ENTREVISTAS
Imposible una solución a corto plazo para la basura en la ZMG; Lemus propone crear una agencia metropolitana de recolección
Por Diego Morales Heredia //
Dejar de lado las agendas políticas, todos los alcaldes de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) se deben sentar en una mesa técnica para generar un plan de largo plazo que permita solventar el servicio de recolección de basura en los municipios, es el llamado que hace el Pablo Lemus, presidente municipal de Guadalajara, quien a la vez señala que la división fortalece los intereses de CAABSA Eagle y pide seriedad ante una problemática que no tiene solución al corto plazo.
Ante las quejas de los ciudadanos por la baja eficiencia de recolección de basura en las calles del municipio, el alcalde tapatío explicó el problema, derivado del cierre de Laureles por el cual han tenido que hacer modificaciones que afectaron la operatividad y en la cual han estado buscando soluciones inmediatas.
“Tuvimos una baja en el porcentaje de eficiencia en la recolección de la basura derivado del cierre de Laureles, tenemos que hacer una modificación en la transferencia de basura, esto reduce la eficiencia operativa, porque en lugar de tirar en Laureles, el cual del oriente de la ciudad podía ser media hora, dura dos horas poder ir y venir el camión, reduce la eficiencia porque es mayor consumo de gasolina, mayor número de horas hombre, desgaste del camión. Poco a poco, hemos podido mejorar la eficiencia en la transferencia, hay que recordar que el proceso de la basura tiene tres componentes principales, la recolección, la transferencia a las grandes góndolas que llegan al tercer proceso que es la disposición final de la basura, que son los rellenos sanitarios”.
Agregó: “Ahora que estamos en Picachos, los camiones tardan mucho en volver, por eso se bajó la eficiencia al 80 por ciento. En las últimas tres semanas logramos incrementar el porcentaje de eficiencia al 92 por ciento, tenemos que llegar al 96 por ciento. Existen 82 camiones en ruta, necesitamos llegar a 100, exigimos al concesionario que pueda restablecer estos camiones que por motivos mecánicos no están funcionando en las calles”.
“SE DEBE ACTUAR EN EQUIPO”
La problemática de la recolección de basura no es exclusiva de Guadalajara, por eso, el llamado de Pablo Lemus al resto de alcaldes metropolitanos es actuar en equipo y tomar decisiones, no apelar a la división que solo favorece a los intereses de CAABSA Eagle y sobre todo pensar en una visión de largo plazo que permita solventar el servicio en el Área Metropolitana.
«Los alcaldes que tenemos el servicio concesionado de basura, tenemos que actuar en equipo, porque la ventaja que ha tenido el concesionario es que está negociando con los municipios y al mostrarnos divididos, Tlajomulco puso un plazo, Tonalá otro plazo, Guadalajara otro plazo, se aprovechan de eso para poder seguir con este servicio deficiente».
«El servicio de CAABSA todos lo sufrimos, para poder mejorar el servicio de recolección de basura, nos vamos a poner de acuerdo en presionarlo y que cumpla, pues pongámonos de acuerdo con el mismo plazo. Si no cumplió, pongámonos de acuerdo todos y quitémosle la concesión, pero entre todos, sobre todo generar un plan de largo plazo que nos permita solventar el servicio de recolección de basura en el Área Metropolitana».
A la vez, Pablo Lemus aseveró que pensar en una solución a corto plazo es imposible, por la dificultad de conseguir camiones, personal y recursos para no generar un colapso en la ciudad por el tema de la basura.
“Para todos los municipios de Zona Metropolitana necesitaríamos alrededor de 300 camiones, que valen 4 millones de pesos cada camión, estamos hablando de 1200 millones de pesos. Si conseguimos los apoyos, el financiamiento para esos camiones, hay que conseguir en el mercado mundial con la escasez de vehículos esta cantidad de la noche a la mañana”.
Añadió: “Hay escasez de herramientas para solventar el servicio, se necesitan trabajadores, con el plazo que se puso del 8 de julio no vamos a poder conseguir camiones, personal, recursos, para poder dar el servicio a la ciudad y que no haga crisis, no se puede, es la realidad de las cosas, debemos sentarnos y no revocar la concesión, pero sí un plan a un año y medio, a 2024, para ir comprando camiones, ir contratando personal, ir generando las rutas en la Zona Metropolitana, generar una agencia metropolitana de recolección de basura, tener un relleno sanitario único, pero eso de establecer plazos para quitar la concesión, seamos serios, no se puede solventar un problema tan serio en días”.
¿Estarían en condiciones de revocar la concesión o están por llegar a un acuerdo?
“Sería de la idea de cualquiera de las dos, pero todos juntos. Todos tenemos el vencimiento de las concesiones de manera diferenciada, por ejemplo, en Guadalajara vence en 2024, ni siquiera necesitas generar un proceso de revocación porque la propia concesión vencerá a cuando tienes un plan emergente de sustitución del concesionario, hay otros municipios que tendrían que entrar en un proceso de revocación porque hace un año aumentaron la concesión a CAABSA. La revocación implicará un proceso jurídico, no tienes camiones para dar servicio, no tienes el personal suficiente y colapsas el sistema de basura de la ciudad, por eso hablo de un plan de largo plazo, con seriedad, apoyados por el gobierno del estado”.
