ENTREVISTAS
Magisterio demanda auditoría al IPEJAL y nuevo estudio actuarial: Se integra la Sección 47 del SNTE
Por Mario Ávila //
El segmento mayoritario de derechohabientes del IPEJAL con una participación superior a los 50 mil trabajadores en activo y jubilados, es decir la sección 47 del SNTE, se integra con un mes de retraso a las mesas de trabajo para el análisis de una eventual reforma a la ley del Instituto de Pensiones del Estado. Y de entrada ofrecen ser diferentes a los líderes que, en el 2009 con reformas dañinas, abrieron la puerta a los saqueadores del Instituto.
El maestro Flavio Mendoza Rodríguez, representante de gremio magisterial en las mesas de trabajo que se efectúan en el Congreso del Estado, recordó que fueron los maestros un factor fundamental en la creación del IPEJAL a mitad del siglo pasado y para ilustrar el grado de responsabilidad que tienen, también dijo que son el gremio que más aporta en cuotas para la operación del organismo público descentralizado.
Sin embargo, desmarcó al sector del magisterio, como uno de los grandes responsables de la aprobación de las reformas legales a la Ley del IPEJAL efectuadas en el 2009 a raíz de las cuales se deslindó al Congreso del Estado de la responsabilidad de vigilar las grandes inversiones y con ello se empezaron a generar malas inversiones en las que se han perdido miles de millones de pesos.
“No fueron los maestros de la sección 47 del SNTE los responsables, fueron los malos dirigentes de esa época, que construyeron un poderío que duró 18 años y que hicieron que pasaran muchas cosas, no solo en el IPEJAL”, expuso Mendoza Rodríguez, representante del nuevo secretario general de la Sección 47 del SNTE, Iván Ilich González Contreras, quien en la semana pasada recibió ya de las autoridades laborales su toma de nota y por lo tanto en la próxima sesión del Consejo Directivo del IPEJAL, se presentará para ocupar la silla que le corresponde al gremio.
Al término de lo que fue la cuarta reunión semanal de trabajo en el Congreso del Estado, en la que se presentaron iniciativas de los representantes de los trabajadores, federaciones, sindicatos y colectivos, particularmente en el tema denominado “Prestaciones”, el maestro Flavio Mendoza habló así para los lectores del semanario Conciencia Pública.
REFORMA SÍ, PERO ANTES UNA AUDITORÍA Y NUEVO ESTUDIO ACTUARIAL
P.- Con un mes de retraso se incorpora al magisterio a estas mesas de trabajo…
R.- Estuvo en la mesa de apertura el secretario general en ese momento y a él le correspondía la participación ya en las mesas que trabajan y procesan temas respecto a la construcción de una eventual reforma a la Ley de Pensiones del Estado. Por eso me disculpé hoy que ya nos toca la participación con el nuevo secretario Iván Ilich González Contreras, a quien por cierto antier ya le entregaron la toma de nota y formalmente ya puede ser el representante ante todas las dependencias y habrá de rendir protesta la próxima semana en la silla del Consejo Directivo del IPEJAL.
«A partir de ahora creemos que en este proceso democrático que se dio, la voz del magisterio habló y hoy representamos no solo a quienes votaron por nosotros, sino a 50 mil trabajadores entre activos y jubilados y el nuevo secretario tiene mucha claridad de que en estos ejercicios de participación habremos de estar, no para legitimar, sí para proponer y para exigir, además de defender con todos los mecanismos a nuestro alcance de una reforma a espaldas de los trabajadores».
P.- ¿Cuál es la consigna, la instrucción, la encomienda del nuevo secretario general de la Sección 47 del SNTE, reforma sí o reforma no?
R.- Es necesaria la reforma, pero tenemos dos riesgos latentes, una, que este modelo de parlamento abierto muy limitado termine por ahogar la aspiración de los trabajadores, de los colectivos, de los sindicatos, de las federaciones y que se quede todo igual. Y esto tampoco nos conviene porque ya sabemos en qué términos está la ley.
Y por otro lado también corremos el riesgo de que la mayoría impere y mande, e incluso en el proceso de las comisiones parlamentarias que estarán trabajando las eventuales reformas a la ley, puedan a final de cuentas cambiar la propuesta ahí adentro.
Por eso es importantísimo y como uno de los puntos fundamentales de nuestro secretario, es que este parlamento pueda reestructurar el órgano en el que está trabajando, pueda haber un seguimiento en el procesamiento de las propuestas y que seamos los trabajadores los que deveras estemos incidiendo de una manera profesional, con todos los insumos necesario, para llegar a proponer una ley que pueda salvar al Instituto. Yo soy de los que creo que sí tiene salvación, estamos todavía a tiempo, sin dejar de reconocer que sí nos alcanzó a afectar muchísimo, pero estamos a tiempo de salvarlo.
P.- ¿Cuál sería la aportación del magisterio, cuáles serían los cambios fundamentales en la ley, a su juicio?
