientos ágiles y sencillos, para que el cambio que reclama la sociedad se materialice”, resalta en sus propuestas.

Marco Antonio Fuerte Tapia no se presenta como un candidato más, sino como un magistrado que ya ha demostrado su capacidad para impartir justicia con rigor y empatía. En un momento crucial para el Poder Judicial, su experiencia y visión ofrecen una promesa sólida: una justicia que no solo resuelve, sino que une. “La justicia es un acto de servicio, y estoy listo para dar el siguiente paso”, expresa, con la mirada fija en un futuro donde el derecho sea un derecho para todos.

“Voten por el magistrado en la boleta rosa No. 15”

Antes de concluir invitó a los ciudadanos del Tercer Circuito a participar en la elección del 1 de junio. “Voten con confianza por el magistrado en la boleta rosa, número 15, Distrito Judicial 2, para materia mixta (civil, penal y amparo). Su participación legitima la justicia y fortalece nuestra democracia. No permitan que la apatía decida; cada voto cuenta para construir un México más justo. Elijan a quienes garanticen un Poder Judicial cercano y transparente”.

“La campaña concluye el 28 de mayo, seguida por la veda electoral; la votación es el 1 de junio. Esta experiencia transformó mi perspectiva, al conocer Jalisco y dialogar con su gente. Agradezco la oportunidad de conectar con tantas personas, cuyas historias me enriquecieron y me motivan a servir con mayor compromiso en el futuro”.

¿QUIÉN ES MARCO ANTONIO FUERTE?

Marco Antonio Fuerte Tapia es un jurista con 23 años de experiencia en el Poder Judicial de la Federación, actualmente magistrado federal en Jalisco en el Tercer Circuito, en un tribunal colegiado de apelación que aborda materias civil, penal y amparo. Inició como oficial judicial, ascendió a actuario, fue secretario de tribunal por casi una década y, tras un concurso, se convirtió en juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio.

“Cuento con Licenciatura en Derecho, con especialidades en Juicio de Amparo y Justicia para Adolescentes, Maestría en Ciencias Penales y Doctorado en Derecho, mi formación ha sido clave para desempeñarme con excelencia como magistrado de circuito en el Poder Judicial de la Federación, revisando casos civiles, penales y de amparo con un enfoque técnico y ético”.