ENTREVISTAS
Ley de Seguridad Vial será realidad en todo México: diputado Jonadab Martínez
Por Diego Morales ///
Tras varios años de lucha, la Ley de Seguridad Vial será una realidad en todo el país. Para el diputado local de Movimiento Ciudadano, Jonadab Martínez, esto es un gran avance para proteger la vida e integridad de las personas en todo el país.
“Presenté esta iniciativa a nivel federal cuando era diputado en la cámara de la Ciudad de México. No tuvo los consensos necesarios, porque la realidad para el entonces gobierno y aquella legislatura la prioridad era sacar otras leyes, pero sin lugar a dudas esto es un ejemplo que cuando se tiene el compromiso no basta una legislatura sino que se continúa con el trabajo”.
“También con el acompañamiento de sociedad civil organizada, participativa, con esfuerzo no cesaron los trabajos, las organizaciones tomaron el tema, trabajamos en conjunto, para construir una nueva Ley de Seguridad Vial, quitándole los peros que me pusieron en la legislatura y poniéndole más componentes”.
Para el también presidente de la Comisión de Movilidad y Transporte en el Congreso de Jalisco, este esfuerzo no es de partidos ni de personas, sino de la lucha colectiva que han tenido junto con la sociedad civil organizada.
“Salió un producto que se presentó el 11 de febrero ante el senado y ante la cámara de diputados; hoy, las mayorías y las minorías están apoyando esta ley en ambas cámaras, tanto así que existe un compromiso de llevar a cabo 8 foros en todo el país, el tercero será en Guadalajara, la convocatoria es buena, todos empujando la iniciativa de ley, que le urge a México, hoy en día lamentablemente siguen cada minuto, cada hora, cada momento perdiéndose vidas por una falta de ley y adquirir compromisos de los tres niveles de gobierno para prevenir accidentes viales”.
Agrega: “Hoy a diferencia de 2016 que me tocó encabezar este proceso de Ley de Seguridad Vial, hoy son las organizaciones no gubernamentales, ya no es Jonadab, ya no es alguien con nombre propio, son todas las organizaciones quienes toman las riendas, le quitamos la marca partidista, hoy se habla en todos los escenarios sin ese color político que a veces contamina más que abonar, con eso ha surtido varios efectos donde hay más percepción porque no ven ese tinte político, todos suman esfuerzos”.
Entrevistado en los micrófonos de Conciencia al Aire, Jonadab Martínez manifestó que la implementación de esta ley en Jalisco será un plus, pues en la entidad ya se cuenta con grandes avances al respecto.
“Es una ley que por compromiso en abril estaría siendo vigente, que Jalisco al ser una ley general deberá modificar su legislación local, tendría que homologar su legislación local. Una ventaja es que Jalisco tendría que modificar muy poco, porque afortunadamente Jalisco ya trae modelos de avances ejemplares, pero habrá estados que no tienen cosas tan básicas que no sancionan a personas que conducen bajo los efectos del alcohol, por ejemplo, hay estados que están en pañales y que no tienen si quiera los primeros criterios básicos”.
Pasan las administraciones y no hay agentes viales, no hay vigilancia, no hay aplicación de la ley…
“Dos ejemplos, en Jalisco podemos ver un operativo de alcoholimetría, pero ha habido mucha gente que no necesita el operativo para no manejar bajo los efectos del alcohol. Cuando la gente se sensibiliza, no necesita tener un operativo para reducir los índices. Puede ser para evitar la multa, pero esperemos que la mayoría sean sensibilizados. Si necesitamos educar y formar más, debemos tomar en cuenta los factores de riesgo, como el uso de cinturón o casco, son de las conductas que ya no ocupas un agente vial para que te lo diga, esperemos ir avanzando, en Jalisco se ve normal, en otros estados no es así”.
¿Habrá un apartado de educación en esta ley o qué va a pasar?