R.- Primero te diría que necesitamos dos insumos fundamentales, otro estudio actuarial externo, para lo cual ya el secretario general el maestro Ilich González habló con el secretario general Alfonso Zepeda Salas, para contrastar lo que hoy nos proponen, ese estudio va a contrastar tanto 2009 con relación a 2022 que fue el mismo actuario el que propone ciertas modificaciones a partir de las proyecciones que nos dan. El estudio actuarial es necesario, pero a la par tenemos que hacer una auditoría a todas las áreas que manejan recursos de Pensiones del Estado, porque la corrupción existió arriba, conocemos los magnos proyectos en los que se perdieron miles de millones de pesos, Abengoa, Transporte Marítimos, Chalacatepec, que seguimos diciendo que por más que nos vendan que se recuperó y que Four Seasons logró entrarle ahí con la parte fideicomitente B que éramos nosotros, en ese fideicomiso con Rasaland, pero sencillamente ese dinero si lo hubiésemos guardado en el banco nos hubiera dado más que lo que lo que nos dicen que nos van a regresar, Villas Panamericanas, etcétera, pero también hay corrupción en el mediano y el bajo perfil del instituto, hay robos hormiga que les permiten en ciertas áreas por agilización de trámites, debemos de revisar los contratos que se hacen por préstamos, con notarías, etcétera, la corrupción ha sido la que tiene a Pensiones en esta crisis, pero la corrupción tiene responsables, nombres y apellidos.
P.- ¿Las reformas del 2009 le abrieron la puerta de par en par a la corrupción?
R.- Fue parte de un error que se cometió en el 2009, del artículo 151 en adelante hasta el 156, sobre las facultades del Consejo y de que el Consejo dejó de tener presencia del Congreso, que tampoco resolvía porque la mayoría decidía, pero cuando menos los asuntos se hacían públicos.
P.- ¿Ustedes por qué reformas van?
R.- Necesitamos revisar y replantear cómo funcionaría el Consejo y quiénes lo integrarían; necesitamos revisar o cambiar en la ley las actualizaciones, por ejemplo, del pago a pensionados; también coincidimos que no puede ser una cantidad en específico, sino que tiene que ser siempre por encima del índice inflacionario; necesitamos revisar los créditos y los préstamos, está entre el segundo y el tercer ingreso, dependiendo el año, con más rendimiento del recurso de Pensiones y viene a la baja porque subieron tasas de interés y de alguna manera los de largo alcance siguen siendo muy limitados; en el apartado de servicios médicos hay mucho por hacer, sí estamos de acuerdo con que cambien al IMSS a los trabajadores del IPEJAL, es un OPD y es responsabilidad del Estado la seguridad social, por lo tanto ni la nómina ni los servicios médicos tendrían que estarse asumiendo desde la aportación nuestra, esa es una descapitalización que por años ha sucedido; las pensiones VIP que no solamente son las que están por arriba de los 100 mil pesos, que han existido ejercicio convalidados por los consejeros en ese tiempo, sino aquellas que le permiten a un trabajador que se hubiese ido con 17 o 20 mil pesos, obtener un puesto de dirección en Secretaría de Educación por ejemplo, o bien puede brincar a un puesto de elección popular y o de confianza de primer nivel, para irse con una pensión mucho más jugosa.
P.- El magisterio es corresponsable de la situación crítica en la está IPEJAL por las modificaciones en el 2009, el magisterio las avaló, las impulsó, las aplaudió y hasta las votó… ¿ya se puede confiar ahora sí en la sección 47 del SNTE?
R.- Hay un parteaguas hoy, a partir de que se democratizaron los procesos de selección de las dirigencias, tanto por tratados internacionales como por el tratado de libre comercio y que el sindicato ya tenía en sus estatutos el voto libre, secreto, directo, universal e intransferible, pero no lo utilizábamos para el ámbito nacional y seccional, sí para el delegacional; pero te diría, a partir de este proceso se acabó ese equipo que construyó durante 18 años un poderío, en el que pasaban muchas cosas, no solo Pensiones del Estado, pero que efectivamente yo no culparía al magisterio de Jalisco, culparía a la dirigencia de ese momento.
P.- ¿En esta reforma ya no caben los Madera, los Arnoldos, los Moccia?
R.- Hubo con toda claridad quienes desde el 2009 estuvimos en oposición a esa reforma, de manera que inclusive logramos hasta cambiar el sentido del voto de un diputado al que hoy le agradezco y lo traigo a colación, al entonces diputado del PT Alfredo Zárate Mendoza; no pudimos cambiar el de muchos, incluyendo el de los maestros proponentes, porque no solo era el voto, sino quienes propusieron en ese momento la reforma. Por eso yo insisto y diría, la culpa no es del magisterio de Jalisco, fue de la dirigencia que así como convocó al magisterio, si recuerdas el Congreso no tenía en el orden del día esa iniciativa, entonces también los diputados desconocían, como los maestros afuera en la plaza, qué estaban protestando; tan es así que tuvieron que hacer pausas para dictaminarla en comisiones, entregarla al pleno y recibir las dos lecturas con el estrechamiento de términos para llegar finalmente a la votación, fue una reforma al vapor y una reforma express y eso es lo que con toda claridad hoy decimos que no queremos y que no permitiremos desde estos espacios.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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