Se debe pensar en una solución de fondo, ¿qué postura tienes al respecto?
“Es lo que he venido sosteniendo durante las últimas seis semanas que hemos tocado el tema. Nosotros tuvimos que asignar después de que cerró el relleno sanitario de Tala, atender una emergencia porque teníamos una bomba de tiempo en las manos que nos iba a reventar en meses. Con el apoyo del gobierno del estado conseguimos 100 millones para este año y 100 millones para el que entra, con eso solucionamos el problema 5 años, pero no podemos ser tan irresponsables para ver las cosas a corto plazo, necesitamos ver la solución a 30 años del manejo de residuos en la ciudad, habrá discusiones en todo el mundo, el manejo del agua y el manejo de los residuos, son temas fundamentales, debemos tener una visión y orientación a 30 años en estas problemáticas”.
Oportunidades históricas para resolver el tema ha habido, con el PRI, con MC, ya no se puede perder otra…
“Yo tuve la oportunidad de estar en uno de esos casos, cuando goberné Zapopan, teníamos el servicio, hay que trabajar a largo plazo. Sergio Chávez, presidente de Tonalá, no me dejará mentir, llevamos buena comunicación, hasta que pasó esta diferencia de la basura que nos dejaron en Guadalajara, soy alcalde de mi ciudad, claro que la debo defender, claro que me enojé y le reclamé a Chava. Tonalá paga cercano a 900 pesos la tonelada de basura, pidió una cotización a una empresa que maneja la recolección en Monterrey, le cotizó 1200 pesos, son 300 pesos cada tonelada, por eso hago un llamado a que nos sentemos en una mesa técnica y valoremos las alternativas de una manera seria”.
¿Cuándo empieza la reunión?
“Ya la teníamos, fue donde tomamos la decisión de los 200 millones de pesos. Pero me tiraron basura en la banqueta. En Casa Jalisco hice el llamado a volver a sentarnos de inmediato, encontrar soluciones de largo plazo, el diálogo es lo que debe preponderar sobre cualquier acción política, hay que buscar soluciones”.
CAABSA hace lo que quiere…
“Claro, porque nos ven divididos, por eso siempre me la he pasado llamando la atención que tenemos que sentarnos en una mesa en común y tomar decisiones en ella”.
SIN PROTOCOLO ADICIONAL EN SEGURIDAD
El lamentable suceso acontecido en El Salto donde elementos policiales perdieron la vida en el cumplimiento de su labor no generó un protocolo adicional en materia de seguridad, sin embargo, es una buena oportunidad para revisar las condiciones de los elementos, quienes ya homologaron sus sueldos en los municipios de la zona metropolitana gracias al apoyo del gobierno estatal, ahora falta homologar sus condiciones en equipamiento y capacitación, aseveró Pablo Lemus.
“Son lamentables los sucesos en El Salto, mi sentido pésame para los familiares de los policías caídos en el cumplimiento de su deber, es una cuestión que duele mucho, mi solidaridad con el presidente municipal Ricardo Santillán. Nos comunicamos con el alcalde para manifestarle nuestro respaldo, ponernos a la orden en cualquier cosa que se necesitara. Son hechos lamentables, pero no se está teniendo ningún protocolo de emergencia en Guadalajara, tampoco tenemos noticias de algún protocolo adicional en la Zona Metropolitana”.
¿Hay colaboración de la Policía de Guadalajara para otros municipios?
“En todos los municipios del área metropolitana, con el apoyo del gobierno estatal, se logró la homologación del sueldo de policías de todos los municipios ante el municipio que tenía el salario más alto que era Zapopan. Un policía en El Salto ganaba 15 mil pesos y en Zapopan ganaban 22 mil, lo que hizo el gobierno del estado fue poner los 7 mil pesos de diferencia, el municipio en cuestión absorbe toda la parte de prestaciones de los policías.
La diferenciación viene en las prestaciones, todos los policías en su salario bruto perciben lo mismo, los que más ganan son en Guadalajara y Zapopan, que por las prestaciones están 18 por ciento arriba. La Policía Metropolitana se creó para eso, cada municipio aporta elementos, lo que se hace es apoyar las labores de vigilancia y los sucesos de alto impacto”.
Parece que hay muchas diferencias entre policías de municipios pequeños y otros como Guadalajara…
“Es difícil dar datos sobre las prestaciones que tengan policías en otros municipios, pero el seguro de vida lo tienen cubierto. Cuando hacemos la comparación entre las policías, tenemos salarios ya homologados, donde puede venir una diferenciación importante es en el equipamiento y capacitación que reciben, el C5, las labores de investigación e inteligencia, que los municipios que tenemos la mayor parte de recursos tenemos acceso a estas herramientas de trabajo, muchos municipios con recursos escasos no pueden acceder a esta tecnología. Ahí es donde tenemos que ver por una homologación, que ya se avanzó mucho con los sueldos, ahora tenemos que igualar son las prestaciones y las herramientas de trabajo que son fundamentales”, puntualizó.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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