“Anteriormente el tema de la seguridad vial como educación vial eran actividades, al maestro le llegaba a su correo una actividad, no había algo fijo, con esta ley de seguridad vial existe un capítulo para que se integre en la secretaría de educación los programas nacionales de educación, se integre la educación vial como un capítulo. Obviamente no es lo mejor que quisiéramos, pero es un segmento para empezar a inculcar, creo que los programas operativos vienen en tercero, cuarto, quinto y sexto”.
¿Tienen contemplados carriles preferentes para autos compartidos?
“Hay algunos circuitos, viaductos o avenidas en la Zona Metropolitana que ya están colapsadas, cuando hacemos estudios están colapsados de carros pero no de gente. Sí hay un estudio que estamos elaborando para que ese tipo de avenidas tengan en un horario alguna facilidad para que ellos puedan circular con mayor rapidez o facilidad, eso existe en otras partes del mundo”.
¿Qué tan molesto es para la gente que existan los operativos?
“Para la gente es molesto; por qué operativos si el agente de vialidad debería checar todos los días, las 24 horas, todo tipo de conductas. Los operativos son porque el abanico del reglamento lo cumplen muy pocos, se va segmentando para ir poniendo orden por segmentos. Si hoy todos los agentes de seguridad vial le dijeran vas a verificar puros conductores con licencias vigente, se haría un multadero, solo el 30 por ciento del parque vehicular tiene licencia. Lo que se intenta es evitar la leyenda de recaudatorio, se va avisando para que en ese lapso se pongan en regla y no sea tan molesto”.
En cuanto a percepción, todos vemos menos corruptas a las mujeres…
“Creo que no es de género, se nota más ahorita porque estas agentes viales fueron contratadas bajo un mecanismo, hasta de controles de confianza, los policías antes de esta generación entraban por selección, sin sanción, esta generación está en un nuevo catalogo de sistema de justicia en un padrón, con un antecedente, capacitación. Hombres o mujeres que fueron contratados en ese mecanismo no ha penetrado tanto la corrupción. Y no quiere decir que todos son corruptos, hay elementos buenos y malos, eso genera la percepción de la gente”.
El gobernador hace un cambio, deja solo como secretaría de transporte, la responsabilidad corresponde un tanto al municipio. ¿Veremos alguna vez a la policía preventiva estar capacitada para regular esto?
“En la constitución dice que las facultades del tránsito son de los municipios, en la práctica no se tiene la capacidad económica y de nómina para contratar tantos policías viales, entonces hace un convenio con el gobierno del estado para dar las tareas. Aquí fue histórico, cuando Alfaro es presidente municipal de Guadalajara le dice al gobernador que le gusta el convenio pero no del todo, se crea la primera dirección de movilidad en el gobierno de Guadalajara, con inspectores especializados. Eso está pasando ahorita, el municipio trae su policía vial municipal, con facultades distintas, creo que es el modelo más fácil”, puntualizó.
ENTREVISTAS
Conciencia TV: Entrevista con la diputada Gabriela Cárdenas para hablar sus iniciativas y el programa «Cuidemos a quienes nos cuidan»
La diputada estatal de MC, Gabriela Cárdenas, es la creadora del programa de apoyo social «Cuidemos a quienes nos cuidan». La entrevistamos sobre estas y otras iniciativas en Conciencia TV, con Gabriel Ibarra y Nadia Madrigal:
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Hay que aprender de las fallas del proceso federal: La construcción de un Poder Judicial más justo para Jalisco: https://concienciapublica.com.mx/entrevistas/hay-que-aprender-de-las-fallas-del-proceso-federal-la-construccion-de-un-poder-judicial-mas-justo-para-jalisco/
Reforma judicial en Jalisco: Entre la soberbia política y la oportunidad: https://concienciapublica.com.mx/opinion/reforma-judicial-en-jalisco-entre-la-soberbia-politica-y-la-oportunidad/
Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal: «La violencia vial es una pandemia que rompe familias», Alma Chávez: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/octavo-foro-iberoamericano-de-movilidad-multimodal-la-violencia-vial-es-una-pandemia-que-rompe-familias-alma-chavez/
La SCJN garantiza el derecho a la movilidad segura con la obligatoriedad del seguro de auto: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/la-scjn-garantiza-el-derecho-a-la-movilidad-segura-con-la-obligatoriedad-del-seguro-de-auto/
ENTREVISTAS
Hay que aprender de las fallas del proceso federal: La construcción de un Poder Judicial más justo para Jalisco
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
La reforma judicial en Jalisco debe aprender de los errores federales, priorizando la transparencia, la equidad y la participación ciudadana. Sus propuestas buscan un sistema judicial que no solo sea eficiente, sino también representativo de la diversidad de Jalisco, desde sus regiones urbanas hasta las más apartadas.
Con un enfoque en boletas claras, educación cívica y recursos suficientes, Zamora Jiménez apuesta por una justicia que inspire confianza y fortalezca la democracia local.
En los foros para la reforma judicial local en Jalisco, coordinados por el jurista Arturo Zamora Jiménez, el exsenador y abogado compartió su visión para transformar el sistema judicial estatal, tomando como base las lecciones del Proceso Electoral Judicial Federal 2025.
Con propuestas claras, Zamora busca un Poder Judicial más transparente, equitativo y cercano a los jaliscienses, subraya el jurista jalisciense a quien le tocó coordinar los foros durante el proceso que se realizó, atendiendo la invitación del titular del Poder Ejecutivo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.
LA ENTREVISTA
.P. ¿Qué lecciones del Proceso Electoral Judicial Federal 2025 son clave para la reforma en Jalisco?
R. El proceso federal expuso fallos que debemos evitar. Los comités de evaluación carecieron de recursos adecuados, lo que afectó su transparencia y eficacia. Propongo un solo comité en Jalisco, con un representante de cada poder del estado, dotado de personal capacitado, tecnología y presupuesto suficiente. Esto garantizará un proceso organizado, confiable y accesible, corrigiendo errores del pasado.
P. ¿Por qué propone separar las fechas de las elecciones políticas y judiciales?
R. La simultaneidad de elecciones políticas y judiciales genera confusión entre los votantes. En Jalisco, necesitamos fechas diferenciadas para que los ciudadanos puedan enfocarse en evaluar a los candidatos judiciales sin distracciones. Esto fortalecerá la calidad del voto, asegurará una participación informada y dará legitimidad al proceso electoral judicial.
P. ¿Cómo garantizar equidad en la selección de jueces?
R: Reducir a dos aspirantes por cargo es fundamental. Esto permite a los jaliscienses conocer a fondo a los candidatos y emitir un voto consciente. Además, en casos de inelegibilidad o vacantes, la segunda persona más votada debe asumir el puesto, respetando género y especialidad. Es un enfoque práctico que promueve transparencia y representatividad.
P. La paridad de género es un tema crucial. ¿Qué plantea al respecto?
R. La paridad debe ser efectiva, no solo simbólica. Propongo que las mujeres compitan solo contra mujeres y los hombres contra hombres por cada cargo judicial. Esto elimina desigualdades estructurales, garantiza una integración equitativa del Poder Judicial y refleja el compromiso de Jalisco con la igualdad de género en la justicia.
P. ¿Qué problemas vio en la geografía electoral y cómo resolverlos?
R. El proceso federal mostró desigualdades territoriales que dejaron a muchas regiones sin acceso equitativo a las elecciones judiciales. En Jalisco, debemos distribuir candidaturas considerando la diversidad geográfica del estado. Una delimitación clara de distritos electorales y una representación territorial justa asegurarán que todas las regiones estén incluidas, fortaleciendo la legitimidad del sistema judicial.
P. Las boletas electorales fueron un problema en el proceso federal. ¿Qué propone?
R. Las boletas federales eran complejas, con demasiadas candidaturas y diseños confusos. En Jalisco, necesitamos boletas sencillas, claras y accesibles, que permitan a los ciudadanos entender sus opciones fácilmente. Un diseño bien pensado fomenta un voto libre y consciente, esencial para una democracia sólida.
P. ¿Cómo acercar un proceso tan técnico como la elección judicial a la ciudadanía?
R. La clave es la educación cívica. Propongo un programa pedagógico que involucre a universidades, organizaciones civiles y ciudadanos, explicando el funcionamiento del Poder Judicial y la importancia de un voto informado. Una ciudadanía que entiende el proceso participa más y fortalece la legitimidad de la justicia en Jalisco.
P. ¿Qué cambios sugiere para los gastos de campaña?
R. Los topes de gastos deben ser claros, proporcionales y basados en criterios técnicos, considerando el tamaño del electorado y las condiciones geográficas. También necesitamos una fiscalización estricta para garantizar transparencia y equidad. Sin reglas claras, las desigualdades entre candidatos pueden limitar la difusión de propuestas y afectar la contienda.
P. ¿Por qué es crucial un presupuesto adecuado para estas elecciones?
R. El proceso federal sufrió por falta de presupuesto, lo que afectó la logística, la capacitación y la transparencia. En Jalisco, el Instituto Electoral Local debe contar con recursos suficientes para casillas, personal capacitado y difusión efectiva. Un presupuesto robusto asegura un proceso creíble, eficiente y confiable para los jaliscienses.
P. ¿Quién debería registrar a los candidatos?
R. En el proceso federal, los comités de evaluación registraron candidaturas, generando dudas sobre su imparcialidad. Propongo que el Instituto Electoral Local asuma esta función, en colaboración con el comité de evaluación. Su experiencia y legitimidad garantizan un proceso objetivo, libre de influencias políticas.
P. ¿Cómo proteger los derechos de los jueces electos?
R. Es vital establecer mecanismos claros de movilidad dentro del Poder Judicial para garantizar condiciones laborales justas y proteger la independencia de los jueces. Esto fomenta su desarrollo profesional, evita prácticas discrecionales y refuerza la autonomía del sistema judicial.
P. ¿Qué ajustes al Código Electoral propone?
R. El Código Electoral local debe actualizarse para incluir medios de impugnación que protejan los derechos de candidatos y ciudadanos, y definir atribuciones específicas para el Instituto Electoral en la organización de estas elecciones. Esto dará certeza jurídica y confianza en el proceso.
P. ¿Qué mensaje envía a los jaliscienses sobre esta reforma?
R. Esta reforma es una oportunidad histórica para construir un Poder Judicial más justo, transparente y cercano a los jaliscienses. Con equidad, participación ciudadana y recursos adecuados, podemos garantizar una justicia que responda a las necesidades de todos. Invito a la ciudadanía a informarse y sumarse a este cambio para fortalecer nuestra democracia.
SEIS PUNTOS MEDULARES DE LA PROPUESTA DE ARTURO ZAMORA
1- Creación de un solo comité de evaluación.
Se propone la creación de un solo comité de evaluación y selección integrado por una persona de cada uno de los tres poderes del estado.
2- Mejorar la capacidad del comité de evaluación.
Los comités de evaluación carecieron de los medios adecuados para desempeñar su labor con eficacia, transparencia y responsabilidad. Esta deficiencia se convirtió en uno de los errores más significativos y críticos del proceso electoral.
Personal capacitado, como la disponibilidad de recursos materiales, tecnológicos y financieros, facilita una organización eficiente del trabajo y el acceso oportuno a la información.
3- Evitar la concurrencia de elecciones políticas y judiciales.
Resulta pertinente sugerir que, en el ámbito federal, se legisle para habilitar expresamente a las entidades federativas para que establezcan de manera diferenciada las fechas de las elecciones políticas y judiciales.
4- Número de aspirantes.
Reducir a dos personas el número de aspirantes por cargo para que loselectores conozcan a los candidatos y candidatas y así tengan la oportunidad de evaluarlos para definir su voto.
5- Vacantes.
En caso de inelegibilidad o vacancia antes del inicio de funciones, se propone suplir las mismas con la segunda persona más votada. Respetando género y materia.
6- Garantizar la paridad de Género.
Se propone que la competencia por cada cargo judicial se lleve a cabo entre personas del mismo género. Es decir, que las mujeres compitan exclusivamente con mujeres, y los hombres con hombres, lo que permitiría garantizar condiciones de igualdad real, prevenir desigualdades estructurales y consolidar una integración equitativa del Poder Judicial. Remitir desarrollo a la ley.
ENTREVISTAS
Fernando Espinoza de los Monteros: Reforma a la Ley de Amparo, una traición a su esencia
– Por Raúl Cantú
El juicio de amparo, joya del derecho mexicano con raíces en la tradición azteca, verbalizado por José María Morelos y consolidado por la minoría liberal en el siglo XIX, enfrenta una reforma que, según el jurista Fernando Espinoza de los Monteros, traiciona su propósito fundamental: proteger al ciudadano frente a la autoridad.
En un análisis crítico, Espinoza cuestiona la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, aprobada en el Senado el 2 de octubre de 2025, apenas 17 días después de su presentación, calificándola como parte de una reforma judicial viciada que prioriza intereses del poder gubernamental sobre los derechos ciudadanos.
“El juicio de amparo es una gran aportación al mundo, pero esta reforma lo desnaturaliza”, afirmó Espinoza. Según el jurista, la iniciativa invierte el espíritu del amparo, diseñado para resguardar al gobernado, al otorgar mayor protección a la autoridad.
En su opinión, es una reforma que tiene un único destino, Ricardo Salinas, con quien ya va a negociar el gobierno.
Entre los puntos más controvertidos, Espinoza destaca la acotación de la suspensión, “el alma del juicio de amparo”, que permite frenar actos de autoridad mientras se resuelve el fondo del asunto. La reforma restringe esta herramienta, limitando su efectividad.
Asimismo, la iniciativa de reforma propone eliminar el “interés legítimo” como requisito para interponer un amparo, un cambio que, según el jurista, cercena el acceso a la justicia para ciudadanos y colectivos que buscan defender derechos difusos, como los ambientales o sociales.
En materia fiscal, la reforma es aún más restrictiva. Espinoza crítica que el amparo fiscal solo pueda interponerse tras el remate de bienes asegurados, lo que desvirtúa su propósito. “El amparo debe intervenir en cualquier etapa del proceso para garantizar la justicia; limitarlo al remate lo convierte en un recurso inútil”, explicó.
Esta disposición argumenta que beneficia al fisco al retrasar la protección del contribuyente, dejando a los ciudadanos en desventaja frente a procedimientos administrativos.
El jurista reconoce un único aspecto positivo: la fijación de plazos de hasta 90 días para resolver juicios de amparo, lo que podría agilizar los procesos. Sin embargo, matiza que la digitalización de trámites, presentada como novedad, ya estaba prevista en la legislación actual, incluyendo notificaciones y requerimientos electrónicos. “No es un avance, es un reciclaje de lo existente”, afirmó.
Espinoza de los Monteros también alerta sobre la reducción de garantías procesales, que debilita el derecho de defensa de los ciudadanos. Un punto especialmente grave es la pretensión de no respetar la retroactividad en los juicios en trámite, lo que podría afectar casos ya iniciados y vulnerar la seguridad jurídica.
“Se está sacrificando la esencia del amparo por una supuesta eficiencia que, en realidad, fortalece el poder de la autoridad sobre el gobernado”, subrayó.
En el contexto de una reforma judicial más amplia, que incluye la elección popular de jueces y ha generado polarización, Espinoza de los Monteros considera que el gobierno de Sheinbaum repite errores del pasado al priorizar el control político sobre la justicia. “El amparo nació para equilibrar la balanza entre ciudadanos y autoridad; hoy, esa balanza se inclina peligrosamente hacia el poder”, concluyó.
Esta reforma, aprobada con celeridad en el Senado, ha generado un debate intenso entre académicos, juristas y ciudadanos, quienes temen que el debilitamiento del juicio de amparo limite las herramientas para combatir abusos de poder. Mientras el gobierno defiende la iniciativa como un paso hacia la modernización y el combate a la evasión fiscal, voces como la de Fernando Espinoza de los Monteros advierten que el costo podría ser la erosión de un pilar del Estado de derecho mexicano.
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